La abuela loca que propone una búsqueda de los desaparecidos con alegría

— Dejen a esas abuelas locas, que se van a cansar y van a ir a llorar a sus casas.

Las locas eran las mujeres que salían a caminar todos los jueves desde abril de 1976 en la Plaza de Mayo, en Buenos Aires. Buscaban pistas para encontrar a sus hijas e hijos desaparecidos por militares y policías, por ser considerados enemigos del Estado.

Así fueron los comienzos de la dictadura cívico-militar que se instaló en Argentina que entre marzo de 1976 y 1982 dejó al menos 30 mil personas desaparecidas –incluyendo 300 niñas y niños–.

Para los militares en el poder y sus cómplices civiles, las doce señoras, de entre 50 y 60 años, no parecían una amenaza. No eran hombres, no eran jóvenes, no eran fuertes. Eran abuelas que se distinguían por llevar un pañuelo en la cabeza y las fotos de sus familiares en las manos.

Pero mientras el tiempo pasaba y los regímenes terroristas desaparecían a más personas, también había más abuelas locas. Así empezó la historia de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo.

Estela de Carlotto se unió a ellas cuando su hija mayor, Laura, fue secuestrada por militares el 26 de noviembre de 1977. Después supo que en un centro clandestino de detención fue torturada y ejecutada.

Ya pasaron 42 años. Ahora Estela recuerda el pasado con dolor y tristeza, pero piensa en el futuro con optimismo y alegría. Y eso es lo que quiere transmitir a las víctimas del conflicto armado interno guatemalteco (1960-1996) en su visita a Guatemala coordinada por el Comité Internacional de la Cruz Roja.

— Vivimos los regímenes del terror con miedo, pero eso ya pasó. Ahora nos toca celebrar que estamos vivas, celebrar que estamos construyendo una mejor sociedad para nuestros nietos, le dice Estela de Carlotto a un grupo de hombres y mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos en Guatemala.

En Guatemala, un país con un tercio de la población de Argentina, la cifra de desaparecidos por fuerzas estatales fue de 45,000 personas.

La búsqueda alegre de los desaparecidos implica, según Estela de Carlotto, aprender a vivir sin odio ni resentimiento contra quienes cometieron los crímenes del pasado. Eso no significa olvidar el pasado o aceptar la impunidad. Todo lo contrario.

Según la Abuela de la Plaza de Mayo, también hay que trabajar en la construcción de la memoria, en buscar la verdad y la justicia para las víctimas.

 



Cuando el fin es el principio

Durante los 36 años de conflicto armado interno en Guatemala, el Estado funcionó una maquinaria de desaparición forzada. Los objetivos eran las personas que incomodaban y se oponían al poder, o cualquier persona que pensara diferente a los regímenes militares.

El ejército, la Policía Nacional y las PAC desaparecieron a 45 mil personas –incluyendo unos 5 mil menores–. Como los militares de casi todo el planeta, los guatemaltecos dejaron sistematizado todo el horror, y documentos oficiales ahora son evidencias en procesos judiciales y al mismo tiempo son pistas que buscan sobrevivientes del conflicto para buscar a sus desaparecidos.

Guatemala, después de Argentina, es el país del continente con más sentencias por crímenes de lesa humanidad.

Dos casos paradigmáticos de desapariciones son el del sindicalista Fernando García, esposo de la diputada Nineth Montenegro, desaparecido en 1984. Los policías Héctor Roderico Ramírez Ríos y Abraham Lancerio Gómez fueron declarados culpables de la desaparición forzada y condenados a 40 años de prisión en 2010.

Y la del niño Fernando Molina Theissen, desaparecido en 1981. En 2018, Manuel Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor del Ejército; Manuel Antonio Callejas, General de División; y Hugo Zaldaña, oficial del Estado Mayor del Ejército; fueron condenados a 58 años de prisión por los delitos de deberes contra la humanidad, violación con agravación de la pena y desaparición forzada.

Pero hay también casos de reencuentros.

María Eugenia Col Choc buscó por muchos años a su hermana Matilde, una maestra de Cobán, Alta Verapaz, que fue secuestrada por el ejército en 1983. A los educadores se les podía considerar enemigos del Estado porque compartían conocimientos y difundían el pensamiento crítico.

La búsqueda de Matilde Col terminó después de las excavaciones en el antiguo destacamento militar de Creompaz. A partir del 2012, antropólogos y fiscales encontraron 565 osamentas en 84 fosas clandestinas. Con pruebas de ADN e informes, consiguieron identificar a 152 víctimas, una de ellas era Matilde.

A Matilde Col la enterraron el 19 de julio de 2014, 31 años después de su desaparición. Cientos de personas acompañaron en la iglesia y el cementerio a la familia Col Choc. Para María Eugenia fue el fin de la búsqueda de su hermana. Y también el comienzo de la búsqueda de su sobrino.

Matilde Col estaba embarazada cuando fue desaparecida, pero entre los esqueletos de las víctimas de Creompaz no encontraron los restos de su hijo. Por eso, María Eugenia Col cree que dio a luz y piensa que su sobrino puede estar vivo.

Eso fue lo mismo que pensó Estela de Carlotto cuando supo que su hija Laura dio a luz a un bebé en un hospital militar el 26 de junio de 1978, dos meses antes de ser ejecutada. Así que dedicó a buscar a su nieto durante décadas hasta que lo encontró en 2014.

María Eugenia Col dice que la historia de Estela de Carlotto le da esperanzas de poder ubicar a su sobrino y devolverle la identidad que le fue arrebata en el conflicto armado interno. En un encuentro, las dos mujeres se abrazaron y conversaron sobre su lucha compartida.

— Recordar lo que pasó y buscar a nuestros familiares es una forma de decir que estos crímenes ya no se pueden repetir, dice María Eugenia Col.

El valor de la sangre de las abuelas

Unos 300 bebés nacieron en cautiverio en los centros clandestinos de detención durante la dictadura argentina. La mayoría fueron apropiados por los mismos captores de su padres o entregados en el millonario negocio de adopciones irregulares.

En ese proceso, las identidades de los nietos fueron alteradas. Y por eso muchos no saben que sus padres fueron torturados y asesinados en el contexto de la dictadura.

Estela de Carlotto dice que la clave está en la sangre de las abuelas:

— Es lo que nos mantiene vivas y también tiene la información genética para identificar a los nietos.

Las abuelas locas, junto con científicos, han desarrollado un complejo banco de información genética. Ahí están los registros de las abuelas y abuelos que perdieron a sus hijas embarazadas, que se contrastan con el ADN de hombres y mujeres que dudan sobre su identidad. Así recuperaron 130 nietos.

En Guatemala, el ADN y la perseverancia también ha ayudado a encontrar a familiares vivos.

Sebastián Huber –conocido como Chalo Tiño–, de Chichicastenango, Quiché, fue capturado y desaparecido por el ejército en 1981, cuando era un niño. En esa ocasión también fue capturado su tío. El niño fue dado en adopción en 1987 y llevado a Estados Unidos.

El Programa Todos por el Reencuentro, de la Liga Guatemalteca de Higiene Mental, investigó el caso y consiguió información sobre su familia. El 29 de diciembre de 2006, Sebastián Huber se reencontró con su familia, con su prima Catarina Tiño, quien inició el proceso de búsqueda y en la actualidad exige información al ejército para poder dar con el paradero de su padre.

En Guatemala, el Grupo de Apoyo Mutuo, la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, Famdegua y la Fundación de Antropología Forense trabajan para lograr estos reencuentros. La Liga Guatemalteca de Higiene Mental ha conseguido 497 encuentros de personas que fueron separadas de su familia en el marco del conflicto armado.

Marco Antonio Garavito dirige la Liga, que ayuda a sobrevivientes del conflicto armado interno a buscar a sus familiares desaparecidos y que recibió a Estela de Carlotto en su visita a Guatemala.

— Así como las Abuelas trabajan en Argentina, en este país hay muchas mujeres y hombres que entregan su vida a la búsqueda de desaparecidos. No son conocidos, pero también son parte de la historia de Guatemala.

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Guatemala-Cannes, reseña de una historia, una película y tres premios

Por Julio Serrano Echeverría

Guatemala

En su libro La pantalla rota, cien años de cine en Centroamérica (Taurus, 2014), la historiadora del cine centroamericano María Lourdes Cortés nos cuenta que en 1957 Guatemala ganó por primera vez un premio en Cannes. El cortometraje documental Síndrome de pluricarencia infantil, del realizador suizo-guatemalteco Marcel Reichenbach y el pediatra Carlos Monzón ganó el premio al mejor documental en este festival. Dos años después repitieron la hazaña con Ángeles con hambre.

Para sumar al recuento, en 2010, Juan Manuel Méndez presentó su cortometraje Chapstick en el Short Film Corner; en 2012 los actores guatemaltecos Brandon López, Karen Martínez y el chiapaneco Rodolfo Domínguez ganaron el premio A certain talent, por la mejor interpretación con la película mexicana La jaula de oro en la sección «Una cierta mirada»; en 2013 Izabel Acebedo presentó su cortometraje Para armar un helicóptero en «La semana de la crítica»; y Julio Hernández Cordón estrenó su Cómprame un revolver, protagonizada por las también guatemaltecas Matilde y Fabiana Hernández Guinea, en la sección Quincena de realizadores. Añadir al recuento de Guatemala en Cannes que en 1970 Miguel Ángel Asturias fue el presidente del jurado de la Selección Oficial.

Así que César Díaz no es el primer guatemalteco en estar en Cannes, pero sí es el primer centroamericano en ganar la prestigiosa Cámara de oro, y el cuarto latinoamericano en 41 años de otorgar este premio a la mejor ópera prima presentada en el festival. Pero bien, a lo mejor esta historia no se trata de quién lo gana primero, en realidad ni siquiera se trata de «ganar». A la industria del cine el mero hecho de haber sido seleccionado para este festival le basta para colocar una película en un espacio privilegiado y simple: el deseo de verla; y en ese deseo de verla, la industria, el arte y la memoria se reúnen en una butaca en donde nos gusta imaginar que todo se convierte en luz.

Esta historia se trata de la historia que ganó el premio, de cómo fue contada, de quiénes la contaron y cómo lograron llegar a ella. Y esto es un mérito incalculable para Guatemala, para Latinoamérica: colocar la búsqueda de los desaparecidos por el conflicto armado en Guatemala, y huelga decirlo, en Latinoamérica. La historia: un hijo cuyo padre fue desaparecido por el Ejército de Guatemala, trabaja como antropólogo forense en la búsqueda de cuerpos de la guerra. En esa búsqueda simbólica -y real- de su padre, la relación con su madre abre paso a una discusión que se ha ido construyendo lentamente en Guatemala, qué hacemos con lo que le sucedió a nuestros padres, qué hacemos con nuestras búsquedas y con lo que encontramos en ellas. No dudo que la Cámara de oro ayude a que esta discusión se expanda por el mundo y las madres, nuestras madres, ocupen ese espacio fundamental que tienen en la historia.

Cannes

Cannes es una ciudad pequeña, un pueblo en la Costa azul francesa en donde un buen número de habitantes son europeos retirados que disfrutan del clima mediterráneo. Y durante dos semanas desde hace 72 años, la ciudad se vuelve un espacio delirante entre el cine, la moda y el entretenimiento. El famoso Festival de Cannes reúne en el pequeño pueblo a grandes personajes del sistema de estrellas de Hollywood, a realizadores consagrados, poco conocidos, jóvenes «promesas», productores, distribuidores, relacionistas públicos, actores, y miles de participantes que hacen cosas extrañas como vestirse de smoking con rótulos en la mano pidiendo entradas a funciones de alfombra roja, y van y vienen todos mezclados, todos caminando en el borde de la playa junto a los viejitos locales que llenan por completo las salas de exhibición de la películas. No es un capricho llamarle delirio, cuando pasan autos deportivos con visitantes distinguidos, limusinas con actores, caballos gigantes con policías, paparazzis que parecen personajes de Bukowski con trajes prestados que les quedan grandes y, eventualmente, entre todo eso, un grupo de cineastas guatemaltecos que fueron parte de la producción de Nuestras Madres, la película que además de ganar la Cámara de oro, ganó el premio de la Sociedad de Autores y Compositores Dramáticos, SACD y el premio Rail d´or, del sindicato de ferrocarrileros.

Para terminar de entender el asunto, parece necesario entrarle a la taxonomía de Cannes: está la Selección oficial donde compiten largometrajes que suelen ser de reconocidos directores del mundo que estrenan en esta sección sus películas, de esta selección sale el ganador de la Palma de oro, el más alto reconocimiento del festival. Están también las subcategorías, Une certain regard, Cinéfondation y cortometrajes, y Cámara de oro que es un premio único para ópera prima en cualquiera de todas las categorías. Están también las secciones paralelas de la Semana de la crítica y la Quincena de realizadores. Es todo un aparato de exhibición y reconocimientos que, básicamente, está diseñado para la industria, esto hace que buena parte del público en las salas sean programadores de festivales, distribuidores, críticos, productores, en fin, detrás de esa sensación de vértigo emocional que dejan las grandes películas en nuestro pecho hay una maquinaria que mueve muchos millones de dólares, euros, y, si en Guatemala tuviéramos una ley de cine que soportara esta industria, también podríamos tener millones de quetzales en esa industria. Actualmente la Comisión del cultura en conjunto con Agacine, tienen abierta una mesa de diálogo para la elaboración de un nuevo proyecto. En 2012 el primer proyecto de la Ley de Cine quedó estancado en el Congreso.

 

La noche del estreno en Cannes. César Díaz, Armando Espitia, Emma Dib, Aurelia Caal, Julio Serrano, Pamela Guinea y Joaquín Ruano.

La noche del estreno en Cannes. César Díaz, Armando Espitia, Emma Dib, Aurelia Caal, Julio Serrano, Pamela Guinea y Joaquín Ruano.

Bélgica y Francia

Estos dos países vecinos, son los países coproductores de la película. Entonces sí, es una película con tres nacionalidades y eso solo es una gran noticia, y básicamente el único modelo posible para hacer cine que cumpla los estándares de producción de la industria. En Guatemala no existe un fondo nacional para producción audiovisual, y la mayor parte del financiamiento de Nuestras Madres proviene de estos dos países europeos, de Bélgica, particularmente, de donde César Díaz también es.

Uspantán-Pambach-Carchá

Uspantán fue el primer nombre que tuvo este proyecto. César Díaz lo nombró así partiendo del lugar donde nació su investigación, una masacre donde las mujeres sobrevivientes del pueblo fueron obligadas a bailar marimba sobre la fosa común donde yacían sus hermanos, hijos y maridos. Una de las tantas historias de terror que la guerra nos dejó y que sembró miedo y muertos por todo el país.

Pambach fue la pequeña aldea Pocomchí donde se filmó parte de la película, en la frontera entre Alta y Baja Verapaz, esta aldea no es ajena a la guerra y sus masacres, como casi ninguno de los pueblos del centro y occidente de Guatemala. Dieciocho días de rodaje en esta comunidad, más de 50 personas de crew, carros, camiones, cámaras, equipo, asistentes de producción, caminando por todo el pueblo pidiendo que se apagaran los radios para que no entrararan en el audio de la filmación, castings para extras, meses de preproducción reuniéndose con autoridades, comités, vecinos. La producción local a cargo de Pamela Guinea y Joaquín Ruano contó con un gran equipo técnico que garantizó no solo un proceso continuado y respetuoso -tomando en cuenta lo invasiva que puede ser una filmación -, sino un ambiente idóneo para un rodaje minucioso y exhaustivo.

San Pedro Carchá es el pueblo donde vive Aurelia Caal, una de las protagonistas de la película. Hace el papel de Nicolasa, una viuda que busca los restos de su marido asesinado por el Ejército, y cuya búsqueda da pie al nudo y desenlace de la otra búsqueda, la de Ernesto (Armando Espitia) que busca a su padre y la de Cristina (Emma Dib) que busca justicia. Doña Aurelia el día del estreno de la película nos comentó que tenía algo así como 40 años de no ir a una sala de cine.

 

Los protagonistas: Armando Espitia, Emma Dib, Julio Serrano Echeverría y Aurelia Caal.

Los protagonistas: Armando Espitia, Emma Dib, Julio Serrano Echeverría y Aurelia Caal.

Nuestras madres
* Guion y dirección: César Díaz
* Producción: Pamela Guinea, Joaquín Ruano, Géraldine Sprimont y Delphine Schmit
* Fotografía: Virginie Surdej
* Edición: Damien Maestraggi
* Sonido: Vincent Nouaille, Gilles Bernardeau y Emmanuel De Boissieu
* Arte: Pilar Peredo
* Música: Rémi Boubal y Luis Pedro González
* Elenco: Armando Espitia, Emma Dib, Aurelia Caal, Julio Serrano Echeverría y Victor Moreira

*Aún no está programado su estreno en Guatemala.

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La CC preguntó a universidades si existían xinkas (por una mina): la USAC respondió así

Nadie le preguntó a los habitantes del municipio de San Rafael Las Flores si estaban de acuerdo con la instalación de una minera en la tercera reserva mundial de plata, como establece el convenio 169 de la OIT, que dice que los pueblos indígenas tienen derecho a decidir sobre su territorio, desarrollo económico, social y cultural.

La Minera San Rafael, de capital canadiense, argumenta que no hay indígenas xinkas y que por eso no se hizo la consulta. Y la Corte de Constitucionalidad, que lleva más de un año investigando sobre el caso, pidió a dos universidades que hicieran peritajes antropológicos que determinaran si existen xinkas en San Rafael Las Flores o si no.

La Universidad Del Valle (privada) respondió que sí en este estudio publicado por Nómada la semana pasada. Esta es la respuesta de la Universidad de San Carlos (nacional).

El equipo del Instituto de Estudios Interétnicos de la Universidad de San Carlos analizó el contexto histórico del área y recabó las percepciones y opiniones de las personas sobre sí mismas y sobre las demás. Realizaron entrevistas en Cuilapa, Nueva Santa Rosa, San Rafael Las Flores, Mataquescuintla, las aldeas Laguna de Ayarza, Copante, Media cuesta, El Volcancito y Las Nueces.

En el estudio, los antropólogos explican que muchas veces se utiliza el termino ‘territorio’ como sinónimo de espacio y que aunque la Corte de Constitucionalidad les pidió indagar en el municipio de San Rafael Las Flores llegaron a áreas de Jutiapa y Jalapa, pues el área ocupada por los xinkas «es geográficamente más amplia de lo que originalmente se ha reconocido».

Los orígenes

Citan que en el período Preclásico Medio (1000-400 A.C) empezó la creación de instituciones políticas, económicas y sociales en la zona maya del suroriente de Guatemala, a 70 kilómetros de lo que ahora es la Ciudad de Guatemala.

Antes de que Cristóbal Colon se perdiera en el Océano Atlántico mientras navegaba para llegar a la India, y que Europa colonizara el continente, el área de lo que ahora son Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa era habitada por indígenas xinkas; y era uno de los tres puntos más fuertes de intercambio cultural, económico y social, similar a Kaminaljuyú.

Durante la colonia, los españoles concentraron a los indígenas en «pueblos de indios» para controlarlos y recolectar el tributo para la corona.

En el estudio que los antropólogos de la USAC entregaron a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, se recuerda que la llegada al país de los españoles provocó desplazamiento de las poblaciones indígenas de sus tierras, inició el mestizaje y se generalizó el uso del idioma español.

«La adopción de elementos culturales europeos no implica automáticamente la extinción de un grupo indígena (…) Los procesos de transformación políticos, económicos, sociales y culturales impiden encontrar en un territorio la pureza étnica en sus pobladores, encontrarlos de la misma manera en que existieron hace siglos. Por eso es necesario hacer referencia histórica a épocas anteriores y a un territorio amplio que va más allá del municipio de San Rafael Las Flores», dice el documento.

De acuerdo con los antropólogos de la USAC, San Rafael Las Flores, como otros municipios, no escapó a los cambios culturales y que, aunque hay personas que se identifican como ladinas o mestizas, hay muchas otras que reconocen a sus antepasados indígenas y se autodefinen como indígenas y como xinkas.

«(…) la cultura de los pueblos no permanece intacta o estática y no toma en cuenta el impacto de las transformaciones sociales como la migración, la evangelización, las políticas públicas que durante la colonización privilegiaron la asimilación e integración a una nación homogénea».

También resaltan que en ese municipio la cultura ha ido cambiando, pero hay esfuerzos notables para para la recuperación de la memoria histórica y la cultura.

¿Por qué hay xinkas que no hablan xinka?

Entre los argumentos del Ministerio de Energía y Minas y la Minera San Rafael para justificar que no hubo consulta comunitaria para instalar el proyecto, está que no existen xinkas porque casi nadie habla el idioma.

El Instituto de Estudios Interétnicos de la Universidad de San Carlos señala que la discriminación y el racismo operan negativamente en contra de la práctica cotidiana de los idiomas indígenas y que la decisión consciente de los adultos de no transmitirlo a los hijos adoptando el idioma dominante, busca evitar que sean discriminados, ya que hablarlo se vincula al «retraso y no confiere estatus social».

«Para la mayoría de los entrevistados, los xinkas han padecido burlas y rechazo por parte de los ladinos. Esta situación provocó que las personas no quisieran hablar ni vestirse de manera distintiva en los lugares públicos para evitar ser identificados como indígenas. El desuso del traje fue explicado por la mayoría de personas, tanto adultas como jóvenes, como efecto de la discriminación étnica y el racismo».

El documento de la Universidad de San Carlos señala que por escritos de cronistas y sacerdotes se sabe que durante la época de la colonia los xincas presentaron una ardua resistencia a ser vencidos y colonizados.

La conclusión del peritaje antropológico de la USAC para la Corte de Constitucionalidad es inequívoca: sí hay xinkas en el Suroriente de Guatemala, en el área de influencia de la Mina San Rafael.

Este argumento científico se suma al de la Universidad del Valle, que también concluyó que sí hay xinkas en la región de impacto de la mina.

Fuentes cercanas al caso prevén que en las próximas semanas los magistrados puedan resolver si autorizan o prohíben la mina en Santa Rosa.

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Sara Curruchich: Soy de Comalapa y esto sentí cuando enterramos a 172 personas

Regresaron el Día Nacional contra la Desaparición Forzada, bajo la luz y energía de nuestros ancestros B’elejeb Kej y Lajuj Q’anil después que el ejército les cortó la mirada al sol.

Recuerdo cuando tenía entre 9 y 10 años y mis compañeras de escuela murmuraban:

— Encontraron calaveras, sí, las cabezas, las manos, los dientes, todo el esqueleto. Allá abajo, en el destacamento, ¿Vamos a ver?, dice que tienen trapos en la boca y están amarrados de las manos y de los pies.

Estas frases, no sólo estaban en boca de todos los alumnos, también en las calles de mi pueblo. Escucharlas hacía crecer la incertidumbre, que nuestros corazones palpitaran a una alta velocidad y que el miedo y la nostalgia se apoderara indudablemente de nuestro ser.

Mucha gente cuenta que en los 80 todo debía estar en silencio. No radios, no velas, no palabras que pudieran inmiscuirse en la negra noche, solo se escuchaban los xil (grillos), los perros o los gallos que cantaban en el corral o detrás del patio.

«¡Cuidado! Si nos escuchaban, los soldados podían entrar a la casa, violarnos, matarnos o llevarnos.»

— Cuando iba a lavar a la pila de Las Tomas, en el camino me encontraba con muchos soldados; no los miraba a los ojos, a veces ellos me miraban y yo con voz baja decía buenos días, tenía miedo. Cuando llegaba a la pila, ellos estaban entre los árboles, vigilando el camino, pero también miraban a las mujeres que lavaban; a muchas las agarraron allí.

El ejército utilizó varios medios y métodos como estrategias para introducir miedo y acabar con quienes con sus ideales buscaban construir un mejor futuro, respeto y equidad para los pueblos. En Comalapa, algunas de las desaparecidas y los desaparecidos, torturados y asesinados, pertenecían al comité de reconstrucción después del terremoto de 1976, eran integrantes de la cooperativa de papas, de la cooperativa de tejedoras, eran catequistas, líderes comunitarios o estudiantes.

 

Los 172 férretros. Foto: Sandra Sebastián.

El antiguo destacamento militar en Comalapa era un punto estratégico, pues su ubicación colinda con San Martín Jilotepeque, que conecta con Joyabaj, Quiché, con San Juan Sacatepéquez. Es por eso que muchos de los muertos que fueron hallados en las fosas colectivas no sólo pertenecían a Comalapa, algunos eran de Patzaj, Pak’ixik, Simajulew, San Martín, San José Poaquil, Tecpán, a 75 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, como indica Nan Carmen Cúmez, de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, Conavigua.

El padre y esposo de Nan Rosalina Tuyuc, fundadora de Conavigua en 1988, también fueron desaparecidos. De allí comienza la lucha incansable por encontrarlos no solo a ellos, sino a miles de personas desaparecidas. Así fue como el 28 de agosto del 2003 al 2005, junto a la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, comienzan la exhumación en Palabor, donde hallaron 220 osamentas.

 

Nan Rosalina. Foto: Sandra Sebastián.

Aunque los osarios tenían un cartelito donde se visibilizaba un número y las palabras «No Identificado», una inmensa y maravillosa familia les recibió para velarles y darles un entierro digno. Es difícil hallar las palabras precisas para expresar nuestro sentir al ser partícipe de este fragmento de tiempo. El cuerpo temblaba, el olor a pino y pom que provenía del incensario de las abuelas y se mezclaba con el respirar, las flores, música, poesía, cantos y abrazos, llantos de alegría, tristeza; eran entregados a nuestros hermanos, a nuestros pueblos.

No puedo más que agradecer a las mujeres y hombres por la lucha, la fuerza y la enseñanza que han tenido y dado durante tantos años.

La lucha por la justicia es quizá un camino largo, pero se seguirá luchando y pidiendo al Estado de Guatemala inclusión, respeto, justicia y esclarecimiento por los hechos y crímenes de lesa humanidad contra los pueblos.

Y algo aprendimos, somos voces sin miedo, con pasos y latidos que retumban para recuperar la verdad, nuestra memoria histórica y dignificar a nuestros hermanos y hermanas víctimas de la guerra. Nunca, nunca dejaremos de abrazar a la esperanza.

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Comalapa: Asesinados con odio, enterrados con amor

Allí, en el antiguo destacamento militar de San Juan Comalapa, entre cultivos de milpa y frijoles, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) halló 220 osamentas entre agosto de 2003 y diciembre de 2005, gracias a que la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (Conavigua) pidió al Ministerio Público la investigación y exhumación en este lugar. De momento, ya se han identificado a 48 personas a través de la comparación de ADN de familiares y los restos de las víctimas encontradas, que provenían de Comalapa (29), Ciudad de Guatemala (6), Chimaltenango (3), Tecpán (2), San Martín Jilotepeque (2), Mixco (2) y Zaragoza (1). Entre ellas, seis aparecen registradas en el Diario Militar, un macabro listado del ejército con 183 nombres y fotografías de quienes fueron desaparecidos y asesinados. Para derrotar a 15,000 guerrilleros, el ejército asesinó o desapareció a casi 200,000 personas –muchas en Comalapa–, según estadísticas del propio ejército y de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, respectivamente.

Entre las 220 osamentas, se encontraban las 172 que comenzaron a ser inhumadas este jueves en el denominado ‘Paisajes de la Memoria’, que se sitúa precisamente en el antiguo destacamento militar. Allí, aún permanecen abiertas dos grandes fosas de donde fueron extraídos varios cuerpos. En este lugar, hace más de 30 años el Ministerio de Defensa de Guatemala decidió acabar con todas estas personas arrebatándolas no solo su vida, sino su identidad.

A la espera de que familiares lleguen a dejar muestras de ADN a la Fundación, este jueves se dio una sepultura digna a las 172 osamentas, así como a dos féretros más que contenían huesos de varias personas. «Ellas y ellos fallecieron con violencia, odio, racismo, desprecio y violencia, pero esta vez los vamos a enterrar con amor, ternura, agradecimiento y también con libertad porque cuando los encontramos, cada uno de ellos tenían sus brazos y manos amarradas, mientras que hoy serán enterrados libres de ataduras», destaca la presidenta de Conavigua, Rosalina Tuyuc. Ella aún no pierde la esperanza de encontrar los huesos de su padre, Francisco Javier Tuyuc, y a su marido, Rolando Gómez, desaparecidos en 1982 y 1984, respectivamente.

Antes de llegar a Comalapa, los restos de las 172 víctimas de la violencia estatal hicieron una parada simbólica frente al Palacio Nacional de la Cultura. El camión que transportaba los féretros se estacionó a pocos metros de la sede del Gobierno, si bien ni el Presidente, Jimmy Morales, ni nadie de su equipo se dignó a bajar y dar un último adiós a los cuerpos antes de emprender viaje de 77 kilómetros rumbo a ‘Paisajes de la Memoria’.

A la presidenta de Conavigua no le sorprendió este desdén por parte de las autoridades del Ejecutivo, ya que desde que se firmaran los acuerdos de paz de 1996, lamenta que ningún gobierno «ha hecho nada» para «honrar la memoria» de las 45.000 personas desaparecidas (5.000 de ellas menores de edad) y las 150.000 asesinadas, sino más bien todo lo contrario: «encubren que fueron agentes del Estado los responsables de la tortura, la violación de mujeres y la desaparición forzada».

A falta de apoyo por parte del Gobierno, las vecinas y vecinos de Comalapa se volcaron con las víctimas, cuyos féretros fueron bajados del camión mediante una cadena humana. En una galera fueron velados toda la noche del miércoles al jueves por quienes se convirtieron en su gran familia, ya que pese a que las personas que se encontraban en los 172 féretros estaban sin identificar, no por ello se encontraban solas. Una gran parte del municipio las quiso acompañar al día siguiente para darles una sepultura digna.

 

«Hay necesidad de perdonar, pero nunca de olvidar»

La gran pregunta que uno se hace tras tanto sufrimiento es si es posible perdonar a quienes perpetraron las masacres y dinamitaron familias enteras expandiendo el dolor por toda Guatemala. «Lamentablemente, nadie se presenta con nosotros para pedir perdón, así que a quién vamos a perdonar si nadie se hace responsable de lo que pasó», subraya Rosalina Tuyuc, cuya organización decidió adquirir los terrenos del antiguo destacamento militar para reconvertirlo en un lugar de la memoria de «lo que nunca más debe volver a suceder en este país».

Sonia Maritza Otzoy, vecina de Comalapa, se dirige a acompañar la inhumación de los cuerpos, ya que a pesar de ser un día «triste», también lo es «alegre» porque su entierro trae «paz y tranquilidad, debido a que habrá un lugar donde irlos a visitar». Su tío está desaparecido desde 1976 y recalca que «sí hay necesidad de perdonar, pero nunca olvidar». Mientras, Maribel Yolanda Rucuch camina junto a dos cuadros con los retratos de su padre y su tía. Él continúa desaparecido desde junio de 1982 en Tecpán, mientras que ella fue exhumada y enterrada. «Las 172 osamentas me dan la esperanza de encontrar a mi papá», asegura, al tiempo que dice que ella no tiene «ningún rencor, ni ningún odio» hacia quienes asesinaron a sus familiares, sino «más bien lástima, porque no fueron inteligentes de pensar en el bien de la sociedad, al matar los sueños de tantos hombres y mujeres».

La idea de perdonar también estuvo muy presente en la misa campesina que se celebró el miércoles junto a los 172 féretros, donde el cura tras preguntar «¿Para qué tener memoria histórica?», respondió que es «para no estar resentidos, sino a partir de las cosas violentas y atroces debe surgir una cosa nueva que nos lleve a la libertad y la justicia». Lo que no olvida el pueblo de Comalapa es que ¡sí hubo genocidio!, como lo recordó con un gran cartel que viajó desde la capital de Guatemala y que se extendió frente al Palacio Nacional para recordar que el país vivió en los años 80 unas masacres de indígenas, por las cuales fue condenado a 80 años de cárcel el hoy fallecido exdictador Efraín Ríos Montt. Pese a que el proceso fue anulado diez días después por la Corte de Constitucionalidad, Rosalina Tuyuc cree que aunque haya personas que lo nieguen, «ya nadie puede borrar» que en Guatemala «el genocidio en el área ixil ya fue condenado y el responsable fue Ríos Montt».

 

El MP, sin apoyo del Gobierno para investigar

Sin embargo, hay muchos más responsables, tal como constata la jefa de la Fiscalía de Derechos Humanos del MP, Hilda Pineda, quien tras asistir a la inhumación de los cuerpos en Comalapa, se comprometió a continuar con las investigaciones de «graves violaciones a los Derechos Humanos que se dieron en el contexto del conflicto armado interno». «Ningún Estado, ni ninguna fuerza de seguridad puede justificar esas atrocidades», recalcó Pineda, quien, sin embargo, lamenta que la Fiscalía «no ha tenido ningún apoyo directamente del Gobierno en este tipo de casos», sino que incluso «a veces, vemos como una negativa» respecto a lo que ha ocurrido.

Actualmente, la Fiscalía de Derechos Humanos tiene 17 casos judicializados relacionados con el genocidio que se produjo durante el conflicto armado interno. «Tenemos alrededor de 4.000 casos abiertos y hemos resuelto alrededor de 2.000, si bien en las Fiscalías del interior hay más de 20.000 casos abiertos», detalla la fiscal Pineda, quien incide en que hace «todos los esfuerzos» por agilizar las investigaciones y evitar así que los responsables fallezcan antes de enfrentar a los tribunales o que haya «tropiezos legales que impidan que el sistema de justicia no responda a la demanda de las víctimas».

El principal enemigo para que se haga justicia, según apunta, es el Congreso y, por ello, anuncia que presentará las acciones legales que correspondan para frenar la iniciativa de reforma de la Ley de Reconciliación Nacional impulsada por el diputado Fernando Linares, con el fin de poner fin a los juicios por genocidio, desaparición forzada y tortura y dejar libres a los militares que han sido condenados por estos hechos. Para la fiscal, el proyecto de ley, que ha sido dictaminado positivamente en la Comisión de Legislación, es «inconstitucional y viola tratados y convenios internacionales de Derechos Humanos, que han sido ratificados en Guatemala y que son de obligado cumplimiento».

Mientras, la población que sufrió las desapariciones y masacres no quiere olvidar. ‘No pudieron arrancar nuestras raíces’ se leía en una gran pancarta que acompañó en todo momento a los féretros desde la capital hasta Comalapa. En ‘Paisajes de la Memoria’ no solo estarán los nichos con las víctimas inhumadas, sino que también permanecerá ‘El Muro de los Desaparecidos’, un listado con los nombres de 6.041 personas cuyo paradero se desconoce y que fueron reportadas a la FAFG. Sus familiares, lo único que desean es encontrar sus restos para enterrarlos con amor y sustituir así para siempre al odio con el que fueron asesinados.

 

 

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Los Estados Unidos de Trump contra niños centroamericanos. Rabia. Dolor en el corazón.

Esos niños menores de 5 años lloran porque Trump (y los estadounidenses) los están castigando porque sus papás quisieron salvarles la vida que les esperaba en Centroamérica.

Hace quince meses sentía tanto o más dolor porque el Gobierno de Guatemala, presidido por un criminal que se llama Jimmy Morales, provocó que 56 niñas se incendiaran en un hogar gubernamental. 41 murieron y 15 sobreviven como pueden, sin auxilio estatal. Niñas algunas que habían sido sacadas de sus hogares para protegerlas de violencia intrafamiliar o niñas la mayoría llevadas a ese hogar gubernamental por negligencias de policías o jueces que no atendieron súplicas de sus madres o padres para recuperarlas después de que se habían perdido en la calle.

Seis de cada diez niñas y niños de los 30 millones de centroamericanos que viven en pobreza o extrema pobreza tienen una posibilidad real de terminar encerrados en un hogar gubernamental; un accidente de una madre soltera, un asesinato de un padre, ser traficado y recuperado por las autoridades.

Y si yo fuera madre o padre de alguno de esos niños centroamericanos con escasas posibilidades de futuro y ganara 250 dólares al mes, me endeudaría 7 mil dólares para llevármelos lejos, lo más lejos que pudiera, aunque sea a probar suerte en Estados Unidos. Me arriesgaría a sobrevivir el paso a través un México cruel y violento con los centroamericanos para intentar sobrevivir a un más cruel y violento Estados Unidos de Trump.

Estos padres y estos hijos no tienen la culpa de haber nacido en el rincón más desigual y violento del continente. En Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Somos países en donde la esclavitud ha sido legal hasta 1944 o permitida de facto hasta hoy en muchas regiones del istmo. Países que se levantaron en manifestaciones y en armas contra la injusticia en los 80. Países que han apostado desde los 90 por democracias y paces que no sirven para nada. Países que esta década luchamos contra la impunidad para recuperar nuestros Estados y que seamos países viables que no expulsen a migrantes y sus hijos hacia el nazismo de los Estados Unidos de Trump.

Podría parecer que llamar nazis a estas políticas los Estados Unido de Trump podía sonar exagerado. Pero justo hoy una judía holandesa sobreviviente del Holocausto nazi contaba hoy en el diario británico The Guardian, a propósito de esta tortura contra niños centroamericanos, que a sus ochenta y pico de años todavía ella y sus hermanos sufrían las secuelas de haber sido separados de sus padres cuando eran niños. Se llama Yoka Verdoner.

Este es el testimonio de su hermano pequeño, que ahora tiene 80 años y a quien los nazis separaron de sus padres cuando tenía 3 años. Escribe en presente.

«En la primera casa (de acogida) grité por seis semanas. Después me movieron a otra familia y dejé de gritar. Me rendí. Nada a mi alrededor me suena familiar. Todos los que están en frente son extraños. No tengo pasado. No tengo futuro. No tengo identidad. Estoy en la nada, en ningún lugar. Estoy congelado de miedo. Es la única emoción que poseo. Como un niño de tres años, creo que debo haber cometido un error terrible que provocó que desapareciera el mundo que conocía con mi familia. Pasé el resto de mi vida tratando desesperadamente de no cometer otro error».

Continúa la autora, que ahora vive en California:

«La segunda familia adoptiva de mi hermano lo cuidó con esmero y sigue en contacto con ellos. De igual manera, tiene casi 80 años y todavía sigue intentando entender qué lo hizo la persona ansiosa y disfuncional en la que se convirtió desde niño y que continúa siendo hasta ahora: un hombre inteligente y cálido, pero que a pesar de eso nunca pudo mantener un trabajo por su inhabilidad para completar tareas. Después de todo, si persistía en lograr esas tareas, tarde o temprano iba a cometer errores, y no quería que por un error se acabara de nuevo todo su mundo».

Los nazis y Hitler en 1942. Trump y los republicanos en 2018. Los judíos en 1942. Los centroamericanos en 2018.

La maldad. El odio.

Esa separación de padres y niños que sufrieron los judíos en los años cuarenta es algo que han sufrido los guatemaltecos desde la peor parte de la guerra civil entre 1978 y 1985, cuando el dictador de entonces y una banda de abogados descubrieron que los niños eran un buen negocio para familias de Estados Unidos que querían adoptarlos y pagar por ellos. Se robaban tantos niños que Guatemala fue hasta el año 2007 el tercer país que más niños en el mundo exportaba a Estados Unidos, solo después de Rusia y China. China tiene mil millones de habitantes; Rusia, 150 millones; Guatemala, 15 millones. Adoptaban a 4,000 niños cada año –muchos de ellos sin garantía de no haber sido robados– y las redes de abogados ganaban unos US$200 millones anuales.

Las comunidades indígenas mayas estaban tan desesperadas por esta epidemia de robos de niños para exportación a Estados Unidos que terminaron linchando a un turista japonés que fotografiaba niños en Huehuetenango en 2000, como reporta este texto en El País. No fue sino hasta 2007 que después de mucho trabajo de comunidades, activistas de derechos humanos, fiscales y políticos que se pudo cambiar la ley para que ya no fuera un abogado el que autorizara la adopción de un niño sino un Consejo Nacional de Adopciones; y las adopciones internacionales se suspendieron.

No hay dolor más grande en la vida que perder a un hijo.

Y todo este dolor enferma.

Los judíos sobrevivientes del Holocausto en Israel, como vemos en su relación con los palestinos setenta años después, es una sociedad mayoritariamente enferma, incapaz de sentir empatía.

Guatemala y Centroamérica, después de los últimos cuarenta años de violencia y odio, también somos sociedades mayoritariamente enfermas, incapaces de sentir empatía entre nosotros mismos.

Y como no estamos logrando construir sociedades en las que puedan vivir seres humanos, hay cientos, miles, millones de centroamericanos, que prefieren huir para buscar vidas dignas en Estados Unidos.

No tengo muchas palabras para los estadounidenses que votaron por el republicano Trump solo porque les prometió acabar con nosotros, los centroamericanos y el resto de extranjeros.

Esta tortura contra niños que los indigna hoy es su responsabilidad. Y responsabilidad de los que no fueron a votar y de los demócratas. Son cómplices.

Han llevado nuestro horror hasta su país.

Para quienes sí tengo palabras es para el criminal que preside mi país, Jimmy Morales; el timorato exguerrillero que preside El Salvador y los dictadores de Honduras y Nicaragua: ¡Renuncien!

El gobierno israelí de Netanyahu, enfermo hasta la médula, justifica su odio para ‘proteger a sus ciudadanos judíos y que nunca vuelvan a torturarlos como lo hicieron los nazis’. Es increíble que para lograrlo, Netanyahu se alíe a un nazi como Trump que tortura a niños centroamericanos, y que su gobierno respalde a un criminal como Jimmy Morales en Guatemala.

Pero los presidentes centroamericanos, ¿cómo justifican ustedes su falta de acción para proteger a los niños de su país que están siendo torturados por los Estados Unidos de Trump? ¡No han hecho nada!

El peor de todos es el presidente guatemalteco. Todavía no se pronuncia. Está ocupado. Y no rescatando a comunidades que puedan quedar soterradas por el volcán de Fuego. Está ocupado salvándose de acusaciones de dinero ilegal en su campaña, de robarse dinero del ejército y desde el lunes, de una acusación pública de haber cometido un abuso sexual.

En vez de eso, el criminal Jimmy Morales mandó a su portavoz para dar declaraciones a los medios. Y su vocero respondió que «respetaban la política migratoria de Estados Unidos». No es de extrañar este vocero si representa a un presidente que en 2016 dijo al NYTimes que «si Trump hacía un muro, él le daría mano de obra barata guatemalteca».

Los pusilánimes presidentes centroamericanos podrían estar haciendo un escándalo, ir a la frontera, intentar entrar en los albergues, rescatar a los niños, pedir que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas envíe una fuerza de intervención militar internacional para rescatar a por lo menos dos mil niños están siendo torturados. Algo. Algo. Algo.

Trump no se va a detener. La indignación de la mitad de Estados Unidos y del resto del mundo le estimula. Ayer tuiteó, como un buen nazi, que lo seguirá haciendo para detener a los criminales centroamericanos que «infestan» Estados Unidos porque todos son de la Mara Salvatrucha. Y es mentira. Como recordó el periodista Óscar Martínez en El Faro, de 250.000 centroamericanos en la frontera, las mismas autoridades estadounidenses identificaron a 56 con posibles vínculos con pandillas, el 0.0002%.

Trump no se va a detener. ¿Y qué vamos a hacer?

¿Vamos a esperar a que meta a los centroamericanos en cámaras de gas para frenarlo?

 

Lea: La cobertura del Hogar Seguro        

Lea: Ser niña en América Latina

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FAFG: Por los sobrevivientes, “que no se declare un camposanto la comunidad bajo el Volcán”

Fredy Peccerelli es un antropólogo forense. Se dedica a interpretar los huesos de las personas para determinar las causas de su muerte. Son indispensables para buscar la verdad sobre los últimos instantes de la vida de las personas, sea antes de una masacre o en una crisis humanitaria, como la actual del Volcán de Fuego. Peccerelli, director de la FAFG, cree que para estar en paz, saber la verdad es tan importante como hacer un duelo. Y para evitar repetir errores como los de hace 12 años en Panabaj, urge al Gobierno de Jimmy Morales que todavía no declare camposanto a las aldeas ‘borradas’ por el Volcán.

Fueron 187 los cadáveres rescatados en 2005 en el cantón Panabaj, en Santiago Atitlán, en Sololá. La madrugada del 5 de octubre ocurrió la gran tragedia de ese año, cuando Óscar Berger era presidente de Guatemala. Las lluvias provocaron un desprendimiento de tierras en las faldas del volcán Santiaguito que terminaron en un deslave que arrasó con el pueblo completo. Berger declaró campo santo al pueblo seis días después del desastre. Esto dificultó muchísimo las búsquedas. De los fallecidos, 81 fueron rescatados por los socorristas y 106, por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), una de las dos fundaciones de su rama más grandes de América Latina.

Fredy Peccerelli, director y fundador de la FAFG, estuvo en 2006 en Panabaj. Y asume que pronto estará en la zona cero del volcán de Fuego, de donde los socorristas han rescatado 109 cadáveres hasta el 8 de junio. Peccerelli advierte sobre todos los mitos que se generan alrededor de los cuerpos de las víctimas soterradas y las enfermedades que en el imaginario de la población o los gobernantes podrían contagiar a los vivos, como el hepatitis A y B o el VIH. Esto es falso.

 

La FAFG tardó 13 meses en lograr los fondos, permisos y condiciones favorables para iniciar la labor en el área de Panabaj en Santiago Atitlán, luego de la tormenta Stan en 2005. Foto: FAFG.

¿Cuáles son las similitudes que observa del deslave del volcán Tolimán sobre Panabaj y la erupción del volcán de Fuego sobre la comunidad de San Miguel Los Lotes?
— Hay tres similitudes claras observadas por la Fundación. La primera es que en ambos casos la población afectada vive en un lugar de alto riesgo, en el que no debería de estar. Los dos lugares presentaron desplazamientos de tierra, rocas y árboles a velocidades rápidas que tomaron a la gente de sorpresa. La segunda es la reacción inmediata después de la emergencia. En las dos situaciones se priorizó el rescate de personas con vida y la ubicación de sobrevivientes en albergues, que generalmente se hace de manera desordenada. Y la tercera es que, de existir, la búsqueda de cuerpos a largo plazo requiere de personal multidisciplinario forense para hacerlo.

En el caso de Panabaj, ¿qué ocurrió cuando el lugar fue declarado camposanto seis días después?
— El 11 de octubre, oficialmente, fueron detenidas las tareas de rescate. La decisión de las autoridades fue que sería un foco infeccioso para la población porque, según ellos, los cuerpos ya estarían en avanzada descomposición y sería imposible identificarlas. El presidente Berger, con el consenso de las autoridades, se hizo presente y firmó un acta que declaró el área un campo santo. Todo en contra de lo que las familiares deseaban, que era inhumar a sus seres queridos.

 

La FAFG tuvo ayuda de familiares y comunitarios que conocían el terreno de Panabaj. Ellos les ayudaron a ubicar viviendas y posibles lugares para rescatar restos de los fallecidos.

¿Qué significa que un lugar es un camposanto? ¿Cuál es el procedimiento para el manejo de ese espacio?
— Técnicamente significa cementerio. Pero también significa que queda prohibida la recuperación de cuerpos del lugar, que no se pueden sacar sin la orden de un juez, o autoridad competente. En el caso de Panabaj, un juez dio la autorización de realizar los trabajos de búsqueda y exhumación. En Panabaj, con la declaración de camposanto, echaron cal en la superficie y envenenaron a los perros, como una medida de evitar que estos se comieran a los cuerpos, lo cual no fue adecuado. Sí tengo claro que se debe restringir el acceso para no poner en riesgo a más personas, salvo los expertos que conozcan de cómo conducirse en el área.

¿Es peligrosa la descomposición de los cuerpos para las personas que están en el sitio?
— Existe la confusión de que el área se pueda volver un lugar que represente un riesgo de enfermedades como hepatitis A y B, VIH y otras enfermedades contagiosas. Pero después de 72 horas estos riesgos no existen. Los cuerpos no explotan ni transmiten enfermedades.

¿Cómo se puede trabajar la antropología forense sobre una escena de este tipo sin tener la cantidad de personas desaparecidas?
— Se debe hacer una investigación multidisciplinaria forense: contar con un equipo de investigación de las víctimas y entrevistar a cada familia para entender quiénes son las personas que faltan o fallecieron, para hacer un perfil antemortem (previo a la muerte) de cada víctima. De esa forma, se generan genealogías para llegar a establecer a cuántas personas se busca en general. También será necesario tomar muestras genéticas de los grupos familiares para cuando se encuentren los cadáveres se puedan hacer cotejos para su eventual identificación.

 

El equipo de FAFG trabajó durante un año en la labor de recuperación de restos de personas en Panabaj. Encontraron 106 de los 187 cadáveres de las víctimas del deslave en Santiago, Atitlán.

¿Cuál es el proceso de recuperación que sigue la FAFG en casos como este?
— Simultáneo a las entrevistas con los familiares, un grupo de arqueólogos forenses hace una estrategia para recuperar los cuerpos. En este caso, como en Panabaj, es necesaria la utilización de maquinaria pesada como excavadoras con cucharas sin dientes y camiones de volteo. También se necesita un área para depositar la tierra y desechos, y un área restringida para el cuidado y resguardo de los cuerpos, mismo que serán analizados por antropólogos, odontólogos y médicos forenses.
La recuperación requiere que los expertos hagan una limpieza y documentación y que se hacen mapas detallados para explicar cómo fueron hallados los restos.  En este proceso se necesita el apoyo de bomberos y otro personal que colabore en el traslado de los cuerpos a la morgue. Ese espacio debería de estar en el lugar o cerca, y con personas especialistas como médicos, odontólogos, antropólogos forenses, y expertos en dactiloscopia
para hacer las identificaciones. Si todo esto falla, se establece el perfil de las víctimas, y deberá tomar muestras de hueso para comparar el parentesco con las familias que sobrevivieron y así establecer identificaciones genéticas.
Esto requiere de expertos en genética forense, que tengan experiencia en el procesamiento de muestras de familiares, como pueden ser saliva o sangre, y muestras de hueso o dientes de cuerpos, para extraer el ADN y hacer las comparaciones respectivas en distintos softwares que facilitarán la identificación. La FAFG cuenta con un comité de identificaciones, que es el único ente que las autoriza.

¿Cuánto tiempo esperan antes de empezar con la labor de búsqueda de restos? (Especialmente en un lugar de riesgo como las faldas de un volcán activo)
— En el caso de Panabaj también se trabajó en las faldas de un volcán, pero este no estaba activo. En el caso del volcán de Fuego sabemos que los flujos piroclásticos
llegan a temperaturas muy altas. La búsqueda de restos como primera regla es la de no poner en riesgo la vida de más personas.
En el volcán de Fuego tendríamos que hablar con expertos en vulcanología del Insivumeh y Conred para evaluar riesgos de deslaves, derrumbes, corrientes de lava, etcétera; hacer una planificación adecuada que tomé cuenta que la búsqueda debe realizarse y rápido, y así evitar que el tejido blando se descomponga y se pierdan rasgos físicos.
El tiempo de realizar los trabajos de recuperación debería depender únicamente del momento en que ya el suelo se encuentre frío y sin riesgos de corrientes piroplásticas o deslaves. Sería adecuado esperar hasta que termine la época lluviosa, si es que este trabajo se va a realizar, quizás será mejor esperar, así dará la oportunidad de búsqueda de recursos, permisos y alianzas estratégicas.

¿Cuánto tiempo dedican a esa labor de búsqueda? ¿Existe un máximo de días o meses, antes de terminar de buscar para siempre?
— La política de la FAFG ha sido si existe el deseo y necesidad de los familiares para recuperar a sus seres queridos, si el riesgo es manejable y el recurso está, se hace hasta que se exploran todas las áreas. Se busca cuerpos enterrados en lugares en donde se sospecha pueden estar atrapados. En Panabaj se hizo la búsqueda por seis meses en la parte de excavación, exhumación, análisis e identificaciones, y el proyecto en total duró un año ya con la elaboración de informes para el juzgado que nos había autorizado la investigación.

¿Por qué es importante recuperar estos restos, aunque pase algún tiempo desde su fallecimiento?
— Algo que nos diferencia como humanos (de otros animales) es que necesitamos despedirnos de nuestros muertos. Las prácticas funerarias son importantes para todas las culturas y religiones. Es importante para los sobrevivientes para darle un entierro digno a sus muertos y saber exactamente qué pasó.
Aunque este sea un desastre natural, siempre se tiene la esperanza que sigan con vida, hay casos en donde los familiares soñaban con que su hijo siguiera con vida, como un niño que se le escapó de la mano al padre en medio del deslave, y aun así tenía la esperanza que estuviera con vida en Estados Unidos. Estos casos causan un rompimiento, una ambigüedad, y por eso es importante el reconocimiento de que la persona está muerta, tener el cuerpo y decirle adiós adecuadamente. Además que tener un lugar en donde rendir tributo, no solo por las implicaciones sentimentales y culturales, también hay repercusiones a nivel legal: el conocimiento de la verdad es tan importante como el cierre del ciclo de duelo.

¿Qué se puede conocer al examinar los restos recuperados y cómo ayuda a los familiares?
— Al examinar los cuerpos también se puede conocer la causa de muerte, aunque no en todos. A veces se puede reconstruir los últimos minutos de sus vidas como que una persona se escondió debajo de una cama o la familia se juntó en una esquina. Esto nos ayuda a entender y a generar paz y descanso.
Es de suma importancia considerar un lugar temporal de velación para que los familiares tengan el tiempo digno para velar. En estas emergencias, no se suele dar el lugar ni el tiempo a los familiares para que se despidan de sus seres queridos.

— ¿Cuál fue la lección más difícil de Panabaj que podría aprenderse para la comunidad San Miguel Los Lotes?
— Para poder trabajar en el área de Panabaj, (como FAFG) tuvimos que esperar 13 meses. Tuvimos que esperar una orden judicial por ser un camposanto, y buscar fondos para hacer la recuperación de los cuerpos. De ese rescate, los familiares seguían con la incertidumbre de sus seres queridos y una mujer resumió lo que sentían: ‘desde el día que mi hermana se fue, lloro todos los días, me siento triste porque no sé en dónde está ella, no tengo en donde dejarle flores, no sé si mi familia estará descansando. Yo quiero saber que mi familia está descansando tranquila, entonces estaré en paz yo también’.

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Estas son las 4 deudas del Estado con la familia Molina Theissen

En 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado guatemalteco buscar el cadáver del niño Marco Antonio Molina Theissen, desaparecido desde 1981. En 2018, tras un juicio histórico en el que cuatro militares fueron condenados, tampoco cumple con la búsqueda del cuerpo, ni con otras exigencias de la Corte.

Un tribunal condenó en mayo de 2018 a los responsables de la desaparición del niño Molina Theissen y de la tortura y violación de su hermana, Emma Guadalupe, ocurridos en Quetzaltenango en 1981. Una semana después, también ordenó a varias instituciones públicas reparar los daños causados a la familia y honrar la memoria de sus víctimas.

Entre esas medidas está cumplir con la sentencia de la CIDH emitió en 2004. La Corte ordenó al Estado buscar el cuerpo del niño, crear un banco genético, aprobar una Ley para la búsqueda de desaparecidos y pedir perdón por la desaparición de Marco Antonio, en un acto público. Catorce años después, estas cuatro acciones son memoria histórica pendiente.

Lea: https://nomada.gt/identidades/de-donde-venimos/justicia-para-la-familia-molina-theissen-3-militares-condenados-al-minimo-de-la-pena/

Oídos sordos

En 1998, la familia Molina Theissen llevó el caso a la CIDH. El proceso concluyó en 2004 y  responsabilizó al Estado de Guatemala. Lo acusó de violar derechos humanos por no investigar el paradero del niño Marco Antonio Molina Theissen, desaparecido como venganza y represalia al activismo político de sus padres.

La CIDH (que en este tipo de casos hace el papel de ente investigador) pidió una serie de medidas de reparación para la familia. El Estado cumplió en 2004 sólo con el pago de las costas procesales que ascendían a cerca de Q7 millones. Con la sentencia de este más también cumplió con investigar el caso, sin embargo el resto de medidas sigue esquivándolas. Eso implica encontrar los restos del niño y pedir perdón en un acto público a la familia.

Tampoco dieron cumplimiento a otras medidas como la creación de un banco genético y la aprobación de legislación para crear la Comisión Nacional de Búsqueda de Víctimas de Desaparición Forzada.

Estos incumplimientos no son solo en el caso Molina Theissen. En 2015 el órgano supervisor de la CIDH señaló que en al menos otros doce casos no existía compromiso del Estado por cumplir con las medidas de reparación. Entre esos casos está el de la Panel Blanca, el de la desaparición de Myrna Mack y el del asesinato del dirigente político Jorge Carpio Nicolle.

En ese momento, bajo el gobierno de Otto Pérez Molina, el Secretario de la Paz era Antonio Arenales Forno, un abogado defensor de militares, que calificó como «inaceptables» a todas las resoluciones de la CIDH.

Diez años con la ley estancada

El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) acompañó a la familia Molina Theissen cuando el caso llegó a la CIDH. Mario Polanco, director de la organización, señala que las medidas ordenadas por el tribunal este mes de mayo:

— Viene a fortalecer las medidas que dictó la CIDH en 2014 y vienen a actualizarlas. Sin embargo sigue sin existir voluntad política y en parte se debe a que cada institución evade su responsabilidad. Habría que personalizar y exigir al Ministerio de Gobernación, al Ministerio Público, al Ejecutivo y al Legislativo, que cumplan con estos compromisos.

Por ejemplo, la creación de un banco genético es responsabilidad del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), pero en la institución no hay avances por falta de presupuesto. El único banco genético del país funciona gracias a la Fundación de Antropología Forense, que no es una institución estatal.  

Otro de los requerimientos hechos tanto por la CIDH como por el tribunal guatemalteco es la aprobación de la iniciativa 3590 que crea la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. La diputada Nineth Montenegro cuenta:

— Esa iniciativa lleva diez años varada en el Congreso. Tardamos cinco años en que pasara primera lectura y otros cinco en que llegara a segunda. Sin embargo hay grupos que creen que esta comisión será un instrumento para perseguir penalmente a los responsables de las desapariciones cuando en realidad es una ley de carácter humanitario. Sólo alguien que perdió a un familiar en el conflicto puede entender la necesidad de por fin encontrarlos.

Nineth Montenegro perdió durante el conflicto a su entonces esposo, Edgar Fernando García. Por eso caso también se obligó al Estado a aprobar la iniciativa y, entre otras cosas, a poner el nombre de la víctima a una biblioteca pública. Tampoco eso se cumplió.

Las nuevas obligaciones

Ahora quedará en manos de la gestión del presidente Jimmy Morales darle prioridad o no al cumplimiento de las medidas de reparación ordenadas por el tribunal. La mayor de ellas sería encabezar el acto oficial para pedir perdón a la familia Molina Theissen mientras que su ministro de Gobernación, debería anunciar las recompensas para quien brinde información sobre cementerios clandestinos.

Mario Polanco del GAM duda que esto suceda y cree que se deberían buscar mecanismos de presión para obligar al Estado a cumplir con los compromisos.

Por ejemplo, el tribunal no quiso pedir que se diera de baja deshonrosa a los militares involucrados en la desaparición de Marco Antonio y en la violación y tortura de Emma Guadalupe. La propuesta del GAM es una iniciativa de ley que promoverán para obligar al ejército a dar de baja y quitarle cualquier aporte económico a todo militar que sea encontrado culpable por un tribunal.

 

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