(Falso): Duarte: “Sólo en Guatemala alguien se entra a su casa y si usted lo mata, se va al bote”


El exdiputado y excandidato presidencial del partido Unionista, Pablo Manuel Duarte Sáenz de Tejada, aseguró que sólo en Guatemala las personas son apresadas por disparar contra quienes ingresan a robar sus casas. «Guatemala es el único país del mundo donde alguien se entra a su casa y si usted lo mata, se va al bote», indica en el minuto 8:05 de una entrevista en la radio La Red realizada el 14 de mayo, cuando aún era candidato presidencial.

Fáctica intentó contactar con el entonces presidenciable para conocer la fuente de su afirmación, pero no respondió las llamadas y mensajes.

La afirmación de Duarte es falsa. El Código Penal establece varias causas que eximen a una persona de responsabilidad penal. En el artículo 24, se incluye la legítima defensa como una de las «causas de justificación», y se puede aplicar a personas que actúen en defensa propia, de otra persona, de sus bienes o derechos o de los de otra persona.

Esto, siempre que haya una agresión ilegítima; la necesidad racional de defenderse para impedir esta agresión; o la falta de provocación del defensor. Estas tres circunstancias se dan por supuestas en el caso de una persona que haya entrado «en morada ajena o en sus dependencias, si su actitud denota inminencia de un peligro para la vida, bienes o derechos de los moradores».

Sin embargo, hasta que un juez establece que sí existió legítima defensa, la persona puede ser detenida e ingresar a prisión preventiva.

Uno de los casos más conocidos en Guatemala es el de el exviceministro de Gobernación, Julio Rivera Clavería, quien denunció en 2011 que hombres armados ingresaron a robar su casa. Rivera mató a uno de los delincuentes y fue detenido por la Policía Nacional Civil (PNC). El exviceministro recuerda que estuvo en prisión preventiva por 12 horas hasta que se celebró la audiencia en la que un juez determinó que estaba en su derecho de legítima defensa y salió libre.

En otros países también detienen y envían a prisión preventiva a las personas que disparan contra quienes intenten robar en sus propiedades hasta que se decide si aplica o no el derecho de legítima defensa.

Por ejemplo, en España un anciano de 80 años disparó contra un ladrón que entró a su vivienda. El jurado decidió condenarlo a dos años por tenencia ilegal de armas y otros dos años más de prisión debido a que consideraban que «podría haber utilizado otras alternativas igualmente efectivas para salvaguardar su integridad física y la de su esposa». Tres meses después, el juicio fue anulado bajo el argumento de que el veredicto del jurado no estaba fundamentado.

El nicaragüense, Jorge Ricardo García Abarca, enfrentó un juicio hace dos años por asesinar a un hombre que intentó robar en su casa. Un jurado lo declaró culpable. Pero tras las apelaciones, se realizó un nuevo juicio y el juez determinó que había actuado en legítima defensa.

Oswaldo Samayoa, abogado especializado en derecho constitucional internacional, explica que cuando una persona asesina a otra, siembre debe comparecer ante un juez. «Siempre que alguien le quite la vida a otra persona, el policía tiene la obligación de ponerle en disposición judicial. La policía no es quien debe justificar si actuó en legítima defensa, es un juez. Si existiera duda, el juez puede ordenar la prisión preventiva mientras se investiga el caso», explica Samayoa.

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Capturan en Nicaragua a integrantes del Estado Islámico que pretendían ingresar a Estados Unidos

Ellos son los supuestos integrantes del Estado Islámico que fueron capturados en Nicaragua. (Foto Prensa Libre: Policía Nicaragua)

Los egipcios Mohamed Ibrahim, de 33 años, y Mahmoud Samy Eissa, de 26, así como los iraquíes Ahmed Ghanim Mohamed Al Jubury, de 41, y Mustafa Ali Mohamed Yaoob, de 29, fueron capturados cerca de la frontera sur de Nicaragua, informó esta tarde la Policía local, en una nota de prensa.

Los supuestos terroristas “ingresaron de manera ilegal procedentes de la República de Costa Rica, por paso fronterizo no habilitado“, indicaron las autoridades nicaragüenses.

Según la Policía de Nicaragua, “al ser requisados y entrevistados, los sujetos mostraron permisos de ingreso y permanencia transitoria para atención de migrantes, emitidos por autoridades de migración y extranjería de la República de Costa Rica”.

Los sospechosos “fueron trasladados a la Dirección General de Migración y Extranjería, del Ministerio de Gobernación, para su deportación y entrega a las autoridades costarricenses, a través del puesto de control de fronteras de Peñas Blancas”, al sur de Nicaragua, indicó la Policía nicaragüense.

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Tanto las autoridades de Costa Rica como de México habían advertido de la posible presencia de tres supuestos integrantes de EI en Nicaragua este martes.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, había informado en horas tempranas que la alerta sobre el paso de los posibles miembros de EI había sido emitida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

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La alerta originalmente se había emitido por la presencia del iraquí Mohamed Al Jabury, y de los dos ciudadanos egipcios, pero Nicaragua reportó la captura de un segundo ciudadano de Irak, en este caso Mohamed Yaboob.

Al igual que Estados Unidos, Nicaragua tiene una restrictiva política migratoria en contra de extranjeros que ingresan sin permiso a su territorio.

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Analistas coinciden en que modificar el CA-4 es un retroceso migratorio para la región

El jefe de Misión de la Organización Internacional para las Migraciones confirmó que desde hace tres meses Guatemala propuso analizar acuerdo CA-4.

La entrada Analistas coinciden en que modificar el CA-4 es un retroceso migratorio para la región se publicó primero en Emisoras Unidas 89.7FM.

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Las madres que se volvieron Madres de Abril el 30 de mayo

    Josefa Esterlina Meza escogió un color de vestuario poco habitual para la celebración del día de las madres en Nicaragua: El negro. Cambió el tradicional rojo vivo de los 30 de mayo por esa impenetrable tonalidad asociada a la muerte y sus ritos. Decidió vestirse luto por solidaridad con otras mujeres que, a esa fecha de 2018, acababan de conformar el movimiento «Madres de Abril’, con el fin de exigir justicia por los asesinatos de sus hijos a manos de policías y paramilitares obedientes al Gobierno de Daniel Ortega. Josefa sentía pena y alivio a la vez. A decir verdad, más alivio que pena por no ser una madre de abril.

    La mujer, de cierta manera, se sentía afortunada de poder almorzar pescado frito ese día con sus dos hijos. Esa comida era la manera de celebrar con reservas el Día de las Madres, porque la represión desatada el 18 de abril signó la festividad de tristeza y desgracia en Nicaragua. La familia de Josefa estaba indignada y habían acordado participar en la «marcha de las madres». Jonathan, el hijo mayor, no quiso comer. Prefería devorar el pescado rebosante en aceite al volver de la protesta.

    —Cuídate, hijo. A los jóvenes los andan reprimiendo más — recomendó la madre a Jonathan antes de que saliera de casa.

    — Siempre salgo con cuidado. Cuídate vos también — respondió Jonathan. El muchacho dio un portazo y se fue con prisa. Los amigos lo esperaban para protestar en el sector de Metrocentro. Minutos después, Jonathan le mandó un mensaje de advertencia a Josefa: «Hay motorizados en la rotonda de El Periodista. Tené cuidado». Esa fue la última vez que hijo y madre se comunicaron.

    Después todo fue caos. 

    La marcha del 30 de mayo, bautizada como «la madre de todas las marchas», ha sido considerada la manifestación más grande en contra del régimen Ortega-Murillo desde el 18 de abril, cuando estalló la rebelión cívica. Las «Madres de Abril» la convocaron bajo el lema «Nicaragua se une para exigir justicia». Y el lema se patentizó desde las dos de la tarde en la rotonda Jean Paul Genie.

    Las madres encabezaban la marcha con fotografías de sus hijos asesinados. Adelante y atrás de ellas, la muchedumbre desbordó los seis carriles de Carretera a Masaya, más los otros cuatro carriles de la marginal. Los camarógrafos se solazaban haciendo «zoom» profundos con las cámaras tratando de alcanzar el horizonte de la muchedumbre, que se difuminaba por el vapor que producía el sol, el sudor y tanto roce.

    Vista de una parte de la marcha de las madres el 30 de mayo de 2018. Franklin Villavicencio | Confidencial

    La marejada azul y blanco parecía no tener fin. Desde la rotonda Jean Paul Genie se alcanzaba a ver manifestantes hasta la rotonda Centroamérica; y desde la rotonda Centroamérica hasta la plaza en la que, puños en alto, Alexis Argüello celebra un nocaut en un deforme cuadrilátero. Colegas en la cobertura también daban cuenta del gentío en Metrocentro, hasta donde no alcanzaban los «zoom» de las cámaras ni los ojos ubicados en el punto de partida de la marcha. Toda la vía repleta.

    En la muchedumbre convergieron todo tipo de personas y de estratos sociales populares, de clase media y alta. El reclamo de justicia de las Madres de Abril movilizó y unió. Apenas había espacio para avanzar en la carretera. Entre las consignas de justicia y democracia, muchos de los asistentes se sentían más o menos protegidos: «la dictadura no es capaz de atacar una concentración como esta», comentaban. Es que no lo creían posible. Pero el argumento no solo redundaba en el tamaño apabullante de la movilización, sino en la fecha tan significativa: 30 de mayo.

    Ese mismo día, horas antes de la masacre, irónicamente el régimen aceptaba la instalación del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), quienes serían los encargados de esclarecer los crímenes cometidos desde el 18 de abril hasta el 30 de mayo. Aún no se habían producido los últimos 18 muertos.

    Los grandes empresarios también coparon los titulares de los medios esa jornada demandando, por primera vez, elecciones anticipadas y una ruta de salida pacífica a la dictadura Ortega-Murillo. «El modelo que traía el país ya se agotó», advirtió Carlos Pellas. Y, en realidad, el orteguismo enrumbaba a Nicaragua a un nuevo modelo: de represión y muerte.

    Hasta ese momento, y pese que ya habían ocurrido brutales ejecuciones extrajudiciales de personas por protestar, los ciudadanos no creían capaz al Gobierno Ortega-Murillo de atacar a las madres en su día, peor aún a las madres dolientes. «Es que las madres son sagradas», decían… pero las balas policiales y paramilitares pusieron estas suposiciones pecho a tierra algunos kilómetros más adelante, cuando ya la caravana de campesinos era parte de la multitud.

    Jonathan y Josefa fueron de los más afectados por esas balas

    Jonathan Eduardo Morazán Meza, 21 años de edad y estudiante de la carrera de Diseño Gráfico en la Universidad del Valle, fue uno de los seis jóvenes que fueron asesinados en las inmediaciones de la Universidad de Ingeniería (UNI) el 30 de mayo de 2018. La bala de alto calibre que lo impactó fue fulminante. Le sacó de su sitio el tallo cerebral.

    Si ya el día de las madres estaba marcado por el luto en 2018, la masacre que cometieron policías y paramilitares ese día tan simbólico significó uno de los hitos más angustiantes y trágicos durante la rebelión cívica. El Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) contabiliza en su informe final un total de 18 fallecidos el 30 de mayo, de los cuales ocho fueron asesinados en el sector de la UNI y la Universidad Centroamericana (UCA), donde concluyó la masiva marcha.

    La represión combinada de oficiales y paramilitares dejó al menos 218 lesionados, de los cuales 85 fueron hospitalizados solo en Managua de acuerdo al GIEI. Aunque ese día hubo disturbios y pérdidas humanas en Estelí, Chinandega, y Masaya, el fusil se ensañó con las Madres de Abril en la capital. El epicentro violento se suscitó de imprevisto. El acto de cierre de la «madre de todas las marchas» fue suspendido cuando una parte de la multitud —en especial los más jóvenes— corrían despavoridos desde el sector de la UNI hacia la rotonda de Metrocentro gritando: «¡nos están disparando, nos están disparando!». Eran aproximadamente las 4:35 de la tarde.

    Sin embargo, la matanza había iniciado antes.

    El GIEI documenta en su informe que, a las 16 horas, es decir las 4:00 p.m., ya había sido herido el niño Orlando Daniel Aguirre Córdoba. Recibió un disparo en el tórax en el sector del nuevo Estadio Nacional Dennis Martínez. También fue abatido, casi en simultáneo, Maycol Cipriano González Hernández. (Ambos murieron horas después en distintos hospitales). En ese momento, la voz de alarma «¡nos están disparando, nos están disparando!» no había llegado a la muchedumbre agolpada en torno a la rotonda de Metrocentro.

    No está claro cómo se desataron las hostilidades entre los manifestantes, policías y paramilitares. Las versiones obtenidas por el GIEI apuntan que, tras reportarse presencia de grupos de choque en el sector del Estadio y dada la proximidad con la columna de manifestantes que se encontraba sobre la Avenida Universitaria, algunos integrantes de la marcha se acercaron hasta esas instalaciones con la finalidad de asegurar la zona y prevenir posibles agresiones, «momento en el cual habrían sido atacados por aquellos grupos y por francotiradores apostados en el lugar». La versión del GIEI es muy parecida a lo que el equipo de CONFIDENCIAL pudo atestiguar ese día.

    «La ausencia de respuesta por parte del Estado a los diversos requerimientos de información cursados por el GIEI, los datos falsos divulgados por la Policía Nacional sobre lo sucedido durante esta jornada (a través de la nota Nro. 33-2018) y la escasez de fuentes alternativas de información sobre estos primeros momentos han tornado difícil esclarecer en mayor medida cuál fue el origen de los incidentes», determina el GIEI.

    Uno de los heridos el 30 de mayo de 2018 es trasladado en moto a un hospital. Carlos Herrera | Confidencial

    Lo innegable es que en el sector del Estadio Nacional —usado como cuartel por las fuerzas represivas obedientes al régimen— existía una especie de «cordón de seguridad» de policías y paramilitares. Según fuentes del Frente Sandinista, el propósito de este «cordón» era para impedir que los manifestantes azul y blanco avanzaran hacia el norte en dirección a la Avenida Bolívar, en donde compareció esa misma tarde Daniel Ortega y Rosario Murillo, en un acto denominado «Oración por la Paz y Cantata a las Madres nicaragüenses».

    «Los registros audiovisuales, si bien tampoco permiten determinar cómo se iniciaron los incidentes, sí aportan información relevante para caracterizar algunos aspectos de estos primeros sucesos», señala el informe del GIEI. «Cuatro videos correspondientes a este momento que fueron examinados dan cuenta de que las personas allí presentes concordaban sobre la presencia de francotiradores apostados en el Estadio y en la Loma de Tiscapa, como hipótesis principal del ataque que sufrieron los manifestantes durante este tramo».

    El GIEI cataloga lo antes descrito en su informe como «incidentes iniciales y primeras víctimas fatales». Tuvo una duración de aproximadamente 25 minutos, y finalizó cuando el grito de «¡nos están disparando, nos están disparando!» se supo entre el gentío, que se desbordó hacia el portón principal de la UNI. A las 4:40 p.m. los disparos cesaron brevemente, y los manifestantes comenzaron a levantar una barricada de adoquines. Esa barricada salvaría a muchos —incluso a periodistas— de una ráfaga infinita y pavorosa, pero no a Jonathan cuyo tallo cerebral fue sacado de su sitio por una de esas balas. Iniciaba el segundo episodio de la masacre, el más violento: la ofensiva policial y paramilitar reforzada por dos camionetas, una verde y otra blanca, que tras matar se escondieron en el antiguo hospital Militar.

    «Plomo»

    En los años setenta, la palabra se popularizó como acrónimo de la consigna del FSLN «Patria Libre o Morir». Antes de la marcha de las «Madres de Abril» los sandinistas habían prometido plomo. Y plomo dieron. Los simpatizantes del régimen atizaron la campaña «plomo» en las redes sociales y también prometieron «sorpresas» para el 30 de mayo. Las «sorpresas» se dejaban entrever en los videos de expectativa circulados por WhatsApp: imágenes bélicas con especial énfasis en las AK-47, el fusil más empleado en la represión.

    Días después de que las «Madres de Abril» convocaron a su marcha, en calidad de Secretario General del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) y presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras llamó a contramarchar el 30 de mayo.

    «Nosotros tenemos la capacidad de defensa y movilización en cada uno de nuestros lugares… y desde ya invitamos a todos los sindicatos, confederaciones y trabajadores a tomarnos las calles, a sumarnos a la defensa de nuestro Gobierno constitucional, en defensa de la paz y en defensa de la revolución», invitó Porras en tono agresivo. El operador político de la pareja presidencial edulcoraba el «plomo».

    Daniel Ortega en su actividad partidaria el 30 de mayo de 2018 | Cortesía

    Aunque la marcha de las «Madres de Abril» y el acto gubernamental nunca confluyeron al estar separadas por dos kilómetros de distancia, la Policía emitió un comunicado justificando la represión de sus efectivos y paramilitares de la siguiente manera: «A las 17:31 horas del día 30 de mayo un grupo de delincuentes agredieron con armas de fuego y morteros a personas que participaban en Cantata en homenaje a las madres nicaragüenses y fuerzas policiales que realizaban labores de seguridad y orden público en el sector del Estadio Nacional Denis Martínez, hasta Semáforos Jonathan González».

    A partir de ese comunicado policial y reportes de medios de comunicación oficialistas, los expertos del GIEI desmontaron la versión oficial que justificaba la barbarie, y expusieron las mentiras construidas por el Gobierno, ese modo falaz que se ha instalado como política de Estado hasta la actualidad. El GIEI cuestiona que el comunicado policial asegura que los hechos de violencia iniciaron a las 17:31, es decir las 5:31 p.m., cuando en realidad despuntaron una hora antes.

    Según el GIEI, la Policía «presentó una versión tergiversada de los hechos» al procurar ubicar a los efectivos de esa fuerza y a personas que participaban del acto oficial como víctimas de un supuesto ataque «que no pudo haber ocurrido en las circunstancias de tiempo y lugar que allí se indican».

    Para los expertos internacionales resulta inverosímil que las personas que supuestamente participaban del acto oficial pudieran haber sido atacadas en la zona del Estadio, ubicado a más de dos kilómetros de la Rotonda Hugo Chávez donde aquella Cantata se celebraba, y precisamente en un horario muy próximo en el que el comandante Ortega concluía su discurso. El GIEI remarca que el comunicado de la Policía más bien confirmaría que grupos cercanos al gobierno estuvieron en la zona próxima al Denis Martínez, en las inmediaciones del lugar en el que se celebraba la Marcha de las Madres y no el acto oficialista.

    «Es posible afirmar que el relato ofrecido por el comunicado tuvo la finalidad de desdibujar la responsabilidad que habían tenido efectivos de esa fuerza en el ataque perpetrado contra manifestantes y en el consecuente asesinato de tres de ellos y, en definitiva, procurar su impunidad. Adicionalmente, pretendió ofrecer alguna explicación para la presencia de personas allegadas al gobierno en las proximidades de una marcha opositora», concluye el informe del GIEI.

    Mientras sus hombres masacraban por la UNI y el estadio, el comandante Ortega hablaba ante sus partidarios en la Avenida Bolívar en un discurso desconectado de la realidad. La palabra «paz» atribulaba el mensaje presidencial, pese a la violencia ejercida por el Gobierno en contra los hijos de las madres a las que el mandatario les dedicó este clavel: «¡Madrecitas, Madrecitas, Madrecitas, siempre llenas de Amor! Eso son las Madres en el Mundo, y en Nicaragua, Mujeres con un Corazón lleno de un Amor infinito, Mujeres llenas de un Valor infinito, Mujeres llenas de una Fortaleza infinita, ¡esas son las Madres nicaragüenses, esas son las Madres del Mundo! (sic)».

    A esa hora, mientras Ortega hablaba, a Jonathan ya le habían tomado su última fotografía en vida.

    Josefa Meza muestra la foto como el último vestigio de vida de su hijo. La mirada altiva de Jonathan destaca en medio de la cinta que lleva atada en la frente y dice «Nicaragua», y la pañoleta multicolor que le esconde la mayor parte del rostro. Si no llevara el rostro cubierto y el fondo difuminado de la fotografía no fuese la muchedumbre azul y blanco protestando, el joven bien podría estar en otro sitio mirando al horizonte, y ser rápidamente asociado al estereotipo de universitario irreverente: Mochila, camisa a cuadros sin abotonar sobre una playera café con la leyenda de «National Pornograph».

    Las camisas de Jonathan fueron claves para determinar que Daniel Josías Reyes Rivera también fue asesinado en el segundo episodio de la masacre, durante el ataque conjunto de policías y paramilitares aproximadamente a las 5:23 p.m.

    La última fotografía de Jonathan Morazán Meza en vida en la marcha del 30 de mayo de 2018 | Cortesía familiares.

    El GIEI cita un video grabado por el equipo de CONFIDENCIAL en el que se aprecia a Jonathan y Reyes Rivera siendo trasladados en una ambulancia por unos desesperados paramédicos. Ambos jóvenes eran cargados por los rescatistas en el pequeño espacio del vehículo. La imagen de inmediato recuerda a La Piedad de Miguel Ángel: Los heridos sobre el regazo de los paramédicos mientras sus cabezas — la de Jonathan sangrante— desgobernadas hacía atrás daban saltos por el movimiento de la ambulancia.

    El poder de fuego de policías y paramilitares era mortífero. Los atacantes se habían acercado hasta la curva sobre la misma avenida universitaria frente a la discoteca El Chamán, desde donde disparaban a matar a las barricadas. El GIEI sostiene que una de las personas vestidas de civil portaba un arma larga con las características de un fusil AK 47, mientras que otra –a la que puede verse de pie y a cara descubierta en las fotos del informe– tenía un arma de fuego corta. «Varios de los efectivos llevaban escopetas y al menos uno portaba una pistola o revólver. Los acompañaba una camioneta blanca con personas de civil que también fue vista ingresando al Hospital Militar».

    Video insertado

    La muerte de Jonathan se produjo en ese momento de caos total. Los disparos a menor distancia comenzaron a ser más certeros. Al otro lado de la barricada la Doctora «H» —omitimos su nombre debido a su petición expresa— atendía a los heridos, mientras no dejaba de estar alerta por los disparos viendo a cada momento sobre su hombro hacia la barricada.

    La doctora, dueña de una belleza notable que se imponía incluso a las marcadas ojeras de desvelo, llevaba semanas dando atención voluntaria en las barricadas rebeldes. Pese a la mascarilla que le disimulaba el rostro, la Doctora «H» era conocida entre los atrincherados de la UNAN-Managua. El 30 de mayo llegó a eso de las 3:20 p.m. a la marcha después de terminar una consulta privada. Se unió a la movilización cerca de Metrocentro, y cuando escuchó la alerta sobre el ataque armado corrió hacia la UNI. Los heridos iban llegando uno tras otro en las motocicletas que los acarreaban desde el estadio al frente del portón principal de la UNI.

    La Doctora «H» sacó de su mochila el estetoscopio y el pulsioxímetro. Ver la sangre derramada sobre la cuneta en la que los heridos eran tirados para ser atendidos la obligó, por instinto, a sacar las herramientas de sutura. La médica daba primeros auxilios a quienes podía, y remitía a urgencias hospitalarias quienes de plano lo necesitaban. No había ambulancia para tantos heridos. El traslado recaía en los motorizados y camionetas de ciudadanos y paramédicos que lograron traspasar la multitud para ayudar. De pronto, en medio de la confusión, de un lado de la barricada emergió una zigzagueante motocicleta conducida por un fibroso joven moreno y de tupida melena de colochos. Clamaba por ayuda y médicos. La Doctora «H» quedó perpleja al ver al herido.

    Sobre los hombros del joven colochón venía desplomado Francisco Xavier Reyes Zapata. La herida era demasiado grotesca como para pasar desapercibida: El cráneo dinamitado y la masa encefálica derramándose encima del socorrista improvisado. La Doctora «H» no tardó mucho en dictaminar que Francisco Xavier ya había fallecido. No se lo dijo a los azorados socorristas y ciudadanos, pero sí se le «dijo en voz baja» a un bombero que la acompañaba. «No quise crear más pánico», recuerda la Doctora «H» desde el exilio en Miami, adonde se dedica a repartir comida en el servicio delivery de la plataforma Uber Eats.

    Los traslados de Francisco Xavier y de Jonathan a los hospitales fueron ampliamente fotografiados y filmados. La escena dantesca de los cuerpos que se desplomaban de las motos mientras otros jóvenes intentaban mantenerlos en sí infructuosamente causaban más histeria y pánico. Jonathan fue trasladado al Hospital Vivian Pellas y Francisco Xavier al Hospital Bautista. De esos centros hospitalarios las madres de ambas víctimas fueron notificadas de la desgracia.

    ***

    Lo primero que decidió la Doctora «T» al enterarse del ataque fue poner a salvo a su hijo que la acompañaba en la marcha, y luego calzarse la pijama quirúrgica para correr hacia el Hospital Bautista. En la radio Corporación escuchó que los heridos estaban llegando al Bautista. La médica encontró la sala de emergencia convulsionada.

    Los mensajes que la Doctora «T» nos enviaba esa noche del 30 de mayo daban cuenta de la convulsión. Indignada y apresurada, nos refería los diagnósticos —en su mayoría fatales— así como imágenes quirúrgicas de las balas extirpadas.

    La Doctora «T», al igual que la Doctora «H» en la UNI, no dudó en declarar de inmediato muerto a Francisco Xavier Reyes Zapata cuando llegó al Hospital Bautista. En ese momento, los médicos no sabían de la identidad de esta víctima, hijo de un oficial activo de la Policía. Al cadáver de Francisco Xavier le quitaron la camisa y el pantalón, y lo colocaron en una camilla. La foto de ese momento está en poder de CONFIDENCIAL, así como una serie de tomografías de las víctimas auxiliadas en El Bautista. Según la Doctora «T», ese día atendieron a «63 heridos y tres fallecidos». El personal médico decidió levantar «un registro fiel» de todos los heridos que atendieron» ante la elevada brutalidad.

    Tomografía del último herido atendido en el Bautista la madrugada del 31 de mayo de 2018.

    «Metimos en la sala de operaciones a cuatro personas y uno de ellos falleció. Hasta el doctor que estaba operando, que es un sandinista histórico, y su ayudante que es doctor y policía, no creían la barbarie que miraban», narra la Doctora «T» un año después. Esa jornada resultó traumática para ella, pero la reconstruye con fidelidad milimétrica, con nombres, apellidos y detalles que por razones de seguridad no podemos revelar.

    A eso de las nueve de la noche, en el Bautista recibieron una llamada de ayuda. Les solicitaban una ambulancia para recoger heridos en una clínica clandestina montada en un bar llamado El Búnker, en Los Robles, cerca de Plaza Cuba y Alke. La Doctora «T» acudió al llamado y encontró a una treintena de heridos. «Me dio una tristeza ver tanta crueldad ante tanta dignidad del pueblo», narra la médica.

    La existencia de esta clínica clandestina también es confirmada por la Doctora «H». Aunque la Doctora «T» y la Doctora «H» pudieron haberse encontrado esa noche en El Búnker, no tienen idea de quiénes son mutuamente. Después que la Doctora «H» terminó de atender heridos por la UNI se trasladó a El Búnker. Ella sabía de la existencia de esta clínica clandestina, porque fue montada por algunos de sus compañeros médicos de distintas graduaciones del Hospital Militar Escuela Alejandro Dávila Bolaños. Fueron estos jóvenes médicos quienes solicitaron la ambulancia del Bautista, porque paramilitares ya habían detectado de la clínica clandestina y comenzaron a asediarla.

    Cuando regresó al Hospital Bautista con los heridos de El Búnker, la Doctora «T» encontró que «turbas del Gobierno» intentaban ingresar al centro asistencial por el portón trasero. Los médicos lo denunciaron de inmediato en las redes sociales. «El ultimo paciente nos llegó fue a las tres de la madrugada. Era un joven. Le entró la bala en la órbita ocular sin orificio de salida. Cuando se metió a tomografía lamentablemente murió», afirma con la tomografía en mano.

    La Policía también ingresó al Bautista a dejar dos heridos graves. La Doctora «T» asegura que los oficiales le dijeron que «le dejaban a estos dos vagos que encontraron tirados». Los jóvenes iban heridos de bala: uno en el tobillo y otro en el muslo. «La mayoría de las lesiones fueron por arma de fuego, más jóvenes que adultos», afirma la médica.

    Las Madres de Abril en una reciente conferencia de prensa. Carlos Herrera | Confidencial.

    La Doctora «T» no tiene claro cómo sus colegas lograron identificar a Francisco Xavier Reyes Zapata al inicio de esa noche. Cuando precisaron la identidad llamaron al hermano de la víctima, quien estaba en su casa el barrio Walter Ferreti, para notificarle. El hermano de Francisco Xavier llamó a su madre, Guillermina Zapata, quien desesperada llamaba y llamaba al celular de su hijo desparecido. Una corazonada le decía que algo andaba mal. Era corazonada de madre que no se equivoca. Cuando la familia Reyes Zapata llegó al Bautista, la cabeza de Francisco Javier ya había sido vendada por los médicos como un hisopo gigante que contenía la masa encefálica en la cavidad craneal.

    Otra llamada, pero desde el Hospital Vivian Pellas, le confirmaba a otra madre su corazonada. Josefa respondió. Era sobre Jonathan. No le podían dar más detalles sobre «la herida», pero le pedían que por favor se presentase de manera urgente.

    La noche antes del 30 de mayo, Josefa Esterlina Meza, su familia y vecinos habían acordado ofrendar a las «Madres de Abril» su solidaridad y acompañarlas en la marcha como el gesto más sincero que podían dar al margen de cualquier ayuda económica, por ejemplo. Fue en ese momento que decidió vestir de negro en el día de las madres.

    Josefa salió después que Jonathan a la marcha. Ella sí marchó desde la Rotonda Jean Paul Genie. Al momento del ataque a la manifestación, Josefa estaba por el sector de la Avenida Universitaria. Veía a la multitud despavorida buscando refugio en la UCA. (En esa universidad se refugiaron más de tres mil personas cuando el rector, el padre José Luis Idiáquez, ordenó abrir los portones). Envuelta en el caos y antes de refugiarse ella, lo primero que hizo fue llamar a Jonathan. Una y otra vez. El joven no respondía. La voz de la contestadora la angustió.

    A un año después de la muerte de su hijo, Josefa Meza sigue vistiendo de luto. Carlos Herrera | Confidencial

    A las seis de la tarde le sonó el teléfono a Josefa. El identificador decía que era el celular de Jonathan. Sintió un alivio tan profundo, pero se le desmoronó de inmediato, cuando la voz que escuchó al otro lado no era la de su hijo. La llamaban de la sala de urgencias del Vivian Pellas.

    — ¿Usted es familiar de Jonathan Morazán Meza? — dijo la voz.

    — ¡Sí!, soy su mamá

    — Él está en emergencia y está herido.

    — ¿Dónde lo hirieron? ¿Es grave? — inquirió Josefa.

    — No le podemos decir… preséntese de inmediato en el hospital.

    El parte médico no era esperanzador. Las probabilidades, todas, apuntaban para mal. El encefalograma mostraba el tallo cerebral fuera de su sitio. Josefa se desencajó con el diagnóstico. El joven fue sometido a diversas intervenciones quirúrgicas, pero nada resultó. Jonathan ya estaba muerto antes de morir: su cerebro no funcionaba.

    Jonathan murió totalmente el 1 de junio de 2018, a las 10:05 horas en la sala de cuidados intensivos. Josefa sintió que la ropa negra que por solidaridad se puso el día de las madres se le volvía piel cuando le notificaron el deceso. La ofrenda que esta mujer hizo por las «Madres de Abril», sin querer, pactaba con el dolor.

    Ser madre de abril duele. Es un dolor tan insondable que Josefa no sabe describirlo, aunque cuando se le quiebra la voz y el llanto se le agolpa en la garganta un año después de la masacre del 30 de mayo, es posible asomarse en esa herida abierta: Jonathan no volvió a casa para comerse el pescado frito.

    «Nunca más volverá a haber día de las madres el 30 de mayo. ¡Nunca más! Vamos a tener día de las madres hasta que haya justicia», lanza Josefa todavía vestida de luto.

    La violencia el 30 de mayo en los departamentos

    El día de las madres fue uno de los más violentos en Nicaragua desde abril de 2018. Comparable con las masacres del de 20 de abril, la de Carazo y Masaya, el 30 de mayo dejó 18 personas fallecidas, de acuerdo al Grupo Independiente de Expertos Interdisciplinarios (GIEI). De las 18 muertes registradas ese día, ocho ocurrieron en Managua en los alrededores de la UNI y la UCA, al concluir la «madre de todas las marchas». El resto sucedió en Chinandega, Estelí, La Trinidad y Masaya, sitios donde la convocatoria de protesta de las «Madres de Abril» se replicó.

    Carlos Herrera | Confidencial

    Los disturbios más violentos sucedieron en La Trinidad, donde los rebeldes apostados en el tranque de esa localidad se enfrentaron con la caravana sandinista que intentaba llegar a Managua al acto oficial presidido por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Por la tarde, una parte de esa caravana regresó a Estelí para reprimir con paramilitares la marcha azul y blanco en esa ciudad provocando cuatro muertes. Disturbios también ocurrieron en Chinandega, donde murieron tres personas.

    De los 18 asesinados el 30 de mayo en todo el país, al menos cinco fueron identificados abiertamente como militantes sandinistas. En estos seis casos el GIEI deja constancia que solicitaron información al Estado y la Policía para aclarar sus crímenes, debido a la nebulosa en torno a ellos. Los comunicados policiales no aportaban mayores detalles sobre estas muertes. En Managua, igualmente murieron en circunstancias sospechosas los militantes sandinistas: Kevin Antonio Coffin Reyes y Heriberto Pérez Díaz.

    «A pesar de que el GIEI en reiteradas ocasiones solicitó información al Estado sobre las muertes producidas dentro del período de su mandato y sobre las investigaciones respectivas, nunca obtuvo respuesta. En este caso, la falta de información y la escasez de fuentes alternativas han impedido determinar en mayor medida las circunstancias de la muerte», señala el GIEI en el caso de los militantes sandinistas.

    Chinandega

    En Chinandega hubo enfrentamientos entre protestantes y fuerzas de choque sandinistas. En horas de la tarde comenzó a desarrollarse una protesta que terminó en incidentes violentos entre los manifestantes, policías y paramilitares. Todo empeoró cuando los ciudadanos intentaron levantar una barricada en el sector de la iglesia San Agustín.

    1. Marvin José Meléndez Núñez
    Edad: 49. Ocupación: Empleado municipal. Militante sandinista.
    Contexto de muerte: Recibió al menos un disparo de arma de fuego que provocó lesiones en su abdomen y tórax. Fue trasladado al Hospital España, donde ingresó aproximadamente a las 22:00 horas y falleció a la 01:35 horas del día 31 de mayo. Según la Policía, Meléndez Núñez habría fallecido frente a las instalaciones de la Alcaldía de Chinandega, cuando «grupo de delincuentes» atacaron ese edificio y agredieron a personas que resguardaban el lugar.

    2. Juan Alejandro Zepeda Ortíz
    Edad: 18. Ocupación: Estudiante de secundaria.
    Contexto de muerte: Recibió el impacto de un proyectil de arma de fuego en su cabeza en Chinandega. Fue trasladado en motocicleta hasta el Hospital España donde ingresó pasada la medianoche y murió poco después, siendo aproximadamente a las 03:30 horas del 31 de mayo. Sus amigos relataron a Confidencial que él era uno de los que estaba obstinado en levantar la barricada en San Agustín cuando fue asesinado.

    3. Ruddy Antonio Hernández
    Edad: 34. Ocupación: Empleado de la construcción.
    Contexto de la muerte: La Policía Nacional emitió una nota de prensa en la que señalaba que tres personas, entre ellas una que no había sido identificada, habían fallecido frente a las instalaciones de la Alcaldía de Chinandega cuando «grupo de delincuentes» atacaron ese edificio y agredieron a personas que resguardaban el lugar. La única persona fallecida ese día que hasta ese momento no había sido identificada es Ruddy Antonio. Su familia es de militancia sandinista.

    La Trinidad

    Vista del tranque que estuvo en La Trinidad. Wilfredo Miranda | Archivo Confidencial

    El 30 de mayo se suscitaron enfrentamientos entre personas apostadas en el tranque instalado sobre la carretera Panamericana Norte kilómetro 124, en el municipio de La Trinidad, y efectivos policiales e integrantes de la caravana de personas simpatizantes del partido de Gobierno que pretendían desalojarles para cruzar por ese lugar hacia Managua con la finalidad de participar en el acto oficialista que se celebraría en esa ciudad.

    1. Dariel Steven Gutiérrez Ríos
    Edad: 20. Ocupación: No identificada. Militante sandinista.
    Contexto de muerte: Integraba la caravana sandinista y recibió el impacto de un proyectil de arma de fuego en su cabeza. Inicialmente fue atendido en el Hospital de Estelí y luego fue trasladado al Hospital Lenin Fonseca. Allí falleció el 31 de julio. Fue despedido con profundo dolor por decenas de personas. Su abuela fue vicealcaldesa del FSLN en Jalapa.

    2. Jairo Antonio Osorio Raudales.
    Edad: 35. Ocupación: Agricultor. Simpatizante sandinista.
    Contexto de muerte: Recibió el impacto de un disparo de arma de fuego en el tórax. Aproximadamente a las 13:00 horas llegó al Hospital San Juan de Dios (Estelí), ya fallecido.

    Estelí

    Una parte de simpatizantes sandinistas que formaban parte de la caravana hacia Managua y que no pudo pasar de La Trinidad, se dirigió hacia la ciudad de Estelí, donde se les unieron paramilitares que habrían sido convocados por el Alcalde de la ciudad Francisco ‘Pancho’ Valenzuela. Durante la tarde, los manifestantes que participaban de la Marcha de las madres que inició a las cuatro de la tarde, fueron atacados por esos grupos.

    1. Dodanim Castilblanco Blandón
    Edad: 26. Ocupación: Estudiante universitario.
    Contexto de muerte: Cuando transitaban por la zona de la Dirección General de Rentas (DGI) fueron atacados por grupos de choque armados que salieron desde ese edificio público. Dodanim recibió el impacto de un disparo de arma de fuego en el tórax cuando se encontraba frente a la Ferretería Monterrosa. Fue trasladado hasta un vehículo de la Cruz Roja y luego al Hospital San Juan de Dios. Falleció aproximadamente a las 19:30 horas durante una intervención quirúrgica.

    2. Darwin Alexander Salgado Vílchez 
    Edad: 18. Ocupación: Empleado en un taller.
    Contexto de muerte: Pasaba ocasionalmente al regresar desde el trabajo a su casa cuando recibió un disparo de arma de fuego en la cabeza. Darwin Alexander ingresó al Hospital San Juan de Dios, donde falleció el 1 de junio a las 7:00 p.m.

    3. José Manuel Quintero
    Edad: 28. Ocupación: No especificada.
    Contexto de muerte: La Comisión de la Verdad, Justicia y Reparación vincula su muerte con el contexto de protesta social, ubicándola en el Tranque la Trinidad, sin mayores precisiones. A pesar de que el GIEI en reiteradas ocasiones solicitó información al Estado sobre las muertes producidas dentro del período de su mandato y sobre las investigaciones respectivas, nunca obtuvo respuesta. En este caso, la falta de información y la escasez de fuentes alternativas han impedido determinar en mayor medida las circunstancias de la muerte.

    4. Mauricio Ramón López Toruño
    Edad: 42. Ocupación: Comerciante.
    Contexto de muerte: Recibió un disparo de un arma de fuego. Fue asistido en el Hospital San Juan De Dios, donde fue sometido a una intervención quirúrgica. Murió en el quirófano a las 22:30 horas de ese mismo día. La Policía Nacional emitió una nota de prensa en la que indicaba que la víctima, junto a otras personas, murió cuando grupos de «sujetos encapuchados» atacaron las instalaciones de la DGI, la alcaldía y comercios. El GIEI cuenta con elementos de convicción que indican que la DGI fue, precisamente, uno de los lugares desde los cuales salieron grupos de choque armados.

    Masaya

    El 30 de mayo se produjeron en Masaya diversos incidentes en el contexto de las protestas enmarcadas en la denominada Marcha de las Madres, entre las fuerzas de la Policía Nacional, grupos de choque afines al Gobierno y manifestantes.

    1. Carlos Manuel Díaz Vázquez 
    Edad: 42. Ocupación: Obrero de zona franca.
    Contexto de muerte: La madrugada del día 31 de mayo Carlos Manuel fue trasladado por la Cruz Roja al Hospital Humberto Alvarado, donde llegó sin vida a las 00:15 horas. Tenía un impacto por arma de fuego en el tórax.

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    Cámaras Comercio respaldan recomendaciones de la CIDH para lograr un Estado de paz en Nicaragua

    Cámaras de comercio respaldan recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para lograr un estado de paz en Nicaragua Ante la crisis política y social que persiste en Nicaragua, las  Cámaras de Comercio Estadunidenses de Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica piden que se restaure la democracia en aquel país. Valeska de …

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    Guatemala ignora llamado de la OEA para resolver crisis en Nicaragua

    El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó la creación de un grupo especial de países dedicado a la situación política en Nicaragua; Guatemala se abstuvo en la decisión.

    El objetivo de la OEA es “contribuir a la búsqueda de soluciones” a la actual crisis.

    El “Grupo de Trabajo para Nicaragua” tratará de facilitar mecanismos para resolver “la situación que se registra en Nicaragua, incluso por medio de consultas con el gobierno” de ese país centroamericano.

    La resolución que determina la creación del Grupo de Trabajo, intensamente negociada durante parte de la jornada, fue finalmente aprobada por 20 votos a favor y cuatro en contra, con ocho abstenciones, de los 34 miembros activos de la organización continental.

    Se trata de la primera vez que la OEA aprueba un grupo de estas características, dedicado exclusivamente a atender a la situación de uno de sus países miembros.

    El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, rechazó la convocatoria del Consejo Permanente y el contenido de la resolución sobre el Grupo de Trabajo, por considerar que tienen el espíritu de intervenir en su país.

    En relación con el Grupo de Trabajo, Moncada remarcó a periodistas que “Nicaragua no lo admite, no lo acepta, lo rechaza, no lo aprueba”.

    #OEA aprueba creación de Grupo de Trabajo para buscar soluciones pacíficas a la situación en #Nicaragua

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    — OEA (@OEA_oficial) August 3, 2018

    Puertas cerradas

    Nicaragua votó en contra de la resolución, al igual que Bolivia, Venezuela y San Vicente y las Granadinas.

    “El gobierno de Nicaragua no va a permitir que llegue a nuestro país ningún grupo de trabajo creado por el Consejo Permanente, porque Nicaragua no ha solicitado las reuniones ni la ayuda ni el apoyo a la OEA”, expresó.

    Al ser consultado si para Nicaragua la resolución sobre el Grupo de Trabajo es “letra muerta”, Moncada señaló que “ni siquiera eso, porque siquiera ha nacido”.

    En tanto, el representante de México ante la OEA, Jorge Lomónaco, trató de minimizar el anuncio nicaragüense de que no permitirá el ingreso de cualquier grupo especial formado al abrigo de la resolución aprobada.

    OEA
    Foto/OEA

    “Hay que recordar que inicialmente Nicaragua no había aceptado la presencia de algunos de los mecanismos de la OEA, y finalmente los aceptó”, dijo el diplomático mexicano a la prensa.

    Para Lomónaco, la resolución contempla el diálogo con el gobierno de Nicaragua. “Eso abre una puerta que yo confío que Nicaragua aceptará, porque es una mano tendida”, comentó.

    Otros dos grupos relacionados con la OEA ya están en Nicaragua.

    Se trata del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni).

    Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente autónomo de la OEA, realizó en mayo una visita al país centroamericano.

    Durante la discusión, solo las delegaciones de Bolivia y Venezuela criticaron abiertamente el texto de la resolución y la iniciativa de confirmar el Grupo de Trabajo.

    A criterio del representante alterno de Venezuela ante la OEA, Jhon Guerra, “la resolución propuesta es ilegal, nula e inaplicable”.

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    Los primeros 100 días de rebelión y masacres en Nicaragua

    Al cruzar el umbral de sus primeros 100 días la rebelión cívica que exige el fin de la dictadura familiar de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Nicaragua vive momentos de profundo dolor y desgarramiento, y al mismo tiempo se aferra a la esperanza de un cambio democrático con justicia. El desenlace y sus plazos resultan impredecibles, pues aún son objeto de disputa en una enconada batalla política. Para Ortega, ubicado en la cúspide de la ola represiva, su único término de salida es 2021, al concluir su período presidencial; para el pueblo que sigue protestando en las calles, a pesar de la escalada de terror paramilitar, la salida es mañana y empieza con su renuncia a la presidencia. 

    Nunca ha estado tan cerca la posibilidad de un cambio verdadero en este país, tan distinto al que era antes del 18 de abril. Después de once años de dictadura institucional, amparada en un pacto con los grandes empresarios, sin democracia, ni transparencia, la irrupción desde debajo de la nueva fuerza de los «autoconvocados» ha puesto en jaque al régimen de Ortega al abrir el camino inédito de una insurrección cívica, que está plagado de incertidumbre. Para los que militamos en la lucha contra la dictadura militar dinástica de los Somoza, el objetivo final entonces era la toma del poder con el derrocamiento de la dictadura y la Guardia Nacional, que se logró con el triunfo de las guerrillas del FSLN el 19 de julio de 1979; la nueva revolución pacífica, en cambio, no se propone el asalto al Búnker de El Carmen, sino lograr el cese de la represión –ese momento en que los que disparan contra el pueblo se rehúsan a seguir matando–, para dar paso a reformas políticas en una negociación que culmine con elecciones libres en el plazo más corto posible.

    El costo humanitario de este grito de libertad ha sido monumental, casi intolerable: más de 300 muertos, 2000 heridos, más de 400 presos políticos, y una emigración masiva de familias. La matanza, que se ha se ha prolongado ya por más de tres meses, también ha reducido los tiempos políticos para la permanencia de Ortega en el poder de forma irreversible. Cada día que pasa, sin justicia para las víctimas y sin castigo a los asesinos, se acorta su tiempo para poder gobernar, manteniendo algún grado de convivencia ciudadana. Tras el baño de sangre, documentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los grandes empresarios que eran partidarios de mantener el statu quo y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, han advertido, con el apoyo de 21 naciones del continente, la inviabilidad de que Ortega pueda mantenerse en el poder hasta 2021. Lo que está en debate son los términos en que pueden llevarse a cabo elecciones anticipadas, con o sin Ortega en la presidencia, y cuál será el alcance de las reformas políticas que necesariamente deben preceder a esa elección.

    Paradójicamente, Ortega luce más fuerte ahora que al inicio de las protestas, mientras la rebelión cívica atraviesa un momento de reflujo. El caudillo lanzó una ofensiva militar similar a la «operación limpieza» de Somoza durante la insurrección armada de 1978, y una a una, atacó las barricadas en el suroriente, occidente, norte, y centro del país, hasta arrasar con la Universidad Nacional Autónoma en Managua, y finalmente ocupó Masaya y el emblemático barrio indígena de Monimbó. Ganó una batalla militar contra un ejército inexistente de ciudadanos que resistieron con morteros caseros y armas hechizas, y después se replegaron para evitar una masacre mayor. Ortega recuperó el control de ciudades y carreteras, imponiendo una fuerza militar de ocupación, pero perdió la batalla política más importante sobre las mentes y los corazones de un pueblo que, liberado del miedo, le arrebató las calles y ahora demanda que sea procesado ante la justicia internacional por crímenes de lesa humanidad. El siguiente paso de su estrategia ha sido una cacería, casa por casa,  de los activistas y líderes de la protesta, con detenciones masivas y procesos de judicialización contra centenares de acusados por «terrorismo» y «golpismo», que en su cálculo político representan una valiosa carta de negociación a futuro para lograr una amnistía en beneficio propio y de los suyos. 

    Conocido por su pragmatismo, no se puede descartar que Ortega también se esté preparando para acudir a una negociación en las condiciones más favorables para él. La subida de parada incluye un ataque virulento contra los obispos de la Conferencia Episcopal de la Iglesia católica –la institución más creíble y respetada del país–, a los que pretende desplazar de su papel como mediadores en el Diálogo Nacional, después de que él mismo los solicitó al inicio de la crisis. Ortega apuesta sustituirlos con el Secretario del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), su socio político el guatemalteco Vinicio Cerezo –aunque los presidentes de la región no le han otorgado aún ningún mandato– y de paso integrar al Diálogo Nacional a otro de sus antiguos compadres políticos, el Partido Liberal Constitucionalista del corrupto expresidente Arnoldo Alemán. En cualquier caso, un eventual diálogo o negociación, mediatizando o anulando el rol de los obispos como testigos y mediadores, simplemente no gozaría de ninguna aprobación y credibilidad entre la población, para avalar una solución política. 

    En consecuencia, la permanencia de Ortega en el poder solo puede prolongarse a punta de más represión, a costa de la pérdida de más vidas humanas y del acelerado deterioro de la economía por el desplome de la inversión privada, mientras los organismos multilaterales se debaten entre seguir desembolsando los créditos pactados, o hacerse eco de la condena mundial ante una dictadura sanguinaria. 

    En realidad, Ortega ya empezó a «gobernar desde abajo», como en 1990, cuando entregó la presidencia al perder las elecciones ante la candidata de la Unión Nacional Opositora (UNO), mi madre Violeta Barrios de Chamorro, solo que ahora lo hace a costa de la institucionalidad de su propio régimen. La estrategia que promueve el caos y el chantaje, con la toma de fincas y propiedades privadas de los empresarios que lo adversan, comenzó cuando desplegó las bandas paramilitares como su guardia pretoriana, a contrapelo del Ejército de Nicaragua, que, según la Constitución, no puede permitir la existencia de otros grupos armados al margen de la ley. Estas bandas paramilitares representan el mayor peligro para la seguridad y estabilidad futura de Nicaragua y la región, de forma que su desarme y desmantelamiento, junto con la reforma electoral, son condiciones sine qua non para avanzar hacia una transición democrática pacífica.

    En la acera de enfrente, una alianza inusitada conformada por estudiantes universitarios, cámaras empresariales, el movimiento campesino, y la sociedad civil democrática, desafía a la dictadura con marchas multitudinarias, paros generales, y desobediencia civil. Esta alianza multiclasista ya puede exhibir el logro extraordinario de haber puesto en la agenda nacional e internacional, el imperativo de la democratización y la justicia. El proyecto de una dictadura dinástica en Nicaragua está muerto y enterrado. Sin embargo, para doblegar la estrategia de terror de Ortega, la Alianza Cívica debe primero transformarse en una verdadera coalición  política capaz de convocar a una unidad nacional aún más amplia, para resistir y conducir una batalla polìtica prolongada. Su tarea más urgente es demostrar que la salida de Ortega de la presidencia, no generará un vacío de poder, y que existen mecanismos institucionales, incluso respetando la Constitución del régimen, para garantizar una sucesión pacífica y legal para dirigir el proceso de transición sin Ortega, pues su permanencia en el poder equivale a más caos, inestabilidad y colapso económico. 

    Una genuina revolución pacífica solo puede triunfar ante un régimen de fuerza, si se mantiene la presión de la rebelión cívica al máximo nivel, en sincronía con una mayor solidaridad internacional y una acción multitaleral, incluyendo sanciones políticas y económicas efectivas, como las que se dispone a contemplar el Consejo Permanente de la OEA la próxima semana, que conduzcan al aislamiento total de la dictadura. La presión internacional al máximo, con la presión cívica nacional al tope, nunca una separada de la otra. Por ello resulta imprescindible la reorganización de la Alianza Cívica, la Articulación de Movimientos Sociales, y las fuerzas políticas democráticas, como una sola coalición con capacidad para diseñar la transición y estrategias de lucha cívica, con una conducción política ejecutiva. 

    Llegado ese punto de no retorno, en el que mayores niveles de represión del régimen se tornan intolerables para la existencia misma de la nación, el Ejército de Nicaragua tendrá que escoger entre sus lealtades personales y partidarias y sus intereses institucionales y nacionales. Un dilema complejo para la cúpula militar, pero determinante para ahorrarle al país más dolor y derramamiento de sangre.

     

    Nómada reproduce este artículo con autorización de El Confidencial.

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