Cualquier pago a supuestos exmilitares es ilegal y conlleva responsabilidades, advierte el Cacif

Los supuestos exmilitares han bloqueado rutas y habían amenazado con boicotear las elecciones. (Foto: Hemeroteca PL)

“Es inadmisible que estas agrupaciones amenacen el ambiente de paz y seguridad que debe privar en la celebración de elecciones, por lo que es imperativo que las autoridades investiguen estas conductas que instan a delinquir”, dice la misiva.

Un grupo que dice haber sido parte del Ejército entre 1960 y 1996, el tiempo que duró el conflicto armado interno, alcanzó el mes pasado un acuerdo preliminar con el Gobierno para recibir una indemnización, después de haber amenazado con boicotear las elecciones del 16 de junio. 

Para el Cacif, estos reclamos son prueba de una estructura tradicional de demandas clientelares.

Respecto de la amenaza de boicot durante los comicios, el Comité expone que “la máxima autoridad electoral tiene la responsabilidad sobre las fuerzas de seguridad y debe asegurar que el día de los comicios estos se celebren en total armonía”.

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Sergio Flores, comisionado presidencial del diálogo nacional, dijo el 28 de mayo último en rueda de prensa que alcanzó un acuerdo preliminar con los supuestos exmilitares, que exigen Q85 mil para cada uno, casa y seguro de vida.

Francisco Calmo de León, líder de los supuestos exmilitares, dijo que su asociación reúne a 1.7 millones de integrantes, por lo que se necesitarían cerca de Q144 mil millones, mucho más que el presupuesto de la Nación, que este año es de Q87 mil 715 millones.

El 20 de mayo, ese grupo había amenazado con impedir las elecciones generales si no se llegaba a acuerdos concretos para responder a sus demandas.

“Como Sector Privado Organizado se tomarán las acciones legales correspondientes, a fin de asegurar el derecho de los guatemaltecos a tener un evento pacífico, y a que sea posible ejercer el voto sin restricción ni coacción alguna”, advirtió el Cacif.

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Instituciones presentan propuestas para resarcir a supuestos exmilitares

Supuestos exmilitares se concentraron desde esta mañana en la Plaza de la Constitución, para continuar con la presión hacia el gobierno por el pago de un resarcimiento.

Las acciones del  grupo, conocido como «Agrupación de Veteranos Miembros de Tropa del Ejército de Guatemala», se iniciaron hace unos días, para exigir la indemnización de Q85 mil, así como tierras y otros beneficios, por su «servicio» durante la guerra interna.

Así se encuentra frente a la Comisión Presidencial de Diálogo sobre la 8va. avenida y 16 calle de la zona 1, en donde se lleva a cabo mesa de diálogo con supuestos exmilitares que solicitan un resarcimiento.

Vía @ZebaduaW pic.twitter.com/4rdlit62MU

— Canal Antigua (@CanalAntigua) 7 de junio de 2019

Discuten con instituciones

Un grupo se dirigió hacia la Comisión Presidencial del Diálogo (CPD) en donde se ha instalado una mesa de diálogo para dar solución a las peticiones.

En la jornada de hoy, se espera que autoridades de Finanzas, Defensa, Comunicaciones, Salud y Copredeh, entre otras, presenten su postura por la petición de los exmilitares.

Además, conformar una hoja de ruta para el proceso de cumplir con las exigencias.

Fotos: Juan Zebadúa.

Amenazas de boicot

Días atrás, algunos integrantes amenazaron con boicotear las elecciones si sus demandas no son atendidas.

Sin embargo, el mandatario Jimmy Morales, aseguró que no es por «falta de voluntad» no atender la petición, sino que no existen los fondos para hacerlo.

Además el  vicepresidente Jafeth Cabrera negó que ya tengan un acuerdo con el grupo de exmilitares.

Ex integrantes del Ejército de Guatemala se ubican en Plaza de La Constitución para realizar #ManifestacionGT que podría llegar a Casa Presidencial y Congreso de la República en Centro Histórico.#ConsejoMontejo #PMTGuatemala #TransitoGT #TraficoGT #PrecaucionGT pic.twitter.com/zz87Ul41XS

— Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) 7 de junio de 2019

*Noticia en desarrollo

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El resarcimiento

Teorema

Los diputados –al menos teóricamente— actúan y deciden en
representación de los ciudadanos. Esto es, de la gran mayoría de nosotros. En
estos días, un grupo de personas que dicen ser exmilitares, exigen al Estados
una cifra multimillonaria. El Estado carece de dinero, solo dispone de los
fondos que quita a los contribuyentes.

Los ciudadanos nos vemos compelidos a pagar impuestos –por
algo se llaman así. No nos gusta hacerlo pero lo aceptamos de buen grado cuando
creemos que ese dinero será utilizado en nuestro beneficio o para causas
nobles. También pagamos cuando media el uso de la fuerza o la amenaza de un
juicio.

Así, pagaríamos de buen grado impuestos destinados a mantener,
mejorar o construir infraestructura física. Estaríamos dispuestos a financiar los
servicios de seguridad y justicia si fueran razonablemente buenos.

Estamos de acuerdo con pagar por la administración de las
finanzas públicas, del subsuelo y de los recursos naturales. De acuerdo con la
Constitución, esa gestión corresponde al Estado. Así también, los gastos de representación
de nuestro país en el exterior.

También estamos de acuerdo con transferir parte de nuestros
recursos al sector más necesitado de población, ayudándole a cubrir sus
necesidades de educación y acciones preventivas de salud, así como de
medicinas, servicios médicos y servicios hospitalarios.

Hemos aceptado —algunos de muy mala gana— que tales
transferencias (educación y salud), dentro del presupuesto, sean más altos que
seguridad, justicia, infraestructura y Cancillería.

El Estado debe usar todo su poder coercitivo e intimidatorio
para que paguemos los gastos de la burocracia ocupada en funciones que no
llegan a justificarse, ni en su naturaleza ni en su falta de eficiencia.

Creo que muy pocos o
ningún
contribuyente, grandes o pequeños, está de acuerdo con que sus
recursos se destinen (vía impuestos) al pago de resarcimiento a personas o
grupos de personas. Menos aun cuando estos, los beneficiarios y las cifras
permanecen ocultas a la población que paga. Peor cuando median intereses o
influencia política.

Trascendió que algunos miembros de la familia Molina Theissen
cobraron una cifra millonaria y que lo hicieron más de una vez. La señora
Menchú también resultó beneficiada después de que, supuestamente, su papá y otros
guerrilleros incendiaran la Embajada de España. Se habla también de Nineth
Montenegro y cifras muy altas pagadas a ella, a su hija y al dirigente Mario
Polanco, por el asesinato del dirigente sindical Fernando García.

Pero no se sabe con precisión cuándo sucedió el pago a esas
personas ni cuánto les pagaron. Tampoco sabemos cuántas otras personas han
obtenido beneficios semejantes. Sin embargo, es conocido que varios abogados se
especializan en tramitar resarcimientos y que tienen mucho trabajo.

Las cantidades pagadas constituyen información privilegiada
que permanece oculta. De conocerse, se ha explicado, podría dañar la actividad
pública de los favorecidos –la mayoría tiene nexos políticos. Nuestro papel,
como ciudadanos contribuyentes se ha reducido a pagar. Preguntar o pedir
explicaciones no nos atañe, se nos dice que eso es cosa de «expertos».

Hoy, supuestos militares, que en número, dicen ser 1.7
millones de personas, exigen un resarcimiento de Q. 85 mil para cada uno,
además piden una vivienda «digna» y un seguro de vida. Solo el resarcimiento significaría
Q. 144.5 miles de millones.

Tal cantidad equivale a casi 2.5 veces la tributación total que
todos los guatemaltecos pagamos en impuestos. Si se atiende las exigencias de
estas personas, pasaríamos dos años y medio dedicando la totalidad de nuestros
impuestos a pagarles. No alcanzaría para nada más.

Tal extremo, tan absurdo, tan alejado de la realidad, no puede
suceder. El país no dispone de esa suma. Y si la tuviera, hay otras
prioridades.

Los manifestantes han amenazado con sabotear las elecciones.
Han dicho que pueden hacer estallar bombas en el territorio nacional, para sembrar
terror en la ciudadanía. Han desafiado abiertamente al Ejército Nacional,
asegurando que tienen armamento capaz de enfrentarlo en lucha armada.

No es necesario conocer de leyes para saber que su actitud,
es ilegal y que han incurrido en varios delitos. Si llegara a mediar
violencia, sedición, entre otros
muchos cargos, me parece que es la palabra adecuada para las transgresiones ya
cometidas.

Los ciudadanos observamos, entre suspicaces y asombrados
cómo el Ejecutivo responde a estos supuestos exmilitares proponiendo una «mesa
de diálogo». No hay lugar para el diálogo cuando se está frente a una extorsión
abierta: Sabotearemos las elecciones si
no nos pagan
–dijeron, con absoluta claridad.

Hay asombro porque el camino para el gobierno está marcado.
Debe apresar a los cabecillas y a sus más cercanos aliados. Debe someterlos a
la autoridad que corresponda. No hay alternativa. No puede eludir lo que en ley
y en simple sensatez, le corresponde hacer.

Hay suspicacia, porque a) el monto exigido es impagable; b)
el país está inmerso en un proceso electoral; c) el gobierno inició negociaciones
en vez de actuar como corresponde. De allí surge la pregunta: ¿a quién busca beneficiar,
políticamente, con un acuerdo gobierno-exmilitares? Adivinar nunca ha sido tan
fácil.

Creo que el Congreso debe actuar en protección de los abusos
del Estado. En representación nuestra, debe exigir al Estado cumplir con su
deber. Y más allá de la actual coyuntura, el Congreso debe legislar prohibiendo
al Estado resarcir a nadie, por ninguna razón.

Puede suceder que una entidad externa, como la Comisión Internacional de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordene al Estado guatemalteco pagar resarcimiento a una persona o grupo de personas. Puede ser que tal orden deba ser acatada. Entonces, en prevención de tal sanción, el Congreso debe legislar a manera de prohibir pagos superiores a Q. 100 mensuales, por ejemplo.

TEXTO PARA COLUMNISTA

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