Guatemala ignora llamado de la OEA para resolver crisis en Nicaragua

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó la creación de un grupo especial de países dedicado a la situación política en Nicaragua; Guatemala se abstuvo en la decisión.

El objetivo de la OEA es “contribuir a la búsqueda de soluciones” a la actual crisis.

El “Grupo de Trabajo para Nicaragua” tratará de facilitar mecanismos para resolver “la situación que se registra en Nicaragua, incluso por medio de consultas con el gobierno” de ese país centroamericano.

La resolución que determina la creación del Grupo de Trabajo, intensamente negociada durante parte de la jornada, fue finalmente aprobada por 20 votos a favor y cuatro en contra, con ocho abstenciones, de los 34 miembros activos de la organización continental.

Se trata de la primera vez que la OEA aprueba un grupo de estas características, dedicado exclusivamente a atender a la situación de uno de sus países miembros.

El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, rechazó la convocatoria del Consejo Permanente y el contenido de la resolución sobre el Grupo de Trabajo, por considerar que tienen el espíritu de intervenir en su país.

En relación con el Grupo de Trabajo, Moncada remarcó a periodistas que “Nicaragua no lo admite, no lo acepta, lo rechaza, no lo aprueba”.

#OEA aprueba creación de Grupo de Trabajo para buscar soluciones pacíficas a la situación en #Nicaragua

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— OEA (@OEA_oficial) August 3, 2018

Puertas cerradas

Nicaragua votó en contra de la resolución, al igual que Bolivia, Venezuela y San Vicente y las Granadinas.

“El gobierno de Nicaragua no va a permitir que llegue a nuestro país ningún grupo de trabajo creado por el Consejo Permanente, porque Nicaragua no ha solicitado las reuniones ni la ayuda ni el apoyo a la OEA”, expresó.

Al ser consultado si para Nicaragua la resolución sobre el Grupo de Trabajo es “letra muerta”, Moncada señaló que “ni siquiera eso, porque siquiera ha nacido”.

En tanto, el representante de México ante la OEA, Jorge Lomónaco, trató de minimizar el anuncio nicaragüense de que no permitirá el ingreso de cualquier grupo especial formado al abrigo de la resolución aprobada.

OEA
Foto/OEA

“Hay que recordar que inicialmente Nicaragua no había aceptado la presencia de algunos de los mecanismos de la OEA, y finalmente los aceptó”, dijo el diplomático mexicano a la prensa.

Para Lomónaco, la resolución contempla el diálogo con el gobierno de Nicaragua. “Eso abre una puerta que yo confío que Nicaragua aceptará, porque es una mano tendida”, comentó.

Otros dos grupos relacionados con la OEA ya están en Nicaragua.

Se trata del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni).

Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente autónomo de la OEA, realizó en mayo una visita al país centroamericano.

Durante la discusión, solo las delegaciones de Bolivia y Venezuela criticaron abiertamente el texto de la resolución y la iniciativa de confirmar el Grupo de Trabajo.

A criterio del representante alterno de Venezuela ante la OEA, Jhon Guerra, “la resolución propuesta es ilegal, nula e inaplicable”.

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Su sueño desde niño y un secuestro lo hicieron policía; pero el Ministro lo despide por manifestarse

Unos minutos después de las 10 de la mañana se empiezan a escuchar los silbidos. Poco a poco el sonido penetrante se acerca hasta llenar la cuadra de la entrada a la Procuraduría de los Derechos Humanos en el Centro Histórico. Son alrededor de 80 personas, la gran mayoría señoras, mujeres jóvenes, niños con costales y delantales, todos familiares de agentes de la PNC que con carteles y silbatos denuncian las condiciones laborales de la institución y la represión creciente hacia agentes que se han atrevido a expresar su inconformidad.

La institución, a partir de la llegada en enero de Enrique Degenhart al Ministerio de Gobernación, ha prohibido al personal participar en manifestaciones y a compartir información sobre la situación de la institución en redes o a medios de comunicación. 28 agentes han sido destituidos sin mayor explicación –incluidos los mandos técnicos de la institución– y un centenar ha sido ascendido sin respetar la carrera policial. Entre los destituidos hay varios que han participado en manifestaciones anteriores. Por eso solicitan el apoyo de la PDH.

Una orden directa de Degenhart

En la multitud aparece Milton Estrada. En silencio total, el hombre de estatura baja, corte de pelo militar y una mirada seria espera tranquilamente entrar a la reunión con el PDH.

Milton Estrada no tiene nada que celebrar. El sábado 23 de junio entró de turno en la comisaría 32 en Santa Rosa, donde había servido como agente de la Policía Nacional Civil durante los últimos cinco años, cuando sus compañeros lo llamaron. Tenían un documento para él. Estrada no se imaginaba qué era y sus compañeros no se animaban a avisarle. Fue una notificación de baja. No presentaba ninguna explicación, solo decía “baja por remoción”.

— Empecé a llorar. Fue algo sorprendente, que le cae a uno como un baño de agua fría en la espalda. Realmente te baja la moral completamente.

En los cinco años que prestó servicio nunca ha tenido ningún problema con sus superiores ni ha sido sancionado. Su destitución tampoco siguió el protocolo normal. Al cometer alguna falta grave, el caso se presenta por el tribunal disciplinario de la PNC que dictamina si se da de baja a un agente.

Estrada nunca fue informado de parte de la inspectoría general sobre alguna infracción que hubiera cometido. Ni tuvo posibilidad de declarar en un procedimiento disciplinario. De un día para otro tuvo que ser ‘removido’ de la fuerza por una orden que venía directamente del ministro Degenhart, colocado por el presidente Jimmy Morales en el puesto con el único mandato de entorpecer la lucha contra la impunidad y la corrupción por parte del MP y la CICIG.

¿Cuál fue el motivo de su despido? Por haber participado en una manifestación pacífica para denunciar las condiciones de trabajo en la PNC.

El sueño de ser policía y el secuestro

Milton Estrada se graduó de la academia de la PNC en la zona 6 de la Ciudad de Guatemala el 18 de febrero 2013, a los 22 años. Se cumplió un sueño que había tenido desde que era niño.

— Empezó con una fascinación por la acción que miraba en los bomberos y policías en las películas. Quería sentirme algo así como un Power Ranger, dice Estrada con una sonrisa.

Con los años su sueño se fue madurando a una vocación de servir y ayudar, aunque admite que hubo un período, cuando se graduó de bachiller en computación a los 18, que su aspiración de ser policía se desmotivó por la mala fama que acumulaba la institución por casos de corrupción y alcoholismo entre los agentes.

En 2011 su mamá, su tío y su primo fueron victimas de un secuestro violento. Los secuestradores nunca fueron capturados. En un especie de cruzada personal de corregir el daño que sufrió su familia, Estrada decidió aplicar para la academia. Aparte de la vocación, consideraba que las prestaciones, la jubilación y el seguro de vida eran beneficios que difícilmente encontraría en otro empleo.

En Guatemala, sólo el 35 por ciento de personas cuenta con Seguridad Social. Y el 80% declara ante el IGSS el salario mínimo de poco más de Q3,000 ($400). El salario de un policía es de Q4,000 ($535).

Ofrecía una estabilidad y seguridad que las generaciones anteriores de su familia no habían gozado. Sus abuelos eran agricultores en Mazatenango. Su papá, un señor diabético de 63 años, ha trabajado toda su vida como camionero de larga distancia, y su mamá vendía ropa de paca dos días a la semana hasta que falleció de cáncer hace cuatro meses.

Lo que Milton Estrada nunca se imaginó fueron las condiciones miserables en las que iba a trabajar como agente de la Policía Nacional Civil. Colchonetas rotas con resortes salidos que puyan la espalda. La falta de viáticos cuando toca apoyar a allanamientos en otras comisarias. Acceso a préstamos, que son suplementos tentadores a los salarios bajos, pero que cobran hasta el 24% de intereses. Y el hecho de que cada agente tenga que pagar el uniforme, las botas y todos los accesorios necesarios para prestar servicio, incluidas las balas de las pistolas.

— Son condiciones infrahumanas en las que prestan su valioso servicio, dice Jordan Rodas, Procurador de los Derechos Humanos.

El procurador Rodas acaba de recibir las denuncias de Milton Estrada junto al dirigente de la Asociación Humanitaria Orgulloso de Mi PNC, Victor Ixcajoc, también ex agente de la PNC, y dos mujeres, quienes prefieren que sus nombres no se publiquen por miedo a represalias contra sus esposos, que son agentes activos de la PNC. Milton Estrada no parece muy cómodo siendo el centro de atención en el sillón del despacho del procurador, pero se nota el alivio en su cara. El PDH les apoyará en cuestionar al ministro Degenhart sobre las destituciones injustificadas.

“Uno tiene que estar loco para ser policía en Guatemala”

Milton Estrada conocía­ los riesgos y sacrificios que implicaban el oficio. Que uno no escoge dónde en el país va a trabajar y que se trata con personas peligrosas. Los aceptó porque valía la pena.

— Yo lo he dicho siempre, para ser policía hay que estar un poquito loco. Primero, hay que abandonar la familia. Segundo, uno se echa muchos enemigos, consignando muchas personas. Tercero, uno va a lugares que no conoce y no sabe qué le espera. Una bomba o una emboscada. Todos esos riesgos uno ya los tiene en mente, pero uno los toma. Para hacer eso hay que estar un poco loco.

Pero le indigna las condiciones extorsivas que tienen aguantar para poder realizar su trabajo. Su primo, el que fue secuestrado, que hoy vive en Phoenix, Arizona, también se hizo policía en Estados Unidos. A veces comparan sus experiencias.

— Él me dice que allá les dan nuevos uniformes. Cada mes les dan municiones. Andan buenos vehículos. En los cinco años que estuve en la PNC yo he estado en cuatro enfrentamientos. Ahorita que me dieron la baja me pidieron cabal mis 41 municiones.

En las comisarías los agentes tienen una caja chica a la cual cada agente contribuyen una cantidad pequeña cada mes. El dinero que juntan no es para el convivio del año, sino para arreglar las patrullas de la comisaría. Pedir un repuesto del taller central de la PNC o esperar una reparación de los talleres móviles puede tardarse meses. Por eso pagan a la caja chica. Para tener patrullas para movilizarse.

El día que Milton Estrada recibió su orden de baja se presentó en la oficina para entregar su uniforme y su arma. Con lágrimas en los ojos se dio cuenta que le hacían falta casi la mitad de las municiones. Sus compañeras pasaron una gorra de uniforme y cada quien aportaba con sus municiones. Así se despidieron de él.

“Nery Ramos fue el mejor director de la PNC”

Acompañados por el procurador Rodas los manifestantes se dirigen hacia el Ministerio de Gobernación a solicitar una reunión con Degenhart. Estrada es humilde, no es de los que caminan en primera fila aunque se mueve con la frente en alto y en ningún momento baja la mirada a los agentes uniformados que rodean el edificio del Ministerio de Gobernación. Los saluda con respeto.

— La mayoría están agradecidos que nos estemos manifestando, pero muchos no denuncian por miedo. Como que les ponen una cadena. Muchos se humillan y prefieren callar por miedo a ser destituidos o sancionados.

Existen tres niveles de sanciones para los agentes de la PNC en Guatemala. En la institución que ya durante años ha sido criticada por los salarios –más altos que el salario mínimo pero a los que hay que hacer descuentos hasta para arreglar patrullas–, las sanciones pegan a donde más le duelen a los agentes: en sus ingresos. Las sanciones van de 3 a 30 días de suspensión sin goce de salario, y en último caso destitución. Como Estrada.

Su descontento por las condiciones creció cuando el director de PNC, Nery Ramos, fue destituido por Degenhart en febrero de 2018.

— Nery Ramos fue el mejor director que ha tenido la PNC. Realmente intentaba hacer cambios que beneficiaban a los agentes y reconocía el trabajo de nosotros. Si íbamos a un allanamiento él se aseguraba de mandar comida allí para todos. Peleó por el aumento salarial y por un bono de Q4,000 que se nos iba a dar en diciembre. Y él llegaba a decorar o felicitar a los agentes personalmente.

Preocupado que las condiciones de los agentes se iban a empeorar, Milton Estrada decidió participar en una de las manifestaciones de la Asociación Humanitaria Orgulloso de Mi PNC el 20 de junio 2018. Tres días después le entregaron la orden de baja por remoción.

Milton Estrada observa la cicatriz circular que caracteriza la cabeza del expolicía Víctor Ixcajoc. Lo respeta: “a él no le da miedo decir las cosas como son. Ya lo intentaron matar un vez, pero no le convenía morir todavía”. Estrada asegura que, por el momento, no tiene miedo de sufrir ataques por pelear su caso públicamente. Confía en sus colegas.

— Es una manifestación pacífica, que nos beneficiaria a todos los aproximadamente 45.000 policías que somos. Yo todavía me incluyo como policía, verdad, porque lo que yo solicito es mi reinstalación. Y también que ya no se vean estos abusos, para que los demás policías no sufran, porque esto que me pasó a mí no se los deseo a nadie.

De uniforme de la PNC a uniforme de ferretería

El ministro Degenhart no se encuentra en su ministerio. Está en un evento conmemorativo por el XXI aniversario de la PNC en la academia, zona 6. El procurador deja una citación y se despide de los manifestantes, quienes se dirigen hacia la academia.

Milton Estrada recuerda sus seis meses de formación con nostalgia y orgullo. Fue una introducción nada más, dice; su formación terminó entre los compañeros ya en la comisaría.

Ahora trabaja en una ferretería. Cuando fue despedido no sabía dónde buscar trabajo. A un exagente de la PNC solo le dan trabajo como guardia de seguridad, dice. Pero cuesta porque las personas desconfían de alguien que ha sido destituido por la PNC. “Creen que si lo destituyeron es porque fuiste mal policía, mala persona”.

Pero tuvo suerte. Pasó pocos días sin trabajo hasta que el dueño de una ferretería, donde había trabajado antes de aplicar para la academia, le dio trabajo como vendedor. Explica con agradecimiento que el dueño le hizo un favor porque se conocen, pero que los Q120 que recibe por día no le alcanza. Es el salario mínimo si trabaja 25 días al mes.

La tensión de perder su ingreso económico de un día para otro no le deja dormir. Dos preguntas le siguen dando vuelta en su cabeza. ¿Qué vamos a hacer mi esposa y yo para sobrevivir? ¿Qué vamos a hacer con nuestras deudas?. Sacó un préstamo mancomunado con un compañero de la comisaría, y ahora el banco le está cobrando la cuota mensual suya a su compañero.

Lleva semanas con un dolor fuerte en la parte de atrás de su cabeza, y un picazón en su brazo derecho. Tiene que tragar un nudo en su garganta para repetir en voz alta su temor que el estrés le está dando un derrame cerebral. Un temor que trata de esconder frente a su esposa y su papá para no preocuparles. Ambos ya tienen miedo que por pelear su caso le pueda pasar algo.

Antes de despedirse, Milton Estrada, siempre formal, repite que lo único que está pidiendo es que lo reinstalen en su puesto y que le recompensen el mes que lleva sin salario. No ha ido a cobrar la indemnización a la que tiene derecho porque no tiene duda de que regresará a la PNC. Asegura, que al ser reinstalado no dejaría de participar en las manifestaciones en sus días de descanso, para mejorar las condiciones en la PNC.

Lo que no sabe es cuánto tiempo puede seguir peleando su caso. Para llegar a la manifestación y reunión con la PDH perdió dos días de trabajo en la ferretería. Dos días menos de salario.

Agarra el Transmetro para la Central de Mayoreo donde puede tomar el bus de regreso a Mazatenango. Llegará al caer la noche. A tiempo de cenar con su esposa y sus hijas. Mañana le espera otro día de trabajo, en el uniforme de la ferretería.

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¿Cómo se organizan los vecinos del volcán para evitar robos (si no cuentan con la PNC)?

El miércoles 13 de junio, alrededor de las 10 de la noche, un vecino alertó a Ernesto García* que un grupo de desconocidos habían entrado a su colonia. Habían saltado el muro que rodea la comunidad La Reyna justo atrás de su casa. En cuestión de minutos, Ernesto García, su vecino Antonio Suárez* y otros seis vecinos corrían entre las plataneras buscando a los intrusos. Lograron distinguir cuatro sombras. No eran de la comunidad.

— Querían entrar en mi casa, pensaban que no había nadie. Y los tuvimos que sacar a plomazos, dice Ernesto García tranquilamente.
— ¿Les dispararon?

— No, tiramos al aire para que sepan que cargamos armas. Salieron corriendo. Supongo que por donde entraron, porque sabían que el portón estaba cerrado.

La Reyna cierra a las seis. Hace años que es así. Esta comunidad a la que se entra por la aldea El Rodeo, tiene dos portones para evitar que entren extraños. El vecino que vive más cerca de cada portón es el que recibe a las personas que quieren entrar más tarde, ya sean visitantes o habitantes que regresan tarde a sus casas. Pero más allá de las diez de la noche ya no se recibe a nadie.

De las nueve comunidades más afectadas por la erupción del Volcán de Fuego, en tres –El Rodeo, Trinidad y La Reyna– los vecinos se organizaron para vigilar. Los robos en las viviendas abandonadas tras la erupción de lava y la desconfianza en la Policía Nacional Civil (PNC) fueron los detonantes. Se hacen llamar guardianes. No es la primera vez que vigilan. Más de un mes después de la tragedia, muchos vecinos siguen en albergues y sus casas quedan al resguardo de los guardianes.

En situaciones de refuerzo de seguridad en crisis, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) tendría que solicitar apoyo directamente del ministerio de Gobernación. Así lo hizo después del caso de un intento de violación en un albergue. Gobernación no ha recibido una solicitud para reforzar la seguridad en las comunidades.

Organizados en El Rodeo, Trinidad y La Reyna

Bruno Chuga aprieta el gatillo. Este hombre flaco pero fibroso y de escaso pelo, está sentado sobre su colchón del albergue Nuestra Señora de la Asunción (Escuintla). Oriundo de El Rodeo, agarra un bote grande de Incaparina con la mano izquierda y con la derecha hace que dispara una pistola invisible. Con ese gesto indica que varios de sus vecinos ahora custodian su aldea y van armados para hacer las vigilancias. Él les acompaña cuando puede, desarmado.

El día anterior, con su hermanastro menor, Luis Martínez, subió a su aldea a recoger unos roperos con ropa de cama de otro hermano. Los llevaron a casa de la suegra. A diferencia de su hermano, Bruno Chuga no tiene dónde guardar sus cosas mientras está albergado, entonces trata de subir cada día un rato para evitar robos.

— Los malditos se llevaron los cochitos, teles, computadoras, dice Luis Martínez sobre los primeros robos, que sucedieron cuando no habían pasado ni 24 horas de la erupción.

Luis Martínez que escucha tumbado panza arriba desde otro colchón pegado al de Chuga, que lee aburrido un periódico. Ambos dieron el día anterior el ‘vueltazo’ con otros comunitarios. Así le dice Chuga a la paseos para vigilancia. Muchos de los vigilantes residen temporalmente en albergues y cada tarde tienen que regresar a Escuintla.

La preocupación por las pertenencias que tuvieron que abandonar se encuentra también en los colchones de otros albergues. En el pasillo del Centro Universitario del Sur de la Universidad San Carlos, la familia Sánchez, de la comunidad Santa Rosa, reclama la falta de un puesto de registro donde se verifique que las personas que entran a los áreas evacuadas sean vecinos. Cada mañana, suben para darles comida a sus animales y han visto la necesidad de seguridad en las comunidades.

— Muchos llegan y dicen que vienen a ver a sus propiedades pero no son ni de allí. Desde el primer día vimos robos, más que todo de aparatos de cocina o teles. Incluso saquearon a una tienda.

En el patio redondo de la Escuela Tipo Federación un grupo de siete vecinos de La Trinidad está almorzando en el suelo. Saludan con una sonrisa. Están más tranquilos que la familia de Santa Rosa. A pesar del miedo a las avalanchas de ceniza, unos 80 personas se quedaron en La Trinidad para patrullar y cuidar las de robos. Es la única manera de estar seguros de que sus cosas estarán allí cuando regresan, asegura una señora jóven mientras echa un poco de arroz de su plato de duroport a una tortilla de maíz.

 

Un niño juega en La Reyna.

Guardianes, no patrulleros

Los guardianes no son patrulleros paramilitares como los de San Juan o San Pedro Sacatepéquez, en las periferias de Ciudad de Guatemala. Es decir, no son hombres armados cubiertos con pasamontañas, que amedrentan con violencia para dar ‘seguridad’. Los guardianes de La Reyna son agricultores que acaban de retirar el lodo volcánico de la fuente de agua del pueblo.

El tanque de agua de La Reyna está contaminada por el lodo de color chocolate oscuro del Volcán de Fuego. La Reyna lleva días sin agua. Bajo el sol de mediodía, habitantes de La Reyna, entre ellos algunos de los guardianes, limpian el tanque, que está ubicado a medio kilómetro de la aldea por un camino de terracería, en medio de plantaciones de fruta y café.

El agua potable de la comunidad proviene de un nacimiento en la montaña que queda a un kilómetro del tanque. Cae cristalina pero en el tanque se vuelve ahora amarillenta. “Este agua pica”, repiten varias veces los hombres de entre 40 y 50 años refiriéndose al efecto del azufre en la piel. Sin dudar, dos de ellos bajan las escaleras del tanque con una cubeta. Lo llenan con el lodo pesado y lo suben para que sus compañeros lo vacían en el campo.

De los casi tres metros de profundidad del tanque, más de la mitad están llenos del viscoso material que recuerda al ‘slime’, la masa que parece como una plasticina más plástica.

Entre cada cubeta de lodo, los hombres, cansados, beben agua y platican sobre la seguridad comunitaria durante la erupción volcánica. Para el tercer día tras la tragedia, ya había una decena de vigilantes. Dos semanas después, son un grupo que ronda la veintena de integrantes. Pero el 4 de junio, sólo cinco hombres se animaron a vigilar La Reyna. Era la pura desolación, dice Antonio Suárez junto al riachuelo que queda al lado del tanque.

Antonio Suárez, un hombre alto y fornido, se explica bajo su sombrero de lona, mientras sus tres perros, protectores, gruñen a estas dos periodistas. Él es uno de los guardianes de La Reyna, uno de los que ahuyentaron la noche anterior a los presuntos ladrones.

Fue poco después de las 10 de la noche cuando los cuatro intrusos saltaron el muro de La Reyna. Cuentan que mientras Ernesto García y Antonio Suárez corrieron a las cuatro figuras en la oscuridad, otro de los guardianes llamó a la PNC para pedir apoyo. La comisaría queda en Escuintla cabecera, a unos 14 kilómetros. Cuenta que cuando llegó la patrulla, casi media hora después, los sospechosos ya se habían escapado. Dice que los agentes felicitaron a los vecinos por cuidar a su comunidad y por reaccionar ante la delincuencia.

En la comisaría de la PNC en Escuintla aseguran no haber recibido reportes de las tres comunidades que están patrullando para resguardar la seguridad local. Tampoco dicen haber recibido una llamado de vecinos. Desde la erupción del volcán tampoco han aumentado la seguridad en las comunidades con casas abandonada. Los agentes han mantenido sus recorridos normales.

La formación policial comunitaria

En 2012, la PNC dio una formación en prevención del delito y seguridad comunitaria a comunitarios de La Reyna. En aquel año, había muchos robos de siembra. Pero les prohibieron usar armas. Por eso muchos vecinos ni quisieron ni quieren ser guardianes, explica Antonio Suárez. Ese año, se organizaron por primera vez para vigilar.

Un día de 2012, a las 6 de la tarde, los guardianes capturaron al ladrón de siembra. Por dos horas esperaron a la PNC para entregárselo. Apenas 7 horas después, a la 1 de la madrugada, la policía lo dejó en libertad. Frustrado, Antonio Suárez habló con un agente de la policía por teléfono para saber qué hacer en futuras ocasiones en La Reyna.

— Me dijo: ‘A nosotros tampoco nos gusta venir solo por gusto, es mejor que se encarguen ustedes’. Descanse en paz, allá murió. Era de San Miguel Los Lotes.

Al joven ladrón lo mató la lava que convirtió a Los Lotes en un pueblo arrasado que aún huele a cadáver. Hasta 2018, no hubo más necesidad de vigilar activamente en La Reyna aunque siempre se mantienen alertos y echan un ojo en su ‘sector’. Desde la casa de cada uno hasta donde alcanza la vista en cada dirección.

— Casi todas las noches se tira al aire, es un aviso para que no vengan
a rondar, dice García, que asegura tener licencia para una pistola 9 milímetros.

— Sí, nosotros cuidamos con machetes y armas. Pistolas y escopetas automáticas. Algunos tienen licencia
, otros no, dice Suárez.

— Yo digo que es mejor que no los atrapemos, abunda Ernesto García.
— ¿Por qué?

— Porque ahí tal vez no lo soltaríamos, tal vez lo quemamos. Por eso es mejor correrlos, porque a nosotros nos caería el peso de la ley.

El viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito, Axel Romero, advierte de que la policía tiene la obligación brindar seguridad perimetral. Aunque los ciudadanos pueden apoyar la labor de rescate, le preocupa que tomen la justicia por su mano.

— Lo más importante es que los comunitarios no sientan que tienen que asumir esta responsabilidad. No hay ninguna ley que los ampare en algún incidente.

Los intentos de robo han continuado en La Reyna, cuenta Antonio Suárez tres semanas después. Hasta ahora que muchas familias comienzan a regresar a sus casas, los guardianes pueden pasar las noches con más calma.

Siempre han sido hombres los vigilantes. Con el grupo de guardianes limpiadores de tanques hay una mujer. Se llama Georgina Marroquín y perdió a su hermana, a su cuñado y a una sobrina en la tragedia del Volcán de Fuego. Redonda y pequeña, se mantiene súper risueña, dice que siempre se ríe. Deja al grupo limpiando y se va a su casa, a ver a sus tres hijos, con los que llegó apenas dos horas antes, tras pasar diez días en un albergue de Escuintla. Antes de llegar, mientras enseña su verde y pobre comunidad llena de iglesias evangélicas sin paredes, le preguntamos si no quería ser ella guardiana. Dice que sí.

— Pero los hombres no me dejaron. Por por los niños. Dicen que tenía que cuidarlos.

* Los nombres de dos de los guardias entrevistados fueron cambiados por seguridad.

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Así se organizan los vecinos del volcán para evitar robos (no cuentan con la PNC)

El miércoles 13 de junio, alrededor de las 10 de la noche, un vecino alertó a Ernesto García* que un grupo de desconocidos habían entrado a su colonia. Habían saltado el muro que rodea la comunidad La Reyna justo atrás de su casa. En cuestión de minutos, Ernesto García, su vecino Antonio Suárez* y otros seis vecinos corrían entre las plataneras buscando a los intrusos. Lograron distinguir cuatro sombras. No eran de la comunidad.

— Querían entrar en mi casa, pensaban que no había nadie. Y los tuvimos que sacar a plomazos, dice Ernesto García tranquilamente.
— ¿Les dispararon?

— No, tiramos al aire para que sepan que cargamos armas. Salieron corriendo. Supongo que por donde entraron, porque sabían que el portón estaba cerrado.

La Reyna cierra a las seis. Hace años que es así. Esta comunidad a la que se entra por la aldea El Rodeo, tiene dos portones para evitar que entren extraños. El vecino que vive más cerca de cada portón es el que recibe a las personas que quieren entrar más tarde, ya sean visitantes o habitantes que regresan tarde a sus casas. Pero más allá de las diez de la noche ya no se recibe a nadie.

De las nueve comunidades más afectadas por la erupción del Volcán de Fuego, en tres –El Rodeo, Trinidad y La Reyna– los vecinos se organizaron para vigilar. Los robos en las viviendas abandonadas tras la erupción de lava y la desconfianza en la Policía Nacional Civil (PNC) fueron los detonantes. Se hacen llamar guardianes. No es la primera vez que vigilan. Más de un mes después de la tragedia, muchos vecinos siguen en albergues y sus casas quedan al resguardo de los guardianes.

En situaciones de refuerzo de seguridad en crisis, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) tendría que solicitar apoyo directamente del ministerio de Gobernación. Así lo hizo después del caso de un intento de violación en un albergue. Gobernación no ha recibido una solicitud para reforzar la seguridad en las comunidades.

Organizados en El Rodeo, Trinidad y La Reyna

Bruno Chuga aprieta el gatillo. Este hombre flaco pero fibroso y de escaso pelo, está sentado sobre su colchón del albergue Nuestra Señora de la Asunción (Escuintla). Oriundo de El Rodeo, agarra un bote grande de Incaparina con la mano izquierda y con la derecha hace que dispara una pistola invisible. Con ese gesto indica que varios de sus vecinos ahora custodian su aldea y van armados para hacer las vigilancias. Él les acompaña cuando puede, desarmado.

El día anterior, con su hermanastro menor, Luis Martínez, subió a su aldea a recoger unos roperos con ropa de cama de otro hermano. Los llevaron a casa de la suegra. A diferencia de su hermano, Bruno Chuga no tiene dónde guardar sus cosas mientras está albergado, entonces trata de subir cada día un rato para evitar robos.

— Los malditos se llevaron los cochitos, teles, computadoras, dice Luis Martínez sobre los primeros robos, que sucedieron cuando no habían pasado ni 24 horas de la erupción.

Luis Martínez que escucha tumbado panza arriba desde otro colchón pegado al de Chuga, que lee aburrido un periódico. Ambos dieron el día anterior el ‘vueltazo’ con otros comunitarios. Así le dice Chuga a la paseos para vigilancia. Muchos de los vigilantes residen temporalmente en albergues y cada tarde tienen que regresar a Escuintla.

La preocupación por las pertenencias que tuvieron que abandonar se encuentra también en los colchones de otros albergues. En el pasillo del Centro Universitario del Sur de la Universidad San Carlos, la familia Sánchez, de la comunidad Santa Rosa, reclama la falta de un puesto de registro donde se verifique que las personas que entran a los áreas evacuadas sean vecinos. Cada mañana, suben para darles comida a sus animales y han visto la necesidad de seguridad en las comunidades.

— Muchos llegan y dicen que vienen a ver a sus propiedades pero no son ni de allí. Desde el primer día vimos robos, más que todo de aparatos de cocina o teles. Incluso saquearon a una tienda.

En el patio redondo de la Escuela Tipo Federación un grupo de siete vecinos de La Trinidad está almorzando en el suelo. Saludan con una sonrisa. Están más tranquilos que la familia de Santa Rosa. A pesar del miedo a las avalanchas de ceniza, unos 80 personas se quedaron en La Trinidad para patrullar y cuidar las de robos. Es la única manera de estar seguros de que sus cosas estarán allí cuando regresan, asegura una señora jóven mientras echa un poco de arroz de su plato de duroport a una tortilla de maíz.

Guardianes, no patrulleros

Los guardianes no son patrulleros paramilitares como los de San Juan o San Pedro Sacatepéquez, en las periferias de Ciudad de Guatemala. Es decir, no son hombres armados cubiertos con pasamontañas, que amedrentan con violencia para dar ‘seguridad’. Los guardianes de La Reyna son agricultores que acaban de retirar el lodo volcánico de la fuente de agua del pueblo.

El tanque de agua de La Reyna está contaminada por el lodo de color chocolate oscuro del Volcán de Fuego. La Reyna lleva días sin agua. Bajo el sol de mediodía, habitantes de La Reyna, entre ellos algunos de los guardianes, limpian el tanque, que está ubicado a medio kilómetro de la aldea por un camino de terracería, en medio de plantaciones de fruta y café.

El agua potable de la comunidad proviene de un nacimiento en la montaña que queda a un kilómetro del tanque. Cae cristalina pero en el tanque se vuelve ahora amarillenta. “Este agua pica”, repiten varias veces los hombres de entre 40 y 50 años refiriéndose al efecto del azufre en la piel. Sin dudar, dos de ellos bajan las escaleras del tanque con una cubeta. Lo llenan con el lodo pesado y lo suben para que sus compañeros lo vacían en el campo.

De los casi tres metros de profundidad del tanque, más de la mitad están llenos del viscoso material que recuerda al ‘slime’, la masa que parece como una plasticina más plástica.

Entre cada cubeta de lodo, los hombres, cansados, beben agua y platican sobre la seguridad comunitaria durante la erupción volcánica. Para el tercer día tras la tragedia, ya había una decena de vigilantes. Dos semanas después, son un grupo que ronda la veintena de integrantes. Pero el 4 de junio, sólo cinco hombres se animaron a vigilar La Reyna. Era la pura desolación, dice Antonio Suárez junto al riachuelo que queda al lado del tanque.

Antonio Suárez, un hombre alto y fornido, se explica bajo su sombrero de lona, mientras sus tres perros, protectores, gruñen a estas dos periodistas. Él es uno de los guardianes de La Reyna, uno de los que ahuyentaron la noche anterior a los presuntos ladrones.

Fue poco después de las 10 de la noche cuando los cuatro intrusos saltaron el muro de La Reyna. Cuentan que mientras Ernesto García y Antonio Suárez corrieron a las cuatro figuras en la oscuridad, otro de los guardianes llamó a la PNC para pedir apoyo. La comisaría queda en Escuintla cabecera, a unos 14 kilómetros. Cuenta que cuando llegó la patrulla, casi media hora después, los sospechosos ya se habían escapado. Dice que los agentes felicitaron a los vecinos por cuidar a su comunidad y por reaccionar ante la delincuencia.

En la comisaría de la PNC en Escuintla aseguran no haber recibido reportes de las tres comunidades que están patrullando para resguardar la seguridad local. Tampoco dicen haber recibido una llamado de vecinos. Desde la erupción del volcán tampoco han aumentado la seguridad en las comunidades con casas abandonada. Los agentes han mantenido sus recorridos normales.

La formación policial comunitaria

En 2012, la PNC dio una formación en prevención del delito y seguridad comunitaria a comunitarios de La Reyna. En aquel año, había muchos robos de siembra. Pero les prohibieron usar armas. Por eso muchos vecinos ni quisieron ni quieren ser guardianes, explica Antonio Suárez. Ese año, se organizaron por primera vez para vigilar.

Un día de 2012, a las 6 de la tarde, los guardianes capturaron al ladrón de siembra. Por dos horas esperaron a la PNC para entregárselo. Apenas 7 horas después, a la 1 de la madrugada, la policía lo dejó en libertad. Frustrado, Antonio Suárez habló con un agente de la policía por teléfono para saber qué hacer en futuras ocasiones en La Reyna.

— Me dijo: ‘A nosotros tampoco nos gusta venir solo por gusto, es mejor que se encarguen ustedes’. Descanse en paz, allá murió. Era de San Miguel Los Lotes.

Al joven ladrón lo mató la lava que convirtió a Los Lotes en un pueblo arrasado que aún huele a cadáver. Hasta 2018, no hubo más necesidad de vigilar activamente en La Reyna aunque siempre se mantienen alertos y echan un ojo en su ‘sector’. Desde la casa de cada uno hasta donde alcanza la vista en cada dirección.

— Casi todas las noches se tira al aire, es un aviso para que no vengan
a rondar, dice García, que asegura tener licencia para una pistola 9 milímetros.

— Sí, nosotros cuidamos con machetes y armas. Pistolas y escopetas automáticas. Algunos tienen licencia
, otros no, dice Suárez.

— Yo digo que es mejor que no los atrapemos, abunda Ernesto García.
— ¿Por qué?

— Porque ahí tal vez no lo soltaríamos, tal vez lo quemamos. Por eso es mejor correrlos, porque a nosotros nos caería el peso de la ley.

El viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito, Axel Romero, advierte de que la policía tiene la obligación brindar seguridad perimetral. Aunque los ciudadanos pueden apoyar la labor de rescate, le preocupa que tomen la justicia por su mano.

— Lo más importante es que los comunitarios no sientan que tienen que asumir esta responsabilidad. No hay ninguna ley que los ampare en algún incidente.

Los intentos de robo han continuado en La Reyna, cuenta Antonio Suárez tres semanas después. Hasta ahora que muchas familias comienzan a regresar a sus casas, los guardianes pueden pasar las noches con más calma.

Siempre han sido hombres los vigilantes. Con el grupo de guardianes limpiadores de tanques hay una mujer. Se llama Georgina Marroquín y perdió a su hermana, a su cuñado y a una sobrina en la tragedia del Volcán de Fuego. Redonda y pequeña, se mantiene súper risueña, dice que siempre se ríe. Deja al grupo limpiando y se va a su casa, a ver a sus tres hijos, con los que llegó apenas dos horas antes, tras pasar diez días en un albergue de Escuintla. Antes de llegar, mientras enseña su verde y pobre comunidad llena de iglesias evangélicas sin paredes, le preguntamos si no quería ser ella guardiana. Dice que sí.

— Pero los hombres no me dejaron. Por por los niños. Dicen que tenía que cuidarlos.

* Los nombres de dos de los guardias entrevistados fueron cambiados por seguridad.

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Nicaragua: Ortega arremete contra la banca privada

La nueva política que utiliza a la Siboif y el Banco Central de Nicaragua (BCN) como instrumentos de chantaje y represión en contra de la banca privada, se esbozó el pasado martes 26 de junio, durante la reunión semanal de los bancos con el Superintendente y el BCN, cuando Victor Urcuyo les conminó, de forma verbal, a que cada banco debería presentar en un plazo de 48 horas el registro en detalle del retiro de los depósitos desde el 19 de abril y la lista, con nombre y apellidos, de los clientes y cuentahabientes que han hecho los retiros.

El alegato de Urcuyo fue que dicha información era estrictamente necesaria para realizar sus labores de supervisión bancaria, mientras los representantes de los bancos expresaron que la información solicitada era muy sensible y no entendían la necesidad de hacer esa solicitud, pues si el público se entera que los bancos están revelando sus cuentas y depósitos al Gobierno, esto tendría una consecuencia negativa, devastadora, en la confianza del público en el sistema financiero.

 

Víctor Urcuyo, titular de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (Siboif). Archivo | Cortesía | Confidencial

 

A pesar de esos argumentos, el Superintendente Urcuyo les respondió en tono imperativo que tenían la obligación de entregar la lista de los cuentahabientes, y que no hacerlo conllevaría una sanción extrema: se les cerraría el acceso a los instrumentos de inyección de liquidez del BCN, que sirven para que los bancos puedan enfrentar los numerosos retiros de depósitos que está realizando el público desde que comenzó la crisis política provocada por la represión de la dictadura.

Según información disponible en la página web de la Siboif, al primero de julio se habían retirado US$716.4 millones en depósitos con relación al monto máximo que alcanzaron los mismos al 31 de marzo. De estos, US$555.8 millones correspondieron a depósitos en dólares y US$161.6 millones a depósitos en córdobas.

Ante la gravedad de la amenaza, los representantes de los bancos demandaron al Superintendente una comunicación por escrito, a lo que Urcuyo respondió el miércoles 27, emitiendo una circular dirigida a los gerentes generales de las entidades bancarias. Sin embargo, la circular DS-1913-06-2018/VMUV en poder de CONFIDENCIAL no especifica la ordenanza de identificar a los clientes y se limita a señalar que “como parte del proceso de seguimiento intensivo diario que lleva a cabo la Superintendencia, tengo a bien instruirles que remitan los “saldos de los depósitos segmentados por sector, rango y modalidad”, y el “reporte de los depósitos sectoriales diarios”.

 

 

La circular DS-1913-06-2018/VMUV de la Siboif. | Confidencial

 

En esa circular, Urcuyo se abstuvo de exponer por escrito que identificaran a cada cliente afectado, limitándose a reiterar que “para la reunión traigan la información adicional requerida en dicha reunión. Si no traen dicha información, no habrá reunión”.

Para leer mejor, descargue aquí la circular DS-1913-06-2018/VMUV de la Siboif.

 

Viola sigilo bancario y normas BCN

A partir de esa fecha, varios bancos citados a reuniones bilaterales con la Superintendencia, entregaron la información solicitada sobre los montos de los depósitos retirados, pero se abstuvieron de brindar su información sobre los clientes, que violaría el sigilo bancario.

Dos días después, a partir del viernes 29 de junio, empezaron a llegar las multas y sanciones. Álvaro García, Director Legal de la Superintendencia, comunicó a los bancos sancionados la decisión de imponer la “sanción pecuniaria” (multa) equivalente a 50,000 dólares, además de excluirlo de la posibilidad de recibir “cualquier asistencia financiera de parte del Banco Central”.

En la misiva, García admite que los bancos sancionados, sí asistieron a la cita programada, pero no llevaron consigo la “información adicional requerida”, por lo que la reunión se dio por concluida, “al no cumplir la entidad con el compromiso asumido”.

El ente regulador de los bancos trata de soportar su decisión, asegurando que la “información adicional requerida… es de suma importancia para la supervisión y seguimiento de la estabilidad del sistema financiero nacional, especialmente dada la coyuntura actual”.

Aunque el concepto “información adicional requerida”, alude al nombre y otras formas de identificación de los clientes que han movido más de 50,000 dólares en las últimas diez semanas, el experto en temas fiscales, Julio Francisco Báez, no descarta que la Superintendencia también quisiera saber cuánto dinero más tenía cada cliente en sus cuentas.

Báez refirió que el tema del sigilo bancario es tan importante, que cuando los bancos enteran a la Dirección General de Ingresos el 10% que por Ley deben deducir a las ganancias que genera cada cuenta, se abstienen de informar a la DGI cuánto es lo que le dedujeron a cada cliente, porque una simple regla de tres permitiría inferir cuánto dinero tiene cada cuentahabiente.

Un abogado especialista en banca y finanzas consultado por CONFIDENCIAL sobre las multas impuestas por la Superintendencia, indicó que de acuerdo a la Ley de Bancos, los bancos están obligados a brindar información sobre las operaciones pasivas de sus clientes, o sea sobre los montos de las transacciones realizadas cada semana o cada mes, pero no sobre sus identidades. Para esto último, explicó, la Siboif debería detallar por escrito “cuál es la causa o el motivo”, por el que se vincula al cliente del banco. “En definitiva, si la Siboif no especifica la causa de cada caso, se trata de un requerimiento ilegal que no están obligados a cumplir, y menos aún si se hace de forma genérica”, puntualizó el jurista.

Por otro lado, una fuente vinculada al Banco Central explicó que la asistencia financiera del Banco Central es “una línea de apoyo del BCN a la liquidez de los bancos que se otorga con la garantía del mismo banco o de sus dueños de que ese crédito se honrará pase lo que pase al banco recurrente”.

Preguntado si el BCN habría discutido o avalado sanciones a los bancos, en los términos que indica la resolución de la Siboif, la fuente indicó: “Hasta donde yo conozco no se ha aprobado que la Siboif sancione a un banco porque este no provea información de depósitos del público. Esto iría contra la norma fundamental de confianza de los depositantes que nadie debe ser expuesto a revelar la condición personal de sus depósitos más allá de lo que la ley pide”, precisó.

 

Bancos recurrirán contra Siboif

La petición del Superintendente también vulnera lo contenido en el artículo 113 de la Ley General de Bancos, referido al sigilo bancario, en el que se expresa que las peticiones deben hacerse por escrito, y en la que detalla quiénes tienen derecho a solicitar ese tipo de información.

Por otro lado, si bien el artículo 2 de la Ley de la Superintendencia de Bancos indica que esta debe promover una “adecuada supervisión que procure su solvencia y liquidez en la intermediación de los recursos a ellos confiados”, los banqueros cuestionan de que forma identificar a sus clientes con nombre y apellido, ayudaría a cumplir esa obligación.

De hecho, la petición misma vulnera la obligación de la Siboif de “preservar la seguridad y confianza del público en dichas instituciones” (los bancos), tal como lo detalla el citado artículo 2.

Del mismo modo, la petición estaría vulnerando el artículo 130 de la Constitución, que señala que “ningún cargo concede a quien lo ejerce, más funciones que aquellas atribuidas por la Constitución y las leyes”.

Fuentes vinculadas a los bancos que han sido multados y sancionados por la Siboif y el Banco Central, anunciaron que interpondrán recursos legales para defender sus derechos. En primera instancia, contra el Superintendente Victor Urcuyo, si este no atiende, contra el Consejo Directivo de la Superintendencia de Bancos, integrado por el presidente del Banco Central, cuatro miembros ratificados por la Asamblea Nacional, más el Superintendente de Bancos, que está obligado a “inhibirse de conocer y votar sobre esa materia”. Y en última instancia, recurrirán ante la Corte Suprema de Justicia, que está controlada por el orteguismo.

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Nicaragua: Ortega arremete contra la banca privada

La nueva política que utiliza a la Siboif y el Banco Central de Nicaragua (BCN) como instrumentos de chantaje y represión en contra de la banca privada, se esbozó el pasado martes 26 de junio, durante la reunión semanal de los bancos con el Superintendente y el BCN, cuando Victor Urcuyo les conminó, de forma verbal, a que cada banco debería presentar en un plazo de 48 horas el registro en detalle del retiro de los depósitos desde el 19 de abril y la lista, con nombre y apellidos, de los clientes y cuentahabientes que han hecho los retiros.

El alegato de Urcuyo fue que dicha información era estrictamente necesaria para realizar sus labores de supervisión bancaria, mientras los representantes de los bancos expresaron que la información solicitada era muy sensible y no entendían la necesidad de hacer esa solicitud, pues si el público se entera que los bancos están revelando sus cuentas y depósitos al Gobierno, esto tendría una consecuencia negativa, devastadora, en la confianza del público en el sistema financiero.

 

Víctor Urcuyo, titular de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (Siboif). Archivo | Cortesía | Confidencial

 

A pesar de esos argumentos, el Superintendente Urcuyo les respondió en tono imperativo que tenían la obligación de entregar la lista de los cuentahabientes, y que no hacerlo conllevaría una sanción extrema: se les cerraría el acceso a los instrumentos de inyección de liquidez del BCN, que sirven para que los bancos puedan enfrentar los numerosos retiros de depósitos que está realizando el público desde que comenzó la crisis política provocada por la represión de la dictadura.

Según información disponible en la página web de la Siboif, al primero de julio se habían retirado US$716.4 millones en depósitos con relación al monto máximo que alcanzaron los mismos al 31 de marzo. De estos, US$555.8 millones correspondieron a depósitos en dólares y US$161.6 millones a depósitos en córdobas.

Ante la gravedad de la amenaza, los representantes de los bancos demandaron al Superintendente una comunicación por escrito, a lo que Urcuyo respondió el miércoles 27, emitiendo una circular dirigida a los gerentes generales de las entidades bancarias. Sin embargo, la circular DS-1913-06-2018/VMUV en poder de CONFIDENCIAL no especifica la ordenanza de identificar a los clientes y se limita a señalar que “como parte del proceso de seguimiento intensivo diario que lleva a cabo la Superintendencia, tengo a bien instruirles que remitan los “saldos de los depósitos segmentados por sector, rango y modalidad”, y el “reporte de los depósitos sectoriales diarios”.

 

 

La circular DS-1913-06-2018/VMUV de la Siboif. | Confidencial

 

En esa circular, Urcuyo se abstuvo de exponer por escrito que identificaran a cada cliente afectado, limitándose a reiterar que “para la reunión traigan la información adicional requerida en dicha reunión. Si no traen dicha información, no habrá reunión”.

Para leer mejor, descargue aquí la circular DS-1913-06-2018/VMUV de la Siboif.

 

Viola sigilo bancario y normas BCN

A partir de esa fecha, varios bancos citados a reuniones bilaterales con la Superintendencia, entregaron la información solicitada sobre los montos de los depósitos retirados, pero se abstuvieron de brindar su información sobre los clientes, que violaría el sigilo bancario.

Dos días después, a partir del viernes 29 de junio, empezaron a llegar las multas y sanciones. Álvaro García, Director Legal de la Superintendencia, comunicó a los bancos sancionados la decisión de imponer la “sanción pecuniaria” (multa) equivalente a 50,000 dólares, además de excluirlo de la posibilidad de recibir “cualquier asistencia financiera de parte del Banco Central”.

En la misiva, García admite que los bancos sancionados, sí asistieron a la cita programada, pero no llevaron consigo la “información adicional requerida”, por lo que la reunión se dio por concluida, “al no cumplir la entidad con el compromiso asumido”.

El ente regulador de los bancos trata de soportar su decisión, asegurando que la “información adicional requerida… es de suma importancia para la supervisión y seguimiento de la estabilidad del sistema financiero nacional, especialmente dada la coyuntura actual”.

Aunque el concepto “información adicional requerida”, alude al nombre y otras formas de identificación de los clientes que han movido más de 50,000 dólares en las últimas diez semanas, el experto en temas fiscales, Julio Francisco Báez, no descarta que la Superintendencia también quisiera saber cuánto dinero más tenía cada cliente en sus cuentas.

Báez refirió que el tema del sigilo bancario es tan importante, que cuando los bancos enteran a la Dirección General de Ingresos el 10% que por Ley deben deducir a las ganancias que genera cada cuenta, se abstienen de informar a la DGI cuánto es lo que le dedujeron a cada cliente, porque una simple regla de tres permitiría inferir cuánto dinero tiene cada cuentahabiente.

Un abogado especialista en banca y finanzas consultado por CONFIDENCIAL sobre las multas impuestas por la Superintendencia, indicó que de acuerdo a la Ley de Bancos, los bancos están obligados a brindar información sobre las operaciones pasivas de sus clientes, o sea sobre los montos de las transacciones realizadas cada semana o cada mes, pero no sobre sus identidades. Para esto último, explicó, la Siboif debería detallar por escrito “cuál es la causa o el motivo”, por el que se vincula al cliente del banco. “En definitiva, si la Siboif no especifica la causa de cada caso, se trata de un requerimiento ilegal que no están obligados a cumplir, y menos aún si se hace de forma genérica”, puntualizó el jurista.

Por otro lado, una fuente vinculada al Banco Central explicó que la asistencia financiera del Banco Central es “una línea de apoyo del BCN a la liquidez de los bancos que se otorga con la garantía del mismo banco o de sus dueños de que ese crédito se honrará pase lo que pase al banco recurrente”.

Preguntado si el BCN habría discutido o avalado sanciones a los bancos, en los términos que indica la resolución de la Siboif, la fuente indicó: “Hasta donde yo conozco no se ha aprobado que la Siboif sancione a un banco porque este no provea información de depósitos del público. Esto iría contra la norma fundamental de confianza de los depositantes que nadie debe ser expuesto a revelar la condición personal de sus depósitos más allá de lo que la ley pide”, precisó.

 

Bancos recurrirán contra Siboif

La petición del Superintendente también vulnera lo contenido en el artículo 113 de la Ley General de Bancos, referido al sigilo bancario, en el que se expresa que las peticiones deben hacerse por escrito, y en la que detalla quiénes tienen derecho a solicitar ese tipo de información.

Por otro lado, si bien el artículo 2 de la Ley de la Superintendencia de Bancos indica que esta debe promover una “adecuada supervisión que procure su solvencia y liquidez en la intermediación de los recursos a ellos confiados”, los banqueros cuestionan de que forma identificar a sus clientes con nombre y apellido, ayudaría a cumplir esa obligación.

De hecho, la petición misma vulnera la obligación de la Siboif de “preservar la seguridad y confianza del público en dichas instituciones” (los bancos), tal como lo detalla el citado artículo 2.

Del mismo modo, la petición estaría vulnerando el artículo 130 de la Constitución, que señala que “ningún cargo concede a quien lo ejerce, más funciones que aquellas atribuidas por la Constitución y las leyes”.

Fuentes vinculadas a los bancos que han sido multados y sancionados por la Siboif y el Banco Central, anunciaron que interpondrán recursos legales para defender sus derechos. En primera instancia, contra el Superintendente Victor Urcuyo, si este no atiende, contra el Consejo Directivo de la Superintendencia de Bancos, integrado por el presidente del Banco Central, cuatro miembros ratificados por la Asamblea Nacional, más el Superintendente de Bancos, que está obligado a “inhibirse de conocer y votar sobre esa materia”. Y en última instancia, recurrirán ante la Corte Suprema de Justicia, que está controlada por el orteguismo.

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¿Cómo una guatemalteca podría ayudar a acabar con la crisis en Nicaragua?

El pueblo nicaragüense lleva casi 80 días en la lucha contra la dictadura del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. La crisis que inició el 18 de abril de este año, ha llevado a los ciudadanos al límite. Empezaron protestando contra una reforma a la seguridad social y después de la represión ya solo piden la salida de la pareja dictatorial y una transición sin impunidad. Ahí es donde podría ayudar una guatemalteca.

De acuerdo con un informe preliminar de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), entre el 18 de abril y el 2 de julio se registran 309 muertes (de los cuales solo 288 han sido identificados); hay más de 1,500 heridos, 158 secuestrados por grupos paramilitares de la dictadura y 246 civiles encarcelados por participar en las protestas.

Ante esta situación, el 30 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó 15 recomendaciones al Estado de Nicaragua. La lista está encabezada por el cese inmediato a la represión y la creación de un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia. La primera no fue atendida pero la segunda sí, y ayer fue presentado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Este grupo está integrado por los reconocidos profesionales Amérigo Incalcaterra de Italia, Sofía Macher de Perú, Pablo Parenti de Argentina y Claudia Paz y Paz de Guatemala.

Ellos tendrán a analizar las líneas de investigación que llevan las instituciones de justicia en Nicaragua y deberá recomendar acciones para que los crímenes desde el 18 de julio no queden en la impunidad. Tendrán que estudiar si se han usado todas las vías para investigar y si han usado las figurales legales correspondientes para cada posible delito y sus responsables. Al finalizar, deberán hacer recomendaciones al gobierno nicaraguense para que haya justicia.

¿Por qué en 2018 hay una dictadura que asesina manifestantes en Nicaragua?

Daniel Ortega fue el líder de la Revolución Sandinista que derrocó en 1979 a la dictadura dinástica familiar de Anastacio Somoza e instauró un régimen socialista que despertó gran simpatía en Europa y América Latina. Tras una guerra con la contrarevolución financiada por Estados Unidos, aceptó unas elecciones en 1990 y perdió contra Violeta de Chamorro.

En 2000, Ortega pactó con el entonces presidente liberal Arnoldo Alemán un acuerdo para empezar el fin de la democracia en Nicaragua. Como resume el periodista Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial, “hace 18 años pactaron una reforma constitucional que desmanteló la Constitución reformada de 1995, suprimió el derecho a las candidaturas para Movimientos por Suscripción Popular, se repartió en un pacto prebendario con el Partido Liberal Constitucionalista el control de los Poderes del Estado, y modificó la norma de la segunda vuelta electoral, como un traje diseñado a su medida, de manera que podría ganar una elección presidencial en primera vuelta con solo el 35% de los votos”.

Así regresó a la presidencia en 2007, “liderando un régimen corrupto que demolió la institucionalidad democrática y concentró todos los poderes del Estado”, continúa Chamorro. El régimen se alimentó de la otrora millonaria cooperación venezolana de Hugo Chávez y de una alianza con la élite empresarial nicaragüense, institucionalizada en el equivalente del Cacif, el Cosep.

Cuando hizo una reforma a la seguridad social para subir impuestos a los jubilados, los jóvenes reaccionaron en protestas. La respuesta del régimen desde el 18 de abril fue asesinar manifestantes. Desde entonces, las demandas ciudadanas ya no solo es la marcha atrás a la reforma al Seguro Social sino, como resume Chamorro, cuatro premisas: “1) el cese a la represión y la supresión de grupos paramilitares, 2) su rendición ante esta rebelión pacífica y el adelanto de las elecciones para 2019, 3) una transición sin impunidad ante los crímenes cometidos y 4) asistencia internacional para reformas para reinstaurar la democracia”.

¿Por qué una guatemalteca puede ayudar?

Ante la gravedad de los crímenes y la cooptación de las instituciones de justicia, en América Latina empieza a ser más común la asistencia internacional para resolver crímenes o luchar contra cuerpos paralelos. En Guatemala se fundó en 2008 la CICIG, en 2015 la MACCIH en Honduras y en 2015 el GIEI en México para resolver el crimen de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Claudia Paz y Paz fue integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que resolvió el crimen contra los 43 estudiantes mexicanos.

Paz y Paz es doctora derecho penal y derechos humanos por la Universidad de Salamanca en España, con una carrera de más de 25 años en el sistema de justicia guatemalteca, que pasó por la oficina de derechos humanos del Arzobispado junto a monseñor Juan Gerardi en donde elaboraron el informe de esclarecimiento histórico “Guatemala: nunca más”. También por el Instituto de Ciencias Penales Comparadas (ICCPG) y como jefa del Ministerio Público entre 2010 y 2014. En el MP procesó a 19 narcotraficantes, a banqueros, al expresidente Alfonso Portillo y a militares por crímenes de lesa humanidad, incluido el exdictador Efraín Ríos Montt por genocidio en 2013. Al concluir su período en el MP, fue nombrada Secretaria de Seguridad Multidimensional de la OEA para el período 2017-2018.

En México, el GIEI en el que participó Claudia Paz demostró la responsabilidad de las autoridades mexicanas en la desaparición y asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El resumen de la historia va así.

El día de un mitin de un narco-alcalde en Ayotzinapa, Guerrero, en el Pacífico mexicano, estudiantes tomaron cinco buses para ir a una manifestación en rememoración de la masacre contra estudiantes en Tlatelolco en 1968. El Gobierno dijo en un principio que los estudiantes habían molestado al alcalde, pero el GIEI descubrió que era más profundo.

La policía municipal empezó a disparar contra los buses –una represalia desproporcionada– no por el mitin sino porque en buses eran de narcos que transportaban heroína rumbo a Chicago, algo desconocido por los estudiantes. Entonces, la policía municipal entregó a los estudiantes a bandas de narcotraficantes para que los criminales pudieran ‘vengarse’ por la toma de los buses. El GIEI descubrió que la policía federal (nacional) y el ejército monitorearon esta entrega de los estudiantes por parte de la policía municipal a los narcotraficantes y que el ejército fue el que protegió la escena del crimen para evitar dar con los responsables.

Aquí, el resumen más amplio de los hallazgos del GIEI en México. 

En Nicaragua, la investigación del GIEI en el que participa Claudia Paz podría ser una puerta para que el final de la dictadura de Ortega y Murillo con la represión de abril a julio de 2018 no quede en la impunidad.

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Esta exfiscal general investigará hechos de violencia en Nicaragua

Ante la situación de crisis en Nicaragua, que ya alcanza al menos dos meses, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en ese país centroamericano.

Está integrado por Amérigo Incalcaterra, Sofía Macher, Claudia Paz y Paz y Pablo Parenti, quienes han sido seleccionados por la CIDH y designados por el secretario general de la OEA.

Los miembros del GIEI han llegado a Managua el 1 de julio para empezar sus labores.

La exjueza Claudia Paz y Paz ya trabajó para la CIDH al integrar una misión de la entidad para investigar el caso de la desaparición de estudiantes en Ayotzinapa, México.

El GIEI operará durante seis meses y podrá extenderse de mutuo acuerdo con los interesados.

nicaragua
Claudia Paz y Paz, exfiscal general. Foto/ Archivo

En Nicaragua las protestas comenzaron el 18 de abril contra una reforma a la seguridad social, pero tras la represión se transformaron en una demanda de salida del poder del presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.

Reforzamos nuestro trabajo en el marco de la grave crisis de derechos humanos en #Nicaragua con la instalación del #GIEI. Estará integrado por Amérigo Incalcaterra, Sofía Macher, Claudia Paz y Paz y Pablo Parenti. https://t.co/W04OwRNq9j

— CIDH (@CIDH) July 2, 2018

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El velorio de dos hijos del volcán

Alotenango nació entre las faldas de tres volcanes. El de Agua, completamente dormido; el de Acatenango, que no hace erupción desde hace medio siglo; y el de Fuego, un volcán mítico y temido, al que los primeros pobladores, indígenas kackchiqueles, llamaban Chi’gag, que significa ‘Donde habita el fuego’.

Las primeras expediciones para llegar a la cima del volcán datan del siglo XIX (1881). El escritor Eugenio Dussaussay y el arqueólogo Alfred Maudslay llegaron a Guatemala atraídos por los volcanes y los yacimientos precolombinos. Ellos fueron los primeros en narrar su experiencia. Para subir había que pedirle autorización al alcalde local quien asignaba, muchas veces a la fuerza, a indígenas de la comunidad para que sirvieran como guías y les cargaran las maletas.

En 500 años Alotenango ha sobrevivido a una veintena de erupciones. Los niños crecen a las faldas del volcán hablando de él como si tuvieran la experiencia de aquellos viejos guías que subían las mesetas pese al peligro. Todos los niños, los que perdieron familia, los que ya no están, los que están albergados, los que son tan aventureros como lo fue Dussaussay, son hijos de los volcanes.

Los volcanes sólo dejan dos direcciones para que los vecinos viajen. Hacia el norte, salen la mano obrera de la industria turística de Antigua Guatemala. Hacia el sur, salen los que trabajan en los ingenios azucareros de Escuintla. Después, salen muchas mujeres con niños rumbo a la escuela.

Y aquí, se produce el fallo en la cotidiana estampa. Antes, el parque central de Alotenango se quedaba en silencio, pero las cosas cambiaron desde la erupción del Volcán de Fuego del 3 de junio. Este 14 de junio, hay bullicio. En el escenario del parque central son velados los restos de Marta Arias y de su hijo de 15 años, Hugo García.

Los únicos que acompañan esta velada desde la noche hasta el amanecer son 7 niños, ninguno supera los 13 años. Pasan la noche jugando cartas como suelen hacerlo los adultos cuando hay velorio en los pueblos. Pero los adultos se fueron a dormir, solo aquellos niños acompañaron a las víctimas.

Dos ataúdes y un naipe

Interrumpo el juego. Les pregunto si me puedo unir a la partida. Son siete niños pero 3 son los que dominan el juego. Botija, obviamente el más corpulento; Guacal, delgado, moreno y gritón para hablar; y Natalia, un niño que lleva como apodo el nombre de la niña que le gusta.

Los tres se interrumpen para explicarme rápido las reglas. Como no hay dinero para apostar, lo único que queda es pegarle al que pierda la partida. Les explico que si les pego me arrestaran los soldados. Botija, más alto de todos, me mira serio y vuelve la mirada al mazo. Está seguro: “No te harán nada”.

Les pregunto si son albergados. Guacal, vestido con suéter negro y un pantalón de uniforme de escuela, responde que no, que vive “allá abajo”.

Son hijos de los campesinos que viven en la parte más pobre de un municipio pobre, a orillas del río Guacalate, que rodea las faldas del volcán. Un río de aguas negras. “Allá abajo” son las casas de block, en el mejor de los casos, y otras son de madera y lámina.

Botija, Guacal y sus amigos suben y bajan del parque rumbo a sus casas porque dicen que todo “está tranquilo”. Como hay mucha gente, como hay muchos soldados y policías, a sus padres tampoco les preocupa que pasen en la calle en la noche. Hablan sin dejar de jugar. Interrumpen el relato para darle puñetazos en el hombro al perdedor o para gritarle “Karlita” a la joven policía municipal que cuida el parque. Ella les ignora.

Están acostumbrados a ese ruido de motor que suele hacer el Volcán de Fuego cuando entra en actividad pero recuerdan que el día de la tragedia no hizo ruido. Se ríen cuando les pregunto si les da miedo el volcán. Natalia, un niño con peinado de soldado, dice que ha subido tres veces el Volcán de Fuego: “Es que vos no vas a ser mula va de salirte del camino o meterte hasta arriba, ¿va?”.

La leyenda local cuenta que los monjes franciscanos quisieron cambiarle el nombre al volcán y encomendárselo a Santa Catalina. Pero el volcán se resistió a ser bautizado y con una fuerte erupción arrojó a kilómetros de distancia la cruz con que pretendían colocarle su nuevo nombre.

Nunca más intentaron bautizarlo. Para protegerse nombraron al Santo Cristo y a la Virgen del Socorro como patronos contra el fuego del volcán. Y durante la época colonial, cada vez que había erupción, los santos salían en procesión. El 3 de junio pasado se quedaron en su escaparate, en la catedral de Antigua Guatemala.

El 3 de junio, al ver la ceniza los más precavidos abandonaron sus casas en el caserío El Porvenir. Un asentamiento de familias que no encontraron otro lugar para construir su casa que en un área vulnerable, en las faldas del volcán de Fuego.

Otros pensaron que no pasaría nada más pero el lahar se deslizó por una curva que no acostumbraba. “Lo que pasa es que se ponen a querer grabar esa mierda. Yo por mula me voy arriba”, me explica Botija como si la tragedia solo hubiera sido un accidente más.

A las siete de la mañana las nubes se elevan y los volcanes salen para dominar el paisaje, al fondo de los jóvenes jugadores de cartas, la familia de Marta Arias y Hugo García se alista para trasladar los ataúdes rumbo a la misa del sepelio. Botija, Natalia y Guacal se quedan jugando. Cuando se aburren de darse manadas, se dan jalones de orejas. Y cuando se aburren, se dan jalones de pelo.

Un borracho, al verme el gafete de prensa, se acerca a denunciar que los voluntarios no les quieren dar desayuno. Cuando volteo a la escena, los niños se han ido.

El encierro de la escuela

Un mundo diferente ocurre adentro de los dos edificios de la escuela Mario Méndez Montenegro que funcionan como albergues. Allí están refugiados los otros hijos del volcán, los que tuvieron que abandonar sus casas cuando los lahares provocaron que las autoridades encendieran la alarma de evacuación.

El ambiente adentro es el de un caserío sobrepoblado. En el edificio principal hay 115 familias: las que más suerte tienen, duermen en las aulas, las otras en los corredores. La cara de los adultos es de tedio, las de los niños más pequeños es de hora de recreo.

 

A mediados de junio de 2018, un niño juega con burbujas en el albergue de Alotenango.

Una niña corre a abrazar a una de las muchas voluntarias que hay, como si fuera su amiga de toda la vida. Un niño que no superaba los tres años camina descalzo en un patio mojado, con un moco pegado entre la nariz y el labio.

Le pregunto a cuatro jóvenes, de doce años quizás, por el resultado del partido inaugural del Mundial. “Los taleguearon los rusos”, me dice uno y yo le digo que no me sorprende, que Arabia Saudita no tiene equipo. No son muy optimistas. Para los adolescentes la escuela se ha convertido en un encierro, bajo la mirada de sus padres y gente extraña. Se quejan de que no pueden salir más que un par de horas. Y de la comida. Y de los baños.

Los adolescentes no participan de las actividades organizadas por los voluntarios, son reacios a los misioneros religiosos. La vida que ellos quieren, su vida normal, no cabe en el albergue.

Al salir de la escuela, dos policías municipales apagan las velas, juntan los candelabros y corren las bases que sirven para montar los ataúdes. No quitan nada. Solo lo dejan en espera de los otros cuatro cuerpos que van a llegar al siguiente día, cuando quizás Botija, Guacal y Natalia regresen a continuar con su juego de póker.

Los hijos vuelven al volcán

La familia de Marta Arias y Hugo García decide que el cortejo fúnebre recorra el pueblo. En hora y media de procesión no faltan los cargadores. Son los niños los que abren el cortejo. Primos y hermanos de las víctimas que cargan con los retratos y con los ramos de flores. Niños que abren el camino frente a la vista de los vecinos. Los adultos de la familia van hasta atrás, rodeados por quienes se unen para consolar. Pero los niños adelante, serios, con la vista clavada al frente.

A la veinte de familiares se une casi un centenar de vecinos de Alotenango, el cortejo avanza alejándose a tres cuadras de la iglesia para luego retomar el camino rumbo al cementerio. El cortejo tiene el orden y disciplina de una de esas procesiones que las hermandades católicas de La Antigua pasan un año organizando.

El cementerio de Alotenango está colina arriba, bajo la sombra del Volcán de Agua. Las niñas se aferran al ataúd. Le gritan que se despierte. Golpean la caja. Abrazan el féretro mientras le preguntan al muchacho muerto: “¿Qué vamos a hacer ahora si ya no está mi mamá?”

Las quitaron casi a la fuerza, con abrazos, mientras los niños eran sellados por los albañiles. Un tío del niño da las palabras de agradecimiento: “El volcán no tuvo la culpa, Dios quiso que así fuera”.

El volcán no tuvo la culpa. Y el pueblo se fue.

Solo quedó la familia. Mayra Josefa Arias, hermana y tía de los fallecidos Ella ya había enterrado una hija y tenía desaparecidas a otras tres y a otra hermana con sus cuatros hijos. “Quizás mañana nos den los cuerpos”, dice con voz suave y con la vista perdida. Su rostro está dominado por los ojos rojos e hinchados que le dejaron dos semanas llorando a los desaparecidos y enterrando los restos de los familiares que los forenses han podido identificar.

Todo termina a las dos de la tarde.

El parque, donde los hijos fueron velados, donde los hijos pasaron la noche jugando póker, donde los hijos caminaron cuando fueron llevados al albergue, queda vacío.

Sólo queda un altar de flores. Allí están las velas, los restos de las cartas para las víctimas. La foto de dos hijos del volcán.

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Audio: “Mi hermano se puso nervioso y me dijo: ‘Me voy a reportar como menor”

Darwin Yax parece más joven de lo que es. Pero cumplió 18 años en marzo. Él había escuchado que las personas que cruzan la frontera con menores de edad no eran deportadas. Mintió al oficial de Migración en la frontera y le dijo que tenía 16 años. En algún lugar de Arizona, el viernes 8 de junio, al llegar a la primera detención para migrantes
, los policías lo separaron de su hermano mayor, Vicente. A Darwin Yax lo encerraron en una celda con otros niños.

Este es el efecto más dramático de la política Tolerancia Cero, en la que migrantes menores de edad fueron separados de sus familiares al ser detenidos, durante los 44 días que duró la aplicación decreto. Así se aplicó hasta el día en que los hermanos Yax regresaron a Guatemala, cuando Donald Trump canceló la medida de separación. Pero la política migratoria estadounidense mantiene su lógica de represión al migrante.

A Vicente, hermano mayor de Darwin Yax, los agentes de migración le dijeron que ya no se iban a ver. Hasta su deportación el 20 de junio de 2018, Yax pudo ver los efectos más dramáticos de la política migratoria de Donald Trump, tanto la separación de su hermano como las separaciones de familias de sus hijos: “Lloraban, pidieron tiempo para hablar con sus hijos, pero (los agentes de Migración) no se lo dieron”.

 

Escuchá el testimonio de Vicente Yax sobre las separaciones de familias y sobre el trato a menores: 

 

Son las 12 del mediodía. El segundo vuelo con migrantes deportados desde Estados Unidos de este miércoles acaba de llegar a la Fuerza Aérea Guatemalteca en la zona 13 de la capital. Vicente Yax, de 33 años, espera ansiosamente afuera del salón donde agentes de migración registran a cada persona recién llegada. Se cuelga en las rejas de una de las ventanas y mira hacia adentro, buscando su hermano menor.

A finales de mayo los dos hermanos salieron juntos de Fray Bartolomé de las Casas en la Franja Transversal del Norte, Alta Verapaz, donde crecieron. Darwin acaba de terminar el colegio y Vicente trabajaba como maestro. Pero el dinero era muy escaso. Su esperanza era encontrar trabajos mejor pagados en el norte, en la agricultura o de limpieza, cualquier trabajo. Con apoyo de algunos miembros de su familia y un préstamo lograron juntar Q56.000 para que un coyote los cruzara por la frontera. Se tardaron tres semanas en llegar a Arizona donde otra persona los iba recoger para llevarlos a Houston. Nunca llegó.

Vicente Yax, de 33 años, recibe a su hermano Darwin, de 18, tras ser deportados de Estados Unidos, el 20 de junio de 2018.

Pasaron dos días en el calor del desierto, escondidos bajo un arbusto, a unos 200 metros de una autopista donde patrullaba la policía fronteriza. Se les acabó el agua, la comida y al final la carga del celular de Vicente, el hermano mayor, que perdió la esperanza y decidió que mejor se entregaran. Mejor perder la oportunidad, que la vida, se dijo.

Afligido, Vicente admitió que habían mentido. Fue trasladado junto con su hermano al Brooks County Detention Center en Texas. Siete días después, el viernes 15 por la mañana, un policía llegó por él. Sin mayor explicación fue enviado a un tercer centro de detención. No entendía y preguntaba por qué su hermano no iba con él. El lunes por la madrugada fue deportado para Guatemala. Solo.

— Un oficial me dijo, ‘de aquí ya no vas a regresar a la detención donde estaban’. Ahí fue cuando me puse a llorar. Yo ni siquiera me despedí de mi hermano. Es una historia bastante triste. Él se quería ir para allá y yo no quería que se fuera solo. Mi sueño era que llegáramos juntos. Pensé que también íbamos a regresar juntos. Pero ahora gracias a Dios regresa hoy.

Los ojos de Vicente se ponen rojos. Piensa en que dejó solo a su hermano de 18 años en Estados Unidos. Piensa que regresó con las manos vacías a enfrentar la deuda. Darwin Yax sale del salón de registro. Es la 1.20 de la tarde. Los hermanos se abrazan brevemente. Las palabras son pocas, hablan sus lágrimas.

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