(Gráfico): Los más de Q350 millones en bonos que Jimmy aprobó para sus jefes y trabajadores más fieles


Nómada reveló en septiembre de 2017 que el presidente Jimmy Morales recibía un sobresueldo de Q50 mil mensual aprobado por el Ejército. Un día después y con rastros de indignación el mismo Ministerio de la Defensa confirmó el pago y que se trataba de un bono de riesgo y que el gobernante lo recibía por ser Comandante General de las fuerzas armadas.

La dinámica de los bonos pareció gustarle a Jimmy Morales como una recompensa por la lealtad. Durante el tiempo que emprendió una campaña para enviar a la lona a la CICIG, varios funcionarios públicos lo respaldaron a pesar de la crítica social. Como pago a esa lealtad, el presidente aprobó bonos para jefes y trabajadores de las instituciones más fieles a él.  Leé el texto completo aquíJimmy da más de Q350 millones en bonos para jefes y trabajadores más cercanos

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Aborto en Colombia: más allá de las leyes

Una mujer solicitó un aborto legal pero en el hospital usaron sus antecedentes de salud mental como excusa para decir que no estaba en capacidad de tomar esa decisión y, en contra de su voluntad, fue internada en una clínica psquiátrica para evitar que abortara.

Historias como esta cobran importancia hoy cuando se cumplen 13 años desde que las mujeres colombianas dimos un paso enorme al lograr un acceso legal y seguro al aborto en tres circunstancias. Fue una decisión histórica que se produjo gracias a una lucha de tiempo atrás del movimiento de mujeres y a la Corte Constitucional que protegió la vida y la salud de las mujeres colombianas, especialmente de las más pobres. Esta decisión también abrió el camino para el movimiento social en América Latina que con el impulso de la Corte colombiana «recargó baterías» para avanzar nuevos caminos legales y judiciales y centró la discusión del aborto como una cuestión de salud, derechos humanos y justicia social.

Aunque no podemos negar los avances, tampoco podemos afirmar que las leyes sean suficientes. Las niñas y las mujeres siguen enfrentando barreras para acceder a un aborto legal y seguro, incluso cuando en sus países está permitido. Esta situación las sigue empujando a acudir a lugares clandestinos que ponen en riesgo su salud y su vida.

Hay mujeres con embarazos deseados que durante el proceso de gestación han descubierto que el feto presenta alguna incompatibilidad que hace que su vida sea inviable por fuera del útero, pero no han respetado su decisión ni les han prestado este servicio de salud. Hay otras a las que se les ha ocutado el estado de saud del feto. También hay niñas y mujeres violadas que aunque han expresado su deseo de interrumpir el embarazo, han sido sometidas a llevar a término sus embarazos.

A estas historias hay que sumarle que en América Latina estamos frente a un reto con la emergencia humanitaria que vive Venezuela y la migración que está llegando a nuestros países, un fenómeno en el que las mujeres enfrentan situaciones particulares. Por ejemplo, las mujeres venezolanas que van en busca de oportunidades a otros países y de servicios de salud sexual y reproductiva, son víctimas de violación en los pasos fronterizos y, al menos en Colombia, pueden optar por abortar, pero no se les está dando la información necesaria para que puedan tomar una decisión y, en algunos casos, se les dice que en Colombia el aborto está totalmente penalizado

Estas situaciones que han vivido mujeres en países como Argentina, Chile y Colombia, demuestran que aún son muchísimos los obstáculos que enfrentamos, incluso con legislaciones que permiten el aborto en algunas circunstancias. En Colombia, la Corte Constitucional lo ha entendido y en su última decisión ordenó no solo eliminar las barreras que enfrentan las mujeres que solicitan un aborto legal, también le dijo a las autoridades que deben imponer sanciones a quienes no cumplan con las reglas que durante 13 años han sido establecidas para la prestación del servicio.

Sin duda es importante que exijamos que los estados actúen, pues esa es su obligación, pero también debemos ir más allá de las leyes. Conocer las historias de los obstáculos que enfrentan las mujeres nos permite hacer la veeduría que como sociedad necesitamos para garantizar el acceso a un servicio que puede hacer la diferencia en la vida de las mujeres y de sus familias. Cada vez son más los movimientos liderados por mujeres jóvenes dispuestas a informar, debatir y desmitificar el aborto. Eso hay que celebrarlo e impulsarlo. Hagamos que la Marea Verde que comenzó en Argentina se extienda por toda la región, no solo para ampliar las causales sino también para que se garantice la prestación del servicio de manera legal, oportuna y libre de prejuicios sobre las mujeres.

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Jimmy da más de Q350 millones en bonos para jefes y trabajadores más cercanos


Jimmy Morales llegó al gobierno de Guatemala con un discurso de austeridad. A cuarenta días de asumir el cargo de presidente, decretó medidas extremas para utilizar los recursos del Estado de forma prudente y en el camino, ahorrar Q150 millones. En un oficio que envió a todas las instituciones el 31 de mayo de 2016 hizo una lista de las acciones para lograr el objetivo de austeridad. Entre ellas, abstenerse de gestionar bonos extras para los funcionarios y empleados públicos.

Pero desde su segundo año de Gobierno, la promesa se acabó. Nómada reveló cómo él y la cúpula del Ministerio de la Defensa se repartían sobresueldos ilegales que sumaban Q450 mil. Y en su último año, el de la campaña electoral, los bonos son para las instituciones clave. Esta vez avaló la creación de pagos adicionales para las 20 instituciones más cercanas a sus intereses.

Para otorgar estos beneficios, los jefes de las entidades solicitaron excepciones a las medidas de austeridad del gobierno de Morales, que incluso en marzo de 2018 reafirmó que los recursos del Estado son escasos y que las instituciones debían abstenerse de crear bonos únicos.

Siete instituciones presidenciales -la Secretaría General, la Secretaría Privada, la Secretaría de Inteligencia, la Secretaría de Comunicación, la Secretaría Ejecutiva, la SAAS, la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente-, la Vicepresidencia, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Comunicaciones y la Procuraduría General de la Nación fueron las instituciones más beneficiadas en 2018 y 2019 con bonos extraordinarios equivalentes o mayores al salario de cada empleado, algunos autorizados por única vez, otros para ser entregados de forma mensual. Además, en el 2018 se pidió bonos para algunos trabajadores del Ministerio de Cultura y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

Los bonos únicos, como se les designó en los trámites, suman en total (solo en 2018) Q352.6 millones, y fueron aprobados por la Oficina Nacional del Servicio Civil y por el Ministerio de Finanzas. En algunos casos las instituciones pidieron el beneficio económico con el argumento de que contaban con el aval del presidente Jimmy Morales. En 2018 las instituciones beneficiadas recibieron el bono una sola vez, pero actualmente realizan las gestiones para recibirlo cada mes.

Los trámites para la entrega de estos beneficios económicos ocurrieron entre agosto de 2018 y el mes pasado, abril de 2019, época en la que el gobierno de Jimmy Morales tuvo como objetivo principal sacar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) del país. En ese tiempo el gobierno pasó de amenazar a la CICIG con vehículos militares en los alrededores de la sede, hasta terminar de forma unilateral el acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas que le dio vida a la Comisión.

Los bonos parecen una estrategia para hacer ver como que los sobresueldos ilegales cobrados por Jimmy en 2017 —llamados ‘bonos por responsabilidad’ por parte del Ministerio de la Defensa— pudieran ser institucionalizados y otorgados a más jefes y trabajadores.

A continuación los detalles y montos aprobados para cada institución:

Secretaría General de la Presidencia

Qué pidieron: El 23 de mayo de 2018, solicitó un Bono Único por Gestión de Calidad, equivalente al 100% del salario para 67 trabajadores contratados bajo el renglón 011. Esto quiere decir, un quinceavo salario al año.
Cómo lo justificaron: Que el trabajo de esta Secretaría es fundamental en la tramitación de los asuntos internos en los que se involucra directamente el presidente. Para financiarlo solicitó una ampliación presupuestaria de Q889 mil.

Secretaria Privada de la Presidencia

Qué pidió: El 23 de noviembre del 2018, solicitó para 34 de sus trabajadores un Bono Único equivalente al 100% de su salario.
Cómo se justificó: Que cuentan con el visto bueno del presidente Jimmy Morales. Solicitaron una ampliación presupuestaria de Q398 mil.

Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente

Qué pidió: La creación de un bono único de Q2 mil para 969 trabajadores.
Cómo se justificó: Que el trámite contó con el visto bueno del presidente Jimmy Morales.

Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS)

Qué pidió: Una modificación a su presupuesto por Q3 millones 520 mil, para otorgar a sus funcionarios un bono de Q3 mil.
Cómo se justificó: Que a la fecha la entidad había alcanzado el 83% de sus metas físicas y que se encontraba en desarrollo el proceso logístico para realizar la XXVI Cumbre Iberomericana. La SAAS busca la autorización para entregar el bono cada mes.

Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia

Qué pidió: Una ampliación de Q371 mil para otorgar un bono único equivalente a un salario total de todo el personal. Para cubrir el gasto la Secretaría puso de su propio presupuesto Q459
Cómo se justificó: Que contaban con el aval del presidente.

Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado

Qué pidió: Esta entidad requirió una ampliación a su presupuesto por Q342 mil 300 para otorgar un bono único de Q2 mil a todo su personal.
Cómo se justificó: Que contaban con el visto bueno del presidente.

Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia

Qué pidieron: Solicitó Q161 mil para un bono único de monto variable para 30 de sus trabajadores.
Cómo lo justificaron: Con que desarrollaron un buen desempeño en sus labores.

Procuraduría General de la Nación

Qué pidió: El 21 de agosto de 2018, Jorge Luis Donado Vivar, Procurador General de la Nación, envió una carta al Ministerio de Finanzas, solicitando un bono de Q4 mil para cada uno de los trabajadores de la institución. No solicitaron un ampliación presupuestaria; según el procurador, los fondos saldrían del presupuesto de la entidad, casi Q890 mil.
Cómo se justificó: Con que lo salarios de los funcionarios de la PGN son inferiores al resto de instituciones del Sector Justicia.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Qué pidió: El 27 de agosto de 2018, la canciller Sandra Jovel envió una carta al ministro de Finanzas para solicitar la creación de un Bono Monetario Único para 360 personas que laboran en la planta central y para los funcionarios que trabajan en la red consular en Estados Unidos y México.
Cómo se justificó: Que el beneficio económico tenía como fin reconocer «el particular esfuerzo, dedicación y empeño» de los trabajadores de la Cancillería para lograr los compromisos del gobierno y por atender a los migrantes.

La canciller Jovel solicitó además que a los empleados de la planta central se les diera un bono de Q5 mil cada uno, para los que trabajan en Estados Unidos Q1 mil y Q500 para los que se encuentran en México.

«…el requerimiento del Bono Monetario Único cuenta con el visto bueno del señor Presidente Constitucional de la República…», dice la carta de Sandra Jovel.

Ministerio de Comunicaciones

Qué pidió: En el año 2018 solicitaron modificación presupuestaria de Q422 mil para
Modificar el salario mínimo para 25 trabajadores por una sola vez. En 2019, solicitaron un bono mensual para la Dirección Superior del Ministerio y para las autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Ministerio de Educación

Qué pidió: Una ampliación presupuestaria de Q334.3 millones para entregar un bono único de Q2 mill 500 a todo su personal.

Ministerio de Gobernación

Qué pidió: Una ampliación presupuestaria para un bono único de montos variables para personal de la Policía Nacional Civil, Sistema Penitenciario, la Dirección General de Inteligencia Civil, la Dirección de Servicios de Seguridad Privada y Gobernaciones Departamentales, por un valor de Q4 mil para los agentes policiales y Q5 mil para el resto de funcionarios.
Cómo se justificó: Reconocer con incentivos salariales las exigencias para cumplir con la misión y visión institucional.

Ministerio de Cultura

Qué pidió: Un bono único para 40 trabajadores del Ballet Nacional de Guatemala y 65 de la Orquesta Sinfónica Nacional. Para ello solicitó una ampliación presupuestaria de Q529 mil para cada institución. En este caso, este beneficio se recibirá una sola vez, a diferencia del resto de las instituciones que se gestiona para que se establezca mensual.

Ministerio de Trabajo

Qué pidió: Incrementar su Bono para la Recreación de Q500 a Q1 mil y otro por Semana Santa de Q1 mil a Q1 mil 600*. Para financiar el desembolso utilizaron saldos no ejecutados de su propio presupuesto.
Cómo se justificó: Con la firma de un nuevo Pacto Colectivo.

Bomberos Voluntarios

Qué pidió: La creación de un Bono Único para remunerar a 650 puestos por Q8 mil cada uno, para lo que requirieron una ampliación presupuestaria de Q5 millones 200.
Cómo se justificó: Con que representaría un aliciente laboral para reconocer la labor que desempeñan en beneficio de la población guatemalteca.

Oficina Nacional del Servicio Civil

Qué pidió: Esta oficina solicitó un bono único de Q3 mil para 261 trabajadores, con el objeto de «compensar su desempeño como una respuesta a su efectiva labor».
Cómo se justificó: Para compensar la labor de sus trabajadores.

***

Aclaración, 14 de mayo: El Ministerio de Trabajo se comunicó con Nómada para aclarar que el beneficio para sus empleados públicos fue el aumento a dos bonos que ya existían, uno por transporte y otro por recreación y que para financiar el desembolso utilizaron saldos no ejecutados de su propio presupuesto.
* Este dato se modificó luego de revisar los datos con el Ministerio de Trabajo.

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Resumen del día: Prohibido hablar de Sandra Torres


Corren los días y se acerca cada vez más una de las fechas cruciales en la historia del país. Aunque parezca cliché o una muletilla, todo apunta a que en estas elecciones el futuro de Guatemala es cada vez más trascendental. Sin embargo, de la retahíla de opciones para elegir gobernantes no hay alguien que se acerque al interés de la colectividad o al menos que sus propuestas tengan respaldo ciudadano.

Lo que sí estamos presenciando es un juego de poderes en donde nadie quiere abandonar la contienda. No importa el mecanismo que se utilice o las instituciones que manipulen. En esta dinámica las cortes van teniendo un rol protagónico y no en un sentido democrático aceptable. Personas son señalamientos y con la traba inicial del TSE recurren a amparos para que jueces o magistrados les den golpes de espalda para presionar por sus inscripciones.

En este ambiente, alguien que ha sabido cómo mover las cartas en este juego es Sandra Torres, la abanderada del partido Unidad Nacional de la Esperanza y quien ve este proceso como —quizá— la última oportunidad de gobernar con nombre propio. Ya lo hizo una vez con el mismo partido pero bajo el nombre de Álvaro Colom Caballeros.

En ese juego de cartas vio un as que le ha funcionado bien: la Ley de Femicidio. Una herramienta diseñada y aprobada para proteger a las mujeres de la violencia machista, doméstica y alcanzar protección estatal. Esa normativa la ha utilizado la candidata puntera en la preferencia electoral para dejar libre el camino de posibles tropiezos en su contra.

Ya planteó una denuncia y fue protegida con esa ley para que los fiscales contra la impunidad detuvieran las investigaciones por financiamiento electoral ilícito hallado en 2015. Ahora, con esa misma ley bajo el brazo, consiguió que una Sala de Apelaciones revirtiera una resolución y la respaldara en una demanda contra el equipo editorial —y comercial— del diario elPeriódico, uno de los más críticos de la gestión pública.

Ahora, el equipo periodístico no podrá escribir acerca de la candidata de la UNE, algo que el presidente de dicho medio, el periodista José Rubén Zamora, dijo que es una aberración judicial y atenta contra la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo, garantizado por la Constitución.

En una declaración recogida por el mismo medio, Zamora dejó entrever que Torres tiene influencia sobre la Corte Suprema de Justicia y por ello ha conseguido silenciar a sus críticos —e investigadores— con una ley pensada para proteger a las mujeres.

—Nosotros no tenemos relaciones de poder. Ella tiene más poder que nosotros, ella controla la Corte Suprema de Justicia, tiene influencias en la CC (maneja el TSE y el Renap). Tiene un poder enorme, debería ser uno el que se quejara de ella, no entiendo cómo los juzgados le dan cabida a esas denuncias, dijo Zamora.

Por cierto, no es la primera vez que elPeriódico pasa una situación como esta. En 2014 Roxana Baldetti usó la ley de femicidio y el periodista fue arraigado.

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Consuelo Porras quiere revertir las críticas que han surgido acerca de su gestión, el manejo de sus tiempos y la selección de casos. Recientemente tuvo un enfrentamiento verbal con su antecesora por cómo se manejó la información de la DEA acerca de la protección a candidatos presidenciales presuntamente amenazados por Mario Estrada.

Si se hace una conexión con estos casos y los procesos que se han dado a conocer desde el MP, con o CICIG, pareciera que se intenta reorientar la opinión pública para recuperar un buen perfil de la fiscal Porras.

Este jueves, las sirenas y vehículos blancos del MP ocuparon la 5 calle, entre 6a. y 7 av. de la zona 1. Se trataba de una diligencia judicial de la Fiscalía Contra la Corrupción, a cargo del fiscal Stuardo Campo, en el Palacio Nacional de la Cultura. Fuentes internas del MP revelaron que correspondía a una investigación relacionada con el Ministerio de Cultura.

 

Jefe de la Fiscalía Contra la Corrupción Stuardo Campo declaró a la prensa detalles del allanamiento que se desarrolla en el Palacio Nacional de la Cultura. Vía: @JulioLopez_EU

https://t.co/eRvBsqlq4m pic.twitter.com/YoAYQ9Xz7V

— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 9, 2019

El fiscal Campo adoptó una manera de argumentación muy similar a su jefa y evadió las preguntas de los periodistas, a pesar del escándalo que se generó por la presencia de policías y fiscales en uno de los edificios más importantes de la política nacional.

—Tengo limitación legal para darles cualquier detalle por la reserva judicial del caso—, dijo el fiscal Campo.

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Faltan 38 días para las elecciones y si bien no hay nada definido aún, en cuanto a las candidaturas, los ciudadanos organizados comienzan a presionar para tener el panorama más claro. El colectivo Alianza por las Reformas presentó este jueves al Tribunal Supremo Electoral una solicitud para revocar la inscripción de 17 candidatos en estas elecciones.

Los presidenciables que esta organización ve como no idóneos son: Estuardo Galdámez (FCN-Nación) y Roberto Arzú de la coalición PAN-Podemos.

En la lista también incluyen a Felipe Alejos Lorenzana (vinculado al caso Tráfico de Influencias); Julio César Ixcamey Velásquez (sindicado de financiamiento ilícito de la UNE) y Sandra Patricia Sandoval González (su familia vinculada al narcotráfico).

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