El lunes se presentaron algunos candidatos presidenciales bajo un gran letrero que decía «Jesús», a un foro en el cual se les preguntó sobre diversos temas a menos de ocho días de las elecciones. Toda organización puede invitar a foros con el objeto de difundir mensajes de quienes pretendan dirigir el país, esto sin duda es un derecho inobjetable; sin embargo, también es un derecho inobjetable respetar las reglas del juego democrático y republicano para tal objetivo y si un conjunto de iglesias evangélicas pretenden incursionar en la orientación de la opinión pública deben hacerlo, primero que nada, bajo la premisa de que el Estado de Guatemala es laico y respeta la libertad de religión en toda su extensión.

El debate sobre los valores democráticos y republicanos es apremiante para cualquier pedazo de tierra que se haga llamar «patria», en consecuencia, si las iglesias pretenden entrar a esta discusión deben girar en que cualquier principio de diálogo exige la más amplia libertad religiosa y ello solo se consigue con la institucionalidad del estado laico y no con la Biblia bajo el brazo —y ojo que soy católico y como católico lo digo—.

Por siglos la Iglesia Católica jugó un papel fundamental con relación al poder político, la escisión de la iglesia y el Estado se logró a base de batallas emprendidas en América Latina por los liberales del siglo XIX con el único objeto de lograr la más amplia contienda dialéctica en torno a los fundamentales valores sociales sin ataduras dogmáticas, por cierto, jugaron un papel fundamental masones como Benito Juárez, Mariano Gálvez, Simón Bolívar y José de San Martín, entre otros.

La escenografía del evento político–religioso muestra el esfuerzo por influir en pensamientos políticos puntuales. Poco importó que fuera nuestro país el único de este hemisferio donde existieron acciones de genocidio y cuyos efectos existen y no dejan reconstruir un tejido social fragmentado, poco importa que más de un tercio de partos sea de menores de edad y de ese universo, más de la mitad producto de violación cometida en el seno familiar, poco importa que la corrupción haya corroído la institucionalidad pública y privada, y que acceder a educación sexual sea un derecho y una obligación estatal, para el foro la preocupación fueron temas que gravitan en el pensamiento religioso y eso es una barbaridad al hablar de principios de convivencia.

Hemos visto a candidatos con pasados cuestionables, vinculados con corrupción, arrodillarse no ante Dios, sino ante las cámaras para conseguir adeptos, hemos visto un gobierno que ha tenido en iglesias y sectas buena parte de su apoyo a pesar de que su vinculación con el narco está en vitrina, a una Municipalidad capitalina callar frente a un grave señalamiento de ocultamiento de violencia sexual en su programa cultural y así hemos asistido a una campaña con propuestas religiosas. El foro debió buscar la neutralidad de la iglesia para empujar un debate sano, pero en cambio se buscó influencia política.

El dinero del narco y los abusos sexuales, ha sido evidenciado, han llegado a distintas iglesias, lo lógico hubiese sido, en un evento como el comentado, verse primero en el espejo y no andar tras discursos que tergiversan derechos humanos reconocidos en otros países.

La politización de la fe es un fenómeno mundial, basta ver lo que sucede en Brasil para darse cuenta de lo nefasto de llevar un discurso religioso a la política. La mejor garantía para nuestra libertad es un Estado laico o no lloremos cuando, como siglos atrás, era prohibido disentir, las inquisiciones del siglo 21 deben ser desechadas y, más aún, los intentos teocráticos por construirlas, nuestro régimen constitucional así lo dice.

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