El suicidio político de Sandra Torres

Principios

No sólo es posible, es muy probable que Sandra Torres se
haya suicidado. Aclaro, políticamente. Alguien con tan alto porcentaje de
rechazo entre la población que sí vota, como es el caso de Torres, debiera ser
en extremo sensata a la hora de actuar. Sin embargo, era de esperar que fuera
víctima del hubris, por la emotividad
que caracteriza a las personas de ego frágil, como es el caso de la mencionada
candidata a Presidente del partido «Unidad Nacional de la Esperanza» (UNE).

Torres viene jugando con fuego desde tiempo atrás. ¡Cuántos
cuestionamos la pasividad de la CICIG frente a la UNE y su principal figura
pública, Sandra Torres! Cuando finalmente se animaron a presentar denuncias en
el caso del Transurbano, para sorpresa de muchos, la señora Torres no fue ni
mencionada. ¿Así de astuta fue como para no dejar rastros de sus acciones
durante el gobierno de su exesposo, Álvaro Colom? Un gobierno en el cual ella
mandaba, según lo cuentan quienes formaron parte de esa administración. Todavía
no me trago el cuento de que es imposible probarle nada.

Luego, en febrero de este año, cuando presentan un nuevo
caso en el cual sí se le menciona, ahora por financiamiento electoral ilícito,
lo presentan absurdamente un día después de que ya Torres gozaba del privilegio
del antejuicio. Ridículo. Un descuido,
siendo benevolente con la Fiscal General Consuelo Porras, que nunca debió
darse. Una denuncia que debió presentarse antes de que la acusada fuera
protegida por una prerrogativa que a estas alturas no debiera existir para
nadie.

Después, escuchamos el célebre audio en el que Torres y
Gustavo Alejos, uno de los más notables corruptos presos, saboreaban el apoyo
de 40 millones de quetzales que les ofreció un contratista del Estado de los
que acumularon su fortuna negociando con los gobernantes. Uno más de los que
justamente se encuentran en la cárcel. Era predecible la indignación de la
mayoría al enterarnos de que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia,
denegaron la solicitud que hiciera el Ministerio Público (MP) para retirarle la
inmunidad que adquirió como candidata a Presidente.

No obstante, la gota que derramo la paciencia de la mayoría
fue la manipulación de la «Ley de Femicidio», con el objetivo de parar las
investigaciones del MP y acallar a los editores del diario «elPeriódico». De
poco le sirvió la farsa de que iba a desistir de una parte, que no todos, de los
procesos viciados que ha iniciado en contra del medio mencionado. Así como de
poco le servirá la protección que le consiguió Gloria Porras, al retener en la
Corte de Constitucionalidad el amparo provisional que le ¿otorgó? al MP. El enojo
que ha provocado en la población este abuso del poder por medio de las Cortes,
será el que acabe con la ambición de Torres de ser electa Presidente.

El próximo primer mandatario de nuestro país, será aquel que logre pasar a la segunda vuelta. Sandra Torres se hizo el harakiri. No importa que encabece la intención de voto con un magro 20 por ciento. Firmó su sentencia de muerte política al despertar al antivoto y al voto en contra.

TEXTO PARA COLUMNISTA

Lea más de la autora: http://elsiglo.com.gt/2019/05/13/reto-a-sandra-torres/

La entrada El suicidio político de Sandra Torres se publicó primero en El Siglo Guatemala.

Consultar la fuente

Sandra Torres, la gran beneficiada por la CC

Kidon

La Corte de
Constitucionalidad, es un tribunal de jurisdicción privativa cuyo fin supremo
es la defensa del orden constitucional, el estado de derecho y la institucionalidad
del país, esto con el propósito de garantizar a los habitantes de la República,
el bien común.

Como máxima Corte en materia
constitucional, le corresponde el conocimiento de los amparos en única
instancia, así como los recursos de apelación y la inconstitucionalidad de
leyes de carácter general. Como cualquier tribunal, está obligada a emitir sus
fallos en congruencia con los principios constitucionales y legales que
garanticen el estado de derecho y la certeza jurídica del país.

Sin embargo, la actual Corte de Constitucionalidad, se ha apartado de los postulados jurídicos que le dieron vida y en cambio, su carente gestión se ha caracterizado por emitir sentencias y resoluciones plagadas de ilegalidades, las que van, desde proteger a extranjeros indeseables, limitar las facultades constitucionales conferidas a los organismos del Estado, restringir la industria, el comercio y la actividad económica y extractiva del país, hasta llegar al punto de concretar un fraude electoral, para imponer por medio de guisachadas, a la señora Sandra Julieta Torres Casanova, como la próxima inquilina de la casa presidencial.

Y es que, en un caso sin
precedente legal alguno, esa corte, nos dejó en un estado de indefensión total
a todos los guatemaltecos, al suspender de forma definitiva la tramitación del
proceso de amparo, con miras a despojarla de su inmunidad, por las graves
sindicaciones que pesan en su contra, relacionadas con los delitos de
asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado.

El problema del fraude
electoral que se gesta, no solamente es responsabilidad del Tribunal
Constitucional, que retorciendo la ley, le da vida a esa candidatura
presidencial, sino que también es responsabilidad del Ministerio Público, quien
al día de hoy no ha fijado su postura procesal con relación la resolución
emitida por aquella corte, así como tampoco ha presentado los medios de
impugnación atinados para dejarla sin efecto, o las acciones de antejuicio en
contra de estos cuatro picaros, para despojarlos de su inmunidad y
encarcelarlos de por vida, por atentar en contra del sistema jurídico del país.

Al parecer a doña Consuelo,
tampoco le desagrada la idea de que seamos gobernados por una tirana, sobre quien
pesan graves acusaciones que van, desde su militancia en organizaciones
terroristas, las relacionadas con financiamiento electoral no reportado, la
utilización de fondos del Estado para sus programas sociales, el caso
Transurbano, así como la temible estafa y lavado de dinero que se llevó a cabo
en el BANTRAB.

Por ello, la protesta social debe enfocarse en exigir a la Fiscal General del Ministerio Público, María Consuelo Porras Argueta, que cumpla con su trabajo y nos garantice un proceso electoral transparente y hondamente democrático, donde impere la voluntad legítima del pueblo y no la de los cuatro corruptos de la Corte de Constitucionalidad.

TEXTO PARA COLUMNISTA

Lea más del autor: http://elsiglo.com.gt/2019/05/19/ministerio-de-energia-y-minas-un-grave-caso-de-corrupcion/

La entrada Sandra Torres, la gran beneficiada por la CC se publicó primero en El Siglo Guatemala.

Consultar la fuente

Oportunidad única e irrepetible

En el crucial momento en que se encuentra el país, solo el voto ciudadano puede definir el rumbo a tomar. Se agotaron los tiempos de los pretextos, se desgastó la credibilidad de utopías electoreras y se tornaron reales las peores expectativas gracias a las perversas acciones conjuntas de tantos funcionarios y políticos inescrupulosos que decidieron poner el Estado al servicio de intereses sectarios y que convirtieron el erario en botín, los planes de gobierno en mediatizaciones interesadas y el desarrollo humano integral en una pancarta publicitaria de cada cuatro años.

Las evidencias de este cuadro dantesco están a la vista. No se trata de alarmismos fugaces ni de perspectivas esquizofrénicas. La tragedia humana guatemalteca está allí, agonizando en el Corredor Seco en la forma de un niño sin atención a su desnutrición aguda o crónica, caminando junto sus hijos, únicamente con lo que lleva puesto, en una carretera de Chiapas con rumbo a una frontera blindada o repitiendo el mismo ciclo de agricultura de subsistencia sin más apoyo que las cada vez más esporádicas lluvias de esta era de cambio climático. Casi podría dar la impresión de que se trata de una especie de infortunio inexplicable, pero tiene explicación, tiene causa, tiene responsables. El anuncio de 27 nombres más de guatemaltecos en la lista de corruptos elaborada por el gobierno de Estados Unidos constituye una vergüenza colectiva en la medida de que todas esas figuras han estado, o se encuentran aún, en cargos de elección popular gracias al voto, ya sea ingenuo, descuidado o interesado. Exmandatarios, exdiputados y también exmagistrados se encuentran en el índice de la vergüenza, no obstante, hay muchos que ni siquiera se inmutan debido a que siguen manipulando a su antojo hilos de influencia sobre la justicia. Estamos a 27 días de la cita electoral más crucial del período democrático. En todas las anteriores se ha debatido entre una continuidad y un relevo; generalmente se ha buscado lo segundo, con la terrible sorpresa de que los amaños, arreglos bajo la mesa y tráfico de favores convirtieron el esperado cambio en un engaño plagado de complicidades. El ciudadano, la ciudadana, sin importar su condición social, escolaridad, ocupación, etnia o credo no puede ni debe transigir con discursos falaces que ofrecen soluciones cortoplacistas, programas clientelares y visiones de desarrollo desfasado; mucho peor si tales figuras toleran alianzas con personajes señalados, si avalan a tránsfugas legislativos o ediles, si han vendido anticipadamente las necesidades del país a oscuros financistas, a los cuales solo les interesa hacer negocio de las necesidades más sentidas de los guatemaltecos.

Solo la ciudadanía responsable puede transformar el modelo perverso de utilización del Gobierno como botín para el oficialismo de turno. Solo el voto consciente, analizado y no comprado con dádivas tiene la posibilidad de generar un nuevo horizonte para esos niños que están naciendo hoy en algún lugar del territorio nacional. Los 27 días que quedan de campaña son un tiempo escaso, pero aún suficiente para poder examinar, preguntar e identificar aquellas organizaciones políticas que están reciclando a personajes señalados como diputados, alcaldes y aún presidenciables, que con su presencia amañada constituyen un insulto a la inteligencia del ciudadano. Este proceso es una oportunidad de oro para demostrar a tales partidos y a tales personajes, que los guatemaltecos estamos hastiados de mentiras, engaños, desfalcos y dobles discursos.

Consultar la fuente

Los fallos de la CC

Guatemala Al Rescate

Durante 34 años la democracia en nuestro país ha tenido avances y
retrocesos, lo que es normal cuando las democracias son tan jóvenes y éstas no
se han podido consolidar, hoy, en Guatemala la democracia está atravesando una
crisis política profunda en la que se producen actos de intolerancia por parte
de diversos sectores en la sociedad, con el objetivo de mantener sus
privilegios y prebendas, o se ocasionan desmanes por parte de funcionarios, especialmente
de diputados y de alcaldes quienes, en el ejercicio de su cargo, abusan como si
los cargos públicos para los que fueron electos, fueran de su propiedad; es en
estas condiciones que han surgido en la vida política del país muchos partidos
políticos que, en algunos casos, sobreviven una sola elección con un objetivo
definido, aprovecharse de la posibilidad de llegar a ocupar puestos y
enriquecerse a costa del erario nacional.

Es en este contexto que debemos entender el papel fundamental de
los organismos del Estado y especialmente el de los entes de justicia, nos
pueden o no gustar los fallos de la Corte de Constitucionalidad, pero los
debemos acatar, porque al final, la CC es la última instancia de decisión
jurídica en nuestro país, lo que si es cierto es que los asuntos que se le
presentan para su resolución deberían ser resueltos en los tiempos que la
propia ley define y sin ningún sesgo político, ya que al no hacerlo en los
tiempos señalados, con su irresponsabilidad, generan desconfianza e
incertidumbre en la población al no resolver rápidamente los asuntos políticos
que inciden en un evento electoral, y, cuando se resuelve con sesgo político no
se ayuda al fortalecimiento de la democracia, si no a debilitarla.

Y el mejor ejemplo lo tenemos hoy, a un mes del evento electoral,
cuando ha sido frenada la participación de 4 candidatos presidenciales por
parte de la CC, sin embargo en el caso de la Candidata Sandra Torres, emitieron
una resolución no solo tardía si no ambigua con el simple propósito de
beneficiarla en su participación política, este fallo sin lugar a dudas no solo
 representa un contraste respecto a los
fallos emitidos en contra de los otros candidatos presidenciales, si no que de
igual manera refleja el desorden jurídico y la falta de responsabilidad de los
magistrados por no haber resuelto con la anticipación debida, lo cual nos coloca
en la disyuntiva de proponer una reforma constitucional, a través de una
Asamblea Nacional Constituyente para re oxigenar nuestro sistema político democrático
que se encuentra en una crisis profunda y necesita de una solución rápida y
eficaz, para su propia sobrevivencia,  pero, sobre todo, hacer viable la
consolidación de la democracia.

Desde su creación, la Corte de Constitucionalidad ha sido garante de la institucionalidad del país, se ha fortalecido y se ha mantenido firme entre las tormentas que desata la política y la justicia,  y, como todo ente integrado por seres humanos, han tenido aciertos y desaciertos y aun cuando algunas de sus resoluciones han generado polémicas y puedan o no gustarnos, siempre se ha acatado lo resuelto por ellos; pero una cosa es cierta, la CC existe para garantizar los derechos constitucionales de todos los guatemaltecos y defender nuestra Constitución Política en contra de cualquier abuso. Lo que no se vale es que, en un ente eminentemente jurídico, se resuelva con sesgo político.

TEXTO PARA COLUMNISTA

Lea más del autor: http://elsiglo.com.gt/2019/05/12/la-responsabilidad-social-del-empresario/

La entrada Los fallos de la CC se publicó primero en El Siglo Guatemala.

Consultar la fuente

Las comisiones de postulación: Un sistema caduco

Barataria

La Corte
de Constitucionalidad amparó a la señora Eleonora Muralles de FADS, quien había
presentado la acción constitucional, a efecto de que se suspendiera la
convocatoria a integrar las comisiones de postulación debido a que el Congreso
de la República había convocado con 8 meses de anticipación cuando la Ley de
Comisiones de Postulación establece 4 lo cual evidentemente viola los
principios de seguridad jurídica y legalidad.

Cuando
se promulgó la actual Constitución Política, se pretendió transparentar el
procedimiento para la elección de los Magistrados tanto de la Corte Suprema de
Justicia, como de las Salas de Apelaciónes y otros órganos jurisdiccionales de
igual categoría.  En la mente del
legislador constitucional estuvo presente la idea de que tales Magistrados
fueran independientes y que el Organismo Judicial como tal no estuviera
supeditado, subordinado o cooptado a grupos de poder o bien a otros organismos
del Estado.  Es por ello que las
Comisiones de Postulación, por disposición constitucional la integran
académicos (Un Representante de Rectores y los Decanos de las Facultades de
Derecho), además de representantes de los propios Magistrados; lo cual
evidenciaría la posibilidad de que, alejados de toda actividad e influencia
política puesto que son académicos y funcionarios judiciales, eligieran
debidamente a los Magistrados.

El vicio
que se dio en este sistema ha sido más que evidente.  Las comisiones de postulación, son órganos
que han sido cooptados por grupos oscuros de poder.  Muchos de sus integrantes se han prestado a
la más grande corrupción.  No digamos lo
que sucede con el Consejo de la Enseñanza Privada Superior –CEPS- que se ha
prestado para autorizar «Universidades de Garaje», con el solo fin de que creen
Facultades de Derecho con veinte o treinta estudiantes y cuya finalidad es la
de participar en las Comisiones de Postulación.  De tal suerte que al día de hoy nos
encontramos con un sistema caduco, del cual no podemos esperar nada bueno a
menos que en realidad los postuladores sean personas éticas y comprometidas con
el futuro de Guatemala.

Nunca he
entendido la finalidad de que la integración de las Comisiones de Postulación
se haga mediante planillas, tanto en el Colegio de Abogados, como en el seno de
la Asamblea de Magistrados de Salas Jurisdiccionales.  Este es como todo evento «electoral» muy
politizado, en el Colegio de Abogados y Notarios vemos como el día de
elecciones hay todo tipo de viandas, publicidad «a montones», y previo a ese
día muchas actividades «académicas», en restaurantes y otros sitios.  Creería más sano para el sistema que en ambos
casos, Colegio de Abogados y Asamblea de Magistrados, se haga un sorteo
público, verificado por todos en donde los colegiados cuyo número aparezca sean
quienes en nombre propio puedan ser postuladores, y en el caso de los
Magistrados de Salas, de igual manera, igualmente debería ser los Magistrados
de la Corte Suprema.  Este sorteo en cada
una de estas instancias, elegiría postuladores independientes, no cooptados
por grupos de poder,
  quienes sumados
a la Academia (los Decanos de Derecho) realizarían un trabajo independiente sin
ligamentos de ninguna naturaleza y sin responder a ningún grupo de poder.  En realidad el vicio que está privando de
independencia a los Jueces y Magistrados en las Cortes, tiene su pecado
original en la integración misma de las Comisiones de Postulación.

Es tal
el grado de cooptación de las Postuladoras que parece irrisorio, cómo elaboran
una «tabla de gradación» que provee un puntaje para cada uno de los aspirantes.
¿De qué sirve los puntos obtenidos por los aspirantes? ¿Qué finalidad tiene?  En realidad no tiene ningún objetivo, puesto
que hay aspirantes que pese a tener más puntaje que otros, al final no son
incluidos en el listado.  Es decir que
«frente a nuestras narices» de una forma más que desvergonzada y con total desfachatez,
los miembros de las Comisiones de Postulación, explican estúpidamente «no tengo
nada contra tal y cual aspirante, llena los requisitos pero prefiero votar por
otras opciones», en otras palabras el postulador está diciendo que pese a que
el aspirante llena los requisitos, quizá haya punteado más alto que otro, no
lo elegirá porque seguramente ya tiene obligación de votar por otros a los que
ya se les ha señalado y efectivamente se han visto casos que quienes «apenas»
llegan a entrar en la tabla con mínimos punteos son electos sobre otros más
calificados.
Así las cosas, es mejor que la Comisión de Postulación a
Magistrados de ambas cortes, no elaboren tabla de gradación, porque de
todos modos no servirá para nada en lo absoluto, puesto que deberán entonces
solo verificar si cumplen los requisitos y votar por las opciones que ya se les
ha impuesto.

Como puede verse las Comisiones de Postulación se encuentran en serio entredicho, parece un sistema caduco que afecta seriamente al sistema judicial guatemalteco, puesto que quienes integrarán las postuladoras representan grupos de poder que han politizado la justicia, han metido sus sucias manos en un sistema que agoniza porque el verdadero vicio en el sistema judicial no inicia en el Congreso de la República cuando elige Magistrados a las Cortes, sino que inicia en la integración de las Comisiones de Postulación que ya se encuentran cooptadas antes de que se promulgue la convocatoria a integrarlas.  ¿Habrá que pensar en una integración más transparente de las Comisiones de Postulación?

TEXTO PARA COLUMNISTA

Lea más del autor: http://elsiglo.com.gt/2019/05/12/una-democracia-que-depende-de-los-jueces/

La entrada Las comisiones de postulación: Un sistema caduco se publicó primero en El Siglo Guatemala.

Consultar la fuente

La sobrevivencia de la Democracia

Guatemala Al Rescate

En los últimos 34 años y hasta la fecha, Guatemala ha
experimentado, a través de varios gobiernos electos democráticamente, la
transición política que pareciera eterna y la búsqueda de afianzar la
democracia por mantenerla estable; durante todos estos años se han realizado
grandes esfuerzos por parte del Tribunal Supremo Electoral para garantizar el
derecho universal al voto a través de elecciones libres y transparentes, y de igual
manera, otras instituciones han logrado la permanencia en el poder de aquellos
que resultaron electos a cargos de elección popular, sin embargo, aun con todos
estos avances, estos no han sido suficientes para garantizar la estabilidad de
los gobiernos democráticos.

La democracia en nuestro país, muestra múltiples
elementos de debilidad relacionados con la incapacidad del Estado de desarrollar
los derechos fundamentales de la población normados en nuestra propia Constitución
Política, lo que es un requisito esencial para que los habitantes del Estado
conozcan sus derechos y obligaciones y para garantizar la participación y la
cohesión social, así como lograr el sentido de pertenencia de la población a la
Nación y como resultado obtener el soporte firme de la población a esa
democracia, lo que a la vez se convierte en un elemento de legitimación
política.

Algunos investigadores sociales y analistas plantean que,
en nuestro país, se dan algunas características comunes que pueden de igual
manera explicar la debilidad democrática, la desigualdad entre los ciudadanos
de la nación y los grandes bolsones de pobreza que le niegan a una mayoría de
la población el acceso a los servicios básicos, a cubrir las necesidades
ingentes de la familia, la falta de oportunidades y la discriminación, que afecta
a la mayoría de grupos sociales pobres, indígenas, campesinos y mujeres, de
igual manera otros factores como la violencia y la corrupción que no permiten
la cohesión social y reducen la posibilidad de construir un pacto social consistente
entre la población.

Pero así como está demostrado que tanto la desigualdad, la pobreza, la violencia, la corrupción, el analfabetismo, la falta de oportunidades  pueden ser factores de debilidad e inestabilidad democrática del Estado, también es cierto que efectivamente el sistema de partidos políticos y los políticos, pervirtieron el sistema y profundizaron la debilidad de las instituciones de gobierno y debilitaron la democracia, hoy estamos sumergidos en una crisis política de credibilidad, de falta de confianza, que ha desembocado en un descontento hacia los partidos políticos y los políticos, que obliga a replantear el sistema de partidos políticos, de igual forma hay que exigir que el Tribunal supremo electoral como ente regulador y sobre el cual descansa el andamiaje partidario político del país, no solamente garantice el voto, sino que también cumpla y actué con totalidad imparcialidad y estricto apego a la ley en cada una de sus actuaciones y resoluciones, para proteger y mantener estable el sistema democrático.

TEXTO PARA COLUMNISTA

Lea más del autor: http://elsiglo.com.gt/2019/04/28/la-politica-y-los-politicos/

La entrada La sobrevivencia de la Democracia se publicó primero en El Siglo Guatemala.

Consultar la fuente

Mirador hacia el abismo: Estrada (UCN), su oferta a los narcos y sus ganas de matar a Thelma y ¿a Zury?

Este artículo fue actualizado el 23/04/19 a las 11:30.

Guatemala, en abril de 2019, es un país con cinco características.

1) Mario Estrada, candidato de UCN, fue detenido por la DEA (la oficina antidrogas estadounidense) en Miami, acusado de ser un conspirador para el narco y para dos asesinatos de rivales políticas. No es un candidato cualquiera. Su partido es aliado del gobierno de Jimmy Morales, y firmó junto a políticos y a empresarios el lobby contra la CICIG. Ya estaba inscrito como candidato presidencial.

2) Al mismo tiempo, hay cuatro exfuncionarios que han luchado en primera línea contra el narco y las mafias, pero no pueden ser candidatos a elección popular por argumentos «legales» de la Contraloría, el Ministerio Público o el Tribunal Supremo Electoral.

3) La mayor parte de la élite empresarial está perfectamente tranquila con los últimos dos puntos. Es más: ha hecho alianzas con diputados de UCN para su campaña contra la CICIG.

4) Tenemos a una jefa del MP, Consuelo Porras, quien dijo ayer que desde febrero sabía de la denuncia contra Mario Estrada, pero solo «lo judicializó» (es decir, empezó a investigar). Pero no le advirtió a Thelma Aldana que había una amenaza en su contra, que no pidió apoyo a la CICIG para frenar esto y que Mario Estrada no participara como candidato. Además (aunque en público lo defiende), sé que el último año ha hostigado a su mejor fiscal y jefe de la FECI, promueve una amnistía para el financiamiento electoral ilícito, y cree que en realidad la CICIG ya debería irse del país.

5) Vamos a ir a unas alegres elecciones en estas condiciones el 16 de junio, dentro de 8 semanas.

***

Guatemala —como Colombia, Venezuela, Panamá, Nicaragua, Honduras, El Salvador y México— está en riesgo de convertirse en un narco-Estado.

Estamos en esta situación desde que la CIA le dio carta blanca a la dictadura militar de financiar parte de la contrainsurgencia desde 1978 con dinero del narcotráfico. Y después se convirtió en un dominó: ejército, aduanas, contrabando, corrupción y narcotráfico. Y no es unidireccional, Guatemala —como los vecinos— ha podido dar pasos hacia narco-Estados o hacia un Estado de Derecho.

1. El camino del PP, frenado por la CICIG

Este modelo de narco-Estado desde las dictaduras tuvo una breve interrupción tras la firma de los acuerdos de paz en 1996.

Pero muchos militares retirados volvieron a la carga con su primer partido, el FRG, de Ríos Montt, Zury Ríos, Alfonso Portillo y Mario Estrada, entre 2000 y 2004. Hubo una pausa con dos gobiernos «de civiles». Y después llegó el segundo partido de militares, más sofisticados, el Partido Patriota, de Pérez Molina, Roxana Baldetti y Mauricio López Bonilla, entre 2012 y 2015.

Pero como ocurrió en el dominó, no fue solo ‘la defraudación aduanera el corazón del proyecto militar y del PP’. Fue el comienzo. La CICIG de Iván Velásquez y el MP de Thelma Aldana nos fueron demostrando con más investigaciones que el gobierno del Partido Patriota no solo estaba dedicado a robarse todo lo que podían de impuestos en las aduanas, sino que le habían dado una concesión del puerto TCQ a una firma española del gigante empresarial Pérez Maura no solo a cambio de sobornos, sino de una condición muy extraña: que en el puerto no hubiera máquina de rayos X, crucial para detectar el narcotráfico.

Así, Estados Unidos pidió en 2017 la extradición de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y el exministro de Gobernación, el militar retirado Mauricio López Bonilla, por tráfico de drogas. Tampoco creamos que la DEA puede sustituir a la CICIG. Esa solicitud de extradición vino dos años después, cuando la CICIG y el MP ya habían procesado a Baldetti, López Bonilla y buena parte de las cabezas del sistema de corrupción e impunidad.

Entonces, cuando el candidato presidencial Mario Estrada (UCN) le dijo a narcos del «Cartel de Sinaloa» (que en realidad eran agentes de la DEA) o del cartel Jalisco Nueva Generación que «les entregaría el control de puertos y aeropuertos», no estaba inventando nada nuevo.

El gobierno de Pérez Molina, Roxana Baldetti y Mauricio López Bonilla, toda la evidencia indica, ya estaba entregando el control de puertos y aeropuertos a los narcos. Además del caso de TCQ, desde Nómada publicamos que Pérez Molina hizo gestiones para que un juez ‘de la impunidad’, Adrián Rodríguez Arana, dejara en libertad a narcos ecuatorianos capturados con 405 kilos de cocaína en el Aeropuerto La Aurora en 2012.

Y no es que los gobiernos «de civiles» de Óscar Berger y Álvaro Colom hubieran sido una panacea contra el narcotráfico, pero al menos eran contradictorios en sus nombramientos.

Gracias a WikiLeaks pudimos saber que Carlos Vielmann, ministro de Gobernación de Berger (2004-2006), se quejaba con la embajada de Estados Unidos que el jefe de bancada de su propio partido en el Congreso, Jaime Martínez Lohayza, era «narco».

En tiempos de Colom y Sandra Torres (2008-2011), mientras por una parte su campaña era financiada con dinero narco y por eso después asesinaron a su funcionario Obdulio Solórzano, por otra parte nombraron a funcionarios que sí lucharon contra el narcotráfico.

Carlos Menocal fue su cuarto Ministro de Gobernación, a Claudia Paz fue su segunda jefa del Ministerio Público, y Gloria Porras, ex número dos del MP, fue designada como magistrada de la Corte de Constitucionalidad. Y ellos tres, Gloria Porras, Claudia Paz y Carlos Menocal, fueron quienes empezaron a perseguir a los capos del narcotráfico en serio en Guatemala. A alejarnos de un narco-Estado. Entre los tres lograron 19 capturas de capos, algo inédito en el país.

La CICIG los apoyó después con la captura de la familia Mendoza, acusada de narcotráfico y despojo de tierras en Petén e Izabal; del exalcalde del Puerto de San José, y el caso de narcos mexicanos aliados con funcionarios en Puerto Quetzal.

Hay un detalle importante, intangible:

La CICIG no solo puso contra la pared y tras las rejas al ¿narcogobierno? del Partido Patriota y a todo el sistema de corrupción e impunidad tan amigable con los narcos. También envalentonó a policías y fiscales y tenía a los mafiosos intimidados.

Aquí, una frase que recogimos en Nómada después de la fuga de la secuestradora La Patrona de la cárcel VIP, Mariscal Zavala, en mayo de 2017. Esto fue lo que nos dijo uno de los presos:

— Aquí se rumoraba (la fuga) y lo estuvieron proponiendo. Pudo haber sido una onda masiva, pero mirá, si uno quisiera irse se va. Lo que pasa es que así como están las cosas, si vos te fugás y te vuelven a atrapar, olvidate que después podás conseguir algún trato con la fiscalía.

Es decir, entre 2012 y 2015, durante el gobierno del Partido Patriota, sin que nos diéramos cuenta, estábamos encaminados a ser un narco-Estado. El mismo Ministro de Gobernación y la misma Vicepresidenta de la República estaban comprometidos con el narco. Lo que nos salvó fue un Ministerio Público independiente con Claudia Paz primero y Thelma Aldana después. Jueces independientes. Medios independientes. Y la CICIG.

2. Asesinar candidatos rivales, el dejavú de un candidato a alcalde de Líder en 2011

Luis Marroquín era el candidato a alcalde de Líder para San José Pinula, en los primeros kilómetros de la Carretera a El Salvador en los suburbios capitalinos. Para ganar la contienda, el candidato de Líder asesinó a sus rivales Gustavo Ovalle Barreda, del partido Unionista, y Carlos Enrique Dardón Girón, de CREO. Después de asesinarlos, fingió un atentado en su contra. Los fiscales del MP de Claudia Paz lo descubrió, lo capturó y lo acusó. Tres años después, el Tribunal A de Mayor Riesgo, presidido por Jazmín Barrios, lo condenó a 142 años de prisión.

Era grave, pero esa alcaldía no ponía en riesgo todo el país y toda la democracia.

Mario Estrada está acusado de conspirar para dos candidatas presidencial, y para entregar el país a los narcos a cambio de financiamiento electoral ilícito.

He confirmado que una de las dos candidatas a quienes quería asesinar era Thelma Aldana, del Movimiento Semilla, la exfiscal general, quien está refugiada en El Salvador víctima de una persecución espuria de la actual fiscal, Consuelo Porras.

La otra candidata amenazada podría ser Sandra Torres o Zury Ríos. Sandra Torres, a decir de la escasa seguridad en sus mítines, no parece haber sido amenazada. De hecho, todos los candidatos la prefieren como rival en la segunda vuelta porque creen que pueden ganarle. Y Zury Ríos publicó en redes sociales que «deducía» que ella era una de las amenazadas.

En la acusación pública, en inglés, no se habla del género de las candidatas o candidatos, pero no tendría ninguna lógica mandar a matar en febrero a algún candidato que tuviera menos del 3% de los votos, a quienes Mario Estrada podría haber rebasado sin demasiado esfuerzo.

Así que además de Thelma Aldana, las dos que más probabilidades son Zury Ríos o Sandra Torres.

3. La fiscal, Consuelo Porras, dijo que lo sabía y no hizo nada

La situación adquiere más tintes surreales, muy preocupantes. La fiscal designada por Jimmy Morales, Consuelo Porras, dijo anoche en el programa ConCriterio, que desde el 4 de febrero había una denuncia contra Mario Estrada. Dijo que «estaba en investigación», pero eso es igual a nada, tomando en cuenta la gravedad de la acusación y sus antecedentes de frenar investigaciones.

Consuelo Porras no hizo nada por frenar la candidatura de Mario Estrada. Ni por proteger la vida de Thelma Aldana y de la otra candidata amenazada. Es más, intentó meter a Thelma Aldana a la prisión; pero llevar a una exfiscal como Aldana, que puso tras las rejas a más de 600 personas poderosas, a cárceles controladas por el crimen organizado y este gobierno de autoritarios y militares, probablemente significaría una condena a muerte.

Para cerrar el círculo, la fiscal Consuelo Porras dijo en ConCriterio –a pesar de todo este caso de conspiraciones para entregar al país al narco y asesinatos políticos al más alto nivel– que no consideraba que había motivos para que la CICIG continuara en el país durante el siguiente Gobierno.

Me parece cada vez más evidente que Consuelo Porras está construyendo una cerca de impunidad para los delincuentes. Me parece que debería renunciar a su puesto. Y que la siguiente Comisión de Postulación no debería dejar pasar a ninguna candidata gris, que no tenga una carrera demostrada a favor del Estado de Derecho, como dejó pasar a Consuelo Porras.

 

Propaganda de Mario Estrada en la zona 9 capitalina. Foto: Sandra Sebastián

Propaganda de Mario Estrada en la zona 9 capitalina. Foto: Sandra Sebastián

4. La élite, sin problemas con los narcos; el Gobierno de Jimmy, aliado

Este es un extracto de la entrevista al empresario Fernando Sáenz, uno de los voceros y organizadores del lobby entre grandes empresarios, políticos, el presidente y diputados señalados de narcos, en una entrevista que le hicimos en octubre de 2018.

—¿Pero por qué escogieron, ustedes, empresarios, a cuatro diputados con pésima reputación, incluso señalados de tener relación con el narco, para firmar el lobby en Washington contra la CICIG?
—El diputado más cercano era Skipy (apodo de Fernando Linares Beltranena), entonces se le pide que busque a ocho o diez diputados más, pero nadie quería firmar.

—Los tres diputados que encontró Linares Beltranena tenían mala reputación, relaciones con narcotráfico, con el crimen, el papá de uno de ellos está preso por delitos duros. ¿No les provocó algún melindre, algún remordimiento tener que relacionarse con esos diputados?
—El objetivo de la coalición era poder informar a Estados Unidos de la situación con la CICIG, y contra esos diputados en realidad no hay nada probado. Contra algunos ahora sí se tiene pruebas, pero en ese momento no habían sido juzgados.

El Cacif, que ha apoyado los esfuerzos anti-democráticos de Jimmy Morales, no se pronunció en absoluto tras la noticia de la captura de Mario Estrada y la conspiración para asesinar a dos candidatas.

El Gobierno de Jimmy Morales, por su parte, resulta más comprometido con UCN, el partido de Mario Estrada.

Uno de los asesores más cercanos de Jimmy, el exembajador Marvin Mérida, es candidato a diputado de UCN.

Y el hermano de su ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, también es uno de los principales candidatos a diputado de UCN.

Además, Estuardo Galdámez, el candidato presidencial del partido de Jimmy Morales, el FCN, al enterarse de la noticia de la captura de Mario Estrada acusado con grabaciones y videos de conspirar para financiarse con dinero del narco y para asesinar a dos candidatas presidenciales, tuiteó en solidaridad. Pero no con las candidatas amenazadas, sino con los diputados de UCN, quienes «injustamente» serían vilipendiados por ser parte de un partido de Mario Estrada.

Y es que con UCN y FCN son aliados; comparten Junta Directiva del Congreso desde hace dos años.

Pero hay un punto más grave todavía. La candidata Sandra Torres sorprendió a todo el mundo con un tuit en el que busca distanciarse de su aliado Jimmy Morales.

¿Qué hacía Jimmy Morales en una reunión en la casa de Mario Estrada el 2 de abril?

Esto, de comprobarse, es terrible. Justo en esas fechas era cuando Mario Estrada estaba conspirando para asesinar a Thelma Aldana y a la otra candidata, y fue cuando le dijo a los agentes encubiertos de la DEA que ya había conseguido quién podía asesinarlas.

En efecto, horas después de esta publicación, el presidente Jimmy Morales reconoció que sí se reunió con Mario Estrada. Lo hizo en una declaración que a decir de expertos en gestos consultados por Prensa Libre, está cargada de miedo y de mentiras.*

El lenguaje corporal puede ser traicionero.

Una aproximación visual. pic.twitter.com/8j0lVmB8bn

— Ronaldo Robles (@roblesronaldo) 23 de abril de 2019

Esto es terrible para la institucionalidad de la democracia, pero también es terrible para el Pacto de Corruptos. Además, ConCriterio reveló hoy que un agente de la DEA, quien Mario Estrada consideraba parte del Cártel de Sinaloa, estuvo presente en la reunión con el presidente Jimmy Morales.*

5. Exembajador McFarland: «Estados Unidos no puede permanecer neutral»

Stephen McFarland fue embajador de Estados Unidos en Guatemala entre 2008 y 2011. Y tras la captura de Mario Estrada y su asesor Juan Pablo González Mayorga, publicó una carta, que tiene estos puntos clave:

«1) Estados Unidos evitó un intento de captura del Estado de Guatemala para beneficio de un cártel de narcotráfico.»

«2) EEUU impidió el intento de manipular las elecciones de Guatemala de 2019 a través de asesinatos y dinero del narco en campañas. Si esto hubiera ocurrido así, esto hubiera generado una inestabilidad enorme, todavía más inseguridad y muchas más migraciones hacia EEUU. No obstante, la amenaza de muerte todavía permanece para al menos un(a) candidato(a) presidencial.»

«3) Hay un peligro de que el dinero del narcotráfico financie campañas en Guatemala. Esto era una de las razones por las que la CICIG había establecido un acuerdo de cooperación con el TSE. Desde la perspectiva de EEUU, los alegatos dentro y fuera de Guatemala de que la CICIG amenaza el proceso electoral no tienen ningún fundamento.»

«4) La asistencia de EEUU para el Estado de Derecho es crucial para apoyar a los jueces y fiscales de Guatemala. La decisión reciente de EEUU de terminar la cooperación a Guatemala, Honduras y El Salvador daña los intereses de EEUU en la democracia, la lucha contra el narco y la migración.»

«5) EEUU tiene que apoyar los esfuerzos para asegurar la integridad de las elecciones democráticas en Guatemala y para asegurarse que el crimen organizado no compre su camino hacia el poder. Esto es más complejo porque hay un debate intenso sobre si Guatemala debe continuar o terminar con sus investigaciones anti-corrupción.»

«Y algunos políticos y empresarios guatemaltecos ya escogieron terminar con la lucha contra la corrupción a pesar de que (esto implique un aumento en) la amenaza de expansión de los cárteles de droga.»

McFarland remata con una crítica a su propio gobierno estadounidense, ambivalente desde 2017 en sus apoyos políticos entre la CICIG o el gobierno de Jimmy Morales.

«EEUU no va a encontrar una posición ‘neutral’ en este asunto en Guatemala o en otros lugares de la región. Necesita tomar una posición fuerte que apoye la seguridad nacional y la política exterior de EEUU apoyando el Estado de Derecho. EEUU debería usar su influencia y sus herramientas exitosas como el apoyo a la CICIG y a los fiscales, jueces, unidades especializadas de la PNC y a la sociedad civil. Además, a operaciones estadounidenses para el Estado de Derecho, sanciones a individuos y cooperación específica. Así protegeremos los intereses de EEUU».

6. Los candidatos anti-mafias, fuera de las elecciones o del país

Durante los últimos diez años, no todas las partidas han favorecido al crimen organizado en Guatemala. The New York Times y muchas instituciones consideraron a Guatemala como un ejemplo para América Latina en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

No obstante, el caso de Mario Estrada y Consuelo Porras ejemplifica cómo, hoy por hoy, parecemos estar otra vez en el rumbo hacia el abismo de un narco-Estado.

La exfiscal general Claudia Paz (2010-2014) no ha podido regresar al país por las amenazas que hay de arraigarla o inventarle un proceso penal para vengarse por todos sus esfuerzos contra la impunidad.

El exministro de Gobernación, Carlos Menocal (2010-2011), el primero que activó ese ministerio contra el crimen organizado, contra la corrupción y contra la impunidad, no ha podido ser candidato a ningún puesto de elección popular porque la Contraloría todavía no le da su finiquito.

Y tres de los fiscales que encabezaron la lucha contra la corrupción del Partido Patriota y las mafias no tienen certeza de si podrán ser candidatos.

Juan Francisco Solórzano Foppa –fiscal y después jefe de la SAT, la oficina de impuestos– quiere ser candidato a alcalde capitalino con un comité cívico, pero la Contraloría y el TSE no se lo permiten.

Francisco Rivas –fiscal y después Ministro de Gobernación– quiso ser candidato a diputado con Semilla, pero no logró que la Contraloría le diera su finiquito.

Y Thelma Aldana está proclamada como candidata presidencial de Semilla y el Registro de Ciudadanos la aceptó, pero los magistrados Julio Solórzano y Mario Elizardi del TSE lo detuvieron. Ahora la magistrada Patricia Valdés está haciendo trampas ilegales para detener el expediente y que no llegue a la Corte de Constitucionalidad, en donde se decidirá finalmente su candidatura.

***

Como escribí hace unas semanas, más allá de defender estas candidaturas de exfiscales como idóneas o equivocadas, me parece una aberración que los narcos y asesinos sí puedan ser candidatos, pero quienes los han perseguido en el pasado desde el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación no puedan competir democráticamente.

No sé cuál es la salida legal a todo esto en el mirador hacia el abismo del narco-Estado, pero me parece que si esto no se revierte, si la fiscal Consuelo Porras sigue haciéndose de la vista gorda de los criminales y enjuiciando a quienes los persiguieron, si el TSE –Solórzano y Elizardi– no impide que participen narcos y asesinos pero sí impide que participen quienes los persiguieron, ¿entonces de qué democracia estamos hablando? ¿Qué sentido va a haber tenido la lucha contra la corrupción y la impunidad de los últimos diez años? ¿Qué sentido van a tener las elecciones de 2019?

La única ventana para el optimismo es que el escándalo de Mario Estrada, Consuelo Porras y Jimmy Morales puede convertirse en un terremoto para el Pacto de Corruptos.*

* Estos párrafos fueron agregados el 23/4/19 a las 11:30.

The post Mirador hacia el abismo: Estrada (UCN), su oferta a los narcos y sus ganas de matar a Thelma y ¿a Zury? appeared first on Nómada, Guatemala..

Consultar la fuente

Red vial en crisis por baja ejecución presupuestaria

#Perspectivas

Cada invierno, las condiciones de la red vial de Guatemala se convierte en un tema controvertible y de gran preocupación para los habitantes y algunos sectores del país por su notable deterioro, lo que en el presente año se empeora por la tragedia del Volcán de Fuego.  En el ciclo 2017, se calculó por expertos de la Cámara Guatemalteca de la Construcción que reparar nuestras carreteras equivale a realizar una inversión de cinco a siete veces mayor a la que correspondió efectuarse en el año 2012, que es el año en el cual se dejó de brindarles un efectivo mantenimiento.

Las rutas guatemaltecas tienen un déficit de inversión que nos sitúan a nivel mundial, en el puesto 92 de 138 sobre calidad de carreteras.  El deplorable estado de las mismas, se acredita al recorrer algunas calles de las cercanías de la ciudad, pero hay lugares en los cuales ese menoscabo tiene límites insostenibles porque los accesos se encuentran totalmente destruidos, como lo es la región suroccidental, que en lugar de existir baches hay verdaderos cráteres que ponen en peligro la vida de quienes transitan en esas vías.

La frase favorita de las autoridades de turno para justificar el mal estado de la red vial, es manifestar que es consecuencia de la baja ejecución del presupuesto, porque «existen muchos candados fiscales, lo que dificulta el gasto y que impacta en los tiempos»,   lo cual en cierta medida viene a perjudicar, pero se estima que no es toda la causa principal.

Para colocar en contexto y referente a obra gris (proyectos de infraestructura), los Consejos Departamentales para el Desarrollo Urbano (Codede), que son entes coordinadores departamentales de planificación, reportan que al mes de julio de 2018 hubo una ejecución del gasto de tan sólo el 4%, incluso hay algunos departamentos del país con el 0%.  Esta cifra tan baja, deja sin ejecutar el 96% del gasto de lo que va del año, y que comparado al mes de julio del 2017, donde el nivel de ejecución aproximada fue del  8.49%, obtiene como resultado que este ciclo hay una ejecución menor.

Ésta baja ejecución presupuestaria, es una tendencia que marca el presente período, porque la mayoría de departamentos y ministerios de Estado, reflejan una pobre ejecución presupuestaria y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, no es la excepción, ya que de enero a abril del presente año, sólo ejecutó el 16.12%. Esta circunstancia posiblemente, es producto de la poca preparación académica y experiencia que poseen las autoridades al mando de la administración pública, quienes por la impericia desconocen cómo agilizar los trámites y procesos para ejecutar el gasto.

En definitiva, es complicado priorizar el gasto para que sea de calidad dentro de la administración pública, más por el hecho que se tienen proyectos de años anteriores aplazados, pero tampoco es secreto que la mayoría de los gastos desarrollados se consuman por interés político, resultado de las negociaciones que se hacen bajo la mesa, dirigidas en la mayoría de ocasiones a enriquecer a los funcionarios públicos y no para beneficiar a la comunidad.

Con esta ineficiencia de administración pública parece que nos quedaremos con muchos «deseos» que las carreteras sean de mejor calidad, porque realmente si no observamos voluntad, creatividad y empoderamiento por parte de quienes son los encargados de ejecutar el presupuesto o bien se formalice un giro en las estrategias de planificación y ejecución desde una perspectiva integral para este rubro, nunca veremos mayores avances.

TEXTO PARA COLUMNISTA

La entrada Red vial en crisis por baja ejecución presupuestaria se publicó primero en El Siglo.

Consultar la fuente

En Honduras, defender la vida es un pecado

En el libro «En Honduras defender la vida es un pecado» (2017) documento la oposición a la minería en Honduras, un país al borde de un «auge minero», producto de la aprobación de la nueva Ley de Minería en abril del 2013, y que tiene registrada la tasa de asesinatos de defensores de tierra y medio ambiente más alta de Latinoamérica y el mundo: una cifra que es poco probable que cambie sin cambios políticos anteriores.

La publicación es el resultado de un trabajo de investigación colaborativa con la ONG hondureña ASONOG — una ONG que brinda asistencia a comunidades afectadas por la minería, y comunidades que defienden su territorio contra la imposición de proyectos extractivos. El trabajo de campo principal fue llevado a cabo durante 6 meses en el 2013, meses después de la aprobación de la Ley de Minería, como investigación de tesis de maestría en Estudios de Desarrollo Internacional de la Wageningen Universidad, Países Bajos. Durante y después de tres otras visitas a Honduras entre el 2014 y el 2016, el texto fue adoptado y actualizado para su eventual publicación en español en el 2017, producto de una campaña de crowdfunding apoyado por el Dr. Carlos Sandoval de la Universidad de Costa Rica (UCR).

En tiempos coloniales Honduras era un productor importante de minerales, pero la importancia del sector minero se disminuyó considerablemente después de la independencia. El Huracán Mitch, que devastó Honduras en el año 1998, fue utilizado al estilo ´doctrina de choque´ para aprobar una primera ley minera neoliberal, que dio lugar al establecimiento de las primeras minas industriales a cielo abierto en el país: la mina San Andrés en el departamento de Copán, y la mina San Martín en el departamento de Francisco Morazán, ambas de propiedad canadiense. Los problemas asociados con estas dos minas, como la pérdida de tierras para la agricultura y más importantemente la contaminación del agua asociada con la lixiviación de cianuro y sus impactos de salud,  abrieron el paso para el nacimiento del movimiento antiminero en el país.

Considero la actual agresiva expansión de la industria minera como un empujón de la frontera de recursos (Bunker, 2003), un modelo de desarrollo extractivista que implica, en las palabras de Bridge (2004, pp.11), la acumulación por despojo: la mercantilización y privatización de recursos naturales como aguas y tierras; expulsión forzada de comunidades campesinas de sus territorios comunales; transformación de varias formas de derechos de propiedad común en regímenes exclusivos o privados; y supresión o negación de formas alternativas de producción.

El discurso principal del movimiento anti minero hoy es sencillo, pero poderoso: podemos vivir sin oro, pero no podemos vivir sin agua. ¡Sí a la vida, no a la minería!. Este movimiento, cuyo discurso sobre la importancia del acceso al agua no contaminada como requisito para la vida resuena fuertemente en las comunidades rurales, ya que dependen del acceso al agua para la continuación de sus modos de vida, tuvo unos logros importantes en los años 2000. A través de movilizaciones masivas, el  movimiento impidió la instalación de una mina canadiense a cielo abierto en el departamento de Ocotepeque en el año 2004. Con evidencias sobre graves impactos de salud — presencia de metales pesados en la sangre de habitantes del Valle de Siria — logró el cierre de la mina San Martín y la salida de la empresa Goldcorp de Honduras. Finalmente, a través de batallas legales y bloqueos de carreteras principales, lograron el declaratorio de inconstitucionalidad de varios artículos críticos de la Ley Minera por parte de la Corte Constitucional en el 2006, y convencieron al presidente Manuel Zelaya decretar un moratorio sobre nuevas concesiones mineras en el 2008.

El golpe de Estado de junio del 2009, que expulsó al presidente Zelaya y que restauró el poder al Partido Nacional, de ideología derecha y conservadora, deshizo los avances del movimiento antiminero durante un periodo en el cual el movimiento perdió fuerza. En el contexto de una política agresiva de comercialización de recursos naturales, el nuevo gobierno comenzó a otorgar nuevas concesiones mineras, y aprobó una nueva ley minera en el 2013, nuevamente con el objetivo de convertir Honduras en un país minero.

La nueva política minera generó, y sigue generando, una situación de conflictividad socio-ambiental considerable en los territorios. Debido a la falta de políticas para lograr un diálogo con el Gobierno central desde el golpe de Estado, el movimiento antiminero se ha enfocado en la búsqueda de oportunidades a nivel local, motivando a las comunidades a declarar sus municipios libres de minería a través de cabildos abiertos. A su favor, la ley minera contempla que los proyectos mineros requieren el consentimiento de la población local a través de una consulta. En contraste, la industria extractiva y el Gobierno central no tienen este nivel de éxito al intentar convencer a las poblaciones locales de los potenciales beneficios de la minería, aunque argumentan que la minería contribuye al desarrollo y el alivio de la deuda, y combate la inseguridad en el país a través de una tasa de seguridad, que implica que una tercera parte de las regalías del sector minero está destinado para las fuerzas de seguridad del Estado, con lo cual se creó la Policía Militar en el 2013.

Sucesivamente, donde medidas legales no logran obtener el consentimiento de las comunidades para proyectos mineros, frecuentemente se empuja la «frontera extractiva» a través de la criminalización de oponentes y la amenaza de violencia. Para comenzar, la tasa de seguridad crea vínculos perversos entre el sector minero, la policía y el ejército, fuerzas que operan para reprimir la protesta social en contra de las empresas. Líderes comunitarios enfrentan cargos penales como respuesta a la organización de bloqueos o manifestaciones, y varios activistas antimineros han sido asesinados en el contexto de su lucha, con el objetivo de reprimir e impedir la movilización social. En particular, el asesinato de Berta Cáceres, una mujer internacionalmente reconocida por su lucha en pro de derechos humanos y medio ambiente, ha contribuido a un ambiente general de temor.

Este grado de represión y violencia revela un Estado cuyas instituciones, en vez de representar a su ciudadanía para el bienestar de todos, han sido capturados por intereses particulares de empresas legales o intereses ilícitos. Mejorar esta situación requiere un cambio político drástico y urgente, pero eso no será posible sin un cambio social previo. Cada vez más hondureños están conscientes, tanto de sus derechos como de la corrupción del gobierno, pero lograr un cambio político significativo sigue siendo un reto para el país.

 

*Este texto fue producido/seleccionado por el equipo de la red-plataforma centroamericanista O Istmo (www.oistmo.com), donde ha sido publicado originalmente, y editado conjuntamente con el equipo de Nómada para reproducción en su página web como parte del proyecto de intercambio colaborativo entre O istmo y Nómada. 

Consultar la fuente