Expertos hablan sobre compra de dos aviones con capacidades de combate #ALas845

Ayer 3 de julio se dio a conocer la compra de dos aviones por parte del Gobierno que, pese al haber sido desmentido en primera parte por autoridades del Ejército y el vicepresidente Jafeth Cabrera, posteriormente la empresa argentina que vendió los aeroplanos confirmó la venta de los mismos.

Ante estos hechos múltiples opiniones se hicieron saber, la mayoría en contra debido al monto que significó dicha compra para Guatemala.

Acompaña a @Mrayo y @CValdizan en #Alas845. Hoy hablamos sobre la compra de dos aviones con capacidades de combate. Nos acompañan Juan José Recinos y Francisco Jiménez

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— Canal Antigua (@CanalAntigua) 4 de julio de 2019

Por tanto, los analistas Juan José Recinos y Francisco Jiménez, estuvieron en el estudio de #ALas845 para discutir sobre el tema.

«Son aeronaves diferentes a las que tenemos acá, lo importante es la velocidad y la capacidad que tienen estos aviones. Se podrán atrapar naves que no se han atrapado en los últimos tiempos», comentó Recinos.

Así mismo agregó que «el ejército necesita tener una Fuerza Aérea acorde a las necesidades del país, por temas de huracanes, narcotráfico y más».

Lee también: Fábrica argentina confirma venta de aviones a Guatemala

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Con los aviones Pampa III Guatemala vuelve a poder controlar su espacio aéreo

Por: Santiago Rivas, Buenos Aires*

Carmina Valdizán, Guatemala

El día de hoy se llevó a cabo la firma entre
el Ministro de Defensa de Guatemala, general Miguel Ralda, su par de Argentina,
Oscar Aguad y el presidente de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) para la
compra de dos aviones IA-63 Pampa III para la Fuerza Aérea Guatemalteca, por
sus siglas FAG. A la ceremonia además asistieron el presidente de la República
de Guatemala, Jimmy Morales y de la República Argentina, Mauricio Macri. El
acuerdo gobierno a gobierno, por un valor de 28 millones de dólares americanos,
comprende una primera venta de dos aeronaves, más soporte de mantenimiento y el
entrenamiento de los pilotos y mecánicos, esto último a cargo de la Fuerza
Aérea Argentina. Las negociaciones se llevaron a cabo entre los citados
ministros de defensa y la cúpula de Fadea. La intención de la FAG es poder
incorporar al menos tres ejemplares adicionales en 2020, lo que le daría más
capacidad operativa. Normalmente este tipo de aeronaves se incorporan en un
mínimo de cuatro unidades, idealmente entre 6 a 12, para reducir costos
operativos y mantener una capacidad operativa adecuada, especialmente cuando
las aeronaves deben cumplir sus ciclos de mantenimiento programado.

El IA-63 Pampa III es la última versión del
avión de entrenamiento avanzado y combate liviano, el cual fue desarrollado en
la Argentina con apoyo de la alemana Dornier y a lo largo de los años fue
evolucionando con el agregado de la última tecnología en equipamiento y un
motor más potente. Entre las características más destacadas de esta versión se
incluye una cabina conformada por tres pantallas de cristal líquido (full glass
cockpit) que presentan toda la información de la operación de la aeronave desde
la computadora de misión, lo que permite no solo reducir la carga de trabajo de
los pilotos, sino también contar con más información, incluyendo datos
provistos por otras aeronaves o desde tierra.

Frente a algunos competidores a turbohélice,
como son el Embraer Super Tucano y el Beechcraft Texan II, el Pampa se destaca
en una velocidad un 50 % superior a casi el mismo costo operativo, alcanzando
los 890 km/h. En cuanto a su armamento, posee cuatro soportes bajo las alas y
uno bajo el fuselaje para hasta 1000 kg de armas, entre bombas, cohetes y
contenedores para ametralladoras, mientras que puede llevar bajo la panza un
contenedor para un cañón de 30 mm.

Hoy en la región solo se operan aviones de los
años 60 y 70, que en muchos casos no tienen las prestaciones para el control
del espacio aéreo ante vuelos irregulares, especialmente si estos se realizan
en jets. Los aviones F-5 que tienen las fuerzas aéreas de Honduras y México son
con tecnología de los años 70 y su alto costo operativo los mantiene gran parte
del tiempo en tierra. Por su parte, los Cessna A-37 que operan El Salvador y
Honduras (y que la FAG operó hasta comienzos del nuevo milenio) son de la época
de la guerra de Vietnam y sobre un diseño de los años 50, por lo que esta
compra convierte a la FAG en la fuerza aérea más moderna de la región y con
capacidad de brindar un control efectivo del espacio aéreo.

Al mismo tiempo, la Fuerza Aérea Guatemalteca
responde con esta adquisición a la necesidad de modernizar sus aviones para
poder cumplir con los compromisos adquiridos en la lucha contra el
narcotráfico, la trata de personas y el crimen organizado internacional, que se
gestionan a través de la Fiscalía Transnacional. Dicha fiscalía opera con el
acompañamiento de EE. UU. a través de el Buró Federal de Investigaciones, FBI
por sus siglas en inglés, la Administración para el Control de Drogas, DEA y el
Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, entre otras. Adicionalmente,
la administración del presidente Trump espera la colaboración del gobierno de
Guatemala en la lucha contra el narcotráfico.

Esta adquisición es cuestionada por algunos
sectores de la población que consideran que es una compra innecesaria pues el
país necesita que se atiendan problemas inmediatos como lo son la atención
hospitalaria, la desnutrición crónica, la seguridad, la economía, el desempleo,
etc., y para lograrlo, Guatemala necesita atraer inversión extranjera, la cual
no vendrá si se le considera un país peligroso para la inversión, un
«Narcoestado».

En el escenario actual que vive Guatemala,
donde la seguridad es uno de los problemas más importantes, especialmente a
causa del narcotráfico y parte de este se realiza por medio de aeronaves,
brindar seguridad en el espacio aéreo contribuye a generar mayor seguridad, lo
que a la larga representa una mejora en la competitividad de la nación a la
hora de recibir inversiones y hacer negocios. De esta manera, con una economía
más competitiva, se pueden obtener los recursos para atender los problemas de
salud, educación e infraestructura, entre otros, a la vez de que mejores
condiciones económicas generarían más empleo y menos pobreza.

El principal cuestionamiento que le hacen los expertos a esta compra es, si son o no la aeronave idónea para este tipo de tareas. Puesto que el Super Tucano fue cotizado para Guatemala en aproximadamente 22 millones de dólares americanos (cada uno) en el año 2013, precio que para muchos es justificable ya que el costo de mantenimiento y de hora/vuelo es más económico que el Pampa III y es además un avión que ya se ha exportado a varios países. Ahora bien, tiene la desventaja de no poder interceptar aviones que vuelen a más de 600 km/h. Otra de las interrogantes y quizás la mayor, es que Guatemala será el primer país fuera de Argentina en utilizar el Pampa lo que crea un reto tanto para la FAG como para Fadea.

*Periodista especializado
en aviación y defensa latinoamericana, con 22 años de experiencia publicando
tanto en medios de la región como de Europa y EE. UU., principalmente como
corresponsal de Janes, Monch Publishing Group (de Alemania) y Key Publishing
(de Inglaterra).

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Gobierno de Guatemala restringe el acceso público al Archivo de la Policía Nacional

El Gobierno de Guatemala restringió el acceso público a los Archivos Históricos de la Policía. (Foto Hemeroteca Prensa Libre)

Guatemala, 2 jul (EFE).- El acceso público para que periodistas, investigadores, familiares de víctimas de la guerra y cualquier persona consultara información sobre el Archivo Histórico de la Policía Nacional fue restringido por el Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala desde que tomó el control del acervo.

Con la nueva administración exclusivamente gubernamental en este fondo documental, clave en la búsqueda de justicia y recuperación de la memoria, se cerró la puerta incluso a oficinas de la Procuraduría de Derechos Humanos y de la Cruz Roja Internacional y se permitirá únicamente la consulta con solicitudes de acceso a la información.

El ministro de Cultura y Deportes, Elder Súchite, lo reconoció así en una entrevista con Efe, donde dijo que “tener espacios ahí (en las instalaciones del Archivo) no es correcto” porque “todo el mundo” estaba “queriendo meter las manos”, algo que no será tolerado y por lo que exigirán pedir la información “por el canal correcto”.

Antes, bajo la administración financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) -que finalizó este lunes-, cualquier persona podía consultar la documentación desde la propia sede del archivo de la extinta Policía Nacional (1881-1997) en computadores con acceso directo a los servidores, bajo la supervisión y capacitación del personal.

“Que lleguen (las personas para consulta del archivo) a sentarse ahí a que le enseñen una computadora y que la abra para que recoja la información, no señor”, atizó el ministro.

A julio de 2017 el AHPN había digitalizado más de 20 millones de folios. (Foto: Hemeroteca PL)

Ahora, para poder acceder a los más de 24 millones de documentos que han sido digitalizados por el Archivo Histórico, en su mayoría información correspondiente a la década más cruenta del conflicto armado (1975-1985), habrá que ceñirse a la solicitud formal, también la Fiscalía, y el ministerio tendrá “la obligación” de dar los datos “ajustados a lo que tengamos”.

También hay una copia digital de los documentos escaneados en la página web de la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos, que puede ser consultada en todo el mundo, pero el ministro ve este traslado de copias de documentos al exterior como “malos manejos” por considerar que la anterior Administración no tenía potestad para hacer estas negociaciones.

El antiguo coordinador, Gustavo Meoño, quien dirigió el proyecto desde 2005 hasta 2018, está denunciado por el Ministerio de Cultura por “usurpación de funciones”, al igual que la actual directora del Archivo General de Centroamérica, Anna Carla Ericastilla.

Aunque los documentos originales no han perdido la cadena de custodia y permanecen bajo resguardo en un edificio dentro de un complejo policial -donde existió una cárcel clandestina durante el conflicto llamada “La Isla”-, Súchite denuncia que “se llevaron” las copias digitales sin la aprobación de su Ministerio.

Ahora, la única modalidad de consulta será con las solicitudes de información que el propio personal responderá. Sin embargo, Súchite no es capaz de asegurar que los documentos estarán disponibles en su totalidad y que no serán “protegidos” y tildados de “sensibles”.

Documento fechado el 16 de septiembre de 1970. (Foto: Hemeroteca PL)

Los más de 60 millones de documentos que corresponden al período histórico de la fuerza armada “pueden ser sensibles” por contener “planes estratégicos”, pero aún así insistió que permitirán conocer los contenidos “de acuerdo a la ley”.

Sin embargo, al recordarle que el Ejército mantiene en secreto la mayor parte de sus archivos porque están considerados “de seguridad nacional”, Súchite, que admite no ser experto en la materia, dijo que “probablemente habrá alguna información que sea de delicadeza en cuanto a planes estratégicos del Estado”, aunque eso lo tendrían que decidir expertos o un Tribunal.

Más allá de la posibilidad de proteger información o dejarla pública como ha sido desde hace 14 años, el ministro mencionó que se siente “muy satisfecho de todo lo que han logrado” en este acervo de la extinta Policía, que tiene un presupuesto para finalizar el año de 1,6 millones de quetzales (207.792 dólares) y en el que permanecerán 28 de los 37 trabajadores que quedaban -de los 200 que llegó a tener en algún momento-.

Este lunes, el PNUD anunció que tras 14 años de trabajo el Archivo pasaba a quedar bajo control gubernamental, aunque Súchite aseguró a Efe que se intentó ampliar el convenio administrativo pero la ONU no llegó a acuerdos sobre el nuevo “sobre el manejo”. EFE

Contenido relacionado:

> El Archivo Histórico de la PN es uno de los más reveladores del siglo XX en Guatemala

> El ministro Degenhart pretendía que el Archivo Histórico de la Polícia fuera administrado por el Ministerio de Gobernación

> El 5 de julio de 2005 la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) descubrió los archivos de la extinta Policía Nacional

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Un año después el Gobierno solo ejecuta la mitad del presupuesto destinado a la tragedia

Son los ministerios de Educación, de Defensa Nacional y de Agricultura los que tienen la ejecución más alta, con un porcentaje mayor al 80 por ciento.

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Exmilitares de la guerra interna bloquean carretera y exigen resarcimiento

Los exmilitares se han advertido que de no autorizarse su petición, bloquearán las elecciones y éstas no se efectuarán como está programado.

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SAT prevé una mejora en el cobro del ISCV

Durante este fin de semana, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) prevé recaudar Q80 millones por el pago del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos (ISCV), derivado del Bono 14.

«La historia nos dice que a partir del pago del Bono 14 se esperaría recibir casi Q300 millones en los siguientes 15 días», declaró Abel Cruz, jefe de la SAT, durante el lanzamiento de nueva plataforma para facilitar la inscripción y actualización de los exportadores.

Trámite en línea

El funcionario le recordó a los contribuyentes que para efectuar este trámite no es necesario acudir a ninguna agencia, pues al ingresar a la página https://portal.sat.gob.gt/portal/impuesto-de-circulacion/ pueden generar la boleta de pago y, si tienen banca electrónica, efectuar la transacción monetaria.

Por otro lado, Amílcar Montejo, intendente de la Policía Municipal de Tránsito, manifestó que después del 31 de julio, fecha en la que vence el plazo para pagar el ISCV sin recargos, las autoridades procederán a imponer multas.

Asimismo, aclaró que el título de propiedad y la tarjeta de circulación, ya sea en papel o en formato electrónico, son los documentos que debe presentar el dueño o el conductor del vehículo durante  los operativos.

Hasta el 10 de julio, la SAT registra que el 49.5 % del parque vehicular está solvente, lo que equivale a un cobro de Q455.94 millones. La meta de recaudación en gravamen para este año asciende a Q920.20 millones.

Agilizan trámite

Desde ayer, el proceso de inscripción y actualización de los exportadores ante la Superintendencia de Administración Tributaria es más ágil y expedito, debido a la puesta en marcha de una nueva plataforma electrónica, que funciona mediante la Agencia Virtual.

Abel Cruz, jefe de la SAT, comentó que con esta herramienta, que es el resultado de un trabajo en conjunto con la Asociación Guatemalteca de Exportadores, se reducirá dicho proceso de 67 a 2 días.

Amador Carballido, director de la gremial, indicó que esta plataforma facilitará el comercio y tendría un impacto positivo en el Doing Business del Banco Mundial.

Con  información de DCA

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EE. UU. anuncia continuidad de ayuda para Guatemala

Después de una evaluación, el Departamento de Estado de EE. UU. anunció que Guatemala ha cumplido con el 50 por ciento de los criterios de la Ley de Asignaciones Consolidadas para el año fiscal 2017, relacionado con la asistencia extranjera, informó en un comunicado la Embajada de la nación norteamericana en Guatemala.

El documento refiere que los análisis fueron en torno del cumplimiento de 12 criterios del Congreso de Estados Unidos. Aunque aún persisten desafíos, Guatemala ha progresado lo suficiente y eso le permite recibir el 50 por ciento de la asistencia de EE. UU. al país.

«Estados Unidos considera que la colaboración continua con el Gobierno guatemalteco es vital para nuestros esfuerzos en el combate a la corrupción, mejora de la cooperación en seguridad y aumento de las oportunidades económicas en Centroamérica», dicta el comunicado.

La asistencia incluye esfuerzos contra la impunidad y programas que trabajan para abordar las causas económicas de la migración irregular, de acuerdo con el documento de la diplomacia estadounidense.

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La SAT aclara señalamientos y compromete proceso continuo de eficiencia en operación aduanera

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) rechazó ayer señalamientos de medios de prensa en relación con operaciones de APM Terminals Quetzal, en Escuintla, y dio cuenta de acciones para agilizar los procesos de despacho aduanero.

«Derivado del incremento de operaciones en APM Terminals en las últimas semanas, la SAT ha implementado medidas que permitan agilizar los procesos de despacho aduanero apegados al Código Aduanero Uniforme Centroamericano (Cauca) y su reglamento (Recauca)», indicó la entidad en un comunicado.

«Es por ello que ante la publicación de algunos medios de comunicación escrita, la SAT niega los señalamientos realizados por dichos medios e informa a todos los usuarios que se han desarrollado medidas que permitirán agilizar los procesos de verificación de mercancías en la Terminal», agregó.

Detalló que entre estas se encuentran: «La garantía de la prestación de los servicios las 24 horas del día, el reconocimiento físico de las mercancías sin concurrencia del declarante o su representante (artículo 348 del Recauca), incremento de personal técnico para mayor atención en la verificación inmediata de las mercancías e inspecciones con otras entidades del Estado».

«Estas medidas implementadas pretenden a la brevedad posible mejorar los tiempos de despacho en la verificación inmediata en la terminal. Por lo que a los usuarios la SAT informa que en los próximos días se reducirá el acumulado actual», concluye el comunicado.

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EE. UU. podría colocar a 20 mil niños inmigrantes en bases militares

El Gobierno de Estados Unidos valora hoy la posibilidad de albergar hasta a 20 mil niños inmigrantes sin acompañamiento en cuatro bases militares ubicadas en Texas y Arkansas, según fuentes del Pentágono.

El diario The Washington Post se refirió primero a esos planes al citar un nuevo memorando del Departamento de Defensa (DOD) enviado a los legisladores esta semana, según el cual esa agencia federal recibió una solicitud de asistencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

HHS ha solicitado al DOD que determine su capacidad para proporcionar hasta 20 mil camas temporales para niños no acompañados en sus instalaciones, indicó el documento.

Si el Pentágono descubre que puede proporcionar dicho alojamiento, añadió el texto, ‘la Administración para Niños y Familias solicita que las instalaciones estén disponibles para su ocupación desde el 31 de julio hasta el 31 de diciembre de 2018’.

Según la nota, el personal del HHS o los contratistas serían los encargados de administrar esos sitios y proporcionar atención a los niños, ‘incluyendo supervisión, comidas, vestimenta, servicios médicos, transporte u otras necesidades diarias’.

Las 20 mil camas en las bases en Texas y Arkansas albergarían a ‘niños extranjeros no acompañados’, confirmó a The New York Times un portavoz del Pentágono, Michael Andrews.

Sin embargo, el diario señaló que otras agencias federales proporcionaron explicaciones contradictorias sobre cómo se usarían los refugios y quién se alojaría allí. ‘Hubo informes de confusión generalizada en la frontera’.

El periódico añadió que no estaba claro si los espacios militares también albergarían a los padres indocumentados que han sido detenidos, pues funcionarios de la Casa Blanca, el DOD y el HHS dijeron ayer que no podían proporcionar detalles.

Las noticias sobre estos preparativos aparecen en medio de la indignación provocada en el país y a nivel internacional por la práctica de la administración de Donald Trump de dividir a familias inmigrantes en la frontera como resultado de su política de tolerancia cero.

Hace dos días, presionado por las fuertes condenas contra esa situación, el mandatario republicano firmó una orden ejecutiva destinada a poner fin a la separación de padres e hijos, pero en torno a la medida hay muchas dudas y denuncias.

La orden del gobernante no detiene la tolerancia cero, que establece el enjuiciamiento criminal de todos los adultos atrapados al cruzar ilegalmente la frontera, y lo que determina es que niños y padres sean retenidos juntos en el mismo lugar.

De acuerdo con el servicio de televisión PBS, no está claro qué bases militares se usarán para alojar a los 20 mil menores, pero el HHS ha evaluado tres en Texas y una en Arkansas.

Las del primero de esos estados serían Fort Bliss, la Base de la Fuerza Aérea Goodfellow y la Base de la Fuerza Aérea Dyess; mientras que en el segundo territorio se usaría la Base de la Fuerza Aérea de Little Rock.

Con Información de AGN

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