Mirador y CACIF afirman que capturas de exfuncionarios del TSE no afectan elecciones

Lo importante es que el domingo 11 de agosto el pueblo salga a votar, que sea una fiesta cívica y que todo se lleve en paz.

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La renacida alianza entre Jimmy y empresarios contra la CC y la respuesta de los magistrados


Todo detonó con el anuncio que el mandatario estadounidense Donald Trump hizo vía tuíter:

«Guatemala que ha estado formando caravanas y enviando una gran cantidad de personas –migrantes-, algunas con antecedentes penales, decidió romper el trato que tenía con nosotros de firmar un acuerdo necesario de tercer país seguro. Estábamos listos. Ahora estamos viendo el «BAN».

«Aranceles, tasas a remesas o todo lo anterior. Guatemala no ha sido buena. Yo recorté las grandes sumas de dinero de los contribuyentes estadounidenses que iban hacia ellos hace 9 meses».

Con estas declaraciones, Trump desmintió de nuevo al gobierno de Morales, que niega —constantemente— dicho acuerdo pero aprovecha para arremeter en contra de la Corte de Constitucionalidad:

«Recientemente, la mayoría de sus magistrados, identificados con intereses políticos personales han utilizado su investidura para entrometerse en la política exterior del Estado de Guatemala, facultad que le confiere nuestra carta magna, exclusivamente al Organismo Ejecutivo», argumentan en un comunicado.

El presidente Morales, publicó un extenso pronunciamiento en el que también culpa a la Corte del «deterioro» de las negociaciones entre Guatemala y Estados Unidos en temas relacionados con migración irregular, seguridad fronteriza y lucha contra el crimen organizado, al «dejarse influenciar por algunos actores mezquinos que buscan un protagonismo personal», refiriéndose a los cinco cancilleres que frenaron la firma del acuerdo cuyos términos permanecen en opacidad gubernamental, al excandidato presidencial Manfredo Marroquín y al procurador Jordán Rodas.

Cacif: «Trump no juega»

Juan Carlos Tefel, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) advirtió que no satisfacer a Estados Unidos, el socio comercial que representa casi el 1% del Producto Interno Bruto en exportaciones, traerá consecuencias «gravísimas».

Aunque no aterrizó en cifras claras, el titular del CACIF aseguró que se perderán «decenas de miles de empleos, decenas de miles de migrantes potenciales», recordó que Guatemala no tiene el «volumen, importancia, escala, capacidad o poder de negociación como México» ante Estados Unidos, «Es una catástrofe para el país», puntualizó en conferencia de prensa y entrevistas.

—El gobierno de Guatemala debe sentarse y seguir negociando con Estados Unidos. Vamos a tener que negociar con este peso y amenaza encima, ahora la posición de Guatemala se ve debilitada debido a la mala resolución de la Corte. El señor Trump no juega, debemos tomar en serio esto.

 

Comunicado del Cacif.

Comunicado del Cacif.

La Cámara de Industria de Guatemala también se unió al ataque contra la CC en un comunicado:

«Responsabilizamos a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad de las consecuencias que puedan sufrir los guatemaltecos con las decisiones que tome el Gobierno de Estados Unidos y el presidente Trump al haber emitido un fallo sin tener mayor conocimiento de lo que se estaba negociando, limitando las acciones del Organismo Ejecutivo y poniendo en riesgo la situación económica del país. Condenamos que, una vez más, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad emiten resoluciones fuera de su mandato y continúan su labor por destruir la economía del país creando más pobreza».

La Asociación de Exportadores de Guatemala, Agexport, se distanció del pronunciamiento público durante todo el día, sus encargados de comunicación se limitaron a decir que eso se debía a que era un tema de «gran envergadura» para el país y que analizaban su postura.

Eso sí, dejaron claro que Estados Unidos era su principal socio comercial desde la vigencia del Tratado de Libre Comercio, las exportaciones habían pasado de US$ 2,700 millones en 2006 a US$3,900 millones en 2018. Aunque este año, en comparación con el anterior, las exportaciones bajaron 5.2%, hasta mayo de 2019 se han exportado US$1,598 millones.

Mientras las importaciones de este año son 0.4% más que las de 2018: US$3,121 millones. Eso significa, que por cada dólar que Guatemala exporta, Estados Unidos envía 1 dólar con 91 centavos y la mayoría de productos que Guatemala envía a Norteamérica, se elabora con materia prima traída de Estados Unidos.

Agexport señala que además de los textiles y el sector de vestuario, los productos agrícolas no tradicionales como legumbres y hortalizas saldrían afectadas con la advertencia de Trump. Guatemala es el quinto proveedor de Estados Unidos de legumbres y el segundo proveedor de frutas como melón y sandía.

Nueva pelea, viejos motivos

Pero esta enemistad no es nueva. El pasado 19 de julio, Juan Carlos Tefel, presidente del CACIF, manifestó su malestar en contra de lo que considera «otra terrible e irresponsable» decisión de la Corte de Constitucionalidad, en esa ocasión reprochó el cierre de operaciones de la mina El Estor.

-La CC está deteniendo actividades empresariales que generan empleo. Luego se preguntan en Estados Unidos por qué hay migración.

Esto, y la suspensión de operaciones de la Compañía Guatemalteca del Níquel y la mina San Rafael, también tiene enemistada a la Cámara de Industria con la corte.

Además, en una entrevista reproducida por la Agencia Guatemalteca de Noticias y por el ejecutivo en todos sus medios de comunicación oficial, Tefel reclamó que la corte frenara el avance de la Ley de Reconciliación Nacional, que pretendía una amnistía inmediata para militares que cometieron violaciones contra los derechos humanos durante el conflicto armado interno.

Aunque los empresarios están enojados por lo que representa la amenaza de Trump y las decisiones de la Corte Constitucional, la Procuraduría de los Derechos Humanos aplaude a los magistrados constitucionales:

-Las decisiones sobre política exterior del Gobierno carecen de transparencia y la Corte de Constitucionalidad realiza su labor en defensa del orden constitucional, y ahora, el Ejecutivo los responsabiliza y evade las consecuencias de sus propias disposiciones, sentenció Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos.

Recordó que nombrar a Guatemala un tercer país seguro es poner a los migrantes ante posibles violaciones a sus derechos humanos y dignidad pues Guatemala no tiene la capacidad ni de atender a sus propios ciudadanos.

El Cacif acusó a los magistrados constitucionales de limitar las funciones del Ejecutivo y con ello, lesionar las relaciones con Estados Unidos cuyo enojo con el país, podría arriesgar «la producción de miles de pequeños agricultores y a más de un millón de fuentes de empleo».

—Es muy lamentable que una vez más, la Cámara de Industria y el Cacif sean cómplices del gobierno de Jimmy Morales, no es primera vez, ya lo hicieron en la campaña orquestada en contra de CICIG, que nos limita el derecho de tener un aliando internacional importante para tener una justicia independiente. Ahora, en el tema migratorio validan las negociaciones oscuras, ilegales, arbitrarias que afortunadamente la Corte de Constitucionalidad dejó en suspenso. Es una visión egoísta la de ellos –presidente y empresarios-, no se preocupan de la falta de servicios públicos para la mayoría de la población, uno de cada dos niños tiene desnutrición crónica y ante eso no dicen nada y hay 70% subempleo, de eso no dicen nada, sentenció Jordán Rodas, Procurador de los Derechos Humanos.

 

CC: Instamos a todos los funcionarios públicos a asumir sus responsabilidad, finaliza parte del comunicado sobre el acuerdo del Tercer País Seguro. 📸: Carlos Sebastián pic.twitter.com/HWAyaoTfqn

— nómada (@nomadagt) July 24, 2019

CC dice a Morales que asuma su responsabilidad

En conferencia de prensa urgente, la Corte de Constitucionalidad respondió a los ataques. Recordó que es un tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado y que entre sus funciones está precisamente enmendar el rumbo de sus decisiones:

«Este tribunal rechaza enfáticamente expresiones infundadas, y reitera que su único compromiso es la defensa del orden constitucional. No podemos asumir responsabilidades por acciones de otros funcionarios públicos con impacto para Guatemala», cita un comunicado leído por los magistrados constitucionales.

«En el caso del Tercer País Seguro, en cumplimiento de su función, la Corte de Constitucionalidad no le prohibió ninguna acción al presidente de la República. La resolución únicamente señaló el procedimiento establecido para la firma de un convenio de esa naturaleza y con esos alcances».

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Cámaras empresariales y CACIF critican a la Corte de Constitucionalidad

Este martes diversas cámaras empresariales y el CACIF en su conjunto, se pronunciaron por las amenazas de Donald Trump. Aunque hay que resaltar que la Cámara de Industria, la Cámara del Agro, y el CACIF se enfocaron en criticar a la Corte de Constitucionalidad, por el amparo que frenó al presidente Jimmy Morales de firmar un acuerdo con Estados Unidos sobre ser un tercer país seguro.

Y tras esto el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump amenazó con imponer aranceles a las exportaciones de Guatemala.

Es por ello que desde la Cámara del Agro recuerdan a la Corte de Constitucionalidad que es función del Organismo Ejecutivo dictar la política exterior. Por lo que instan a los Magistrados a suspender el trámite prematuro de amparo que aún se están conociendo sobre posibles acuerdos internacionales.

Además indican que la imposición de aranceles a las exportaciones de Guatemala hacia Estados Unidos, impactaría a millones de trabajadores.

La dureza de la CIG

Por su parte la Cámara de Industria manifestó su preocupación por el impacto que generará a los guatemaltecos, las declaraciones de Donald Trump.

Es por ello que han responsabilizado a los Magistrados de la CC por las consecuencias que pueda sufrir el país, ante las decisiones que tome el Gobierno de Estados Unidos. Esto luego de haber emitido un fallo sin tener mayor conocimiento de las negociaciones.

Además acusaron a los magistrados de la CC de destruir la economía del país, tras emitir resoluciones fuera de su mandato, lo que ha creado más pobreza.

El punto de vista de AmCham

Desde la AmCham se dio a conocer la preocupación por la reciente resolución de la Corte de Constitucionalidad, tras otorgar el amparo provisional que impidió al Presidente Jimmy Morales de firmar un acuerdo con Estados Unidos.

«Hacemos un llamado a que el Organismo Ejecutivo y la administración del Presidente Donald Trump, determinen alcanzar un acuerdo que sea viable para ambos países, para que esta crisis fortalezca los lazos de cooperación que han existido por décadas».

Las preocupación del CACIF

Mientras que en el CACIF ven con preocupación las amenazas sobre la imposición de aranceles y gravámenes a las remezas y transferencias. Ya que esto pone en riesgo la sobrevivencia de millones de guatemaltecos.

Además resaltan que estas decisiones provocaría una mayor migración ante la falta de oportunidades en el ámbito local.

Desde el CACIF también resaltan que dicha situación es por el fallo emitido por la CC, lo que llevó a limitar las funciones del Ejecutivo.

Así todas las cámaras instan a que se encuentre una solución inmediata para que no se concreten las amenazas realizadas por Donald Trump.

Lee más: Gobierno de Guatemala da su postura ante las declaraciones de Trump

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Resumen del día: Un tuit de Trump que puso a Jimmy (y a Guatemala) en vilo


Jimmy Morales ha repetido una cantaleta desde que descubrió que dentro de sus facultades está la administración de la política exterior, y en efecto es una potestad de la Presidencia de la República, pero también lo es respetar la institucionalidad y la ruta para aceptar acuerdos que pongan en riesgo —económico, social, seguridad o de cualquier tipo— a la ciudadanía.

Medios de comunicación, tanques de pensamiento, equipos de investigación social, columnistas, etcétera, han detectado riesgos en la política entreguista hacia Estados Unidos sin trabajar de lleno en el origen del problema: las personas que escapan de la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades.

Para escudarse y ganar simpatía de los grupos más conservadores de Guatemala y, especialmente, de Donald Trump, la política exterior de Jimmy Morales accedió a trasladar la embajada guatemalteca en Israel a Jerusalén. Movimiento táctico que tuvo frutos a favor de la administración jimmista y su intención de enviar a la lona a la CICIG, pero que Estados Unidos comienza a cobrar factura en la actual crisis migratoria y para retener el capital político en la campaña electoral de los republicanos.

Desde que las caravanas de centroamericanos salieron de la clandestinidad se han convertido en un dolor de cabeza para Trump y una oportunidad para extender su frontera hasta el sur de México. Recordemos cómo Trump publicaba tuits amenazadores sobre el recorte de la ayuda que Estados Unidos otorga al Triángulo Norte a través de la cooperación si los presidentes de estos países no detenían la marea humana en éxodo hacia un asilo.

* LeéCrónica del miedo en la era de cacería de centroamericanos en México y EEUU, por Pia Flores

La falta de respuesta enojó a Trump, pero no se quedó con los brazos cruzados. La política anti-migratoria siguió su curso y negoció con México para el envío de militares a la frontera con Guatemala y poner así otro filtro en el camino. Esto bajo amenaza de colocar aranceles a los productos mexicanos.

La nueva estrategia es arreciar la presión hacia Guatemala.

Donald Trump alborotó el cotarro con este pequeño hilo en tuíter:

Guatemala, which has been forming Caravans and sending large numbers of people, some with criminal records, to the United States, has decided to break the deal they had with us on signing a necessary Safe Third Agreement. We were ready to go. Now we are looking at the «BAN,»….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2019

El presidente de Estados Unidos saber que si cortar la ayuda no asusta, tocar el tema económico sí hará que Guatemala se mueva. Y lo hizo. Los empresarios agremiados han expresado su preocupación porque su principal socio comercial se ponga rígido en el intercambio comercial y lo que más preocupa es que el envío de remesas también sufra impuestos.

* Leé: Cómo Jimmy (y sus aliados del Cacif) llevan a Guatemala directo al infierno, por Martín Rodríguez Pellecer

Cabe aquí un pequeño paréntesis que quizá en los escritorios burocráticos no lo han dimensionado. Guatemala desde hace varios años vive ya de la explotación humana en otro país. Es decir, una nación que fue incapaz de conservar a su recurso humano condenándolo a la miseria y que en búsqueda de calidad de vida cruzó un camino de amenazas para mejorar sus vidas, las de sus familias y de paso las del país.

Las remesas suman US$9.2 mil millones, y son el 12% del PIB guatemalteco.

La economía nacional está inyectada por el dinero que envían los migrantes desde Estados Unidos, así de sencillo. Entonces, el mensaje de que «ya que no quieren ser país seguro, pues los tocaré donde más les duele».

Ese chantaje se extiende con una advertencia a los diputados que no permitan que se firme un acuerdo para un tercer país seguro.

 

Comunicado del Gobierno de Guatemala.

Comunicado del Gobierno de Guatemala.

Ahora la estrategia jimmista, acuerpada por los empresarios agremdiados en el Cacif y otras cámaras, se encarrila a cargarse a la Corte de Constitucionalidad. Los mensajes de que el tribunal que defiende la Constitución emite resoluciones ilegales comienzan a inflarse y corren en riesgo de que el presidente los tome como palabra mayor y para conservar la (¿) amistad (?) con Donald Trump decida suscribir acuerdos a espaldas de las instituciones nacionales.

 

Comunicado del Cacif.

Comunicado del Cacif.

Estamos montados en la ola de una nueva crisis social que llama a la ciudadanía a ponerse en estado de alerta y defender la poca institucionalidad que se tiene.

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#ALas845 hablamos del Informe sobre el lavado de dinero a través del comercio

En entrevista #ALas845 con Mario Rosales y Carmina Valdizán, estuvo Alejo Campos, director regional de Crime Stoppers, quien habló acerca del Informe sobre el lavado de dinero a través del comercio.

Para hablar acerca del tema, Campos comentó que «se pueden comprar productos que sean de contrabando o no, de un país a otro y mover un producto ilícito y volverlo lícito».

Campos agregó que «estos temas hace unos años no se conocían, lo importante es la presión para que se incluya en las agendas de los gobiernos».

«Hay gente que no piensa si el producto es de contrabando, si está bueno y les ayuda a dar de comer a su familia, lo utilizan», aseveró el profesional.

Acompaña a @CValdizan y @vozdeltuit en #Alas845. Hoy hablamos sobre el informe sobre el lavado de dinero a través del comercio. Nos acompaña Alejo Campo, director regional de Crime Stoppers.

Síguenos en línea: https://t.co/sotiGRXJZQ pic.twitter.com/tXhVaSElib

— Canal Antigua (@CanalAntigua) 11 de julio de 2019

#ALas845: CACIF demanda al TSE no cometer los mismos errores que en la primera vuelta electoral.

Durante la segunda intervención #ALas845, los analistas Marvin Flores y Sergio Pérez, abordaron el tema sobre la decisión del CACIF ante el TSE, con respecto a la segunda vuelta electoral.

Sigue en #Alas845 con @CValdizan y @vozdeltuit. Ahora hablamos sobre que el CACIF demanda al TSE no cometer los mismos errores que en la primera vuelta electoral. Nos acompañan Marvin Flores y Sergio Pérez.

Síguenos en línea: https://t.co/sotiGRXJZQ pic.twitter.com/OjNbxPYHfO

— Canal Antigua (@CanalAntigua) 11 de julio de 2019

«Esperaríamos que no vuelvan a pasar y que los errores hayan sido una excepción», expresó Sergio Pérez, con respecto a lo suscitado durante las elecciones.

Así mismo indicó que «esperaría que ya haya habido un encuentro con el equipo de digitadores para que funcione como debe de ser».

Por su parte, Marvin Flores dijo que «lo bueno es que las actas no tienen un patrón que revele que se está favoreciendo a uno u otro partido».

Aquí te dejamos el comunicado del CACIF:

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Empresarios ya habían evidenciado fallas en el sistema informático del TSE

Fiscales de partidos pol’ticos y Tribunal Supremo Electoral continua la revisi—n de actas en el parque de la Industria.  


Fotograf’a. Erick Avila:        02/07/2019

El Programa de Observación Electoral (Proe) del Comité Coordinador de Asociaciones, Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) ya había evidenciado fallas en la transmisión de resultados en la consulta popular del 2018 y señalaron, en conferencia de prensa, que el Tribunal Supremo Electoral no las corrigió.

Los empresarios consideran que el actual proceso electoral pone en evidencia los errores en la aprobación e implementación de varios artículos de la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos del 2016 y por ende no se ha contribuido a dar certeza a los comicios del 16 de junio pasado.

En el 2018, durante la consulta popular sobre el diferendo entre Guatemala y Belice, el Proe hizo una serie de recomendaciones, entre ellas mencionó que hubo fallas en la transmisión de datos.

«Efectuar una auditoría completa y exhaustiva sobre el funcionamiento del sistema de transmisión de datos. El Proe recomienda contratar una asesoría técnica integral para evaluar el mejor modelo de registro y transmisión de resultados para permitir que se garantice la cadena ciudadana de custodia de estos», dijo el informe.

El presidente de Cacif, Juan Carlos Tefel, indicó que pese a esas recomendaciones hubo graves deficiencias en el sistema informático de la plataforma de resultados preliminares del TSE, que causó una crisis de desconfianza hacía el ente electoral.

 

Carlos Amador, coordinador del Proe; Juan Carlos Tefel, presidente del Cacif, y Nils Leporowski, presidente de Cámara del Agro, durante la conferencia de Prensa. (Foto Prensa Libre: Dadiana Cabrera.)

 

«Las elecciones se llevaron a cabo con normalidad y gracias a los miles de guatemaltecos que participaron de forma voluntaria en las juntas municipales, departamentales y receptoras de votos. Los resultados publicados no son oficiales, sino aquellos que constan en las actas que las juntas ya entregaron al TSE», dijo Tefel.

Agregó: «Demandamos a las autoridades electorales que contraten a una empresa reconocida, local o internacional, para llevar a cabo una auditoría profunda del sistema informático a fin de encontrar las causas y soluciones a este problema».

El vocero del TSE, Luis Gerardo Ramírez indicó que el pleno de magistrados trabaja en corregir los problemas que se ocasionaron con el sistema informático.

«Han tenido reuniones constantes y ya han abordado ese tema para mejorar y eliminar los problemas que se dieron el 16 de junio», dijo Ramírez.

 

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Que no se repitan errores en segunda vuelta exige la cúpula empresarial

Los directivos empresariales instaron a los magistrados del TSE a que el proceso de cotejo de actas concluya lo antes posible.

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Cualquier pago a supuestos exmilitares es ilegal y conlleva responsabilidades, advierte el Cacif

Los supuestos exmilitares han bloqueado rutas y habían amenazado con boicotear las elecciones. (Foto: Hemeroteca PL)

“Es inadmisible que estas agrupaciones amenacen el ambiente de paz y seguridad que debe privar en la celebración de elecciones, por lo que es imperativo que las autoridades investiguen estas conductas que instan a delinquir”, dice la misiva.

Un grupo que dice haber sido parte del Ejército entre 1960 y 1996, el tiempo que duró el conflicto armado interno, alcanzó el mes pasado un acuerdo preliminar con el Gobierno para recibir una indemnización, después de haber amenazado con boicotear las elecciones del 16 de junio. 

Para el Cacif, estos reclamos son prueba de una estructura tradicional de demandas clientelares.

Respecto de la amenaza de boicot durante los comicios, el Comité expone que “la máxima autoridad electoral tiene la responsabilidad sobre las fuerzas de seguridad y debe asegurar que el día de los comicios estos se celebren en total armonía”.

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Sergio Flores, comisionado presidencial del diálogo nacional, dijo el 28 de mayo último en rueda de prensa que alcanzó un acuerdo preliminar con los supuestos exmilitares, que exigen Q85 mil para cada uno, casa y seguro de vida.

Francisco Calmo de León, líder de los supuestos exmilitares, dijo que su asociación reúne a 1.7 millones de integrantes, por lo que se necesitarían cerca de Q144 mil millones, mucho más que el presupuesto de la Nación, que este año es de Q87 mil 715 millones.

El 20 de mayo, ese grupo había amenazado con impedir las elecciones generales si no se llegaba a acuerdos concretos para responder a sus demandas.

“Como Sector Privado Organizado se tomarán las acciones legales correspondientes, a fin de asegurar el derecho de los guatemaltecos a tener un evento pacífico, y a que sea posible ejercer el voto sin restricción ni coacción alguna”, advirtió el Cacif.

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