Las champurradas de la red Tigo-Baldetti, y los obstáculos de CICIG-FECI para acusar a la telefónica


1. La red Baldetti-Tigo

En abril de 2014, hace cinco años, en el apogeo del poder de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, en el Congreso se aprobó una de las leyes con dedicatorias más explícitas. De un día a otro hicieron una tregua entre PP y Líder y, bajo las órdenes de la Vicepresidencia, con el apoyo de otros partidos minoritarios como CREO, Encuentro por Guatemala, UCN y Todos, se aprobó una ley para que Tigo pudiera instalar antenas telefónicas en todo el país, sin contrapesos municipales, y sin capacidad de sus rivales Claro y Movistar de competir.

La FECI y la CICIG encontraron –con base en emails, chats, fotos, testimonios de guardaespaldas, asesores, diputados y compra de vehículos en efectivo– que entre el 2012 y el 2015, Tigo y Baldetti controlaron la bancada del Partido Patriota con la promesa de un sobresueldo bimestral de Q50 mil (US$6,500), casi el doble de sus sueldos como diputados. El dinero, según la investigación, salía de Tigo por órdenes de los gerentes Luis Valladares y Acisclo Valladares, excomisionado presidencial de Competitividad y ministro de Economía desde el final del gobierno Otto Pérez Molina, y mantenido y ascendido por los presidentes Alejandro Maldonado Aguirre y Jimmy Morales.

 

Baldetti, cuando dominaba el Gobierno y el Congreso. Foto: Prensa Libre

Los sobornos de Tigo y la Vicepresidencia para los diputados patriotas tenían una palabra clave en la jerga de la red criminal: ‘champurradas’. De acuerdo con la investigación, Tigo entregaba el dinero en maletas azules a los guardaespaldas de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), quienes firmaban una hoja de recibido, que luego lo transportaban a la casa de la exvicepresidenta en la zona 10. Allí sus empleadas del hogar enviaban fotografías a Baldetti para que después lo recogieran sus asistentes y lo trasladaran a la Casa Presidencial para ser distribuído en sobres y bolsas a los diputados a cambio de que siguieran sus instrucciones.

Allí intervenían los sublíderes de bancada del Partido Patriota, quienes eran llamados ‘jefes de línea’ o ‘brochas’, y tenían a su cargo grupos de entre 8 y 9 legisladores. Su labor era trasladar a sus colegas las instrucciones de la Vicepresidencia para votar, entrar o salir del hemiciclo y repartirles los sobornos de Tigo, las champurradas.

Los jefes de línea eran Estuardo Galdámez, actual candidato a presidente por el partido gubernamental FCN-Nación, Juan José Porras (Viva), Gustavo Medrano (unionista), Haroldo Quej (UNE), Mirma de Coro y varios que ahora son parte de la alianza PAN-Podemos, de Roberto Arzú: Boris España, Marco Antonio Orozco y el exdiputado Valentín Gramajo. También figuran otros exdiputados Marvin Sagastume, Aleksánder Castillo, Gudy Rivera, Edgar Cristiani, Emilenne Mazariegos, Manuel García Chutá y Gustavo Echeverría (QEPD).

El dominio de Baldetti sobre la bancada era posible gracias a champurradas.

La subordinación se mantuvo a lo largo del Gobierno del Partido Patriota a través de al menos 38 reuniones en el Hotel Intercontinental, el Club Guatemala y la Casa Presidencial, donde la vicepresidenta giraba las instrucciones y los congresistas esperaban que ella los ungiera para ocupar un puesto importante.

Las fotografías de chats de Whatsapp extraídos del teléfono de Baldetti, evidencian que incluso acudían a ella para ser nombrados en la Junta Directiva.

Una de las leyes que fue aprobada a través de ese sistema fue la de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para la Transmisión de Datos, más conocida como Ley Tigo.

Los hallazgos de la investigación apuntan a que la primera parte del nombre de la ley fue la fachada para evitar el escrutinio público y que el fin era sobre todo, beneficiar a la empresa de Mario López, principal accionista de Tigo, con quien Pérez Molina y Baldetti a menudo desayunaban. De hecho, después de la orden de captura contra el entonces presidente, fue el empresario Mario López quien salió en su auxilio.

Lea: El multimillonario rescata a OPM (a cambio de un tesoro)

«La actuación de agentes privados en contubernio con funcionarios públicos convirtieron al Congreso en un tramitador de intereses corruptos. Al punto que los legisladores ni siquiera leían las iniciativas de Ley que proponían, pero que su trámite les significaría un beneficio (soborno)», señala la investigación de FECI-MP y CICIG.

Los emails encontrados muestran que la iniciativa de ley fue enviada antes a los gerentes de Tigo, Luis Valladares y Acisclo Valladares, para su aprobación. Y los testimonios recogen que Acisclo Valladares somató en una ocasión una mesa de reuniones en la Vicepresidencia exclamando: «No pagamos Q10 millones por nada».

2. Por qué Tigo tiene la mejor señal

Interrumpir la señal en las cárceles como una medida para prevenir las extorsiones nunca fue el objetivo real. Era la fachada para que la ley fuera aprobada sin cuestionamientos mediáticos porque serviría para bloquear el uso de celulares en las cárceles.

 

Un día después de la aprobación de la ley Tigo en 2015, una subsidiaria empezó a instalar postes. Foto: Carlos Sebastián.

El objetivo real era que Tigo ampliara su infraestructura para la transmisión de datos y que pudiera instalar antenas, postes, fibra óptica y cableado en terrenos públicos y privados sin autorizaciones municipales ni trámites en la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT). La ley, de hecho, enviaba a la cárcel a quienes se opusieran a la instalación de las antenas.

La ley fue tan agresiva que si un funcionario público o municipalidad se oponía a la instalación, podía enfrentarse a multas de hasta Q25 mil y prisión de uno a tres años. Una persona particular podía pasar hasta los ochos años de cárcel por el delito de obstaculización a la instalación y mantenimiento de equipo de telefonía. Un caso se concretó en Quetzaltenango, donde dos mujeres de 57 y 63 años, fueron capturadas al protestar por la instalación de una antena cerca de sus viviendas.

El cabildeo para la aprobación de esta ley lo hicieron Acisclo Valladares y Luis Valladares, en la Casa Presidencial. Según la declaración de una asesora del diputado Juan José Porras, el 8 de abril de 2014, se reunieron en una oficina contigua al despacho de Baldetti tres representantes de Tigo y Ernesto Herrera, asesor legislativo de Baldetti y diputado al Parlacen por el PP.

La investigación apunta a que fue Acisclo Valladares quién pidió que en el proyecto de ley se incluyera el bloqueo de las señal en las cárceles, para generar apoyo a la ley en la población. Minutos antes de que iniciara la sesión en la que se aprobó, el resto de diputados que votarían a favor, recibieron el documento con el título de la ley cambiado.

Los beneficios para la empresa fueron que el mismo día de la aprobación de la ley presentaran en la Superintendencia de Telecomunicaciones 33 expedientes para la instalación de postes y cables. La autorización les llegó dos semanas después. Durante casi dos años de vigencia de la ley, el 91% de los permisos que la SIT emitió para la instalación de cable y fibra óptica fueron para Tigo y sus empresas. También el 79% de las autorizaciones para instalar postes y el 98% de los requerimientos para instalar antenas.

La buena racha para Tigo terminó el marzo de 2016, cuando la Corte de Constitucionalidad declaró que varias partes de la ley violaban la Constitución.

Esta es solo una de las ramas a las que puede extenderse este caso. La investigación se ampliará al posible lavado del dinero producto del sobresueldo. Por ejemplo, el MP y la CICIG documentaron que en 2015, el diputado Juan José Porras, también expresidente de la Cámara de Industria, compró un BMW y un Porsche que pagó con un solo desembolso de dinero; Estuardo Galdámez, en tres días de noviembre de 2012 adquirió tres vehículos; Mirma Figueroa de Coro compró un carro Toyota con un solo cheque por Q237 mil, al igual que Marco Orozco, que pagó un automóvil con Q307 mil en efectivo.

Los sobornos como sobresueldos no alcanzaron solo para esta ley de 2014. La investigación de la CICIG y la FECI-MP apunta que también se dieron desde la Vicepresidencia las instrucciones para votar por los magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, de un listado definido previamente por Manuel Baldizón, del partido Líder, y Alejandro Sinibaldi, del Partido Patriota. También fue así la votación para elegir a Carlos Mencos como Contralor General de Cuentas. Mencos es ahora candidato a diputado por la UNE y su delegado en la Contraloría es quien frenó la inscripción de Juan Francisco Foppa, exfiscal y exjefe de la SAT, y de Thelma Aldana, exjefa del Ministerio Público.

No obstante, hubo más leyes que beneficiaron a Tigo por parte del PP.

 

El presidente Otto Pérez y el empresario Mario López celebran la inauguración de la planta solar en febrero de 2015.

El 20 de noviembre de 2012, PP y Líder, junto a Todos –de Felipe Alejos– aprobaron la prórroga de las frecuencias radioeléctricas por 25 años, sin pagarle un solo centavo al Estado por usarlas.

Telefonía, radios, televisiones, todos podrían usar esos bienes públicos gratis. Según dijo entonces Orlando Blanco, diputado de la UNE (que se opuso a la ley), los archienemigos de PP, Líder y Todos se habían puesto de acuerdo por cabildeo de Tigo. 

Tigo logró también, gracias a la oposición del PP y Líder primero y el favor de la UNE de Sandra Torres después, que en 2010 no aprobaran un impuesto a la telefonía.

Además de su veto legislativo de 2010 y su control sobre el Congreso entre 2012 y 2015, hay otras victorias. En los años 80, cuando se abrió el mercado de telecomunicaciones, el entonces ministro de Comunicaciones, Mario López, se convirtió en accionista de Comcel-Tigo. Entre 2000 y 2003, se quiso asegurar un espacio privilegiado para competir con sus rivales de Claro y Bell-South (luego Telefónica), e hizo varios cheques al expresidente Alfonso Portillo, quien les adjudicó una banda específica.

3. ¿Por qué no hay capturas?

Tigo no es una empresa más en Guatemala. Controla el 43% del mercado de telefonía e internet y su principal accionista, Mario López Estrada, es el primer billonario centroamericano según la revista Forbes. Tigo es, probablemente, la empresa que más control ejerce sobre el Estado de Guatemala.

 

El MP y la CICIG allanaron Tigo en 2017.

El MP y la CICIG allanaron Tigo en 2017.

Pero no solo sobre los políticos o el Gobierno. Dos exempleados suyos –desde la Fundación y la Gremial– son candidatos a vicepresidente de los dos partidos que dominarán la reelección de magistrados en octubre de este año: la UNE y Todos.

Así, Tigo parece contar con suficiente influencia entre jueces oscuros –empoderados por la alianza presidencial y empresarial contra la CICIG– para evitar capturas en contra de sus dirigentes.

En este caso no se giraron órdenes de captura porque Tigo ha bloqueado la investigación de varias formas desde que allanaron sus oficinas en 2017.

La primera fue presentar un recurso para separar del caso a Silvia Morales, jueza Novena del Ramo Penal. Pese a que Tigo no era parte del expediente, logró que tres magistrados, Gustavo Dubón, Robaldo Isaías Chávez y Eduardo Gálvez Casasola, rechazaron el recurso pero de igual manera cambiaran el caso de Juzgado. Trasladaron el caso al Juzgado Décimo, a cargo de Víctor Cruz, el mismo juez que hace unas semanas emitió una orden de captura en contra de Thelma Aldana, ex Fiscal General, pese a que el Ministerio Público no requirió que fuera detenida.

Los abogados de Tigo también intentaron minar la investigación en la sede del MP, con tres denuncias en contra de los fiscales del caso, incluida una contra todo el personal de la FECI.

Se pidió a la gerencia de Tigo su opinión sobre este caso, pero no respondieron al requerimiento de entrevista. Se pidió también una opinión al ministro Acisclo Valladares, pero no respondió. FCN publicó que se trata de una conspiración en su contra.

La fiscal general, Consuelo Porras, ha sido ambivalente. Por una parte mantuvo el caso a cargo de la FECI a pesar de las objeciones de Tigo, pero por otra parte, Sonia Pérez, corresponsal de AP, tuiteó en su cuenta personal que el caso estaba listo en el despacho de Consuelo Porras desde enero de 2019, hace cuatro meses.

Ahora quedará por ver cómo actúa en este caso la mayoría de la Corte Suprema de Justicia, electa en 2014 gracias a los sobornos –las champurradas– que le pagó Tigo a los diputados de PP-Líder que los eligieron.

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¿HACIA LA TRANSPARENCIA DEL SISTEMA ELECTORAL ARGENTINO?

Universo Compol

La
actual legislación en Argentina, sobre sistema electoral, deja algunos vacíos
legales. El gobierno argentino actual, busca sanear estos vacíos.

Algunas
de esas modificaciones propuestas por el gobierno encontraron consenso y otras
no. La nueva ley se aprobó en la Cámara de Senadores. Y el proyecto tiene
dictamen favorable en la Cámara de Diputados. Se buscará su  tratamiento y aprobación el 8 de mayo  de 2019.

El Dr.
Adrián Pérez, (Abogado y Político Argentino. Actualmente se desempeña como
Secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, Ministerio del Interior de
la Nación Argentina) afirmo que: «En un principio el gobierno busco la
introducción del sistema de la Boleta Única Electrónica o Boleta Única Papel,
mecanismo más idóneo para la transparencia del conteo de los votos. Pero esta
modificación no pudo ser introducida. Por lo cual para las elecciones
presidenciales 2019, se seguirá utilizando un sistema  que es obsoleto y arcaico en el mundo». (Actualmente
cada partido político tiene una boleta para la emisión del voto).

Hay
provincias argentinas y localidades argentinas que han aplicado el sistema de
Boleta Única Papel. Y su aplicación no tuvo mayores inconvenientes. En los lugares
que hubo problemas, se hicieron las correspondientes denuncias, y  el conteo posterior manual, arrojo los mismos
resultados que el conteo provisorio electrónico.

Las
provincias que implementaron el sistema de boleta única electrónica, son Santa
Fe  (el 28 de abril de 2019,  se llevó a cabo las Elecciones Primarias
Abiertas, Simultaneas y Obligatorias, para elegir Gobernador, Senadores
departamentales, Diputados Provinciales, Intendentes, Concejales, Comisiones
Comunales y Controladores de Cuentas) y  Córdoba
(donde se llevarán a cabo las elecciones  12 de mayo, se elegirán Gobernador,
Vicegobernador, Intendentes, con la llamada Boleta Única de Sufragio-BUS).

Lamentablemente
esta reforma del Voto Único Electrónico o Voto Único Papel no se pudo introducir
para las elecciones presidenciales 2019, en pos de la transparencia del conteo
del sufragio.

La
reforma que si se pudo introducir es el tema del financiamiento de los partidos
políticos. Actualmente los aportes se pueden realizar en efectivo, y esto no
permite determinar fehacientemente al aportante real. Con ello aparecieron las
denuncias a Frente para la Victoria en el 2015 
y a Cambiemos en el 2017 (debate giro en torno a los aportantes que
aparecían en la nómina de aportantes eran los aportantes reales). Lo que se
busca con la reforma es el conocimiento fehaciente de los aportantes por medio
de aportes bancarizados. En la modificación actual se plantea que los
empresarios pueden realizar aportes hasta un tope del 2 por ciento, para evitar
que haya concentración. Además de establecer algunas cláusulas tendientes a
controlar el financiamiento (solicitar información AFIP, ANSES, auditores de
controladores)

La
nueva ley trata de resolver los baches de la legislación actual. Otro tema en
la modificación es la transmisión de los resultados del escrutinio. Se busca la
homogenidad de la carga. Se realizará en cada escuela, a través del scaneo de
los telegramas, para evitar el traslado a los correos y las pérdidas de los
telegramas.

Veremos
cual camino eligen nuestros Señores Legisladores, en esta materia de debate.

Además
el Poder Ejecutivo vía Decretos modificó el Decreto 4437/11, que permitía las
colectoras, que confundían a los ciudadanos. Se eliminó las colectoras. Y Vía
decreto, por tener el Poder Ejecutivo facultades se introdujo para los
argentinos que viven en el extranjero el Voto Postal, más allá del voto
presencial en los consulados.

CONCLUSIONES

Creo que desde el Ministerio del Interior tienen una acertada política de comunicación institucional. Mediante diferentes programas informan las políticas públicas que está llevando a cabo el gobierno actual. Dejando ver una clara intención de introducir el debate en materia de tecnología aplicada a la Administración Pública, en este caso, en particular al Sistema Electoral Argentino. En la era de la cuarta revolución tecnología, me parece beneficioso poner la tecnología al servicio de la transparencia de la Democracia. ¡¡¡Viva la Democracia!!

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República Dominicana, paraíso para buenos y villanos

PanoramaGlobal

Muy bien lo expresa su eslogan turístico, la República Dominicana «lo
tiene todo». 
En el universo de ese «todo», se encuentra la muy
famosa hospitalidad de los dominicanos y dominicanas. El gran poeta Pedro Mir
dijo «hay un país en el mundo
colocado en el mismo trayecto del sol… en un inverosímil archipiélago de azúcar
y de alcohol
«. Quisqueya, como también se conoce al país, es una
tierra de gente que abraza al visitante y lo hace sentir suyo y como en casa,
le canta a son de bachata y merengue y le entrega lo mejor que tiene: su gente.

Sus paradisíacas playas como la de Bahía de las Águilas y
sus ciudades encantadoras que van desde la que fue el primer asentamiento europeo en las Américas –la capital, Santo Domingo– hasta
Punta Cana cuya fama hace que le consideren un paraíso terrenal, así como el
efecto del crecimiento económico del país, no solo atraen turistas e
inversionistas extranjeros, también a dictadores despreciados por el resto del
mundo.

La hospitalidad e intermediación dominicana ha llevado a la
nación caribeña a desempeñar un rol importante en la resolución de conflictos
internacionales. Lo vimos en 2008 cuando se generó una crisis diplomática
entre Colombia, Ecuador y Venezuela, también conocida como la Crisis
Andina. Colombia, persiguiendo a las FARC, penetró al Ecuador sin previo aviso y se desató una
tensión de dimensión regional. Fue en República Dominicana, con la
intermediación del entonces presidente Leonel Fernández, donde se llevó a cabo
la Cumbre de Río, donde los presidentes involucrados se dieron un apretón de
manos y el conflicto quedó desactivado. Años más tarde, sería este mismo país
el que serviría de sede neutral para los procesos de diálogos entre el gobierno
de Nicolás Maduro y la oposición venezolana.

¿Qué pasa cuando todo el mundo —por supuesto, incluyendo
tus aliados y antiguos amigos— te cierra las puertas? ¡Necesitas encontrar otro
lugar dónde tocar el timbre para pedir ayuda!

El ejemplo más ilustrativo de esta interrogante nos
transporta hacia Asia Occidental y Medio Oriente. En 1979
Mohammad Reza Pahlavi, mejor conocido como el shah de Irán, fue derrocado por
la Revolución Islámica liderada por el ayatolá Jomeini. Ya para ese entonces el
shah era considerado uno de los hombres más ricos del mundo —el petróleo iraní en su apogeo—, el principal
aliado de los estadounidenses en el Golfo Pérsico y amigo de los líderes
mundiales de la época, terminó sus días humillado por el rechazo a un santuario
digno que le permitiera tratarse el cáncer linfático que le afectaba ya en
etapa terminal.

En un período de año y medio, países como Marruecos, Bahamas, Ecuador, México, Estados Unidos, Panamá y finalmente  Egipto fueron visitados por el shah y su esposa, en algunos casos con ayuda del magnate David Rockefeller. Fue en Egipto, donde fueron acogidos por el presidente Anwar el-Sadat. Un verdadero nómada, por no decir apátrida. ¿Cuál era el problema? Nadie quería meterse con los ayatollahs de Irán, especialmente después de la crisis de los rehenes en la embajada estadounidense en Teherán y la amenaza que Jomeini lanzó al país que se atreviera recibir al shah.

Regresando al Caribe, vamos a repasar brevemente algunos
huéspedes políticos que ha tenido la República Dominicana, algunos ilustres,
otros no tanto:

Españoles que huían de la Guerra Civil (1936
a 1939):

Tras la Guerra Civil española, República Dominicana, al
igual que México, fue uno de los pocos países que abrieron sus puertas a españoles desplazados
que huían de la persecución y de la violencia de la guerra. Hay que destacar
que el dictador Rafael Trujillo tenía una predilección por la inmigración con la piel blanca. Entre los refugiados había
ilustres de la talla de Jesús de Galíndez, quien más tarde moriría a manos del
dictador.

Judíos que escapaban del Holocausto (1933-1945):

El país se había comprometido a recibir 100.000 refugiados. Aproximadamente unos 3.000 judíos fueron recibidos en la República Dominicana cuando
en Europa se vivía uno de los momentos más crueles de su historia, el
Holocausto. Muchas de estas personas continuarían hacia otros destinos.  A
los judíos que se quedaron en la ciudad de Sosúa se les cedió tierra y recursos
para cultivarla, gracias a la ayuda prestada desde EE.UU. por el Dominican Republic Settlement
Association
.

Huéspedes «especiales»:

Marcos Pérez Jiménez, Venezuela (1953-1958): Una junta militar reemplazó a Pérez Jiménez en el
Palacio de Miraflores, permitiendo al dictador marcharse hacia la República
Dominicana. Luego de vivir en España y Estados Unidos, sería extraditado a
Venezuela en 1963.

Juan Domingo Perón, Argentina (1946-1955, 1973-1974): En 1958, a tan solo unos pocos años desde su
derrocamiento en Argentina, Juan Domingo Perón llegó a la ciudad de Santo
Domingo, bajo la protección del dictador Trujillo y tras una primera fase de su
exilio que lo había llevado a Paraguay, Panamá y Venezuela. En esa etapa dividió su tiempo
entre la capital y las montañas de Jarabacoa.

Fulgencio Batista, Cuba (1940-1944, 1952-1959): A Batista el año nuevo de 1959 lo sorprendió en un
avión rumbo hacia la República Dominicana donde fue recibido por el dictador
Trujillo. La dictadura dominicana lo apoyó financieramente en sus esfuerzos
para resistir la revolución de Fidel Castro. La luna de miel de Batista en
ciudad Trujillo –naturalmente una megalomanía del dictador nombrar la capital
con su nombre- no duraría mucho tiempo. A pocos días, el dictador dominicano
empezaría a exigirle el pago de la deuda por el apoyo prestado. Batista respondió que «la misma (la deuda) debía ser cobrada al
nuevo gobierno cubano». Luego de algunas humillaciones, Batista saldó la cuenta y continuó su exilio en Europa donde murió.

Manuel Zelaya, Honduras (2006-2009): Aunque a Zelaya no se le considera haber sido un
dictador, lo cierto es que, en parte, fue derrocado por la derecha de su país
precisamente para evitar que se convirtiera en uno. Recordemos que su objetivo
era empezar un proceso de reforma constitucional a través de un plebiscito que
podría abrir el camino a su reelección. Resultado: fue sacado de su casa en
ropa interior y terminó establecido en República Dominicana.

Huésped no esperado… ¿Nicolás Maduro?

Luego de que el jefe de la diplomacia de Estados
Unidos indicara en una entrevista a CNNque «Él (Maduro) tenía un avión en la pista, estaba
listo para irse esta mañana, por lo que sabemos, y los rusos le dijeron que
debería quedarse», todo parece indicar que esta revolución pacífica y ciudadana
que lidera Juan
Guaidó
 ha hecho temblar al Palacio de
Miraflores y ya puede ser que Maduro no esté tan cerrado en la idea de
aferrarse al poder como antes. La noche del 30 de abril, un avión ruso (tipo
jet privado) aterrizó en Punta Cana luego de haber permanecido solo una hora en
Venezuela después de un viaje de 12 horas desde Rusia. Todo parece indicar que
el pasajero que probablemente recogerían en Caracas cambió de idea en el último
minuto o fue disuadido de ese plan.

República Dominicana no solo atrae a turistas y a celebridades que, como el cantante Julio Iglesias combinan el placer con los negocios mientras tiene su mansión en Los Corales, en la costa paradisíaca de Dominicana, también atrae a políticos sin rumbo cierto. En el inicio de su gobierno, el actual presidente dominicano, Danilo Medina, se propuso como meta lograr atraer a 10 millones de turistas. Existe la posibilidad de que Nicolás Maduro se convierta en una estadística más dentro de esa cifra, un turista sin boleto de regreso.

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Dulce Guatemala ¿cuál será tu futuro?

Sueños…

«Personas a
quienes conocimos ancianas ya y que duermen hoy el sueño eterno debajo de la
tierra, nos contaban que los últimos días de diciembre», nos contaban que los
días en Guatemala se volvían destemplados. «Como en aquellos tiempos no se
hacían observaciones» de pronóstico, «nuestros lectores tienen que conformarse
con el dicho de los viejos, de quienes tuvimos nosotros la noticia, y creer,
sobre su palabra, que el día de Inocentes de 1792 faltó muy poco para que se
cubrieran de escarcha los tejados de esta capital.»

Así, más o
menos, empezaba Salomé Jil, su Historia de un pepe. Nos deslumbraba con la
felicidad de estar tan cerca de la naturaleza «…bien sabido es, además, que en
aquella época la novísima ciudad de Guatemala no contaba por las noches con
otro alumbrado que el que proporcionaban generosamente a la tierra las
estrellas del cielo.»

Ahora ya no
es así. Estamos inundados de energías contaminantes, que alumbran
artificialmente el planeta completo, anulando la luz natural, hemos inundado la
tierra de cemento, madera muerta y hierro. Y podemos predecir el futuro. Así lo
hace Christine Lagarde, Directora-Gerente del todo poderoso FMI. Vamos a
seguirla para comprender algunos de los retos futuros para Guatemala.

Nadie duda
que la profesora Lagarde es capitalista, que es liberal a ultranza. Por eso
comprende que el futuro de una nación, y del planeta en su conjunto depende de
la construcción de sociedades de mercados competitivos, con democracia
pluralista, economías más resilientes e inclusivas y con el compromiso de
proteger, ante todo y en serio, a la naturaleza.

En la
agenda del próximo gobierno de Guatemala, y de cualquier país, tiene que estar
la visión de «proporcionar a los ciudadanos las condiciones necesarias dentro
de sus países para prosperar»
.
La directora del fondo enfatiza que «…Las políticas macroeconómicas, junto con
las reformas estructurales, deben asegurar el crecimiento y la estabilidad,
reduciendo al mismo tiempo la desigualdad y gestionando los efectos de contagio
transfronterizos.»

Que vea
quien quiera ver. En Guatemala a los ciudadanos, en su conjunto, no se les
proporcionan las condiciones mínimas para prosperar. Son enormes las masas de
ciudadanos sin educación, salud, y que padecen desnutrición. Lagarde lo plantea
claro, hay que generar políticas públicas claras que redistribuyan la tierra,
gasten el 10% en educación primaria y secundaria de calidad. El crecimiento
económico por sí mismo no basta, hay que avanzar en la búsqueda de la
estabilidad social, reduciendo la desigualdad y gestionando el desarrollo
transfronterizo en forma moderna y progresista.

Para nadie
es un secreto que la situación geoestratégica a nivel mundial, y a nivel
regional se ha complicado. Lagarde advierte que las políticas de las naciones
tiene que abarcar la alerta para enfrentar la crisis financiera, militar y
poblacional que se acerca rápidamente. Hay que prepararse para «hacer frente a
los shocks externos» que nos amenazan.

La única
salida es la unidad nacional, sí tenemos algún mínimo aprecio a la convivencia
en una nación libre y de progreso.

Lagarde
confirma que es indispensable «potenciar las capacidades de los ciudadanos,
incluidos los jóvenes y las mujeres», y en nuestro caso la enorme población
indígena que tiene que ser respetada y promovida a una mejor vida. Se tiene que
generar con prontitud «acceso a educación y capacitación, atención de la salud,
infraestructura, finanzas y empleo de calidad.»

No puede
faltar en la agenda del FMI el problema de la gestión pública. No podemos
continuar la inercia histórica de gobiernos deficientes, sociedad basadas en la
corrupción y la cultura de la evasión y elusión fiscal.

El mundo
necesita una reorganización de la cooperación internacional para la paz, la
protección de la naturaleza y la solución de consensos.

En general,
la campaña electoral en Guatemala parece ser miope en torno a los grandes
problemas de la humanidad. El futuro parece orientarse a un nuevo orden internacional,
en donde pocos países tendrán la expectativa del progreso, mientras que la
mayoría se convertirán en marginales, significando una carga para la sociedad y
la naturaleza.

Solamente
los países que se monten en la carreta de la cuarta, la quinta, … revolución
industrial, podrán sobrevivir. Y no lo harán solos. Tarde o temprano se
construirá la estructura del poder internacional, Rusia, Estados Unidos, China,
Alemania, Inglaterra, Francia construirán las redes del poder tecnológico,
militar y científico. Serán acompañados solamente por los países del tercer
mundo que se preparen para hacer frente a los grandes riesgos del mundo: «el
cambio climático, los cambios demográficos y las tensiones causadas por los
conflictos y la migración.»

Podrá
Guatemala salir del siglo 19, y modernizarse por fin. Podrá aplicar el plan de
acción del FMI.

Los
nubarrones anunciados en «La hija del adelantado», 1866, se han cumplido,
Guatemala no pudo deshacerse de la influencia de México, ni de la cultura medieval
del terrateniente. Decía Pepe Milla: «El tiempo dará de sí y no faltará cómo
hacer que vos y sólo vos gobernéis siempre. Lo que importa es salir del apuro
de momento. Para lo futuro, debéis contar con lo que yo podré hacer, y sobre
todo, con lo imprevisto.»



La Agenda Mundial de Políticas de la Directora Gerente — Abril de 2019: Responsabilidad conjunta, beneficios compartidos — Plan de acción multilateral. www.imf.org

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Bueno, a preparar nuestra participación

Tanmi Tnam

Mientras se les agota el tiempo
de campaña electoral a algunos partidos políticos integrados por corruptos,
sedientos de enriquecimiento ilícito, egoístas, interesados en protegerse a sí
mismos, aquellos que traicionan a los pueblos que votan por ellos, la
ciudadanía guatemalteca debe buscar alternativas que puedan contrarrestar los
hechos negativos que ejecutarán los que van a obtener un puesto público. Por ahora
consideran que están sueltos, sin control alguno, disponen de todo el tiempo,
tienen compinches en todas partes,  saben
que el pueblo ignora muchos hechos punibles, han comisionado actores en los
tres poderes del Estado para que todo salga bien y cada vez más desean tener al
Estado por mucho tiempo para que les sirva a sus intereses. Estar atentos qué acciones
van a hacer los corruptos, los que se han hecho ricos con dinero público, los
que cobran por alguna oportunidad laboral y los que callan para mantenerse en
el puesto.

Las noticias que circulan en los
medios de comunicación, dan cuenta de que un candidato a presidente ya está en
la cárcel, significa mucho para la población que todavía actúa con ciertos
valores y que siente vergüenza por hacer algo negativo que limita el bien común
de los pueblos. Muchos ciudadanos se han dado cuenta que varios de los
candidatos han tenido un pasado que limita darles ni un solo voto porque no
tienen la talla para conducir el país.

Por todo lo que ha pasado y lo
que seguirá sucediendo, tenemos que prepararnos para asumir una adecuada
participación en el marco del quehacer político en nuestro país. En tiempos en
que se ha perdido la confianza en cierto porcentaje de autoridades y
funcionarios públicos, hay acciones sencillas que se pueden hacer desde las
comunidades locales, los municipios, las cabeceras departamentales.  Hay escuelas, centros y puestos de salud,
sedes de administración de justicia, alcaldías a quienes se les puede
monitorear el funcionamiento, la eficacia, la eficiencia y la transparencia. Es
necesaria la organización para hacer auditoría bajo la responsabilidad de los
comunitarios. Es una auditoría que permitirá obtener información acerca del costo
de las obras, gastos en compras, quiénes son los beneficiarios y si recibieron
la cantidad de recursos según los registros oficiales o como lo establece el
presupuesto. Pero también, esta auditoría puede servir para revisar si hay
empleados públicos que reciben algún salario y no se presentan a trabajar. La
auditoría social permite que la misma comunidad organizada se encargue de ver
el uso adecuado de los recursos económicos que el Estado distribuye a la
población en general.

Guatemala tiene muchas leyes que
hablan de la auditoría social, es cuestión de que las personas se organicen,
complementen la información con que cuentan, identifiquen la institución que
desean revisar su accionar o en qué situación hay dudas. En este sentido, para
hacer auditoría social, se pueden organizar las mujeres, los jóvenes, los de la
tercera edad o las instancias que señalan las leyes de Guatemala. Los artículos
35 y 137 de la Constitución de la República hablan de la libertad de
pensamiento y el derecho de petición y otras leyes específicas que orientan cómo
trabajar el tema.

Si se logra hacer auditoría social a las instituciones del Estado de Guatemala en los niveles local, municipal y departamental, se estaría dando un pasito cuyos resultados pueden significar el buen uso de los recursos públicos para atender las necesidades de los pueblos que integran el país en el contexto de la construcción de la democracia.

TEXTO PARA COLUMNISTA

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La trampa electoral de las prisiones

Poptun

El populismo
está a la orden del día en el proceso electoral, y en ascenso porque los políticos
saben que los electores votan hoy por partidos populistas. Según Horacio
Cerutti Guldberg, el «populismo» podría caracterizarse en política como el
manipuleo de las masas en cuanto a intereses, anhelos, expectativas y
necesidades, sin garantizar los canales efectivos para su gestión.

Los candidatos
a cargos de elección popular ofrecen una serie de propuestas atrayentes, pero
saben que muchas de ellas son inviables.

Como ejemplo están
las propuestas sobre el sistema penitenciario. Uno ofrece construir cárceles
para tener mejor control de las privados de libertad y evitar que sigan
delinquiendo y así disminuir la delincuencia; otro promete prisiones de máxima
seguridad para recluir a las personas que ya no son «rescatables»; uno más
ofrece que pondrá a trabajar a los presos para que se ganen su comida, y otro promete
reactivar la pena de muerte porque está vigente en Guatemala. 

La construcción de cárceles, presupuestariamente
es una oferta inasequible porque el Sistema Penitenciario es una de las
Instituciones públicas que menor presupuesto posee y el dinero asignado apenas
alcanza para pagar salarios y servicios. 
Los préstamos que han sido propuestos para la construcción de cárceles
nunca son aprobados, como la propuesta que viene desde el 2016.

Junto a esta proposición, pareciera que la
única forma de lograr el éxito en la persecución del delito consiste en construir
más cárceles, lo que únicamente lograría aumentar la cantidad de personas
encarceladas, lo que sigue  el modelo de un
«complejo industrial penitenciario» que es la lógica de un Estado/Capital que
genera un negocio en torno a los presos, entre ellos la construcción de
recintos carcelarios.

Respecto a las cárceles de máxima seguridad, estas
van desapareciendo del mundo actual porque pretenden rigidizar aún más el
régimen penitenciario. En este tipo de prisiones «el privado de libertad no
puede satisfacer sus necesidades de forma independiente y es sometido a un
control permanente, a un régimen de vida con diferentes niveles de rigidez y
rutinas que reducen su autonomía». Estos presidios van en contra de los
estándares impuestos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puesto
que la pena no posee el fin de castigo, y en esas cárceles el orden y control
descansa en un aislamiento prolongado, que  es considerado un trato cruel e inhumano que
atenta contra la dignidad humana.  

Sumado a este planteamiento, por disposición
legal, en Guatemala la pena de prisión nunca puede ser mayor de 50 años.  Toda persona privada de libertad, aun así haya
sido condenada a 800 años, puede acceder a beneficios penitenciarios a partir
de los 25 años.

En relación a mandar a trabajar a los presos,
es una aseveración falaz al existir la prohibición internacional del trabajo
forzoso. Todo trabajo debe ser compensado monetariamente. La tasa de desempleo
en nuestro país es alta; en las cárceles es mucho mayor y el Estado no posee la
capacidad para brindarle trabajo a todas las personas que se encuentran
guardando prisión. 

Aunado a esta prohibición internacional, en el
ámbito penitenciario el trabajo obligatorio es contraproducente debido al
objeto resocializador de la pena, el cual se pierde cuando se convierte en una
obligación.  Legalmente las personas
reclusas tienen derecho a un régimen alimenticio suficiente por encontrarse
bajo custodia del Estado, y éste está obligado a proporcionárselos.

Respecto a la pena de muerte, en 2017 la Corte
de Constitucionalidad anuló su aplicación, al declararla inconstitucional por
reñir con tratados y convenciones sobre Derechos Humanos ratificados por
Guatemala. Además, riñe con el artículo 19 de la Constitución que le brinda a
la pena un propósito rehabilitador para que la persona se reincorpore  a la sociedad y con la pena de muerte se contraviene
ese designio, porque en lugar de rehabilitar a la persona condenada, la
elimina. 

La Convención Americana de Derechos Humanos,
establece que no se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han
abolido. Reactivar la pena de muerte conllevaría la denuncia de ese Tratado, y
con ello se atenta contra el bien común, porque los guatemaltecos no podríamos
reclamar justicia en el ámbito internacional cuando  en el interno no se brinde.

Debemos analizar y evaluar concienzudamente si cada propuesta es viable y no atenta contra derechos elementales o el bien común. Al escudriñarlas, sabremos identificar los ofrecimientos serios de los populistas e irresponsables, lo cual es útil para reconocer a aquellos candidatos que sólo pretenden menoscabar nuestra confianza con la intención de sacarnos nuestro voto, subir en las encuestas, ganar aplausos, lo que a la vez es un acto de corrupción.

TEXTO PARA COLUMNISTA

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