Investigación: Cómo Jimmy encontró el negocio de la impunidad en Jerusalén

Gabriel Woltke colaboró para este reportaje.

— Trabajamos conjuntamente con los Estados Unidos de América en la lucha contra la corrupción, lucha que hemos apoyado con un incremento sustancial al presupuesto de las instituciones de justicia en nuestro país y también con el total respeto de las instituciones (…) Nos une fuertemente con Estados Unidos la necesidad de mantener gobiernos democráticos en toda América y el mundo. Los Estados Unidos de Norteamérica, Israel y Guatemala tenemos prioridades y valores similares: la lucha contra el terrorismo, el compromiso con la seguridad fronteriza, la prevención de la migración irregular, la lucha contra el tráfico ilegal de drogas y armas y la protección de los derechos humanos.

Con una sonrisa cerrada y satisfecha, anunció que dos días después de Estados Unidos, Guatemala trasladaría su Embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. El anuncio levantó otra ovación entre los presentes.

El presidente Jimmy Morales, con la comunidad israelí en EEUU https://t.co/SJHV4FoXi2 @AIPAC pic.twitter.com/E7dBIrkB1V

— Emb Guatemala en USA (@EmbaGuateUSA) March 7, 2018

Pero Jimmy Morales no está acostumbrado a recibir aplausos internacionales. Tenía un gobierno paralizado, acusado de financiamiento electoral ilícito en su campaña, rátings de aprobación de menos de 20% y una colección de criminales alrededor suyo que incluían a un asesor prófugo acusado de masacres, un diputado preso acusado de asesinar periodistas y otro diputado acusado de asesinar a su propio padre. ¿Qué hacía un político así, de un pequeño país centroamericano, provocando una ovación en un  centro de poder importante en Washington? Esto tiene una historia muy particular.

En sus horas más aciagas de soledad internacional, Jimmy Morales recurrió a un bachiller.

En junio de 2017 nombró a Manuel Espina como embajador de Guatemala en Washington. Entre los diplomáticos de carrera, el nombramiento de Espina fue sorprendente porque solo tiene el título de Bachiller en Ciencias y Letras. Y en la universidad solo constan sus estudios hasta el cuarto semestre en licenciaturas de Administración de Empresas y de Ciencias Políticas. Su experiencia en la diplomacia era nula. Era hijo de un exvicepresidente de los años 90 acusado de corrupto y en julio de 2019 se hizo público que la CICIG, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, encontró que una cuenta que compartía con su papá fue recipiendaria de sobornos.

Pero no es lo importante para esta historia. A pesar de su falta de experiencia, las relaciones con líderes evangélicos que heredó de su padre en Washington serían clave para cultivar una relación cercana con políticos conservadores y jefes de diversas instituciones del Estado. En Estados Unidos, también estrechó relaciones con miembros del Partido Republicano, como el ex senador y ex Fiscal General, Jeff Sessions, con quien se reunió en el 2013.

 

Reunión con Senador Jeff Sessions , Junta directiva de Guatemala Próspera e invitados de Guatemala

Geplaatst door Guatemala Próspera op Dinsdag 19 maart 2013

— En efecto, entre las prioridades principales del embajador Espina desde que el presidente Morales le declaró guerra a la CICIG y la lucha contra la corrupción en agosto de 2017, estuvo debilitar el apoyo bipartidista a la Comisión, recuerda Adriana Beltrán, del Washington Office on Latin America (WOLA) y una de las conocedoras de la política parlamentaria estadounidense.

Un staffer del Senado recordó la sorpresa que se llevó en 2018 cuando en una cena, el embajador guatemalteco Espina había logrado la presencia de cinco senadores para hablar con el presidente de Guatemala.

Mientras en Washington el embajador Espina cabildeaba contra la CICIG, en la Ciudad de Guatemala el presidente Jimmy Morales hacia los propios esfuerzos para expulsarla del país. Y así, entre junio de 2017 y agosto de 2018, la política guatemalteca se jugó en ambas ciudades, con una estrategia singular que incluiría a la Casa Blanca de Donald Trump, la Oficina de la Fe de la Casa Blanca, y su interés porque más países reconozcan a Jerusalén, capital en disputa con los palestinos, como el centro político y religioso de Israel.

Así, los guatemaltecos amanecieron el domingo 24 de diciembre de 2017, en vísperas de Noche Buena, con un inusual video de Jimmy Morales, que anunció el traslado de la Embajada de Guatemala en Israel de la ciudad de Tel Aviv a Jerusalén.

La diplomacia de la religión evangélica 

Este anuncio tuvo una antesala religiosa y una llamada telefónica. Los líderes religiosos estadounidenses que conversaron con Jimmy Morales para que decidiera el cambio de embajada son mucho más que defensores de la libertad de credo. Son cristianos sionistas, que consideran que la anexión de los territorios palestinos a Israel es un requisito para la segunda venida del mesías, Jesucristo.

Mario Bramnick, presidente de la Coalición Latina por Israel (LCI, en inglés), aseguró en una entrevista con el Columbia Journalism Investigations (CJI) que los líderes evangélicos sionistas habían intervenido en un viaje en diciembre de 2017 para cambiar la posición de Jimmy Morales.

«Esa noche yo pude ver cómo en los Estados Unidos, el Señor está usando a la iglesia en un rol muy importante», recordó. El pastor se refería al «testimonio» que escuchó, de primera mano, sobre cómo el presidente Morales tomó la decisión, a última hora, de trasladar la sede diplomática después de una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en diciembre.

Según dijo Bramnick a CJI, Jimmy Morales había coordinado una llamada con Netanyahu y le pidió a una pastora local que le sirviera de traductora del inglés. El presidente, explicó, había decidido de antemano rechazar la solicitud de Netanyahu para mover la sede y así se lo había comunicado al todo su equipo de gobierno que se encontraba en la sala.

«La llamada viene y se corta, viene y se corta», dijo Bramnick y que mientras esperaban, la pastora leyó unas citas bíblicas con él y le dijo al presidente: «si Dios te puso en esta oficina es para cambiar la historia de Guatemala». Al final de la llamada, según Bramnick, Jimmy Morales había cambiado de opinión y había decidido mover la embajada y convertirse en el segundo país en hacerlo, después de Estados Unidos.

Pero la motivación de Jimmy Morales no fue únicamente religiosa, como se verá más adelante.

Un grupo de 70 líderes judíos y evangélicos conservadores organizó otra misión para visitar el país centroamericano el 25 de enero de 2018, solo un mes después del anuncio de Jimmy Morales.

En esa Misión estaba  la Coalición Latina por Israel (LCI), que envió a 3 líderes, todos cercanos o afines a Trump, para reunirse y cenar con el presidente guatemalteco.

Los líderes religiosos se conectaron con el gobierno de Jimmy Morales a través de la familia Garcés, de origen cubano-americano, que migró a Guatemala para hacer negocios y participar en la política, coincidieron fuentes diplomáticas y políticas consultadas por Nómada. Los actores clave son los hermanos José Garcés, de la agrupación Armonicemos Guatemala, y Gloria Garcés, directora de medios y divulgación de FuenteLatina.com, cuya fundadora y CEO, Leah Soibel, es parte del Junta Asesora de Medios de la Coalición Latina por Israel (LCI).

 

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Gloria Garcés es una cabildera (lobista) que trabaja como enlace entre políticos, diplomáticos y activistas fundamentalistas pro-Israel. Y José Garcés, desde Guatemala, conectó a los grupos evangélicos más conservadores estadounidenses con los los políticos y empresarios anti-CICIG. Una prueba de eso es una fotografía de miembros de la misión de cristianos de Estados Unidos con la canciller Sandra Jovel, flanqueada por José Garcés.

Ellos coordinaron la cena y las reuniones entre Jimmy Morales y los religiosos; ambos fueron fundamentales para movilizar a los líderes evangélicos en Guatemala para apoyar el traslado de la embajada a Jerusalén, según la Coalición Latina por Israel.

 

Los líderes de LCI acuerpan a la canciller Sandra Jovel, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco.

Por eso, en febrero de 2018, el presidente estadounidense le dedicó unos minutos a Jimmy Morales, en medio del Desayuno Nacional de Oración en Estados Unidos, para agradecer su apoyo al mudar su embajada a Jerusalén.

Ambos sonrieron y se estrecharon las manos. Un estrechón de manos del que Jimmy Morales podría capitalizar después.

Los planes empezaron a concretarse el 4 marzo de 2018, cuando Jimmy Morales y su equipo se reunieron con Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, en Washington. En medio de ambos estuvo Gloria Garcés, la cabildera.

En esa fecha el presidente Morales también fue un invitado especial otra vez en la reunión anual de AIPAC, donde anunció la fecha precisa para el cambio de la sede diplomática: el 16 de mayo de 2018, dos días después de que Estados Unidos trasladara su embajada.

La noticia hizo que los asistentes aplaudieran y se levantaran de sus lugares, y que Nikki Haley, entonces embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, dijera en su discurso en la conferencia de AIPAC: «Dios bendiga a Guatemala» y despertara una nueva ovación del público.

La simpatía de Nikki Haley por Jimmy Morales era alta. Tres días antes de que ambos coincidieran en la conferencia de AIPAC, la ex embajadora visitó Guatemala y dijo que la CICIG «no debería politizarse» ni aparecer en la prensa todos los días, sino trabajar en silencio como lo hace el FBI. Esto fue un batacazo para la CICIG, respaldada por Estados Unidos a pie juntillas desde 2008. La CICIG, a pesar de toda la propaganda en su contra, tiene el respaldo del 70% de los guatemaltecos, según la última encuesta de Prensa Libre en 2019.

RT @USUN: Great meeting with President Morales of Guatemala discussing the important partnership our countries share combatting the flow of drugs and crime in our hemisphere. #USstrong pic.twitter.com/P2YvzMgEkb

— Archive: Ambassador Nikki Haley (@AmbNikkiHaley) 24 de septiembre de 2018

Meses después, Halley tuvo otra atención con el presidente guatemalteco. En la Asamblea General de la ONU, se reunió con él. 

De vuelta en Guatemala, Jimmy Morales y Manuel Espina lo habían logrado. Estados Unidos  se colocó en una posición neutral entre la Comisión y el Gobierno. Con Todd Robinson (y Barack Obama) el apoyo de la embajada había sido audaz y público; con la llegada del embajador Luis Arreaga (y Donald Trump), ese país ahora respaldaba la lucha contra la corrupción bajo la idea de una CICIG «reformada».

#EmbArreaga reiteró el compromiso de #EEUU a la lucha contra la #Corrupción e #Impunidad y seguir apoyando una @CICIGgt reformada pic.twitter.com/tEnDNRxasf

— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) September 14, 2018

 

Las gestiones de Espina en este proceso fueron clave entre el 22 al 28 de abril, cuando viajó a Tel Aviv, Israel, a una «reunión de trabajo comercial para sostener encuentros con empresarios de ese país», que según los documentos de la Cancillería, manifestaron su interés en la agenda bilateral comercial entre ambos países. Una promesa que después de un año ha quedado en eso, promesa.

El 16 de mayo de 2018 por fin se concretó la inauguración de la Embajada de Guatemala en Jerusalén. El presidente Jimmy Morales, su familia y una comitiva que sumó 44 diputados y funcionarios de su gobierno viajaron a Jerusalén. Nómada reveló que lo hicieron en un avión que pertenece a los magnates de casinos Sheldon y Miriam Adelson, dos de los principales donantes a las campañas políticas de Donald Trump y abanderados de la causa a favor de Israel, quienes también estuvieron en el evento. Gloria y José, y otros miembros de la familia Garcés, fueron parte de los invitados.

En los registros de viajes de la Cancillería de Guatemala (página 27), se detalla que cuando se inauguró la nueva sede de las embajadas de Estados Unidos y Guatemala en Israel, los funcionarios guatemaltecos lograron un acercamiento con Jared Kushner, yerno y asesor del presidente Donald Trump, con quien planificaban un evento de alto nivel para continuar promoviendo la agenda política y comercial entre ambos países.

El traslado de la embajada hizo que Jimmy Morales y su gobierno ganara tanta simpatía entre la comunidad judía que, en mayo de 2018, el embajador Espina viajó a Nueva York para recibir el premio Emet del Comité para la Precisión en Informes de Medio Oriente en América (CAMERA, por sus siglas en inglés), la más alta distinción entre las congregaciones judías por el apoyo a Israel. «El reconocimiento de Guatemala de la capital de Israel no fue la primera vez que el país ganó un lugar de honor en la historia y los corazones del pueblo judío», dijo Masha Gabriel, directora de español de CAMERA.

El embajador de Drollinger se convierte en embajador guatemalteco

En otro capítulo esencial de esta historia, el 7 de junio de 2018 Mario Adolfo Búcaro Flores fue nombrado embajador de Guatemala en Israel por Jimmy Morales, dos meses después de que se concretara el traslado de la sede diplomática. Previo a ocupar ese cargo, Búcaro era asesor del Instituto de Previsión Militar (IPM). También fue socio del bufete de Juan Manuel Díaz Durán, diputado y ex presidente de la Liga de la Amistad Parlamentaria Guatemala-Israel, antes representante del bufete Mossack-Fonseca, el estudio de abogados  que estuvo al centro del caso Panama Papers, reconocido porque ayudó evadir las leyes tributarias locales y a ocultar empresas de papel para cometer ilícitos en decenas de países.

El embajador y líder evangélico Búcaro fue miembro de la Cadena Cristiana de Difusión, que en el 2012 lo nombró como director regional para América Latina; también fue director nacional de Operación Bendición en Guatemala, una entidad religiosa que trabaja en comunidades afectadas por la pobreza.

Búcaro también fue representante legal de Guatemala Próspera y desde allí dirigió la implementación de un programa de valores morales que se impartió en decenas de instituciones del Estado, como por ejemplo, la Policía Nacional Civil y el Organismo Judicial.

En agosto de 2015, Búcaro fue el anfitrión para la visita de Ralph Drollinger, presidente de Capital Ministries, a Guatemala. En la página 2 de una carta sobre su viaje al país, Drollinger lo apodó Súper Mario, porque le presentó a muchos personajes con influencia, entre ellos cuatro diputados del Congreso, aunque no citó nombres.

Boicot a la CICIG

En mayo de 2018, mes en el que Guatemala trasladó su embajada a Israel, ocurrió otro hito para el boicot a la CICIG y la lucha contra la corrupción y la impunidad. El partido republicano en el Senado suspendió el financiamiento a la Comisión, por US$6 millones, un 40% de su presupuesto.

Según lo publica en este especial CJI, en julio del 2018, la cadena de periódicos McClatchy publicó una historia en la que citó a una fuente estadounidense «con conocimiento directo de las conversaciones» sobre la CICIG en Washington DC. «La única razón por la que Estados Unidos hace esto
es porque está feliz de que Guatemala haya trasladado su embajada a Jerusalén. Sólo porque el presidente
está molesto de que la CICIG investigue a algunos de sus familiares toma la decisión
para destacarse ante el gobierno de Trump, y entonces la dice a Trump: ‘Ayúdeme con la CICIG'».

La publicación no fue desmentida ni confirmada por la Casa Blanca y el Departamento de Estado estadounidense.

Un meses después, el 31 de agosto de 2018, Jimmy Morales dio el golpe definitivo a la CICIG. Guatemala regresó al clima de los años de las dictaduras cuando el Gobierno sacó una flotilla de jeeps artillados J8 a intimidar las sedes de la CICIG y de la embajada de Estados Unidos. Mientras, en el Palacio Nacional de la Cultura, el presidente, con el apoyo del ejército y la policía, anunciaba que no renovaría el mandato de la Comisión más allá del 3 de septiembre de 2019.

Estados Unidos, que antes respaldaba a la CICIG, tuvo una tibia respuesta. «Creemos que CICIG es un socio efectivo e importante para luchar contra la impunidad, mejorar la gobernanza y hacer que los corruptos rindan cuentas en Guatemala», dijo la embajada estadounidense en un comunicado.

Así se reinstaló una alianza de la guerra interna guatemalteca en los años 80, cuando los republicanos estadounidenses, Israel y evangélicos legitimaron la estrategia militar de la dictadura. Esta vez, la estrategia fue para asegurar impunidad en casos de crímenes del pasado y delitos recientes.

En septiembre de 2018, Jimmy Morales impidió que regresara al país el colombiano Iván Velásquez, jefe de la CICIG, y por primera vez desde 1993, el Gobierno desconoció una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, que ordenaba permitir su reingreso y el funcionamiento de la CICIG. Con esto acabó con tres décadas de Estado de Derecho. En enero de 2019, fue más allá. Le retiró la licencia de armas a los integrantes del equipo de seguridad de la CICIG y les dio 24 horas a todo el personal internacional para abandonar el país. La Corte de Constitucionalidad falló de nuevo que podían regresar, pero lo hicieron todos menos el comisionado Velásquez y 11 investigadores.

En las elecciones de junio y agosto de 2019, la Contraloría de Cuentas y el nuevo Ministerio Público, de la fiscal Consuelo Porras, aliados del Gobierno, impidieron la participación como candidata presidencial de la principal opositora, la exfiscal Thelma Aldana. Así, Jimmy Morales y sus aliados militares y empresariales se aseguraron que el siguiente presidente electo sería alguien anti-CICIG.

El 11 de agosto de 2019, Alejandro Giammattei, un ultraconservador, fue electo presidente en segunda vuelta, con la participación de votantes más baja desde que se firmó la paz en 1996. Giammattei, en la noche de su victoria, anunció que mantendrá la embajada guatemalteca ante Israel en Jerusalén.

Jimmy Morales, sus aliados guatemaltecos y Estados Unidos acabaron con el instrumento más exitoso de una era de lucha contra la impunidad en Guatemala, la CICIG. Y el gobierno de Donald Trump y sus allegados evangélicos consiguieron que un país centroamericano reconociera a Jerusalén como la capital de Israel.


Este reportaje es parte del proyecto Trasnacionales de la Fe , una colaboración de 15 medios latinoamericanos, bajo el liderazgo de Columbia Journalism Investigations de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia (Estados Unidos) y los siguientes socios latinoamericanos: Agencia Pública (Brasil); El País (Uruguay); CIPER  (Chile); El Surtidor (Paraguay); La República (Perú); Armando.info (Venezuela); El  Tiempo (Colombia); La Voz de Guanacaste y Semanario Universidad (Costa Rica); El Faro (El  Salvador); Nómada (Guatemala); Contracorriente (Honduras); Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México);  el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP); y Univisión (Estados Unidos). Aquí, la nota latinoamericana. 

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Giammattei es el ganador y Guatemala se las verá con un Jimmy 2.0 o un autoritarismo más radical

Desde que se contabilizó el 1.08% hasta el 99.6%, la tendencia fue la misma. Empezó con 56% y terminó con 57%, 1.8 millones de votos, frente a Sandra Torres (UNE), que terminó con 41% o 1.3 millones, la misma cantidad que cuando fue derrotada en segunda vuelta hace cuatro años.

En el staff de Vamos era muy raro encontrar a una mujer. En el hotel le abrieron paso al candidato entre gritos y bendiciones. En conferencia de prensa las primeras palabras de Giammattei fueron de agradecimiento para sus aliados políticos: Edmond Mulet, que compitió para la presidencia con el partido Humanista, e Isaac Farchi, candidato de Visión con Valores (Viva). Ambos pidieron a sus simpatizantes que votaran por él.

— ¿Cuál fue la clave para que ganara la presidencia en su tercer intento?
— El plan nacional de innovación y desarrollo, es el que va a marcar el rumbo del país por los próximos 15 años. Fue la diferencia, un equipo de gente de más de 400 profesionales trabajando en un plan fue lo que realmente hizo la diferencia, respondió Giammattei entre un tumulto de periodistas y guardaespaldas.

No obstante, según la encuesta de CID-Gallup para la Fundación Libertad y Desarrollo, que acertó en su pronóstico, el plan nacional de innovación y desarrollo no fue citado por ninguno de los encuestados como uno de los motivos para su victoria.

Cuando se le preguntó cómo lo ejecutaría dijo que no era el momento de discutirlo, pero que entre sus primeras acciones estaría eliminar la Secretaría Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS), el cuerpo de seguridad presidencial en control de un grupo de militares y que ha sido fuente de escándalos porque registra las compras de productos de lujo de la Casa Presidencial.

 

Giammattei deposita su voto en la segunda vuelta.

Giorgio Bruni, secretario general de Vamos, no podía ocultar su felicidad. En el centro de cómputo del Tribunal Supremo Electoral, veía los resultados proyectados en las pantallas y abrazaba a otros miembros del partido mientras les decía «buen trabajo».

— Le hicimos un trabajo increíble al doctor Alejandro Giammattei porque se lo merece. Es un hombre incansable que tiene principios y valores, y todo el equipo que logramos en estas elecciones. El equipo que se formó alrededor de él es gente joven, profesional, emprendedores, de todos los niveles y estratos sociales. El éxito fueron los jóvenes. El 85% de nuestro partido está liderado por jóvenes y ese yo creo que es el punto de quiebre para el doctor Alejandro Giammattei.

Con ese porcentaje de jóvenes en el partido, Bruni asegura que se demuestra que no son parte de la «vieja política», aunque en su partido hay una colección de personajes oscuros. Como Jimmy Morales, es una combinación entre militares retirados, empresarios tradicionales y algunos técnicos.

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Bruni, quien probablemente sea el Secretario Privado de la Presidencia de Giammattei desde enero de 2020, explicó que la estrategia para ganar en la segunda vuelta fue la alianza con otros políticos.

— Fue muy claro. Era abrir las puertas para que otras personas de otros partidos políticos, los mejores de los partidos nos juntamos con los líderes de los partidos. Quiero hacer mención a Isaac Farchi y Edmond Mulet: Muchas gracias por apoyarnos de frente, y a los equipos de Todos, de UCN y parte de Semilla, todos los que logramos hacer este frente común contra la corrupción y la vieja política y sobre todo de ese pasado oscuro que tuvo Guatemala.

Semilla, no obstante, se distanció de las fotografías de algunos afiliados apoyando a Giammattei.

— ¿Cómo funcionará su gobierno si una parte del Congreso estará controlada por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)?, le preguntó un periodista a Giammattei en otro tumulto entre comunicadores y guardaespaldas.
— La van a cancelar (al partido), dijo con una sonrisa y agregó que hay tres investigaciones contra la UNE por financiamiento electoral ilícito.

¿Cómo va la luchar contra la corrupción Alejandro Giammattei? Fue electo presidente en los últimos días del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Al ser consultado por Nómada dijo que crearía una Comisión Nacional contra la Corrupción. Bruni amplió los detalles de ese plan.

— Hicimos los acercamientos con países amigos para que de esa forma nos puedan transferir bilateralmente, no multilateralmente, capacidades, conocimientos y tecnología.

Con Estados Unidos asegura que tienen acercamientos con el FBI, la CIA, el Departamento de Estados, además de agencias de Israel y China (Taiwán), los países con los que mejor relación tiene el actual gobierno de Jimmy Morales. Bruni dijo que dependen del Ministerio Público, al que buscan fortalecer y «proveerle de acuerdos internacionales bilaterales para que ellos se puedan fortalecer».

Una de las claves de la CICIG del éxito fue su multilateralismo y la independencia respecto de sus donantes. Pertenecía a la ONU, era financiada por Europa y Estados Unidos –con un presupuesto anual de US$18 millones– y estaba conformada por 150 investigadores, analistas, abogados y seguridad de primer nivel; dos terceras partes eran latinoamericanos y europeos, y el resto, guatemaltecos.

Giammattei fue enfático en su campaña en oponerse a la continuidad de la CICIG, a implementar políticas de mano dura, de intolerancia con manifestaciones que bloqueen carreteras y de flexibilización del mercado laboral, con iniciativas como los salarios diferenciados para el interior.

Giammattei asegura que tiene buena relación con Estados Unidos. Los términos entre ambos gobiernos se verán reflejados en las negociaciones para resolver la crisis migratoria, que escaló con la política exterior de Donald Trump que amenaza a Guatemala con estrangularla económicamente si no se convierte en un país receptor para los miles de migrantes que buscan llegar a su frontera y solicitan asilo.

El martes 13 de agosto Giammattei nombrará a su equipo de transición, para que el miércoles se reúna con el gobierno de Jimmy Morales.

Lo hará con un detalle. Mientras una parte de Guatemala votaba, el 61% se abstuvo de hacerlo. Entre ellos, 390 familias de Cajolá, Quetzaltenango, que llevan 6 días viviendo en un plantón frente a la Casa Presidencial en el Ciudad de Guatemala. Están allí exigiendo que el gobierno cumpla con el ofrecimiento de adquirir una finca para que más de 600 personas puedan vivir. No votaron porque están a 190 kilómetros de su comunidad y porque el acceso a un lugar seguro para vivir es su prioridad. Seguirán el plantón hasta que Jimmy Morales se reúna con ellos.

Periodistas, mujeres y Dios en los discursos

Giammattei empezó el domingo electoral en el Liceo Guatemala, donde emitió su voto. Llegó acompañado de sus tres hijos y un grupo de guardaespaldas. En el lugar se mostró contento, confiado y recibido con algarabía; al final, 83% de los votantes de la Ciudad de Guatemala se decantaron por él.

Al salir del lugar, un periodista le preguntó qué esperaba del resto del día. El político dijo que quería dormir y no volver a encontrar a más periodistas. Empezó a reír y agregó que era una broma, aunque durante la campaña sus simpatizantes han sido hostiles con la prensa independiente.

La tarde la pasó con su equipo en el hotel Holliday Inn. Allí se proclamó ganador de las elecciones y celebró en la sede del partido Vamos, en la zona 9, donde lo esperaban decenas de personas con pancartas.

Antes de que llegara, un grupo de mujeres bailaba al ritmo de la Sonora Dinamita. Fueron prácticamente las únicas que subieron a la tarima.

Cuando Giammattei se subió a la escenario para celebrar su triunfo, estaba acompañado de todo su equipo. Hombre, tras hombre, tras hombre, tras hombre. El que va a gobernar, su vicepresidente, el que tomaba las fotos, el que sostenía el micrófono, el que le aplaudía, el que tomaba vídeo. Sobre la plataforma no había mujeres. En un momento su hija subió al escenario. Fue la única.

Abajo, entre el público eran las mujeres las protagonistas, las que sostenían los carteles y le gritaban presidente. En la campaña, Giammattei tuvo dos momentos con mujeres. Un discurso, en el que dijo que las mujeres guatemaltecas son ‘abnegadas’, y otro, en el que fue filmado mientras mujeres indígenas le hacían reverencia y le besaban la mano. Irma Alicia Velásquez, maya k’iché y doctora en antropología, describió la escena como grotesta.

Alejado de estos cuestionamientos, en la noche de su victoria, Giammattei continuó alardeando de su visión machista del mundo, también en sintonía con la de Jimmy Morales. En una entrevista con Emisoras Unidas, soltó estas dos frases: «Ya tengo vocera, te va a gustar mucho. Es muy guapa, inteligente y buena persona». «Tendremos los niveles de testosterona suficientes para enfrentar al crimen organizado, la delincuencia común y el crimen organizado».

Y mantuvo otro elemento: la religión, tan presente durante el mandato de su predecesor, Jimmy Morales. Desde la tarima Giammattei le agradeció a las bases de sus partidos y pidió un momento de silencio para hacer una oración de agradecimiento.

En el día de las elecciones que ganó con 57% de los votos, el discurso de Giammattei terminó como empezó, con el eslogan de su campaña anterior: «Dios los bendiga, pero sobre todo, que Dios bendiga a Guatemala». Mientras lo decía, él y sus seguidores levantaban el brazo apuntando al cielo con el dedo índice.

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El Vice, el diplomático leal (o cabeza de playa de los empresarios) que compite junto a Sandra Torres


Cuando Carlos Raúl Morales se sube a una tarima para decir un discurso y pedir el voto de la gente, tiene que presentarse como el segundo a bordo de una tripulación que dirige Sandra Torres, la exprimera dama que gobernó como vicepresidente de Álvaro Colom (2008-2011).

— ¿Quieren que gane la UNE? ¿Quieren que gane Sandra? Estamos a dos semanas de concluir un proceso largo. De caminar Guatemala. De conocer cada necesidad de cada rincón de este país. De tocar puerta a puerta. A dos semanas de haber caminado barrios. De haber caminado mercados. De conversar con la gente…

El tecnócrata hacía su mejor esfuerzo por hablar como candidato. Pero Carlos Raúl Morales, el diplomático de 28 años en el Ministerio de Relaciones Exteriores y canciller de tres presidentes –Otto Pérez Molina, Alejandro Maldonado Aguirre y Jimmy Morales entre 2015 y 2017–, Carlos Raúl Morales es alguien que se desenvuelve mejor en distancias cortas, en conversaciones cara a cara.

— Compañeros, por favor, todos para atrás, al frente solo tiene que ir Carlos Raúl; se trata de darle visibilidad al candidato, que la gente lo vea. Por favor, dejemos este espacio libre.

Quien intentaba organizar a la multitud el 28 de julio vestía de verde y blanco y ondeaba banderas con el logo de la UNE era Gerson Sotomayor, uno de los diputados electos en la primera vuelta electoral. Carlos Raúl Morales se sumó a la multitud que obstaculizaba el paso de peatones en la Sexta Avenida y 17 calle de la zona 1. Horas antes, su compañera de fórmula, Sandra Torres, había estado en Villa Nueva, en medio de una multitud que le pedía fotos y que coreaba su nombre.

En el mundo diplomático guatemalteco, parecen haberse olvidado cualquier crítica a su carrera en la Cancillería. Quizás por el nivel al que descendió la diplomacia nacional con la canciller Sandra Jovel (desde 2017) o porque bien porque en casi tres décadas décadas de trabajo diplomático, adquirió la reputación de ser un tecnócrata sin afinidad política, que se supo adaptar a cuatro presidentes distintos como vicecanciller y canciller, y que se mantuvo en el cargo hasta el 27 de agosto de 2017.

Por eso, a todos sus amigos y allegados les sorprendió verlo tomado de la mano de Sandra Torres el 9 de diciembre de 2018, el día en que fue proclamado candidato vicepresidencial de la UNE. La UNE ya había sido acusada por la CICIG en 2017 de financiamiento electoral ilícito y ya había aprobado junto a la alianza de FCN el Pacto de Corruptos de leyes pro-impunidad. Dos meses después, la misma Sandra Torres sería acusada por la CICIG por una cuenta paralela de Q20 millones de financiamiento electoral.

 

Carlos Raúl Morales y Sandra Torres, tomados de la mano, el día de su proclamación.

Carlos Raúl Morales y Sandra Torres, tomados de la mano, el día de su proclamación.

El diplomático fiel

Este diplomático de carrera resistió que la CICIG y el MP acusaran a su jefe, Otto Pérez Molina, de liderar la estructura de La Línea. Resistió que a su siguiente jefe lo hubieran electo con votos de los diputados de Líder. Resistió a que su siguiente jefe hubiera colocado en la embajada más importante, la de Washington, a Manuel Espina, un bachiller que solo tenía como credencial sus contactos religiosos. La fidelidad hacia sus presidentes y funcionó hasta que Jimmy Morales le exigió mucho más: firmar la declaratoria de non grato contra el jefe de la CICIG, Iván Velásquez. Se negó y cuando iba en un avión rumbo a Tokio fue destituido.

Carlos Raúl Morales ingresó a la Cancillería en 1989, cuando tenía 18 años. Estudió Derecho en la Universidad de San Carlos y llegó al Ministerio de Relaciones Exteriores como segundo secretario de la Subdirección para temasde Naciones Unidas. Los siguientes diez años fue delegado para resolver los conflictos entre Guatemala y Belice, entre otras asignaciones. En el año 2010, en el gobierno de Álvaro Colom fue nombrado viceministro de Política Exterior. Uno de sus méritos fue insitir durante años en llevar adelante la solución para el diferendo con la complicada diplomacia beliceña; finalmente, se logró que se resuelva en La Haya.

Se mantuvo allí hasta que Fernando Carrera dejó el puesto de Canciller para ser embajador de Guatemala ante la Organización de las Naciones Unidas, en 2014. Carrera, consultado para este reportaje, recuerda que fue él quien le dijo al entonces presidente Pérez Molina que si buscaba a un técnico que conociera la Cancillería y no se metiera en problemas, la mejor opción era Carlos Raúl Morales. Asumió en septiembre del 2014.

Sus excolegas ministeriales recuerdan a Carlos Raúl Morales como alguien fiel a las instrucciones del presidente y se expresan de él como un trabajador diligente, eficiente y proactivo, con buenas relaciones diplomáticas con Estados Unidos, México, Belice y Centroamérica, y cercano al entonces embajador estadounidense Todd Robinson.

El 2015, en su primer año como canciller, fue un año paradigmático para Guatemala. En las calles todo era indignación, euforia, protestas, civismo y consignas. En el Gobierno las cosas eran tensión, cálculos, negociaciones, incertidumbre. En el gabinete de Pérez Molina se consideró que la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti en mayo calmaría las aguas, pero las manifestaciones aumentaron pidiendo la salida de Otto Pérez.

En el gabinete incluso se planteó que, como una medida para destapar la presión ante la crisis política, todos presentaran sus renuncias y que Pérez Molina aceptara las de sus funcionarios más leales; el primero en irse fue Mauricio López Bonilla, Ministro de Gobernación y estratega de la campaña que los llevó al gobierno.

Y en uno de los momentos clave, a finales de agosto, entre los funcionarios que permanecieron, estaba Carlos Raúl Morales. Sus excompañeros de Gabinete recuerdan que le recomendó al presidente que renunciara para enfrentar a la justicia. Su jefe salió y él se mantuvo.

Carlos Raúl Morales elogia la actitud de Pérez Molina. En una entrevista para este reportaje se refirió así:
— Discutimos, hablamos de qué camino tomar y el presidente mismo dijo: «Miren, yo voy a renunciar. Es importante proteger la figura presidencial». La verdad es admirable una persona que estando en una crisis tan difícil lo diga. Él prefirió renunciar, proteger la figura presidencial. Es un sentido de institucionalidad muy importante.

–En ese tiempo se dieron varias renuncias de ministros. ¿Por qué se quedó?
— Sí, en algún momento se me pasó por la cabeza. Por supuesto que se me pasó, pero el mismo presidente me dijo: «Mire, Carlos Raúl, usted no renuncie, usted es diplomático de carrera, no renuncie, hágale frente». Es que aquí viene un tema importante. Es importante mantener la institucionalidad. O sea, en un momento de crisis a muchos se nos pasó por la cabeza, pero al final, si nos vamos, ¿se van a solucionar las cosas? Yo tengo mi conciencia en paz, yo sabía que no había hecho nada malo.

Carlos Raúl Morales se mantuvo en el cargo no sólo después del 2 de septiembre de 2015, sino hasta el 26 de agosto del 2017, cuando Jimmy Morales, su conocido desde la adolescencia y compañero de estudios en el doctorado de la USAC, lo destituyó.

 

Carlos Raúl Morales.

Carlos Raúl Morales.

El punto de quiebre: la CICIG y Tokio

La última reunión de alto nivel entre Jimmy Morales y Carlos Raúl Morales fue el 25 de agosto del 2017, cuando ambos se reunieron en Nueva York con el secretario general de la ONU, Antonio Gutérres, para hacer una presentación de los pros y contras de la CICIG. También estuvieron presentes Jorge Skinner Klee, embajador de Guatemala ante ese organismo, y Andrés Castro, subsecretario privado presidencial y puente con las oficinas de inteligencia.

Jimmy Morales estaba preparando el contraataque contra la CICIG, pues sabía que la Comisión pediría el fin de su inmunidad (y de su mandato) por un caso de financiamiento electoral ilícito. En vez de pedir su remoción en Nueva York, regresó al país y preparó el que creía que iba a ser su estocada final.

Carlos Raúl Morales regresó con el Presidente el sábado 26 y el domingo 27 viajó de nuevo, rumbo a un evento en Tokio. Llegando a ese país recibió una llamada oficial con el aviso de su destitución. Minutos después, su teléfono dejó de funcionar. No asistió al evento y al volver a Guatemala tuvo que reintegrar el costo del avión, hospedaje y alimentación.

Los viceministros de carrera tampoco quisieron firmar el documento de persona non grata y su sustituta fue una funcionaria de segunda línea, Sandra Jovel, quien tenía una venganza pendiente con la CICIG por haberla investigado por una adopción irregular.

De técnico a político

Fuentes cercanas a la UNE y al diplomático aseguran que Carlos Raúl Morales llegó al partido por recomendación directa de Mario López, el billonario dueño de Tigo. El candidato vicepresidencial lo niega y asegura que no hubo ningún intermediario entre ambos, que la conoció en el tiempo en que ella fue Primera dama y que fue ella quien le propuso hacer equipo en esta campaña electoral, en noviembre del 2018.

Al principio se negó, pero se replanteó la posibilidad de aceptar la propuesta.

— Nos pusimos a hablar y porque había varios temas que me preocupaban y uno de ellos es, por supuesto, la transparencia, la honestidad. La verdad es que sí la sentí muy honesta, muy correcta, muy transparente y muy franca en lo que me dijo del tema de la transparencia.

Es difícil entender que un tecnócrata que salió de la Cancillería por respaldar a la CICIG haga equipo con una candidata y un partido señalados de financiamiento electoral ilícito, financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita. Una organización política que además se volcó contra la CICIG y la FECI, cuando descubrieron que el partido tenía una cuenta con US$19 millones de financiamiento ilegal para la campaña del 2015. Cheques, audios y archivos dejaron en evidencia al partido y a políticos y empresarios que colaboraron con ellos para reclutar millones en financiamiento de manera ilícita.

Otra fuente cercana a Carlos Raúl Morales insiste en que el factor para convencerlo fueron Mario López y el embajador estadounidense Luis Arreaga; ambos lo niegan.

— Una persona cercana a Carlos Raúl Morales me dijo que había escuchado de la boca de los protagonistas que el convencimiento fue así: Sandra Torres preguntó a Mario López y al embajador que a quién le recomendaban como compañero de fórmula. Ambos le respondieron que Carlos Raúl Morales era una persona idónea. Ella les dijo que no lograba convencerlo; ellos le hablaron y él, al ver que contaba con el aval de sus aliados estadounidenses y su jefe (pues trabajaba como asesor del Grupo Onyx y director de la Fundación Tigo), señaló la fuente aunque en entrevista Moralesniega rotundamente esa versión.

Nómada lo cuestionó.

— Su carrera pública es limpia pero es contradictorio que acompañe a una candidata investigada por la CICIG y el MP, y hay pruebas sólidas de haber cometido delitos.
— Mira, esta investigación se presentó a luz pública después de que nos dieron las credenciales, no antes. Es importante marcar tiempos. Y, de nuevo, nadie es culpable hasta que no haya sido vencido en juicio. Por eso yo digo: Estado de Derecho. Cuando yo acepté la nominación no había ninguna acusación. Se da un día después de que nos dan las credenciales y ya estábamos inscritos, evidentemente. Yo me apego a la legalidad pero si nos transportamos a noviembre, diciembre, enero, que fue cuando yo acepté la nominación, no había ninguna acusación en ese momento, más que rumores (…) Algo que hemos hablado con Sandra es que no va a ser un gobierno de la UNE, va ser un gobierno de muchos sectores.

— Hay una investigación, hay escuchas, hay evidencias. ¿Usted cree en la inocencia de Sandra Torres?
— Estado de derecho, yo no soy juez, no soy fiscal. Yo no voy a caer en ese juego. O sea, le corresponde al juez o al fiscal creer, o no, en su inocencia. Yo no tengo ningún rol, no me están preguntando, yo no tengo la posición legal. El estado de derecho (es que) yo voy a respetar el estado de derecho, lo que el estado de derecho resuelva. Creo que si partimos de ahí vamos a construir el mejor país, pero es el respeto absoluto al estado de derecho. Yo me voy a apegar a lo que las cortes resuelva. Voy a hacer lo que la ley me obliga y no voy a hacer lo que la ley no me obliga. Ese ha sido mi secreto.
Por un lado, el candidato defiende a su compañera, le aplaude su trayectoria y duda que haya cooptado instituciones clave de justicia para beneficiarse, blindarse y allanar su camino en esta contienda electoral. «Es que a mí no me consta, ese es el rumor, lo dicen, lo comentan pero a mi no me consta», asegura.

* Leé: Los 5 personajes clave con los que Sandra Torres cooptó la justicia

Al mismo tiempo, se desvincula totalmente del manejo de las finanzas de la organización política a la que representa. Tampoco garantiza que no existan anomalías en el financiamiento del partido que podría llevarlo a la Vicepresidencia.

— ¿Cuál es su rol dentro del partido? ¿Sabe cómo está funcionando el financiamiento?
— A ver, yo no soy miembro del partido. Yo soy un invitado del partido. Yo no he tenido nada que ver con financiamiento; mi aporte está debidamente registrado y en todo caso quién ha financiado y cómo ha financiado es algo que hay que verlo directamente con la persona que lleva el tema, el responsable, el financiero del partido. Yo siempre he dicho que el derecho penal es personalísimo. Yo no puedo responder por nadie más, yo puedo responder por mí mismo.

También evita acompañarla a mítines y actividades públicas. Mientras ella recorre los municipios y departamentos más alejados del área metropolitana, él aparece en encuentros con menos personas (con más poder) en la Ciudad, un feudo en el que Sandra Torres es terriblemente impopular. Es el rostro amigable, pero desconocido, de la UNE. Así, por ejemplo, es de los invitados a reuniones entre actores políticos a la casa del empresario Dionisio Gutiérrez, un férreo opositor a Sandra Torres.

Los resultados de la encuesta más reciente realizada por la empresa CID Gallup, publicados el 17 de julio, revelaron que el 18.4 % de las personas encuestadas consideran que Sandra Torres «tiene un buen candidato vicepresidencial». Una apreciación que brinda un primer diagnóstico de la medida en que Carlos Raúl Morales puede sumarle votos a la UNE, en la segunda vuelta.

El tecnócrata confía en que desempeñará un papel activo en el Gobierno, y advierte que su aporte al proyecto político es de carácter intelectual. Sin embargo, quienes conocen a Sandra Torres dudan que le permita involucrarse en las decisiones importantes de Estado. Que le anulará, como anuló al vicepresidente Rafael Espada durante el gobierno de su esposo, Álvaro Colom.

— Ella tiene una frase muy famosa, siempre ha dicho que el vicepresidente es una llanta de repuesto. O sea, que solo sirve cuando no hay presidente, dijo uno de los exfuncionarios del gobierno de la UNE.

 

Carlos Raúl Morales en una caminata en el Paseo de la Sexta.

Carlos Raúl Morales en una caminata en el Paseo de la Sexta.

La relación con Mario López

La supuesta frase famosa de Sandra Torres de equiparación entre un vicepresidenciable y una llanta de repuesto, en todo caso, sería radicalmente incompleta.

En el pasado, Sandra Torres también ha concebido su figura vicepresidencial como una fuente de financiamiento electoral.

En 2011, durante su efímera precampaña electoral, cedió el puesto a uno de sus principales financistas autorevelados, el farmacéutico Gustavo Alejos, quien esta semana se anotó el quinto caso en su contra desde la CICIG y el MP. Tuvo como compañero de fórmula a Roberto Díaz-Durán, por sugerencia de Alejos.

En 2015, desplazado Gustavo Alejos, tuvo como compañero de fórmula, principal financista y recaudador de fondos a Mario Leal, empresario azucarero e inmobiliario. Mario Leal, de hecho, le consiguió no solo fondos legales, sino también administró una cuenta paralela de Q19 millones (US$2.5 millones). Ahora está prófugo en Estados Unidos.

En 2019, desplazado Mario Leal, ha encontrado a Carlos Raúl Morales, un diplomático de carrera que además se convirtió en un trabajador y hombre de confianza del megaempresario Mario López.

— ¿En qué momento empezó su relación con Tigo?
— Mira yo no trabajo para Tigo, ese es un rumor, una leyenda que han inventado. Yo no trabajo para TIGO. Cuando yo salgo de canciller obviamente debo convertirme en un consultor internacional y en diferentes momentos he hecho distintas consultorías (…) He trabajado con unas consultorías para unas empresas que no son de TIGO, no tienen nada que ver con TIGO sino que tienen que ver con un grupo empresarial del cual forma parte el hijo de Mario López.

— El Grupo Onyx.
— No, Onyx es un nombre comercial. No es con Onyx, es con otra pero son consultorías. El año 2011, cuando se acaba el gobierno de Colom en una cumbre iberoamericana en Sudamérica tuve el honor de conocer a don Mario (López), en una reunión. En esa reunión, él quedó impresionado, digo yo. Él me conoció ahí manejando negociaciones. Entonces al final del gobierno de Colom él me ofreció irme a dirigir la Fundación Tigo. En aquel momento el doctor Harold Caballeros me dijo que sería viceministro, que yo no mucho quería, pero me apasionaba lo público entonces yo quedé de viceministro.

Según Carlos Raúl Morales, contarle a varias personas que tuvo un ofrecimiento de trabajo de parte del magnate de las telecomunicaciones fueron el inicio la una «leyenda urbana» que lo vincula con Tigo. De hecho, el anuncio de estas consultorías desde 2018 para empresas de los López coincidieron con la contratación de otro diplomático de peso entre los ‘adversarios’ del megaempresario. Millicom, el socio sueco de Mario López adentro de Tigo, con quienes han tenido disputas históricas, contrató en febrero de 2018 al exembajador estadounidense Stephen McFarland. Poco después, se hizo público que Carlos Raúl Morales asesoraba a los López. Un peso pesado en la diplomacia contra otro peso pesado.

— ¿Hay una amistad (entre usted y Mario López)?
— Mira, yo no sé como llamarlo. Si amistad o cómo; lo conozco, no sé a qué le llaman ustedes amistad. Obviamente mi cuate no es, pero lo conozco, es un caballero, es un señor. Lo conozco.

— ¿Es usted un hombre de confianza para él?
— No, es que un hombre de confianza es cuando tú tienes una relación directa con él, pero no; lo conozco, es una relación afable, buena, pero de eso a que yo vaya a convertirme en el hombre de confianza de él en el gobierno, no. Yo siempre he trabajado para lo público, son 28 años que he trabajado para lo público. Claro, cuando salí de la cancillería tenía que traer alimento para mi casa, tenía que buscar trabajos. Y bendito sea Dios y me persigno, bendito sea Dios, siempre actúo bien. He trabajado en varias consultorías, soy consultor internacional, incluso he prestado consultorías en Ginebra, en Nueva York, pero te digo lo más importante que he desarrollado es la que tengo con el BID.

— Absolutamente no tengo relación con Tigo. Mis consultorías, en todo caso, son con un grupo empresarial en el cual está, por supuesto, el hijo de don Mario, que es el que dirige parte de esos grupos. Él hace mucha labor de filantropía y obviamente lo he ayudado con esos temas pero no es con Tigo. Mira, a ver, aquí hay que tener claridad en algo. Que yo conozca a don Mario, que yo conozca a su hijo, como conozco a Felipe Bosch (la familia con la que los López disputan espacios de poder y de mercado), como conozco a guatemaltecos, obviamente. Que yo conozca a empresarios guatemaltecos, conozco a Jorge Briz, fue mi amigo, fue mi canciller, le tengo aprecio. Es decir, que yo los conozca no significa que sea un instrumento de ellos. Yo, si algo he tenido en mi carrera, lo pueden verificar, es independencia y he actuado siempre apegado a la ley; (…) puedo asegurar que mis acciones van a ser apegadas a la ley, como siempre han sido.

(Tigo es una empresa investigada por supuestamente dar sobornos para que la exvicepresidenta Roxana Baldetti tuviera control sobre el Congreso entre 2012 y 2015. El Ministerio Público y la CICIG les acusan –con base en emails, chats, fotos, testimonios de guardaespaldas, asesores, diputados y compra de vehículos en efectivo– que entre el 2012 y el 2015, Tigo y Baldetti controlaron la bancada del Partido Patriota con la promesa de un sobresueldo bimestral de Q50 mil (US$6,500), casi el doble de sus sueldos como diputados.)

— Don Carlos Raúl, ¿usted de qué vive?
— Soy consultor; es que cuando sos consultor no tienes un horario de trabajo. Yo siempre he trabajado desde casa, mis informes son acá. A mí me dan las tres de la mañana en mi computadora trabajando. De hecho ahora que vinieron, me vieron en mi compu trabajando. Yo soy consultor internacional.

 

Carlos Raúl Morales ha sido el encargado de ponerle rostro a la UNE en el área metropolitana.

Carlos Raúl Morales ha sido el encargado de ponerle rostro a la UNE en el área metropolitana.

¿Cómo piensa el vicepresidenciable?

Parte de la estrategia de la UNE para captar el voto de los sectores ultra conservadores es rechazar no solo el matrimonio igualitario el aborto, incluso apoyando una iniciativa que penaliza las pérdidas naturales, los abortos espontáneos, sino incluso la educación sexual. El 30 de julio, Sandra Torres reiteró que está a favor la iniciativa de ley 5272. Además, en sus actividades públicas la candidata ha recurrido a un discurso homofóbico y se ha referido a las personas no heterosexuales como sujetos «no definidos», en alusión a una campaña negra que ha creado la UNE en contra de su rival Alejandro Giammattei; en la campaña, ponen en duda su orientación sexual.

Al ser cuestionado, Carlos Raúl Morales esquivó el tema de la siguiente manera:

— Hablemos de los temas en los que están y no están de acuerdo con Sandra Torres. La candidata se ha posicionado abiertamente en contra del matrimonio igualitario y del aborto. ¿Cuál es su postura?
— Yo creo que lo más importante es el respeto a los derechos humanos. Estoy en contra de la violencia contra un ser humano por su condición, por su forma de pensar. Qué pienso en lo particular, es otra cosa, eso es otra cosa pero sí creo que esta polarización no es constructiva. Yo creo en mi legislación, yo respeto mi ley; mi ley claramente establece qué es lo que es y qué es lo que no es, pero sí creo en el respeto a los derechos humanos y debe respetarse la condición de cada persona.

— ¿Usted está a favor de (la continuidad de) Cicig?
— Yo me digo abiertamente a favor de la lucha contra la corrupción. CICIG es un mecanismo, un instrumento. Yo creo que también en el país tenemos que entender eso. Aquí lo importante es luchar contra la corrupción. ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, CICIG se va acabar ahora en septiembre. Bueno, se acabó, ya no se puede hacer nada porque este acuerdo solo lo puede renovar el actual presidente, no lo puede renovar ni el presidente electo, ni el Congreso, porque el acuerdo fue redactado de tal manera que solo lo puede renovar el jefe del Ejecutivo, que es el que dirige la política exterior. Aquí lo que tenemos es que seguir luchando contra la corrupción. Yo me declaro a favor de la lucha contra la corrupción. A favor de eso, los mecanismos pueden ir variando. De hecho, ahora Sandra está proponiendo crear un Consejo nacional de lucha contra la corrupción.

(En realidad, si un presidente electo le propone a Naciones Unidas renovar el convenio sobre la CICIG en enero de 2020, hay posibilidades de que Naciones Unidas lo acepte.)

— Usted tiene una relación muy buena con Estados Unidos pero es un país que ha encerrado a niños migrantes. ¿Es algo condenable?
— Lo que ha habido es una mala negociación. Para mí, lo más importante es el respeto a los derechos humanos, para mí lo más importante es la norma. Eso es lo que tenemos que respetar, obviamente si hay un abuso a la ley hay que denunciarlo y para eso está nuestro servicio consular.
Un informe del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. dio a conocer con fotografías y descripciones detalladas las condiciones inhumanas en las que los migrantes guatemaltecos, y de otros países, permanecen en los centros de detención ubicados en Texas. Los niños, sus madres y padres, son detenidos durante largos periodos, hacinados, en espacios insalubres, mal alimentados y encerrados.

— ¿Empujará una denuncia?
— No, yo motivaría el respeto a la ley. Hay que revisar si el actuar está en ley.

— Pero hay una condición más humanitaria.
— No, por supuesto. Yo demandaría buenas condiciones y lo he hecho, como canciller yo encontré 11 consulados y los dejé en 19 y mi meta era llegar a 30. Fortalecí el servicio consular para demandar un mejor trato a los guatemaltecos, lo que pasa es que tenemos que fortalecer el servicio consular, hay que fortalecerlo en el marco de las buenas relaciones, si no hace falta pelear. Si en la cena con el secretario fue una cena amena y planteé mi postura no solo en el tema migratorio sino temas comerciales. Es el tema migratorio el más importante, sí, pero tenemos otros temas, las inversiones por ejemplo. Es parte de una negociación, tú en el marco del respeto y de una buena relación, puedes tener una buena relación.

Después de casi tres décadas de una vida diplomática leal a sus jefes instituiconales y alejada de las controversias, Carlos Raúl Morales podría convertirse en «la llanta de repuesto» de Sandra Torres o en una cabeza de playa de grandes empresarios. Asegura que lo que suceda el próximo 11 de agosto en la segunda vuelta presidencial, será su debut y despedida en la política partidaria.

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Quién es el Vice, cercano a la patronal, que ofrece ser un Robin del ‘Batman’ Giammattei


Batman es independiente e ignora la decisiones incluso de sus allegados. «¿Sabes? Hay veces en las que no puedo, ni voy a explicar mis acciones. Ni siquiera a ti, Robin», dice el Caballero de la Noche. La subordinación es aceptada en muchas ocasiones por Robin, pero en otras llega a cansarlo. ¿Qué tipo de Robin será Guillermo Castillo?

La metáfora de los superhéroes está en este texto porque la usa el vicepresidenciable del partido Vamos para explicar su relación con Alejandro Giammattei.

Guillermo Castillo ha sido una persona de perfil bajo. Viaja solo y no suele aparecer en mítines o en conferencias junto a Giammattei. Tiene un rol limitado (como Robin), casi desaparecido, en el partido Vamos. En las encuestas se le ve como una persona de confianza y la razón que dicen algunos encuestados por la que votarían por Giammattei. Puede ser un puente con el empresariado tradicional para tener influencia y control en el Ejecutivo en tiempos de paces o de crisis.

Guillermo Castillo luce, en muchos sentidos, como la antítesis de Giammattei. Es amable y dispuesto a hablar con los medios; el presidenciable es irrascible e intolerante a los cuestionamientos. Castillo tiene una maestría en derechos humanos y Giammattei fue acusado por masacres a reos y a fugados. ¿Qué les une?

Para buscar respuestas hay que revisar la carrera de Castillo en la política guatemalteca.

1. Un hombre de confianza del gran empresario

El 28 de octubre del 2007, Nuestro Diario publicó una foto de un mitin del Partido Patriota en el que aparece Guillermo Castillo.

En medio de la marea naranja se ve un hombre alto y moreno que lleva puesta la camisa del PP. Él es Guillermo Castillo Reyes, quien en ese entonces fungía como gerente general del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap).

— Tenemos esta imagen, se le pregunta.
— Eso es cierto. Eso es en la época…

— Del PP.
— No, no es del PP, eso fue cuando…

— Es del PP, es del 2007.
— ¿Sabe cuándo fue esto? Sí, es correcto, perdón. Yo me recuerdo esa imagen, en Mixco, fue cuando Otto Pérez pasaba por el mejor momento de su carrera política. ¿Sabe por qué? Porque era cuando Ricardo Castillo Sinibaldi era el candidato a la Vicepresidencia. Lástima que Castillo no fue electo vicepresidente; tendríamos un país muy diferente ahora. Yo muy orgullosamente lo estuve apoyando. Esa foto, amplíela, me encanta esa foto.

 

Publicación de Nuestro Diario donde se observa a Guillermo Castillo en un mitin junto al empresario Castillo Sinibaldi, en 2007.

Publicación de Nuestro Diario donde se observa a Guillermo Castillo en un mitin junto al empresario Castillo Sinibaldi, en 2007.

Su militancia no era hacia el partido, sino al empresario Castillo Sinibaldi.

Su relación aún continúa vigente, ambos forman parte de la actual Junta Directiva del Intecap. Ricardo Castillo Sinibaldi representa la Cámara de la Industria y Guillermo Castillo Reyes a la Cámara del Comercio ante esa institución.

Pero el apoyo de Guillermo Castillo pudo ir más allá de solo la presencia en los mitin. Una auditoría interna realizada en 2017, diez años después de esa imagen, revelaba que durante el periodo de Castillo Reyes al frente del Intecap, se usó dinero del instituto para la campaña del PP. Se señalaba que la administración de Castillo Reyes pagó Q1 millón 720 mil en publicidad a tres medios escritos. Y de la adjudicación de Q850 mil en pauta en los canales 3 y 7.

Guillermo Castillo aseguró a Nómada que esto es imposible ya que es la Junta Directiva es quien aprueba los gastos que se realizan en esa institución. Añade que es dinero de entidades privadas y no del Estado. Añadió para cerrar el asunto que el crecimiento de esta institución fue importante durante su gestión y que estos temas no fueron mencionados en esa auditoría.

La relación de Guillermo Castillo con Castillo Sinibaldi vino de tiempos de la Alianza Gana. Fue viceministro de Trabajo y Previsión Social durante enero del 2004 a mayo del 2005, en la cartera que le habían asignado al empresario que había aportado a la alianza el partido PSN.

Alejandro Giammattei también formó parte del gobierno de Berger, en la dirección del Sistema Penitenciario. Guillermo Castillo cuenta que ambos se conocieron en este tiempo, cuando él era gerente del Intecap y Giammattei director de Presidios. Había en ese tiempo una colaboración entre ambas instituciones para la capacitación de los reos, según cuenta Guillermo Castillo.

2. Un gestor de la Cámara de Comercio

El 30 de mayo del 2018, Guillermo Castillo Reyes decidió participar en política. En octubre de ese mismo año «dejó» la Cámara del Comercio, según su currículo publicado en la página del partido Vamos. Cuatro meses después, el 14 de octubre, fue proclamado como el vicepresidenciable de ese partido.

Pero sus vínculos con la Cámara de Comercio continúan; la entrevista para este perfil fue en las instalaciones de la Cámara, a petición de Castillo. Su relación estrecha con los empresarios continúa y su relación con Jorge Briz, presidente de la Cámara, sigue siendo fluida.

Guillermo Castillo presume de una relación cercana con el empresariado tradicional, a partir de su administración del Intecap. Guillermo Castillo, eso sí, se ha mantenido en el ámbito de la abogacía y no ha dado el salto a la empresarialidad. Según el Registro Mercantil, la única empresa donde está registrado el vicepresidenciable es His Barbero, la que asegura haber cedido los derechos a otra firma (aunque esto no está actualizado).

Su faceta empresarial, al igual que su paso como viceministro, han pasado sin pena ni gloria en la esfera pública. Entre los logros que muestra el currículo de Castillo aparecen las 10 becas en diferentes cursos de Derechos Humanos, en diferentes países. Destaca los 8 trabajos que ha tenido a lo largo de su vida y resalta su interés por la docencia. Entre los logros al mando del Intecap resalta la reconstrucción de el Instituto central cerca del Estadio Doroteo Guamuch Flores, la construcción de sedes en San Marcos y Huhuetenango, y la gestión de apoyo internacional y nacional a esta institución.

 

Guillermo Castillo Reyes.

Guillermo Castillo Reyes.

3. Un cuarto de su vida en el Intecap

Guillermo Castillo Reyes ha pasado 15 de sus 54 años de vida ligado al Intecap en tres etapas. La primera, en sus inicios laborales en 1998; la segunda, en 2005 y actualmente continúa en la junta directiva. Aunque ha sido un nombre desapercibido en la política guatemalteca, es reconocido en el instituto.

Tiene pocas tachas para esos quince años. Una auditoría realizada en 2010 mostró que Castillo Reyes tenía tres carros a su nombre. Solo en gasolina se gastó Q172 mil en 5 años, Q2,800 mensuales. Además, se determinó que Castillo Reyes usaba de piloto personal a un empleado del Intecap. Más tarde este mismo trabajador aseguró en una carta firmada que Castillo lo usaba como conductor de su esposa e hija, aún recibiendo pago del Intecap.

Guillermo Castillo asegura que el piloto fue empleado de confianza de él y que «firmó la carta bajo coacción» de la siguiente administración del Intecap. Explicó que los tres carros no eran para uso exclusivo de él, sino del equipo que viajaba frecuentemente al interior.

Otro de los problemas fue el despido injustificado de una persona del sindicato del Intecap, caso que escaló hasta el Congreso de la República. Como medida, el coordinador de recursos humanos del Intecap envió una carta a todos los trabajadores pidiendo respaldo a Castillo. De no hacerlo, se lee, «no serán tomados en cuenta para las próximas contrataciones».

Castillo no recuerda el despido y lo minimiza. El Intecap funciona con «dinero de entidades privadas, no hay razón para que el Congreso intervenga».

4. Su formación en derechos humanos y la distancia con Giammattei

Castillo luce un buen currículo en temas de derechos humanos. Tiene una maestría en el tema por la Universidad Rafael Landívar, un diplomado en Igualdad de Status y Derechos Humanos de las Mujeres en la Universidad de Lund, Suecia. Además, una especialización en «Relaciones Laborales y Temas del Trabajo: Protección Social» en la Universidad de Bolonia, Italia.

Esto a primera vista suena contradictorio por su sociedad política con Giammattei, quien enfrentó un proceso por ejecuciones extrajudiciales de reos o quien ha hecho declaraciones furibundas en contra de los derechos humanos de las personas involucradas en pandillas y las privadas de libertad.

— Usted tiene una formación de derechos humanos bastante fuerte. Eso podría pensarse que choca mucho en dos sentidos: Uno que Giammattei estuvo vinculado a un caso de matanza extrajudicial.
— Falsamente, salió absuelto, responde.

(En efecto, Giammattei fue absuelto, aunque jefes y subalternos suyos fueron sentenciados en Guatemala y Suiza.)

— Y otra es que en la Asociación de Gerentes, Giammattei dijo que iba a prohibir las visitas conyugales de reos y que «se arreglen entre ellos», dejando entrelíneas una cuestión que atenta contra los derechos humanos. ¿Qué opina sobre esto?
— Yo puedo o no estar de acuerdo con algunas declaraciones de Alejandro pero en los dos casos específicos que usted me dice, lo primero es que el doctor fue vinculado injustamente cuando era director de Presidios. Alejandro fue sobreseído y no solo él, sino muchas personas más que estaban ligadas. Entonces en lo absoluto raya las cuestiones de derechos humanos con lo que ocurrió en esa época.
El segundo es que Alejandro seguramente está viendo el modelo de prisiones de otros países en donde los reos no tienen contacto con ninguna persona. En consecuencia, a mi me parece que sugerir, por parte de Alejandro, que los reos no tengan contacto con las personas de afuera en los centros de máxima seguridad, porque a esos se refiere, no es malo.

–¿Cuál es su rol en el partido Vamos (en donde es relegado)?
— Mi rol va a ser cuando llegue a la Vicepresidencia.

Castillo viaja en auto para sus giras mientras el presidenciable se mueve en un helicóptero y carros blindados. Castillo parece ser la cara más intachable del partido, pero la menos tomada en cuenta. O también puede ser una cabeza de playa de los empresarios, quienes saben que tendrán a un gestor seguro dentro del Organismo Ejecutivo, en caso de ganar el binomio.

— ¿Ustedes saben cuál es la regla número 1 de las 48 reglas del poder?, pregunta Castillo Reyes a los periodistas que escriben este texto.
— No.

— No le hagas sombra al jefe. Entonces yo no puedo pretender posicionarme más cuando el presidente es uno. ¿Ustedes se recuerdan esa historia de Batman y Robin? Era Batman y Robin, no Batman y Batman. Pero este Robin, lo que sí les puedo garantizar, es que va a tener mucha preponderancia.
— Robin también tenía sus propios comics, se le pregunta.
— Pero yo los tengo también; (aunque) me ha tocado mucho el rol de estar solo en varios temas, al final él es la figura.
Castillo es una buena elección de los empresarios por la capacidad de gestión y su conocimiento en la administración pública. El vicepresidenciable conoce a profundidad el sistema de justicia, ya que se ha desempeñado como abogado, oficial investigador del Ministerio Público; ha sido parte de la junta directiva del Colegio de Abogados y fue magistrado de Apelaciones.

 

Guillermo Castillo Reyes, en su oficina de la Cámara de Comercio.

Guillermo Castillo Reyes, en su oficina de la Cámara de Comercio.

5. La fórmula del Intecap para apostarle a más empleos, su propuesta

Castillo dice que los fuertes de Giammattei en el gobierno serán la Salud, por su carrera de médico, y seguridad, por su paso en el sistema penitenciario. Sobre sus propuestas personales, asegura que de ser electo, se enfocará en la economía y la creación de empleos.

Dice que está con Giammattei porque les une el mismo fin y que trabajarán sobre la base de su plan de gobierno para cumplir sus promesas. De haber discrepancias en el gobierno, responde que lo resolverán con diálogo y consensos. «Seré el vicepresidente electo; no soy una persona que va a estar detrás de la puerta viendo como el presidente toma decisiones, yo tengo mi carácter también».

Y tiene una promesa final para el electorado:

— Si se van a tomar decisiones que afectan los intereses de la población, me separaré del aval de esas decisiones y haré públicos mis argumentos del por qué no estoy de acuerdo.

Quizás Castillo sea el Robin que defiende que Batman no violó derechos humanos aunque hubo una masacre en Presidios frente a sus narices. O quizás sea una representación del otro Robin (Dick Grayson) que se alejó de Batman porque no quería estar bajo su sombra.

Para saberlo qué Robin de qué Batman será, quedará esperar a los resultados del 11 de agosto. Si resultara electo, habrá que juzgar por sus acciones en el cómic del Gobierno de Guatemala, 2020-2024.

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AEU: La sucesión de Lenina García se disputará entre estas tres planillas


El 19, 20 y 21 de agosto, unos 92 mil estudiantes de la Universidad de San Carlos (USAC) asignados en el campus central, el Centro Universitario Metropolitano y el Paraninfo Universitario, están convocados a votar para elegir a la nueva Secretaría General de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) dirigida en la actualidad por Lenina García.

En la contienda participarán las agrupaciones Estudiantes Como Vos, Consciencia y Movimiento Estudiantil Universitario Consciente (MEUC), planillas avaladas por el Consejo Electoral Estudiantil Universitario (CEEU) —que organiza las elecciones del Secretariado Ejecutivo de la AEU y sus comisiones de trabajo—. Cada planilla debía inscribirse reuniendo, entre otros documentos, 500 firmas de estudiantes de diferentes carreras afiliados a su agrupación.

La propaganda electoral no se realizará con carteles o vallas, sino que, previo a que las instalaciones de la USAC fueran tomadas en protesta contra las medidas del Rector Murphy Paiz, se iban a priorizar los espacios en las aulas para que cada candidato diera a conocer allí sus propuestas; el Consejo Electoral realizaría debates para que los aspirantes defendieran sus ofrecimientos ante la comunidad universitaria.

Para las planillas que aspiran a la Secretaría General, está prohibido colocar mantas y no tienen permitido distribuir propaganda que incluya regalos como calculadoras, estuches, etcétera —como en años anteriores—; así como utilizar discursos de odio en contra de mayorías o minorías y recibir financiamiento o beneficios como puntos o créditos de parte de profesores, de las unidades académicas o las máximas autoridades de la USAC.

—Hacemos un llamado a la comunidad estudiantil a que denuncie; como Consejo Electoral podemos velar por la transparencia del proceso pero habrá momentos en que no vamos a poder ver qué está pasando en varias unidades académicas, quizás el profesor está diciendo ‘miren, voten por esta planilla y les damos puntos’. Tenemos potestad para poder sancionar, explica el estudiante Vinicio Negreros, de la AEU.

La fiscalización del proceso electoral está a cargo del CEEU. Entre las sanciones se encuentran amonestaciones públicas y privadas, y suspensión o cancelación de funciones.

Estas son las planillas

Conciencia – Planilla 1

Postula a Carlos Yax como Secretario General. Yax es estudiante de Ciencia Política y Derecho. Laura Aguiar, estudiante de Ciencias de la Comunicación y Ciencia Política es candidata a la Secretaría General Adjunta.

SECRETARÍA GENERAL@ConscienciaSoy un guatemalteco de valores jesuitas en permanente búsqueda de la verdad. Estudiante…

Geplaatst door Consciencia op Zaterdag 3 augustus 2019

En sus redes sociales han sido críticos del gobierno de Jimmy Morales y el acuerdo que firmó con Estados Unidos para convertir a Guatemala en un «tercer país seguro».

Estudiantes como Vos – Planilla 2

A través de un comunicado de prensa rechazaron y repudiaron las decisiones del rector Murphy Paiz y del Consejo Superior Universitario, y exigieron que respondan a las demandas de los estudiantes. Su candidato a Secretario General es Julio César Villatoro, estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Postula como Secretaria Adjunta, la estudiante Luisa Quintanilla; para los Comités de Asuntos Jurídicos y Nacionales, Juan Menjívar y Daniel Galindo, entre otros.

 

Julio César Villatoro.

Julio César Villatoro.

Movimiento Estudiantil Universitario Consciente (MEUC) – Planilla 3

Esta planilla participó en las pasadas elecciones para dirigir la AEU. El pasado 27 de julio publicaron en sus redes sociales un comunicado en rechazo a la firma de un convenio de cooperación entre el Rector Murphy Paiz y Juan Carlos Tefel, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), en el cual establecen que el Ejercicio Profesional Supervisado (EPS), para algunas carreras se realizará en empresas de la iniciativa privada.

El candidato a Secretario General es Juan Antonio Alvarado, de 26 años, estudiante de la Escuela de Ciencia Política.

Juan Antonio Alvarado26 años Escuela de Ciencia PolíticaSecretaría General"El estudiante universitario tiene una…

Geplaatst door MEUC op Woensdag 31 juli 2019

Las tres planillas se reunieron con el Consejo Electoral Estudiantil y ante la crisis en la USAC, acordaron que en las protestas no se utilizará ningún símbolo relacionado a las planillas para abanderar las demandas del movimiento estudiantil y no mancharlas de un tinte electoral. También decidieron que ninguna planilla puede mediar entre los grupos organizados que protagonizan las tomas de los centros universitarios.

* Leé: La AEU comienza una reforma temeraria: limpiar del crimen la Huelga de Dolores, por Javier Estrada Tobar

El futuro de la AEU

El escenario con el que este secretariado empezó su gestión en 2017, no es el mismo que el de 2019; para los estudiantes que están a semanas de dejar la estafeta ahora hay alianzas y actores que se fueron uniendo a sus causas y que serán clave para que el siguiente grupo no empiece de cero.

La misión más grande del siguiente secretariado será la defensa de la educación pública, una batalla que previo a la actual crisis, la AEU inició a posicionar en las redes sociales con una campaña comunicación y la etiqueta #UPública y que en las última semana escaló a la toma de los centros universitarios.

—La problemática que está enfrentando la universidad a través de las actuales políticas que está desarrollando la administración con el respaldo del Rector, es el reto que tiene el siguiente secretariado y tenemos contemplado que este sea uno de los puntos que esté a discusión en las planillas para que los estudiantes sepan quienes están involucrados en ese proceso, que ideas y respuestas tienen a esta problemática, dijo José David López, de la comisión de logística de la AEU.

Entre los proyectos que los nuevos integrantes de la AEU tendrán que dar seguimiento se encuentra la instalación del museo en la casa donde vivió Oliverio Castañeda de León, líder estudiantil asesinado en 1978; el recién rescatado programa de natación y el acompañamiento a los casos de acoso que se reportaron dentro de la universidad. También esperan posicionamientos clave en la crisis migratoria, ya que una de las dinámicas de la AEU fue el respaldo a las olas de migrantes centroamericanos que cruzaron Guatemala en caravana para llegar a Estados Unidos.

Ninguno de los protagonistas de la recuperación de la AEU —que durante 17 años estuvo cooptada por mafias incrustadas dentro de la USAC— podrá reelergirse en los cargos. El artículo 30 del Reglamento de Elecciones Generales y Comisiones de Trabajo de la Asociación señala que las personas que desempeñaron puestos dentro del secretariado no pueden reelegirse para garantizar la alternabilidad democrática.

—Como secretariado general decidimos no hacer ninguna reelección de nosotros primero para dar paso a estas generaciones porque las transiciones deben darse. También entendemos nuestros procesos y ya la mayoría vamos a cerrar pensum. Nosotros creemos que las transiciones se pueden dar sin tener que quedarnos nosotros, dijo Ketzali Pérez, vocera del consejo electoral estudiantil universitario.

* Leé esta opinión: Estudiantes universitarios: nuestra gran reserva de dignidad, por Ricardo Marroquín

La sucesión de Lenina García y el centenario de la AEU

Lenina García fue electa Secretaria General de la AEU en agosto del 2017. A unos días de dejar el cargo señala que en el 2020 la Asociación cumplirá 100 años, lo que pondrá a los estudiantes en un proceso de reflexión sobre su papel en la actualidad como organización gremial que está al servicio de los derechos estudiantiles pero también de las causas justas de la población guatemalteca.

 

El día de la victoria de Lenina García.

El día de la victoria de Lenina García.

—Considero que nuestro secretariado logró sentar las bases de la Asociación después de que pasaran 17 años sin tener ningún papel protagónico, sin posicionarse ni tener incidencia a nivel nacional y universitario. A la AEU le corresponde continuar ese trabajo que nosotros iniciamos, mantener la defensa de una educación pública y digna, pero también mantener la defensa de los derechos humanos y hacerle frente a un proceso de neoliberalización de la educación y tal muestra de ello es que ahora tenemos una toma de diferentes centros universitarios, dijo García.

Este miércoles 7 de agosto se realizará el primer debate entre las tres planillas que aspiran a dirigir la AEU Oliverio Castañeda de León. La actividad se realizará en el Musac a las 5 de la tarde y será moderada por Rebeca Lane y Eva Tecún.

 

Debate para elección de AEU.

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¿Qué pasa en la USAC y por qué están tomadas las instalaciones?


Estudiantes de la USAC no están contentos con la gestión del rector Paiz, electo en 2018 con el 93 por ciento de los votos en un sistema de ‘democracia representativa’. Ha transcurrido un año desde que Paiz asumió el cargo y una serie de medidas adoptadas bajo su administración preocupan y molestan a estudiantes, catedráticos y trabajadores.

El escenario que describen ahora los críticos de la gestión Paiz suena familiar. En su paso como decano de la Facultad de Ingeniería es recordado como un funcionario ‘lleno de señalamientos’, que despierta desconfianza por la manera en que manejó los recursos de la facultad.

La sobrevaloración de obras en el campus, cobros irregulares a los estudiantes en proceso de graduación, lucrar con diplomados y algunos cursos e indicios de un proceso de privatización de los recursos de la USAC son algunas de las anomalías que se le atribuyen en los corredores de la Universidad.

Hace un año, el rector Paiz ofrecía ‘una Universidad con mayor incidencia en temas nacionales’, reconocida, moderna, con estabilidad financiera y descentralizada. Sin embargo, los ofrecimientos no se han concretado en acciones, según algunas agrupaciones estudiantiles. Por el contrario, se han tomado medidas que parecen contribuir a un esfuerzo por privatizar los servicios de la Universidad. A pesar de la preocupación y el descontento, la comunidad universitaria no había tomado medidas hasta hace unos días.

1. Cerradas las puertas de la USAC

El martes 30 de julio, miembros del Colectivo Estudiantil Universitario (CEU) llegaron a la 9 av. de la zona 1, con pancartas que los identificaban. El objetivo era tomar las instalaciones del Museo de la Universidad de San Carlos, (MUSAC).

«El MUSAC ha sido tomado debido a que el Congreso pretende tener sesión en las instalaciones el día de mañana 30/07. Como estudiantes sancarlistas no vamos a permitir que aprueben el acuerdo del tercer país seguro en nuestra casa de estudios. La administración de Murphy Paiz es cómplice del Gobierno de Jimmy Morales al prestar las instalaciones ni pronunciarse por su nefasta gestión», publicó el CEU.

La movilización de ese primer grupo de estudiantes fue un impulso para dar un siguiente paso: tomar las instalaciones del campus central en la zona 12 y manifestarse en contra el rector y varias de sus decisiones administrativas.

—Las razones del descontento son muchas, principalmente, porque el rector Murphy Paiz ha demostrado políticas de privatización dentro de la Universidad. Hemos visto acoso a vendedores informales y la intención de reemplazarlos con empresas privadas, aumento de costos por servicios dentro de la universidad, concesiones y convenios con los que no estamos de acuerdo, explicó José Carlos Luch, miembro de CEU.

Aunque la toma original fue orquestada por CEU, también fue apoyada por Frente Estudiantil Revolucionario Robin García y el Movimiento Estudiantil Universitario Consciente (MEUC). Posteriormente, la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) manifestó su apoyo y aseguró que las medidas de los estudiantes eran legítimas.

Además, se sumó el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de San Carlos (STUSC), el Sindicato de Docentes e Investigadores de la Universidad de San Carlos y otros catedráticos a título personal.

 

El Musac también está tomado. Foto: Carlos Sebastián

El Musac también está tomado. Foto: Carlos Sebastián

2. Un cuestionado convenio con la Cámara de Industria y la entrega del EPS

La semana pasada, el rector Murphy Paiz y Juan Carlos Tefel, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), firmaron un convenio de cooperación para un plazo de tres años. El documento detalla una serie de compromisos adquiridos por ambas partes. Entre estos: participar en proyectos de pasantías y prácticas en empresas asociadas a CIG de conformidad con la normativa académica.

—Lo que derramó el vaso fue el acuerdo firmado con la Cámara de Industria, que cede el Ejercicio Profesional Supervisado (EPS) al sector privado. El objetivo del EPS es hacer servicio comunitario, esta es la única universidad pública y el EPS pretende ser una forma de retribuir de alguna forma a la población, explicó Julio Eufragio, representante estudiantil.

No obstante, según Estuardo Gálvez, miembro del CSU, ese convenio es una manera de dar paso a más convenios en las distintas unidades académicas y no «una camisa de fuerza».

Más allá de la preocupación que ese documento generó, también ha habido otras actitudes y decisiones de la rectoría, que han disgustado a los estudiantes.

Las molestias son varias: no se le consultó nada a la población estudiantil, se toman medidas supuestamente de seguridad pero que en realidad son medidas para controlar a los estudiantes y el aumento de precios de servicios públicos.

—La universidad no la pueden privatizar, pero sí sus servicios y eso es lo preocupante. Si le ponen techos más altos a los estudiantes, en cuanto a costos, se ponen barreras mucho más altas para aquellas personas que quieren estudiar a nivel universitario. Es cierto que hay crisis de hacinamiento pero la solución no es reducir la población estudiantil sino aumentar las capacidades de la Universidad, explica el estudiante Eufragio.

Jorge Mario Rodríguez, docente de la USAC, explica que desde hace meses iniciaron las tensiones dentro de la Universidad (que detonaron esta semana); y que no afecta solo a estudiantes sino también a docentes y trabajadores.

—Esta administración llegó a hacer destrozos en todas las áreas de la universidad, es evidente que su intención es privatizar la universidad en el sentido de hacerla servir a los proyectos e intereses de Murphy Paiz. La administración de Paiz ha afectado a todos los sectores, ha quitado a muchos trabajadores, docentes, los ha precarizado. Ha transformado los centros universitarios, ha cambiado gente, ha tomado medidas a espaldas de los estudiantes, señala.

El secretario del STUSC, Axel Cirin, comenta que si bien es hasta ahora que se toman medidas más radicales para manifestar contra la gestión de Murphy, la preocupación viene desde hace varios meses y se ha ido acumulando.

Los trabajadores también se han visto afectados con cambios administrativos, acoso laboral y despidos indirectos.

 

Estudiantes plantearon demandas como condición para liberar los ingresos del campus central y otras sedes. Foto: Carlos Sebastián

Estudiantes plantearon demandas como condición para liberar los ingresos del campus central y otras sedes. Foto: Carlos Sebastián

3. Estas son las peticiones del grupo inconforme

Las instalaciones de la USAC permanecerán cerradas por tiempo indefinido, hasta que las autoridades acaten sus peticiones, según los líderes estudiantiles encargados de esta iniciativa.

En primer lugar, pedimos un compromiso formal en el que quede constancia de que no habrá represalias para quienes tomemos medidas de hecho, que no nos van a expulsar, detener graduaciones, afectar con problemas administrativos, tampoco medidas coercitivas, explica Luch.

Desde ayer miércoles hay rumores de que la rectoría podría estar solicitando el apoyo de la Policía Nacional Civil para intervenir e ingresar a las instalaciones de la USAC.

Pablo Castillo, el vocero de la PNC, aseguró que se trata de rumores y que no existe ninguna directriz ni intención de ingresar a la Universidad, ni tomar medidas contra los estudiantes.

Estas son las peticiones concretas:

* No utilizar instalaciones universitarias para usos políticos de otras instituciones ajenas a los intereses académicos y del pueblo en general.
* Un pronunciamiento del rector Murphy Paiz en contra del acuerdo firmado por el gobierno de Guatemala y Estados Unidos sobre temas migratorios.
* Pronunciamiento en contra del intento de violación del acceso público del Archivo Histórico de la Policía Nacional.
* Que se anule el convenio entre la Universidad y la CIG.
* Destitución del Jefe de Seguridad Física, Alejandro Morfín.
* Que sea gratuito el Examen de Orientación Vocacional y el Programa Académico Preparatorio (PAP) —un programa que ayuda a nivelar a estudiantes que no aprueban el examen de admisión—.
* No centralizar el control de la investigación universitaria.
* Exigir el 5 por ciento del presupuesto constitucional para la Universidad, sin instrumentalizar la institución para la adquisición de préstamos.
* Anular cuotas en el ámbito de servicios deportivos.
* Retirar las cámaras de reconocimiento facial que fueron colocadas en la Universidad.
* Que las sesiones del CSU sean públicas y que las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias se publiquen en el portal oficial.
* Freno al acoso de vendedores formales e informales.
* No concesionar espacios a cadenas de comida rápida.
* Rescindir contratos de arrendamiento con el sector privado.
* Readecuar el proceso de una reforma universitaria.

 

Dentro de las peticiones estudiantiles es que la USAC vuelva a tomar su rol histórico de demanda social y no estar ausente de los problemas nacionales. Foto: Carlos Sebastián

Dentro de las peticiones estudiantiles es que la USAC vuelva a tomar su rol histórico de demanda social y no estar ausente de los problemas nacionales. Foto: Carlos Sebastián

4. Las voces que piden que #AbranLaUsac

Ante este escenario, se conformó una comisión negociadora en la que participan el Consejo Superior Universitario, representantes de CEU y mediación de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). La intención es escuchar y analizar las propuestas de los estudiantes que tomaron las instalaciones.

La primera sesión debía realizarse ayer; sin embargo, CEU no estuvo presente. Según los representantes de la organización, nunca recibieron una notificación formal o escrita para acudir a esta reunión. Su propuesta es que esta reunión se realice en las instalaciones de la rectoría del campus central.

Mientras tanto, las autoridades de la universidad insisten en que desistan de estas medidas y liberen las instalaciones. Han difundido mensajes en redes sociales con el hashtag #AbranLaUsac.

«Instamos respetuosamente a reflexionar acerca del impacto negativo que ha tenido el innecesario cierre para el desarrollo de labores académicas, de investigación, administración y servicios que presta la USAC», solicitaron a través de su comunicado más reciente.

Pero la postura de los estudiantes se mantiene. Las medidas continuarán de manera indefinida, en tanto se confirme que las autoridades tomarán en cuenta sus propuestas.

Hasta el momento ya no solo el MUSAC y la sede central de la USAC permanecen cerradas. En los últimos días se han sumado movimientos estudiantiles de los campus regionales. En total, permanecen cerradas siete instalaciones: campus central, MUSAC, el Centro Universitario Metropolitano (CUM), el Paraninfo, el Club Deportivo Los Arcos y las sedes de San Marcos, Quetzaltenango, El Progreso y Chimaltenango.

Los edificios están tomados, las clases parcialmente detenidas —algunos programas están dando seguimiento a los contenidos en línea— y los estudiantes exigen dos cosas: que se acaten sus peticiones y que no se tomen represalias en contra de quienes han liderado estas medidas de manifestación estudiantil.

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Primer round entre abogados: los de siempre, el CACIF y los pro-CICIG se disputan los votos


Detrás de las decenas de nombres desconocidos inscritos en 21 planillas, están los grandes operadores de siempre: Estuardo Gálvez, Roberto López Villatoro, Gustavo Herrera, Juan Carlos Godínez, Héctor Hugo Pérez Aguilera y el CACIF, entre otros, quienes, desde las sombras guían las acciones para disputarse la construcción del sistema de justicia.

—Yo, desde que integré la primera Comisión de Postulación y que conocí cómo funcionan esas planillas, siempre he dicho que hay intereses de mafia, de crimen organizado, de sector económico, de organismos internacionales. Muchos intereses entran en juego, dijo el exrector de la USAC, Estuardo Gálvez, uno de los operadores más fuertes en el gremio de Derecho al ser entrevistado por Nómada.

El ideal de «jueces honestos» se difumina entre los intereses de los abogados, los decanos y los magistrados que participan en los grupos de selección y verificación de los aspirantes; pese a declaraciones como la del exrector, los procesos han estado tan viciados que los integrantes de estas Cortes salientes estuvieron cerca de no asumir sus cargos. En octubre del 2014, la Corte de Constitucionalidad suspendió un mes y medio la toma de posesión por irregularidades denunciadas por la sociedad civil y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

En 2019, esta elección significa una oportunidad para los políticos, funcionarios públicos y empresarios investigados, procesados y señalados por la Fiscalía, para influir en la elección de los integrantes de las Cortes y de esa forma en el rumbo que tomen los casos del MP y la CICIG.

En 2016 hubo un intento desde el MP de Thelma Aldana, la CICIG y la Procuraduría de Derechos Humanos, respaldados por la sociedad civil y al inicio por los tres presidentes de los poderes del Estado, para cambiar este método de elección. A través de las reformas constitucionales impulsadas y discutidas en mesas de trabajo durante seis meses, se pretendía eliminar las Comisiones de Postulación para borrar las posibilidades de que influencias externas incidieran en la elección de los magistrados. El gobierno de Jimmy Morales y el sector empresarial boicotearon la propuesta y el sistema colapsado por las mafias, se mantuvo.

* Leé: Los 5 mitos de FCN para detener las reformas de PDH-MP-CICIG, por Javier Estrada Tobar

De 26 mil abogados colegiados, en promedio solo vota el 33%, es decir tres de cada diez. Este será el último paso para integrarlas. A la fecha ya se definió que Félix Serrano, rector de la Universidad Mesoamericana y Murphy Paiz, rector de la USAC, dirijan la mesa para la CSJ y Apelaciones, respectivamente.

1. Los de siempre, pero más discretos

El modelo de hacer política en el Colegio de Abogados se basa en fiestas con asados y chicharrones, cursos, diplomados y regalos; en las últimas elecciones gremiales era común ver a operadores como Roberto López Villatoro protagonizando los encuentros.

Pero las investigaciones de corrupción del Ministerio Público y la CICIG cambiaron el mapa de poder y las estrategias de las agrupaciones para ganar los espacios; ahora los alfiles tradicionales inscribieron en las planillas del Colegio de Abogados a sus allegados más desconocidos en la esfera pública para evitar vinculaciones y señalamientos directos que pudieran afectar sus campañas gremiales.

Esta vez no hay grandes alianzas entre operadores, sino que cada grupo apuesta a su propia fuerza para posicionar a sus comisionados; eso se evidencia en que por primera vez hay 21 planillas en la competencia y la mayoría de los nombres inscritos son de abogados poco conocidos.

—Ahorita no hay ninguna comunicación con ninguna otra planilla, pero ya electos los comisionados ellos deberán conversar y todas las comisiones funcionan y han funcionado así; ellos tienen que votar y ponerse de acuerdo en los procedimientos que seguirá la comisión, reconoció Gálvez.

El exrector Gálvez niega tener influencia en la USAC, además de controlar a la Planilla 7 incide en las decisiones que tomará la Universidad Regional, donde es Coordinador Académico. También imparte clases en la Universidad Mariano Gálvez y en la Universidad Rural.

 

Propaganda para las elecciones en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

Propaganda para las elecciones en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

El pasado 18 de julio el Movimiento Pro Justicia publicó en tuíter la invitación a un evento que se realizó en la sede de la Procuraduría General de la Nación, dirigida por Jorge Luis Donado Vivar, nombrado en ese cargo por el presidente Jimmy Morales y fiel a sus intereses.

La actividad era una campaña gremial disfrazada de una conferencia académica dirigida por Shirly Yomara Madrid y la agrupación Dignificación Profesional, quien ocupa el puesto en la Planilla 4 para Corte de Apelaciones, unos escaños arriba de Mario Siekavizza, actual vocero de la Corte Suprema de Justicia durante la gestión de Néster Vásquez Pimentel. Estuardo Ralón, abogado de la Cámara del Agro, quién está en contra de la CICIG y que promueve amnistías para para crímenes de guerra, disertó en el mismo evento.

Así unen esfuerzos, usando recursos institucionales, para hacer campaña para integrar postuladoras. PGN incondicional del presidente, con el grupo del presidente de la CSJ y el comisionado CIDH propuesto por el gobierno. Invita candidata a comisionada por el ¿grupo oficialista? pic.twitter.com/Z8sdszmrPi

— ProJusticiaGuatemala (@ProJusticiaGuat) July 18, 2019

Para el Movimiento Pro Justicia esa actividad fue una evidencia de la unión de los esfuerzos para integrar las postuladoras y de la utilización de recursos públicos para promover candidaturas bajo la excusa de actividades académicas.

Por esta agrupación, participa en la planilla para la CSJ Igmaín Galicia Pimentel, actual magistrado de la sala de Apelaciones de Escuintla.

* Leé: Ganar una silla en la Corte usando fondos públicos, por Jody García

Por otro lado, la Planilla 1 es del grupo cercano a Fredy Cabrera, expresidenciable y abogado de bancos y operador veterano de las comisiones de postulación. Cabrera fue presidenciable de TODOS en la campaña pasada y ha sido asesor del presidente Jimmy Morales.

El primer puesto de la Planilla 1 para CSJ lo ocupa Billy Herrera Arita, quien enfrentó un proceso por obstaculizar la investigación del asesinato del investigador Víctor Rivera cuando trabajaba como auxiliar del Ministerio Público. Para la Corte de Apelaciones, el primer lugar es de Juan Salvador Soto Hernández, abogado de la familia Arzú y es parte del Departamento Jurídico de la Municipalidad de Guatemala.

La Planilla 2 es del grupo de abogados de Mixco, vinculados a Roberto López Villatoro, conocido como el Rey del Tenis. El listado para CSJ lo encabeza Jorge Emilio Morales Quezada, señalado de corrupción en la municipalidad de Palín, Escuintla, donde funge como secretario. En la planilla para Corte de Apelaciones ocupa el segundo lugar Jennifer Dell’aqcua, esposa de Saúl Centeno, abogado del diputado Julio Juárez en el caso del asesinato del periodista Danilo López y conocido entre sus colegas como «cercano a los presos del Mariscal Zavala».

Juan Carlos Godínez, el principal operador de los abogados de Mixco, es representante del CANG ante el Consejo Superior Universitario de la USAC; tuvo el apoyo del exrector Estuardo Gálvez para entrar al Consejo y fue integrante la comisión de postulación para Corte de Apelaciones en 2014, donde evidenció su vínculo con el Rey del Tenis, de acuerdo con una publicación del Movimiento Pro Justicia.

Por su parte, Estuardo Gálvez durante cuatro años fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos (USAC) y durante dos períodos fue rector de esa casa de estudios. Esas posiciones le dieron un lugar en las Comisiones de Postulación para el Tribunal Supremo Electoral, Cortes, Ministerio Público y Contraloría General de Cuentas.

Aunque su postura pública es en pro de la transparencia, Gálvez ha implementado estrategias para quedarse en los cargos y para posicionar a sus candidatos y entre sus viejas alianzas se encuentra Roberto López Villatoro, en prisión por supuestamente regalarle un apartamento a Giovanni Orellana para que votara de acuerdo a sus intereses en las pasadas comisiones de postulación. A principios de los 2000 ambos le abrieron paso a Juan Carlos Godínez, operador de los abogados de Mixco.

El peso de los treinta años de ejercicio como abogado y su paso por la USAC convirtió a Gálvez en un experto para mover los hilos de poder en ese gremio y su influencia está canalizada en la agrupación gremial que dirige, Ética y Derecho, que en estas elecciones en el CANG impulsa la Planilla 7.

Parte de la Planilla 7 son Fernando Antonio Chacón Urízar, quien fue Secretario Académico de la Facultad de Derecho de la USAC y Julio César Cuyuch, candidato a la alcaldía de Quetzaltenango por el partido Winaq.

La Planilla 3 es la oficial del Colegio de Abogados. La apoya Fredy Cabrera, Ovidio Orellana y el Rey del Tenis a través de Conamis. La encabeza Luis Fernando Ruiz, un militar que al retirarse del ejército se convirtió en presidente del CANG apoyado por una alianza de Avidán Ortiz y de Fredy Cabrera. En el gremio lo apodan Rambo y se le conoce por sus posturas anti-CICIG, anti-derechos humanos y pro-militar.

La planilla para Apelaciones la lidera María Eugenia Erazo, ex subsecretaria privada de Asuntos Estratégicos del MP de Consuelo Porras. Fue asesora del MICIVI en época de Alejandro Sinibaldi.

En el caso de la Planilla 8, el candidato más fuerte es Ludwin Villalta, quien encabeza el listado de Corte de Apelaciones. Villalta en su momento fue apoyado por el Rey del Tenis para presidente del CANG, pero perdió contra Luis Fernando Ruiz. En un video aparece con su grupo apoyando la candidatura de Zury Ríos y deslegitimando la de Thelma Aldana.

 

Propaganda de planillas para las elecciones en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

Propaganda de planillas para las elecciones en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

Algunos abogados creen que el fin de esta planilla es promover la reelección de Beila Estrada, actual vocal primera de la Sala Tercera de Apelaciones, esposa de Alfredo Brito, Secretario de Comunicación Social de la Presidencia y amigo personal de Jimmy Morales, para garantizar impunidad en eventuales procesos contra funcionarios del oficialismo.

La Planilla 5 es otra de las más fuertes y oscuras, dicen los abogados consultados por Nómada. ¿Por qué? Wilson López, conocido asesor de Óscar Argueta, diputado de la UNE, se presenta como candidato. A López se le conoce por utilizar la Ley contra el Femicidio para denunciar al diario elPeriódico y obligar a que ya no escribiera sobre Sandra Torres. Argueta es conocido en el gremio como el Monje Negro por sus operaciones oscuras.

A este grupo también se le vincula con Gustavo Herrera, quien se refugia en Nicaragua y figura como uno de los cerebros detrás de un desfalco de Q350 millones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Herrera es uno de los operadores políticos más oscuros y conocidos del sistema de justicia. Fue un popular gestor de los magistrados de impunidad del Partido Patriota, ahora opera por su propia necesidad y los casos en su contra, así que entre más amenazados, más necesidad de control, dice una fuente consultada por Nómada.

Entre el gremio de abogados se conoce que un grupo de magistrados y jueces viajó a Nicaragua donde supuestamente se entrevistaron con Herrera para recibir instrucciones.

2. La planilla cercana al CACIF

La planilla más cercana al sector empresarial es la número 9, propuesta solo para Salas de Apelaciones. El grupo se denomina Alianza en Defensa de la República, la que concentra personajes de bufetes privados y conservadores. En las primeras posiciones se encuentra Ignacio Andrade Aycinena, quien fue asesor legal de la Minera San Rafael y presentó un amicus curiae en la disputa ante la Corte de Constitucionalidad para mantener abiertas sus operaciones. También fue presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País, conformada en 1795 por la élite criolla colonial.

Es parte de esta planilla Claudia Lucía Pereira Pereira, abogada y socia del Bufete Mayora y Mayora, que entre sus clientes cuenta al Banco Industrial, Energuate, Monsanto Company, Claro, Cofiño Stahl, Gas Natural Fenosa, Citibank, entre otros.

En la posición 3 de esta planilla está Marta Altolaguirre, viceministra de Relaciones Exteriores en el gobierno de Óscar Berger y miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ha sido columnista y desde el portal República.gt ha criticado a la CICIG*.

3. La Planilla 10, de los pro-CICIG

Además de las fuerzas de siempre y la del CACIF, hay una planilla que agrupa a los abogados que han apoyado los esfuerzos de la lucha contra la impunidad y la corrupción.

Juristas por Guatemala es un grupo heterogéneo de abogados conservadores y progresistas, que se unieron solo por ese denominador común.

Tienen en su planilla para la postuladora de CSJ, por ejemplo, a Oswaldo Samayoa y Carlos Paz Archila, académicos, defensores de los derechos humanos y defensores públicos de la CICIG. En la de la postuladora de Apelaciones presentan a nombres como Verónica Ponce, exmandataria de la CICIG, o a Mariana Rohrmoser, quien ha sido integrante del Frente Ciudadano Contra la Corrupción pero participa a título personal.

Incluye también a exmagistrados que provienen del sector empresarial, como Gabriel Gómez, Rogelio Zarceño o José Toledo. Y antiguos líderes de Alternativa Independiente, como Rita Elizondo.**

La votación, este viernes

Las elecciones de este viernes 26 de julio en el CANG son el último paso para la conformación de las mesas de trabajo que filtrarán a los aspirantes a los puestos más importantes en el sector justicia, trece sillas en la Corte Suprema de Justicia y 140 en Salas de Apelaciones.

Las Comisiones de Postulación trabajarán en medio de la segunda vuelta en las elecciones generales y en los últimos días de trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Los profesionales del derecho coinciden en que en las comisiones de postulación comienzan a resolverse sus casos, por eso la importancia de cooptarlas desde el inicio.

Este párrafo fue editado a las 21:30 del 24/7/19.

** Este apartado fue completado a las 21:30 del 24/7/19.

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Primer round en las postuladoras: los de siempre, el CACIF y los pro-CICIG se disputan los votos en gremio de abogados


Detrás de las decenas de nombres desconocidos inscritos en 21 planillas, están los grandes operadores de siempre: Estuardo Gálvez, Roberto López Villatoro, Gustavo Herrera, Juan Carlos Godínez, Héctor Hugo Pérez Aguilera y el CACIF, entre otros, quienes, desde las sombras guían las acciones para disputarse la construcción del sistema de justicia.

—Yo, desde que integré la primera Comisión de Postulación y que conocí cómo funcionan esas planillas, siempre he dicho que hay intereses de mafia, de crimen organizado, de sector económico, de organismos internacionales. Muchos intereses entran en juego, dijo el exrector de la USAC, Estuardo Gálvez, uno de los operadores más fuertes en el gremio de Derecho al ser entrevistado por Nómada.

El ideal de «jueces honestos» se difumina entre los intereses de los abogados, los decanos y los magistrados que participan en los grupos de selección y verificación de los aspirantes; pese a declaraciones como la del exrector, los procesos han estado tan viciados que los integrantes de estas Cortes salientes estuvieron cerca de no asumir sus cargos. En octubre del 2014, la Corte de Constitucionalidad suspendió un mes y medio la toma de posesión por irregularidades denunciadas por la sociedad civil y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

En 2019, esta elección significa una oportunidad para los políticos, funcionarios públicos y empresarios investigados, procesados y señalados por la Fiscalía, para influir en la elección de los integrantes de las Cortes y de esa forma en el rumbo que tomen los casos del MP y la CICIG.

En 2016 hubo un intento desde el MP de Thelma Aldana, la CICIG y la Procuraduría de Derechos Humanos, respaldados por la sociedad civil y al inicio por los tres presidentes de los poderes del Estado, para cambiar este método de elección. A través de las reformas constitucionales impulsadas y discutidas en mesas de trabajo durante seis meses, se pretendía eliminar las Comisiones de Postulación para borrar las posibilidades de que influencias externas incidieran en la elección de los magistrados. El gobierno de Jimmy Morales y el sector empresarial boicotearon la propuesta y el sistema colapsado por las mafias, se mantuvo.

* Leé: Los 5 mitos de FCN para detener las reformas de PDH-MP-CICIG, por Javier Estrada Tobar

Las Comisiones de Postulación están integradas en tres grupos de poder: el de los magistrados, que eligen a 12 representantes; el de los decanos de las 12 facultades de Derecho del país y el del gremio de abogados, que elegirá a sus 12 miembros de entre 10 planillas para la CSJ y 11 para Apelaciones, este viernes 26 de julio en el Parque de la Industria.

De 26 mil abogados colegiados, en promedio solo vota el 33%, es decir tres de cada diez. Este será el último paso para integrarlas. A la fecha ya se definió que Félix Serrano, rector de la Universidad Mesoamericana y Murphy Paiz, rector de la USAC, dirijan la mesa para la CSJ y Apelaciones, respectivamente.

La nueva estrategia: los mismos de siempre pero más discretos

El modelo de hacer política en el Colegio de Abogados se basa en fiestas con asados y chicharrones, cursos, diplomados y regalos; en las últimas elecciones gremiales era común ver a operadores como Roberto López Villatoro protagonizando los encuentros.

Pero las investigaciones de corrupción del Ministerio Público y la CICIG cambiaron el mapa de poder y las estrategias de las agrupaciones para ganar los espacios; ahora los alfiles tradicionales inscribieron en las planillas del Colegio de Abogados a sus allegados más desconocidos en la esfera pública para evitar vinculaciones y señalamientos directos que pudieran afectar sus campañas gremiales.

Esta vez no hay grandes alianzas entre operadores, sino que cada grupo apuesta a su propia fuerza para posicionar a sus comisionados; eso se evidencia en que por primera vez hay 21 planillas en la competencia y la mayoría de los nombres inscritos son de abogados poco conocidos.

—Ahorita no hay ninguna comunicación con ninguna otra planilla, pero ya electos los comisionados ellos deberán conversar y todas las comisiones funcionan y han funcionado así; ellos tienen que votar y ponerse de acuerdo en los procedimientos que seguirá la comisión, reconoció Gálvez.

El exrector Gálvez niega tener influencia en la USAC, además de controlar a la Planilla 7 incide en las decisiones que tomará la Universidad Regional, donde es Coordinador Académico. También imparte clases en la Universidad Mariano Gálvez y en la Universidad Rural.

 

Propaganda para las elecciones en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

Propaganda para las elecciones en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

Las planillas cercanas al gobierno y al sector privado

El pasado 18 de julio el Movimiento Pro Justicia publicó en tuíter la invitación a un evento que se realizó en la sede de la Procuraduría General de la Nación, dirigida por Jorge Luis Donado Vivar, nombrado en ese cargo por el presidente Jimmy Morales y fiel a sus intereses.

La actividad era una campaña gremial disfrazada de una conferencia académica dirigida por Shirly Yomara Madrid y la agrupación Dignificación Profesional, quien ocupa el puesto en la Planilla 4 para Corte de Apelaciones, unos escaños arriba de Mario Siekavizza, actual vocero de la Corte Suprema de Justicia durante la gestión de Néster Vásquez Pimentel. Estuardo Ralón, abogado de la Cámara del Agro, quién está en contra de la CICIG y que promueve amnistías para para crímenes de guerra, disertó en el mismo evento.

Así unen esfuerzos, usando recursos institucionales, para hacer campaña para integrar postuladoras. PGN incondicional del presidente, con el grupo del presidente de la CSJ y el comisionado CIDH propuesto por el gobierno. Invita candidata a comisionada por el ¿grupo oficialista? pic.twitter.com/Z8sdszmrPi

— ProJusticiaGuatemala (@ProJusticiaGuat) July 18, 2019

Para el Movimiento Pro Justicia esa actividad fue una evidencia de la unión de los esfuerzos para integrar las postuladoras y de la utilización de recursos públicos para promover candidaturas bajo la excusa de actividades académicas.

Por esta agrupación, participa en la planilla para la CSJ Igmaín Galicia Pimentel, actual magistrado de la sala de Apelaciones de Escuintla.

* Leé: Ganar una silla en la Corte usando fondos públicos, por Jody García

La planilla más cercana al sector empresarial es la número 9, propuesta solo para Salas de Apelaciones. El grupo se denomina Alianza en Defensa de la República, la que concentra personajes de bufetes privados y conservadores. En las primeras posiciones se encuentra Ignacio Andrade Aycinena, quien fue asesor legal de la Minera San Rafael y presentó un amicus curiae en la disputa ante la Corte de Constitucionalidad para mantener abiertas sus operaciones. También fue presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País, conformada en 1795 por la élite criolla colonial.

Es parte de esta planilla Claudia Lucía Pereira Pereira, abogada y socia del Bufete Mayora y Mayora, que entre sus clientes cuenta al Banco Industrial, Energuate, Monsanto Company, Claro, Cofiño Stahl, Gas Natural Fenosa, Citibank, entre otros.

En la posición 3 de esta planilla está Marta Altolaguirre, viceministra de Relaciones Exteriores en el gobierno de Óscar Berger y miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante el gobierno de Alfonso Portillo. Ha sido columnista y desde el portal República.gt criticó a la CICIG por el caso contra Carlos Vielmann y señaló a Thelma Aldana de violar los derechos de los denunciados.

—Lo que desvirtuó, entre otros, el desempeño de CICIG, fue la alteración del respeto a la presunción de inocencia y su procedimiento de acudir a delincuentes en prisión para formalizar testimonios falsos. A ellos les ofreció reducir el término de su condena a cambio de declarar lo que convenía a la CICIG-MP para presentar en los tribunales, dice la abogada Altolaguirre en su columna, publicada el pasado 15 de abril.

Por otro lado, la Planilla 1 es del grupo cercano a Fredy Cabrera, expresidenciable y abogado de bancos y operador veterano de las comisiones de postulación. Cabrera fue presidenciable de TODOS en la campaña pasada y ha sido asesor del presidente Jimmy Morales.

El primer puesto de la Planilla 1 para CSJ lo ocupa Billy Herrera Arita, quien enfrentó un proceso por obstaculizar la investigación del asesinato del investigador Víctor Rivera cuando trabajaba como auxiliar del Ministerio Público. Para la Corte de Apelaciones, el primer lugar es de Juan Salvador Soto Hernández, abogado de la familia Arzú y es parte del Departamento Jurídico de la Municipalidad de Guatemala.

La Planilla 2 es del grupo de abogados de Mixco, vinculados a Roberto López Villatoro, conocido como el Rey del Tenis. El listado para CSJ lo encabeza Jorge Emilio Morales Quezada, señalado de corrupción en la municipalidad de Palín, Escuintla, donde funge como secretario. En la planilla para Corte de Apelaciones ocupa el segundo lugar Jennifer Dell’aqcua, esposa de Saúl Centeno, abogado del diputado Julio Juárez en el caso del asesinato del periodista Danilo López y conocido entre sus colegas como «cercano a los presos del Mariscal Zavala».

Juan Carlos Godínez, el principal operador de los abogados de Mixco, es representante del CANG ante el Consejo Superior Universitario de la USAC; tuvo el apoyo del exrector Estuardo Gálvez para entrar al Consejo y fue integrante la comisión de postulación para Corte de Apelaciones en 2014, donde evidenció su vínculo con el Rey del Tenis, de acuerdo con una publicación del Movimiento Pro Justicia.

Por su parte, Estuardo Gálvez durante cuatro años fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos (USAC) y durante dos períodos fue rector de esa casa de estudios. Esas posiciones le dieron un lugar en las Comisiones de Postulación para el Tribunal Supremo Electoral, Cortes, Ministerio Público y Contraloría General de Cuentas.

Aunque su postura pública es en pro de la transparencia, Gálvez ha implementado estrategias para quedarse en los cargos y para posicionar a sus candidatos y entre sus viejas alianzas se encuentra Roberto López Villatoro, en prisión por supuestamente regalarle un apartamento a Giovanni Orellana para que votara de acuerdo a sus intereses en las pasadas comisiones de postulación. A principios de los 2000 ambos le abrieron paso a Juan Carlos Godínez, operador de los abogados de Mixco.

El peso de los treinta años de ejercicio como abogado y su paso por la USAC convirtió a Gálvez en un experto para mover los hilos de poder en ese gremio y su influencia está canalizada en la agrupación gremial que dirige, Ética y Derecho, que en estas elecciones en el CANG impulsa la Planilla 7.

Parte de la Planilla 7 son Fernando Antonio Chacón Urízar, quien fue Secretario Académico de la Facultad de Derecho de la USAC y Julio César Cuyuch, candidato a la alcaldía de Quetzaltenango por el partido Winaq.

La Planilla 3 es la oficial del Colegio de Abogados. La apoya Fredy Cabrera, Ovidio Orellana y el Rey del Tenis a través de Conamis. La encabeza Luis Fernando Ruiz, un militar que al retirarse del ejército se convirtió en presidente del CANG apoyado por una alianza de Avidán Ortiz y de Fredy Cabrera. En el gremio lo apodan Rambo y se le conoce por sus posturas anti-CICIG, anti-derechos humanos y pro-militar.

La planilla para Apelaciones la lidera María Eugenia Erazo, sub secretaria privada de Asuntos Estratégicos del MP de Consuelo Porras. Fue asesora del MICIVI en época de Alejandro Sinibaldi.

En el caso de la Planilla 8, el candidato más fuerte es Ludwin Villalta, quien encabeza el listado de Corte de Apelaciones. Villalta en su momento fue apoyado por el Rey del Tenis para presidente del CANG, pero perdió contra Luis Fernando Ruiz. En un video aparece con su grupo apoyando la candidatura de Zury Ríos y deslegitimando la de Thelma Aldana.

 

Propaganda de planillas para las elecciones en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

Propaganda de planillas para las elecciones en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

Algunos abogados creen que el fin de esta planilla es promover la reelección de Beila Estrada, actual vocal primera de la Sala Tercera de Apelaciones, esposa de Alfredo Brito, Secretario de Comunicación Social de la Presidencia y amigo personal de Jimmy Morales, para garantizar impunidad en eventuales procesos contra funcionarios del oficialismo.

La Planilla 5 es otra de las más fuertes y oscuras, dicen los abogados consultados por Nómada. ¿Por qué? Wilson López, conocido asesor de Óscar Argueta, diputado de la UNE, se presenta como candidato. A López se le conoce por utilizar la Ley contra el Femicidio para denunciar al diario elPeriódico y obligar a que ya no escribiera sobre Sandra Torres. Argueta es conocido en el gremio como el Monje Negro por sus operaciones oscuras.

A este grupo también se le vincula con Gustavo Herrera, quien se refugia en Nicaragua y figura como uno de los cerebros detrás de un desfalco de Q350 millones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Herrera es uno de los operadores políticos más oscuros y conocidos del sistema de justicia. Fue un popular gestor de los magistrados de impunidad del Partido Patriota, ahora opera por su propia necesidad y los casos en su contra, así que entre más amenazados, más necesidad de control, dice una fuente consultada por Nómada.

Entre el gremio de abogados se conoce que un grupo de magistrados y jueces viajó a Nicaragua donde supuestamente se entrevistaron con Herrera para recibir instrucciones.

¿Alternativa independiente? Los grupos con indicios de ser Pro-CICIG

Si algo reconocen quienes siguen de cerca o participan en las elecciones del Colegio de Abogados, es que cada una de las planillas tiene tantas enemistades como razones particulares para influir en las comisiones de postulación y servirse de la justicia con sus influencias, controlar los negocios de Tribunales o lo peor, garantizar impunidad a sus clientes.

Los empresarios no se quedan atrás. Bufetes de apellidos elegantes, en edificios de más de 5 niveles en la zonas 10 y 14 capitalinas, abogados que viajan en helicóptero a la provincia del país para hacer propaganda con sus colegas y regresar el mismo día para atender a sus importantes clientes. Esos que no se despeinan buscando simpatizantes. Así describen nuestros entrevistados a la Planilla 9: Alianza en Defensa de la República (Ader).

Este grupo de populares abogados industriales, conservadores, de derecha, son los disidentes de Alternativa Independiente, planilla que en las elecciones pasadas prometía eso, independencia.

Sin embargo, cuando funcionarios de alto rango, abogados, operadores de justicia y mega-empresarios comenzaron a caer por las investigaciones de CICIG, la polarización alcanzó a este grupo de abogados, se dividió entre quienes apoyaban el mandato de CICIG —Juristas por Guatemala— y los que al igual que los empresarios, la rechazaban.

Juristas por Guatemala tiene en su planilla a Oswaldo Samayoa y Carlos Paz Archila, académicos, defensores de los derechos humanos y afines a Cicig, para integrar la Comisión de Postulación de Corte Suprema de Justicia —no en las primeras casillas— y a Verónica Ponce, exmandataria de la comisión contra la impunidad ocupando la primera casilla para Apelaciones, no todos están de acuerdo pero se soportan y ofrecen independencia.

La votación

Las elecciones de este viernes 26 de julio en el CANG son el último paso para la conformación de las mesas de trabajo que filtrarán a los aspirantes a los puestos más importantes en el sector justicia, trece sillas en la Corte Suprema de Justicia y 140 en Salas de Apelaciones.

Las Comisiones de Postulación trabajarán en medio de la segunda vuelta en las elecciones generales y en los últimos días de trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Los profesionales del derecho coinciden en que en las comisiones de postulación comienzan a resolverse sus casos, por eso la importancia de cooptarlas desde el inicio.

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La renacida alianza entre Jimmy y empresarios contra la CC y la respuesta de los magistrados


Todo detonó con el anuncio que el mandatario estadounidense Donald Trump hizo vía tuíter:

«Guatemala que ha estado formando caravanas y enviando una gran cantidad de personas –migrantes-, algunas con antecedentes penales, decidió romper el trato que tenía con nosotros de firmar un acuerdo necesario de tercer país seguro. Estábamos listos. Ahora estamos viendo el «BAN».

«Aranceles, tasas a remesas o todo lo anterior. Guatemala no ha sido buena. Yo recorté las grandes sumas de dinero de los contribuyentes estadounidenses que iban hacia ellos hace 9 meses».

Con estas declaraciones, Trump desmintió de nuevo al gobierno de Morales, que niega —constantemente— dicho acuerdo pero aprovecha para arremeter en contra de la Corte de Constitucionalidad:

«Recientemente, la mayoría de sus magistrados, identificados con intereses políticos personales han utilizado su investidura para entrometerse en la política exterior del Estado de Guatemala, facultad que le confiere nuestra carta magna, exclusivamente al Organismo Ejecutivo», argumentan en un comunicado.

El presidente Morales, publicó un extenso pronunciamiento en el que también culpa a la Corte del «deterioro» de las negociaciones entre Guatemala y Estados Unidos en temas relacionados con migración irregular, seguridad fronteriza y lucha contra el crimen organizado, al «dejarse influenciar por algunos actores mezquinos que buscan un protagonismo personal», refiriéndose a los cinco cancilleres que frenaron la firma del acuerdo cuyos términos permanecen en opacidad gubernamental, al excandidato presidencial Manfredo Marroquín y al procurador Jordán Rodas.

Cacif: «Trump no juega»

Juan Carlos Tefel, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) advirtió que no satisfacer a Estados Unidos, el socio comercial que representa casi el 1% del Producto Interno Bruto en exportaciones, traerá consecuencias «gravísimas».

Aunque no aterrizó en cifras claras, el titular del CACIF aseguró que se perderán «decenas de miles de empleos, decenas de miles de migrantes potenciales», recordó que Guatemala no tiene el «volumen, importancia, escala, capacidad o poder de negociación como México» ante Estados Unidos, «Es una catástrofe para el país», puntualizó en conferencia de prensa y entrevistas.

—El gobierno de Guatemala debe sentarse y seguir negociando con Estados Unidos. Vamos a tener que negociar con este peso y amenaza encima, ahora la posición de Guatemala se ve debilitada debido a la mala resolución de la Corte. El señor Trump no juega, debemos tomar en serio esto.

 

Comunicado del Cacif.

Comunicado del Cacif.

La Cámara de Industria de Guatemala también se unió al ataque contra la CC en un comunicado:

«Responsabilizamos a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad de las consecuencias que puedan sufrir los guatemaltecos con las decisiones que tome el Gobierno de Estados Unidos y el presidente Trump al haber emitido un fallo sin tener mayor conocimiento de lo que se estaba negociando, limitando las acciones del Organismo Ejecutivo y poniendo en riesgo la situación económica del país. Condenamos que, una vez más, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad emiten resoluciones fuera de su mandato y continúan su labor por destruir la economía del país creando más pobreza».

La Asociación de Exportadores de Guatemala, Agexport, se distanció del pronunciamiento público durante todo el día, sus encargados de comunicación se limitaron a decir que eso se debía a que era un tema de «gran envergadura» para el país y que analizaban su postura.

Eso sí, dejaron claro que Estados Unidos era su principal socio comercial desde la vigencia del Tratado de Libre Comercio, las exportaciones habían pasado de US$ 2,700 millones en 2006 a US$3,900 millones en 2018. Aunque este año, en comparación con el anterior, las exportaciones bajaron 5.2%, hasta mayo de 2019 se han exportado US$1,598 millones.

Mientras las importaciones de este año son 0.4% más que las de 2018: US$3,121 millones. Eso significa, que por cada dólar que Guatemala exporta, Estados Unidos envía 1 dólar con 91 centavos y la mayoría de productos que Guatemala envía a Norteamérica, se elabora con materia prima traída de Estados Unidos.

Agexport señala que además de los textiles y el sector de vestuario, los productos agrícolas no tradicionales como legumbres y hortalizas saldrían afectadas con la advertencia de Trump. Guatemala es el quinto proveedor de Estados Unidos de legumbres y el segundo proveedor de frutas como melón y sandía.

Nueva pelea, viejos motivos

Pero esta enemistad no es nueva. El pasado 19 de julio, Juan Carlos Tefel, presidente del CACIF, manifestó su malestar en contra de lo que considera «otra terrible e irresponsable» decisión de la Corte de Constitucionalidad, en esa ocasión reprochó el cierre de operaciones de la mina El Estor.

-La CC está deteniendo actividades empresariales que generan empleo. Luego se preguntan en Estados Unidos por qué hay migración.

Esto, y la suspensión de operaciones de la Compañía Guatemalteca del Níquel y la mina San Rafael, también tiene enemistada a la Cámara de Industria con la corte.

Además, en una entrevista reproducida por la Agencia Guatemalteca de Noticias y por el ejecutivo en todos sus medios de comunicación oficial, Tefel reclamó que la corte frenara el avance de la Ley de Reconciliación Nacional, que pretendía una amnistía inmediata para militares que cometieron violaciones contra los derechos humanos durante el conflicto armado interno.

Aunque los empresarios están enojados por lo que representa la amenaza de Trump y las decisiones de la Corte Constitucional, la Procuraduría de los Derechos Humanos aplaude a los magistrados constitucionales:

-Las decisiones sobre política exterior del Gobierno carecen de transparencia y la Corte de Constitucionalidad realiza su labor en defensa del orden constitucional, y ahora, el Ejecutivo los responsabiliza y evade las consecuencias de sus propias disposiciones, sentenció Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos.

Recordó que nombrar a Guatemala un tercer país seguro es poner a los migrantes ante posibles violaciones a sus derechos humanos y dignidad pues Guatemala no tiene la capacidad ni de atender a sus propios ciudadanos.

El Cacif acusó a los magistrados constitucionales de limitar las funciones del Ejecutivo y con ello, lesionar las relaciones con Estados Unidos cuyo enojo con el país, podría arriesgar «la producción de miles de pequeños agricultores y a más de un millón de fuentes de empleo».

—Es muy lamentable que una vez más, la Cámara de Industria y el Cacif sean cómplices del gobierno de Jimmy Morales, no es primera vez, ya lo hicieron en la campaña orquestada en contra de CICIG, que nos limita el derecho de tener un aliando internacional importante para tener una justicia independiente. Ahora, en el tema migratorio validan las negociaciones oscuras, ilegales, arbitrarias que afortunadamente la Corte de Constitucionalidad dejó en suspenso. Es una visión egoísta la de ellos –presidente y empresarios-, no se preocupan de la falta de servicios públicos para la mayoría de la población, uno de cada dos niños tiene desnutrición crónica y ante eso no dicen nada y hay 70% subempleo, de eso no dicen nada, sentenció Jordán Rodas, Procurador de los Derechos Humanos.

 

CC: Instamos a todos los funcionarios públicos a asumir sus responsabilidad, finaliza parte del comunicado sobre el acuerdo del Tercer País Seguro. 📸: Carlos Sebastián pic.twitter.com/HWAyaoTfqn

— nómada (@nomadagt) July 24, 2019

CC dice a Morales que asuma su responsabilidad

En conferencia de prensa urgente, la Corte de Constitucionalidad respondió a los ataques. Recordó que es un tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado y que entre sus funciones está precisamente enmendar el rumbo de sus decisiones:

«Este tribunal rechaza enfáticamente expresiones infundadas, y reitera que su único compromiso es la defensa del orden constitucional. No podemos asumir responsabilidades por acciones de otros funcionarios públicos con impacto para Guatemala», cita un comunicado leído por los magistrados constitucionales.

«En el caso del Tercer País Seguro, en cumplimiento de su función, la Corte de Constitucionalidad no le prohibió ninguna acción al presidente de la República. La resolución únicamente señaló el procedimiento establecido para la firma de un convenio de esa naturaleza y con esos alcances».

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El pulso del TSE e informáticos por verificar que las fallas en conteo de actas no se repita


El miércoles, a través de un comunicado, los fiscales informáticos acreditados por el TSE manifestaron su descontento por la no liberación del código fuente del software que se utilizó en la primera vuelta electoral. Manifiestan su preocupación por no tener la opción de revisar si el programa persiste con los errores detectados en el conteo de actas.

Los magistrados del TSE aseguran que el cumplimiento de esta petición pondría en riesgo el proceso electoral. Maria Eugenia Mijangos, magistrada titular, dijo que observa esto como un intento de deslegitimar el proceso electoral. El TSE y los fiscales buscan demostrar quién de los dos tienen los verdaderos resultados de las elecciones.

* LeéLa acusación de robo contra el director de informática del TSE es falsa

Los argumentos de los fiscales informáticos

Cada partido tiene un fiscal informático, sin embargo, este no fue asignado por la agrupación política, estos fueron acreditados por el TSE. Ellos manifiestan su inconformidad acerca del proceso y aseguran que tener el código fuente les ayudará a saber si los errores fueron enmendados (y poder detectar más).

Estos son sus argumentos:

* Sergio Ovalle, fiscal informático del partido Movimiento Semilla, explica que necesitan tener acceso al código del Software para que lo analicen y se aseguren de que en la segunda vuelta electoral no habrá errores similares a los de la primera. Argumenta que el TSE ya tiene antecedentes de contratar personas no idóneas para algunos puestos, y esto puede incluir al forense informático contratado por el TSE.

Ovalle explica que el reconteo de las actas sigue teniendo anomalías, por lo que él y varias personas más crearon un conteo alternativo donde los guatemaltecos ayudan a procesar las actas. Invita a los guatemaltecos a digitar la información para demostrar que el conteo del TSE es el incorrecto.

* Carlos Toriello, exfiscal informático, quien se retiró «de un proceso que estaba destinado a fracasar», asegura que la revisión de las actas se hace con la foto del «duplicado» de las actas. Añade que estas fueron producidas por «el cuestionable proceso a cargo del departamento de informática». Comenta que lo ideal sería producir fotografías de las actas originales, firmadas con hash —que es una función criptográfica— por parte del TSE y almacenadas en blockchain para garantizar su inmutabilidad.

* LeéLa presión sobre el TSE, la intervención del MP y los errores en las elecciones que descartan fraude

Los argumentos del TSE

El TSE inició una revisión de las actas el 27 de junio luego de una falla en el software, valorado en Q262 mil. El TSE argumenta que con esta revisión será suficiente y asegura que esta petición busca quitarle el prestigio que goza esta institución.

Estos son los argumentos de la magistrada Mijangos:

* La magistrada explica a Nómada que un analista costarricense experto en el tema de informática sugirió al TSE no compartir el código fuente pues se corre el riesgo de manipulación de datos.

* Mijangos añade, sobre las fallas, que el TSE lo reconoció y ya se han corregido. Comenta además que fueron errores leves y concluye que este programa no procesa los datos finales.

* El TSE argumenta que los fiscales tuvieron todo el proceso de conteo de votos para mostrar su oposición. Concluye que ve esto como un acto para desestabilizar el proceso e incentivar la desconfianza en este tribunal.

* LeéLo que sabemos hasta ahora de los problemas con el conteo de votos

Los errores en la primera vuelta

Desde el día siguiente a la primera vuelta usuarios de internet manifestaron su descontento por la incongruencia entre los datos digitados y las actas subidas a página del Tribunal. Más tarde algunas agrupaciones políticas como el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) y el Frente de Convergencia Nacional (FCN), aseguraron que el proceso había sido fraudulento. El 27 de junio inició la revisión de las 105 mil actas electorales.

Gustavo Castillo, exdirector de informática del TSE, admitió un error en el software llamado al que llamaron «Patrón 21». Este restaba o aumentaba votos, pues el programa estaba hecho para solamente 20 candidatos. Explicó que al haber veintiuno el sistema colapsó creando inconsistencia en los datos.

* LeéEl TSE y el desafío de apaciguar los reclamos de fraude: cuatro expertos lo explican

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