Tenemos derecho a amar la vida y al pedazo de tierra que nos hospeda o nos vio nacer, pero eso no nos impide ser realistas y tomar conciencia del pudridero que es hoy Guatemala y del abismo frente al cual estamos parados. Despertarse cada día en este que llamamos país y tener ganas de ir a trabajar a pesar de los corruptos, de los violentos, de los hambreadores, de los asesinos, de los violadores y los ladrones, es un acto de heroísmo y sobrevivencia.

En los tres años y medio de gobierno de James Morales y del FCN hemos retrocedido, al menos, tres décadas en nuestra incipiente intención democrática. Y no será el voto lo único que nos salve de caer en un despeñadero aún más profundo, porque la democracia trasciende las urnas y el pacto de corruptos se reconfiguró en los últimos 12 meses con más fuerza hasta volver a cerrar filas para recapturar al Estado y sus instituciones. Difícil llegar a los puntos de no retorno en una nación conservadora, racista, excluyente, clasista, machista, ignorante y corrupta, donde un outsider del mundo del espectáculo puede llegar a ser presidente y un debate electoral de Estado laico lleva colocado en marquesina el nombre de Jesús.

La jugada final del pacto de corruptos se diseñó fuera de nuestras fronteras (porque la injerencia extranjera sí es selectiva), y fue realizada a la medida de los intereses personales y corporativos de sectores de poder que querían volver a la «normalidad» que vivíamos antes de ponerle rostros y nombres a la corrupción. En ese proceso, el presidente y sus corifeos desobedecieron al mayor tribunal constitucional del país, hicieron del proceso electoral un traje a la medida y sacaron a la Cicig de la jugada antes de tiempo porque las más de 300 condenas logradas a partir de sus investigaciones tocaron lo intocable. No es un secreto que, además, el partido oficial está comprando votos con nuestros impuestos, pagando millones a expatrulleros de autodefensa civil y dando vales para ser cambiados por dinero, entre otras «generosidades». Todo frente a un Tribunal Supremo Electoral deslegitimado y sin dientes, y a un Ministerio Público vigilante que ve partir por cuatro meses a su fiscal encargado de delitos electorales, debido a amenazas contra él y su familia. Tantas décadas viviendo a la sombra del miedo, siempre sembrado por los mismos.

Los nombres con los cuales podemos calificar al régimen político guatemalteco actual son varios: narcocracia, cleptocracia, oclocracia, autocracia y teocracia. Todos caben. Hasta podríamos inventar la attonitucracia o gobierno de los tontos, aquellos que gobiernan con escasa inteligencia y poca conciencia. El único término que no alcanza para describir el sistema político en la Guatemala de hoy es el de democracia, porque construirla supone contar con instituciones sólidas, con una visión estratégica de Estado que alcance para todos, por un compromiso moral contraído por quienes nos representan y por darle plena participación a la ciudadanía.

A tres días de las elecciones generales, Guatemala tiembla. Tanto en la capital como en los departamentos hay familias completas compitiendo por distintos partidos para diferentes puestos, porque saben que el mercado político es generoso y da para mantener a dinastías que no saben hacer otra cosa que mamar de la teta del Estado. Y encima toca votar por partidos, sin verle la cara a tantos corruptos y sin saber quiénes son.

Más allá de la presencia de un movimiento plural que ha roto la inercia política del país, estamos a merced de volver a ver más de lo mismo. Es la ciudadanía la encargada de reactivar los mecanismos de una democracia que trasciende las urnas y permite la lucha contra la corrupción. Es la ciudadanía unida o nada. O nada.

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