El voto nulo (1)

Vocación de Libertad

Sin
duda, como afirma en una conversación de intercambio de notas que hemos sostenido
con el buen amigo Luis Enrique Pérez, quien escribe en esta misma página, el
tema del voto nulo en las próximos elecciones generales en Guatemala es hoy, al
menos, controversial; por algunos ninguneado, por otros valorado y por otros
mediatizado, pero en fin, controversial. Es por esto que vale la pena dedicarle
algunos artículos que prometo escribir para beneficio de los lectores.

Lo
primero que hemos de atender es la idea de ser controversial y para ello, bien
vale la pena citar un buen concepto de tal cosa. «Controversia, es una
discusión entre dos o más personas que exhiben opiniones contrapuestas o
contrarias. Se trata de una disputa por un asunto que genera distintas opiniones,
existiendo una discrepancia entre los participantes del debate…»

A
lo largo de los siglos han existido muchos temas que han generado controversia
en todo el mundo o que han enfrentado a distintas sociedades.

Desde
mi personal punto de vista, sólo el hecho de ser controversial, hace del «voto
nulo» una idea con valor, puesto que muchas personas con talento, pensamiento y
tiempo, hasta el momento, ya le han puesto sobre la mesa de nuestras
conversaciones sociopolíticas como un asunto al que vale la pena darle «coco».

Hasta
aquí, no importa cuál sea su convicción al respecto, lo importante es que
podamos discernir y usar esta herramienta democrática del poder del «voto
nulo», como una forma también de expresar nuestro rechazo al modelo de partidos
políticos existente dentro del marco del Sistema
Democrático
. Parecería que providencialmente y sin necesariamente darse
mucha cuenta, nuestros congresistas abrieron esta hermosa posibilidad.

Y
no es para menos, se trata de que, por primera vez en la historia del país, le
estamos dando al acto de «votar nulo» del ciudadano, el valor de expresión
democrática que también recoge esta acción de parte de los ciudadanos
guatemaltecos; sobre todo en las circunstancias hasta donde nos está llevando
el actual proceso electoral y todos los actores involucrados.

Una
primer conclusión entonces es que el «voto nulo» sí tiene sentido y valor para
nosotros los guatemaltecos y sobre todo, porque subraya el ideal de la libertad
que tenemos de poder expresarnos dentro del Sistema Democrático. Podríamos
decir, que, con el «voto nulo» se le agrega valor a la democracia en Guatemala.

Dicho
lo anterior, vale la pena entrar ahora a la reflexión que podemos tener con
respecto a las tres posiciones que hasta ahora lucen prevalecer entre los
formadores de opinión de nuestro mundo político.

Las
tres posiciones hasta ahora han sido: ningunear el voto nulo, mediatizarlo y
valorarlo.

Ningunear
la idea del «voto nulo» significaría menospreciar su valor, no hacerle caso o
no tomarlo en consideración. Este ninguneo puede deberse a una formación
bastante pobre, no extraña en nuestro medio, tanto en términos de cultura
general como de comprensión de la política en sus más excelsos ideales, sobre
todo cuando se trata de los más altos valores democráticos en favor del bien
común.

No
hemos de olvidar que por ningunear las ideas de una gran parte de nuestra
sociedad, llegamos a una guerra entre hermanos que estoy seguro, no quisiéramos
volver a repetir.

También
se puede ningunear el «voto nulo» porque existen ideas equivocadas con relación
a sus resultados y consecuencias posibles con respecto a intereses
particulares, válidos quizá, pero cortos en su alcance. Los guatemaltecos
deberíamos ver este proceso eleccionario como un parteaguas de un pasado
ominoso y las perspectivas de un futuro sostenible y esperanzador para la
generación del bien común que el Sistema Político debería aportarnos, no sin
gran esfuerzo y sacrificio.

Si
alguien está alineado a otras ideas que también pueden tener su valor, los
resultados del «voto nulo» favorables a dicha opción, serían dañinos a los
intereses que se defienden; intereses que como repito, pueden ser muy válidos,
pero que también se pueden quedar cortos con respecto a las circunstancias
deplorables en las que el Sistema Político se desarrolla y se trata, creería
yo, de buscar ver hacia el horizonte lejano en el que se nos permita soñar con
ese bien común que tanto se añora.

Respeto a quienes ningunean el valor que tiene el «voto nulo», pero no puedo compartir su posición en tanto, sueño con una Guatemala que al menos, a partir del despertar de nuestro pueblo, se dé la oportunidad de expresarse con este ejercicio inédito en nuestra historia. Una oportunidad única de que, dentro de las reglas del juego, podamos hacer una nación que emane luz para el mundo. Seguiremos conversando sobre las otras posiciones con respecto al «voto nulo».

TEXTO PARA COLUMNISTA

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La seguridad ciudadana en crisis

Barataria

El revuelo
que se ha armado esta semana en relación con los nueve agentes de la Policía
Nacional Civil que estaban al servicio de la seguridad del candidato a la
Presidencia de la República Mario Estrada y los dimes y diretes que se han
cruzado entre el Ministro de Gobernación y el Procurador de Derechos Humanos,
ponen al descubierto la grave crisis de seguridad ciudadana que existe en
nuestro país.  El cuestionamiento de la
asignación de los elementos de seguridad pública a diversos funcionarios y
exfuncionarios no es nada nuevo, sin embargo poco o nada se habla de que al
mismo tiempo de que se asigne seguridad a estos personajes, la mayoría de la
población tiene serios problemas de inseguridad.

Resulta
curioso que una persona como Mario Estrada, a quien el sistema judicial
considera una persona ligada al narcotráfico, y cuyos recursos económicos
saltaban a la vista haya sido protegido por agentes de seguridad pública,
policías nacionales, cuando muy bien podría haberse blindado o protegido por
seguridad privada, dado que siempre se mostró como una persona solvente económicamente
tal y como se le conoce en Jalapa.  Lo
peor de este caso, que es paradigmático por no ser el único, es que la
argumentación que se utilizó ante la Procuraduría de Derechos Humanos, para que
librara el oficio al Ministerio de Gobernación, dista mucho de motivos más
serios; no porque no lo sean en sí mismos, sino porque lo que se argumentó son
problemas que sufrimos todos los guatemaltecos.

El
Abogado del señor Mario Estrada, argumentó ante la Procuraduría de Derechos
Humanos que su cliente necesitaba seguridad porque «constantes usurpaciones a
sus propiedades, extorsión, amenazas y actividades ilícitas que ponen en riesgo
su integridad física», estos son problemas constantes que viven los
guatemaltecos a diario
y en los cuales ni el Ministerio de Gobernación, ni
el Procurador de Derechos Humanos toman carta en el asunto.  Es que en Guatemala hay ciudadanos de primera
y segunda categoría: Los ciudadanos que han sido funcionarios públicos o son
figuras públicas, quienes aun teniendo recursos recurren al Estado para tener
seguridad porque sienten que su integridad física se encuentra amenazada.  Y, los demás ciudadanos, el ciudadano «de a
pie», el «común de los ciudadanos», quienes a diario son extorsionados, su vida
cada día está en riesgo en un bus urbano, en una calle solitaria o aún en sus
propias viviendas; quienes son invisibles ante el Ministerio de Gobernación y
el Procurador de Derechos Humanos, que no exige eficiencia en la seguridad
ciudadana que es su obligación.

Mientras
los ciudadanos como Mario Estrada que gozaba de seguridad personal de la Policía
Nacional Civil (quien sabe para qué propósito, si no es para saber los mismos
movimientos de esta institución), miles de otros ciudadanos anónimos deben
pagar extorsión por sus tienditas, sus ventas, la distribución de productos al
menudeo; viviendo en constante temor de asaltos, aún de perder sus vidas, de
que a sus hijos no les asalten o sean víctimas de la criminalidad.  Y ¿Dónde está la Seguridad Ciudadana?, solo
imaginemos 9 agentes de seguridad para cuidar a una persona pública, que bien
podrían estar al servicio de la comunidad. 
Ya no digamos los demás agentes asignados a personas públicas, algunas
con la debida justificación, pero personas como Mario Estrada ¿Qué
justificación hay?  Si hablan de
usurpaciones, extorsiones o riesgos de integridad física, pues evidentemente
estamos hablando de lo que a diario sufre la mayoría de guatemaltecos.

Este caso pone en evidencia la crisis de la seguridad ciudadana que vivimos a diario los guatemaltecos, no hay presencia policial en casi todo lugar en donde estamos.  Podemos andar a cualquier hora en la ciudad de Guatemala y la presencia policial es imperceptible.  No digamos si hablamos de las carreteras en donde es casi seguro que no veamos una patrulla, a excepción de los retenes que se ponen con dos agentes policiales, que más dan temor que seguridad.  Así las cosas, es bueno repensar lo que en realidad tenemos y cuál es la propuesta seria de los candidatos a la Presidencia de la República sobre el tema de seguridad.  Ya estamos cansados de oír muchas promesas huecas sobre ello.  Recuerdo a Arzú hablar que la delincuencia de carteristas o asaltantes de calle, la solucionaría en un mes de tomar posesión, fue una farsa.  Otros diciendo que la delincuencia se combate con inteligencia y evidentemente no tuvieron porque la delincuencia creció.  Otros hablando de mano dura, pero más sinvergüenzas para robar que otra cosa.  En fin, no hay propuestas serias y la seguridad ciudadana, sigue en crisis.  ¿Qué propuesta tendrán los candidatos?

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La sobrevivencia de la Democracia

Guatemala Al Rescate

En los últimos 34 años y hasta la fecha, Guatemala ha
experimentado, a través de varios gobiernos electos democráticamente, la
transición política que pareciera eterna y la búsqueda de afianzar la
democracia por mantenerla estable; durante todos estos años se han realizado
grandes esfuerzos por parte del Tribunal Supremo Electoral para garantizar el
derecho universal al voto a través de elecciones libres y transparentes, y de igual
manera, otras instituciones han logrado la permanencia en el poder de aquellos
que resultaron electos a cargos de elección popular, sin embargo, aun con todos
estos avances, estos no han sido suficientes para garantizar la estabilidad de
los gobiernos democráticos.

La democracia en nuestro país, muestra múltiples
elementos de debilidad relacionados con la incapacidad del Estado de desarrollar
los derechos fundamentales de la población normados en nuestra propia Constitución
Política, lo que es un requisito esencial para que los habitantes del Estado
conozcan sus derechos y obligaciones y para garantizar la participación y la
cohesión social, así como lograr el sentido de pertenencia de la población a la
Nación y como resultado obtener el soporte firme de la población a esa
democracia, lo que a la vez se convierte en un elemento de legitimación
política.

Algunos investigadores sociales y analistas plantean que,
en nuestro país, se dan algunas características comunes que pueden de igual
manera explicar la debilidad democrática, la desigualdad entre los ciudadanos
de la nación y los grandes bolsones de pobreza que le niegan a una mayoría de
la población el acceso a los servicios básicos, a cubrir las necesidades
ingentes de la familia, la falta de oportunidades y la discriminación, que afecta
a la mayoría de grupos sociales pobres, indígenas, campesinos y mujeres, de
igual manera otros factores como la violencia y la corrupción que no permiten
la cohesión social y reducen la posibilidad de construir un pacto social consistente
entre la población.

Pero así como está demostrado que tanto la desigualdad, la pobreza, la violencia, la corrupción, el analfabetismo, la falta de oportunidades  pueden ser factores de debilidad e inestabilidad democrática del Estado, también es cierto que efectivamente el sistema de partidos políticos y los políticos, pervirtieron el sistema y profundizaron la debilidad de las instituciones de gobierno y debilitaron la democracia, hoy estamos sumergidos en una crisis política de credibilidad, de falta de confianza, que ha desembocado en un descontento hacia los partidos políticos y los políticos, que obliga a replantear el sistema de partidos políticos, de igual forma hay que exigir que el Tribunal supremo electoral como ente regulador y sobre el cual descansa el andamiaje partidario político del país, no solamente garantice el voto, sino que también cumpla y actué con totalidad imparcialidad y estricto apego a la ley en cada una de sus actuaciones y resoluciones, para proteger y mantener estable el sistema democrático.

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