La conspiración maldita

 

Como todas las semanas mis amigos y yo, nos convocamos para analizar las distintas facetas de las incidencias de la catástrofe del volcán.

Todos compungidos e impresionados teníamos la intención de evaluar las opciones que una tragedia de esa dimensión nos impone como sociedad solidaria con las víctimas, aún sabiendo, que esta espantosa catástrofe compromete la tranquilidad, presente y futura de todos los guatemaltecos, debido a la posición estratégica del coloso que dadas las condicionantes de nuestro Modo de Producción, pone en grave riesgo una de las zonas que contiene y moviliza las principales líneas de nuestro desarrollo económico.

-Las consecuencias las heredaremos por generaciones y Dios así lo quiera, afrontadas por un nuevo gobierno electo por la población el próximo año y que sabrá superar las falencias del actual- provocó la discusión el ingeniero Fernando Gómez, ingeniero civil con especialización en geología que había prometido explicarnos las incidencias y consecuencias del fenómeno eruptivo. Pero que también estimaba conveniente referirse al entorno político en que se dio el terrible fenómeno.

– A un gobierno seriamente atomizado por los efectos de una intervención consentidora y patrocinadora del rompimiento de la unidad en el mando, se le complica totalmente la implementación coherente y efectiva de un plan de contingencia como el que exigen las circunstancias- dijo con la seriedad de quién sabe de lo que está hablando.

Esa política de control externo de nuestro país y sus cómplices locales, ha anarquizado la capacidad de reacción y apresto de un Estado minado por los efectos de una conspiración permanente, que no se da tregua ni en los momentos angustiosos de un desastre como se ha evidenciado de manera increíble — afirmó con cara de asombro.

-En su afán de consolidar la estrategia de evitar las elecciones y tomar el poder al margen de la voluntad popular y con la insolencia de una facción que se ha apoderado de instituciones que no ocultan su abierta participación en el hecho antidemocrático y criminal han sembrado el desconcierto en la población, tratando de envenenar la conciencia popular, desacreditando cualquier intento de enfrentar la situación — dijo con la misma cara de asombro.

-A eso en inteligencia se le llama el efecto colectivo de la «Fruta envenenada» hizo la observación el Capitán y Licenciado Ismael Fajardo, que con los Licenciados Marco Tulio Ramírez, Nimeiry Morales, Moisés García y el Doctor Francisco Chávez, todos profesionales de Escuintla se dedicaron desde el primer momento a auxiliar a la población.

– La Fruta Envenenada -continuó la explicación- consiste en un falso rumor, siempre escandaloso, contrario a los fines de lo que se está haciendo, que por la magnitud de la falsedad, es la propia población que se encarga de divulgar la mentira… ahora esa multiplicación de los mensajes falsos se facilita por la invasión de las nuevas formas de comunicación inmediata y colectiva — terminó su explicación.

Siguiendo el giro que tomó la conversación que inicialmente pretendía proponer opciones para enfrentar la crisis del fenómeno volcánico — el licenciado Herbert Mendizábal, experto en el área de medicamentos y farmacología, pero muy inquieto y eficaz organizador social y analista político, pidió la palabra para abordar de manera más sería el tema sobre el que había derivado la conversación y así nos lo hizo saber.

-La conspiración- inició su disertación- reclama para su preparación y ejecución elementos que son fundamentales para garantizar su eventual éxito — comenzó con gran seriedad.

-En principio se funda en la pretensión de sustituir un sistema por otro… Entendiéndose por sistema: Un aparato orgánico que responde a una dirección, que con toda su maquinaria institucional, desarrolla funciones pre establecidas en el ordenamiento jurídico y político que le da validez, como forma legal de organización y control social — intentó una definición inicial.

-Una sociedad democrática se sustenta en el Régimen de Legalidad del Estado de Derecho que estructura y legitima un pacto social llamado su Constitución Política, normativa que le da razón de ser a su existencia- explicó.

-En nuestro caso, está claramente definido ese pacto social, para la existencia de nuestra república, en la Constitución Política aprobada en 1985- certificó.

-Ese documento integrador determina los pesos y contrapesos, para garantizar la consecución del bien común, el respeto a los Derechos Humanos y define la organización para garantizar la Soberanía y la Libertad- continuó.

-Cuando se rompe esa unidad integradora y el Estado se ve minado en su esencia orgánica y representativa, se transforma en un cuerpo social atacado por el virus de la anarquía, que para algunos genera las CONDICIONES que reclama la teoría revolucionaria para ejecutar la acción- y prosiguió.

-La conspiración, en consecuencia, surge por esa descomposición orgánica, pero muy raramente con la complicidad del mismo Estado, con excepción de los traidores que siempre buscan un espacio obscuro en los sótanos del poder, pero desde luego de forma clandestina- y continuó.

-Por esa razón la conspiración implica riesgo, valentía, arrojo y la incertidumbre de perder hasta la vida en el intento por cambiar el sistema- aclaró el contenido.

-En Guatemala, la conspiración es tan peculiar, que se crea a sí misma sus propias condiciones, para actuar impunemente y sin riesgo- denunció su inmoralidad.

-Minó la estructura del Estado, desarticulando la eficacia de los tres organismos que lo integran, poniendo gran parte del movimiento conspirador al mando de entidades del Estado sumamente poderosas, para agotar la resistencia de su oposición, mediante métodos concertados que les dieron poder, impunidad, y cobertura para actuar sin obstáculos riesgosos, con la complicidad manifiesta, de una parte del aparato de justicia y el gobierno, que le ofrecen la cobertura necesaria para avanzar sin contratiempos en todo el operativo sedicioso- definió la estrategia.

– ¡Así que fácil pues! ¡Conspiro!… ¡incluso recurro a la Corte de Constitucionalidad, para que al manifestar con antorchas, me pongan bajo la protección de un socio, el de Los Derechos Humanos! ¡Exijo que bomberos equipados me custodien por aquello de que se me escape alguna chispa y le prenda fuego al entorno! ¡Y para más impunidad! ¡Le prohíbo al gobierno, tomar fotografías! ¡Lo único que les falto!… ¡Exigir que los lleven cargados! ¡Autorización para botar al gobierno sin riesgo! ¡Substituir al presidente con un golpe insensato y absurdo, sacando bomberos del área del desastre para que los cuiden! ¡Y celebrar que no habrá convocatoria a elecciones en enero del próximo año! – resumió el cinismo.

¿Y la Corte de Constitucionalidad?¡ Se los concedió en poquísimas horas!- resumió lo increíble.

-Al volcán lo tomaron cómo artífice de las CONDICIONES, que ellos aceleran a como dé lugar con la manifiesta colusión de la Corte de Constitucionalidad y su ya reconocida actividad descaradamente sediciosa- apuntó con energía.

-¡La lava, explosiones, terror y muerte! ¡Los transformaron en fuegos artificiales para celebrar la fechoría!…

Y sin ocultar su indignación cerró el ciclo de su explicación afirmando de manera contundente -Es increíble y provoca nausea colectiva que una tragedia de la magnitud de la ocurrida la quieran utilizar para derrocar al gobierno- terminó encendido.

Ya nadie del los asistentes se atrevió a opinar…pero se oyó una voz entre los presentes que a manera de admonición exclamó.

¡Por los muertos…! ¡Por la inmensa desgracia que nos acongoja a todos…! ¡Por el esfuerzo de millones de guatemaltecos que se apuntan para recuperar el país…! ¡Esa canallada es! ¡UNA CONSPIRACIÓN MALDITA!

TEXTO PARA COLUMNISTA

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El cambio de batuta en la Procuraduría General de la Nación

Derivado de la reforma constitucional del año 1993, se separa las funciones del Ministerio Público, limitando a éste a la persecución penal, y se crea la Procuraduría General de la Nación. La cual por mandato constitucional tiene la función de asesoría y consultoría de los órganos y entidades estatales. Además, al jefe de esta institución, el Procurador General de la Nación, se le delega el ejercicio de la representación del Estado de Guatemala.

El Procurador General de la Nación es nombrado por el Presidente de la República; para ejercer el cargo se requiere ser abogado colegiado y tener las mismas calidades que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, gozando de las mismas preeminencias e inmunidades que éstos. El ejercicio de su cargo dura cuatro años.

El funcionamiento de la Procuraduría General de la Nación se rige por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto número 512, que data del año 1948, y las demás leyes que dispongan su intervención, de allí que tenga como función, también, la representación y defensa de niños, niñas y adolescentes, mujeres, adultos mayores y personas declaradas ausentes y en estado de interdicción, cuando así lo dispongan las leyes.

Esta institución tiene una importantísima tarea a lo interno dentro del Estado. A nivel de la administración central, debe intervenir ante los tribunales de justicia en aquellos asuntos a que esté llamado por la ley, promover las gestiones necesarias para obtener la recta y pronta administración de justicia y asesorar jurídicamente a la administración pública en todos los casos en que se le consulte. Además, tiene tres direcciones y unidades específicas por mandato de leyes específicas, como lo es la Dirección de Procuraduría de la Niñez y Adolescencia, que tiene a su cargo la Unidad operativa de la coordinadora nacional del Sistema de Alerta Alba-Keneth; la Dirección de Extinción de Dominio; y la Unidad de protección de la mujer, adulto mayor y personas con discapacidad.

El cargo de Procurador General de la Nación lo ostenta, actualmente, la abogada Annabella Morfín Mansilla, quien llegó en sustitución de la también abogada María Eugenia Villagrán De León, y quien ha desempeñado el cargo con seriedad y creces, con la responsabilidad que requiere el cargo. Ahora, el plazo del cargo está llegando a su término y le corresponde al Presidente Jimmy Morales de nombrar su sustito. Dentro del gremio de los abogados existen perfiles suficientes para que el nuevo Procurador General de la Nación sea una persona preparada y con experiencia.

No solo pende un nombramiento, sino también se debe aprovechar para iniciar un proyecto de modernización de la institución, empezando por promover una nueva ley, que como apunté data de hace 70 años; la unificación de criterios de interpretación en la administración pública que dejen de lado la discrecionalidad arbitraria y que aseguren la seguridad jurídica de los administrados; y la metodología para la participación de esta institución dentro de los procesos judiciales, en cuya mayoría de los casos los pronunciamientos se realizan sin tener a la vista los antecedentes correspondientes.

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La consulta que no fue

La consulta que no fue consulta. La consulta que fue una imposición solapada. La consulta que escondía la amenaza de que si no se respondía como los gobernantes querían, la repetirían hasta que ganara el sí. Y en tal caso, lo mejor hubiera sido que la respuesta a la pregunta de si estamos «de acuerdo que cualquier reclamo legal de Guatemala en contra de Belice sobre territorios continentales e insulares y cualesquiera áreas marítimas correspondientes a dichos territorios sea sometido a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para su resolución definitiva y que esta determine las fronteras de los respectivos territorios y áreas de las partes» … solo fuera sí.

Al menos, eso me queda claro de las declaraciones del excanciller Raúl Morales a Prensa Libre, dadas el 2 de agosto de 2017. Cito: «En caso de que en un país gane el NO, habría que repetir el referendo hasta conseguir el SÍ de la ciudadanía, porque ambas naciones firmaron una reforma del acuerdo original, en la que reconocen que la única solución al diferendo es llevarlo a la CIJ, la cual, al emitir sentencia, definiría los límites territoriales». O sí o sí a la primera. O de lo contrario, el reclamo nos saldrá muy caro, mucho más caro de lo que ya nos ha costado.

Digo lo anterior porque soy una persona práctica y no voy a falsear la realidad. En el contexto actual, los tributarios llevamos las de perder. Lamentablemente los políticos aprendieron nuevas mañas a raíz de la Consulta Popular que perdieron en 1998. Ahora se aseguran de que a los ciudadanos ¿consultados? no les quede otra opción que votar como a ellos les interesa que se vote. De lo contrario, habrá seudoconsultas, impopulares la mayoría, hasta que se salgan con la suya, lo que implica un gasto multimillonario. En este caso, varios cientos de millones de quetzales de nuestros impuestos, por cada vez que se haga la supuesta consulta. Lo que, mientras, les representa un gran negocio a los burócratas que están a cargo de los tales procesos.

Yo decidí no ser parte de la farsa y no fui a votar. Eso no significa que no considere importante definir la situación limítrofe entre Belice y Guatemala. Y menos significa que no me interesan las condiciones en que viven nuestros compatriotas en esas zonas cuyos límites no son claros. Sin embargo, me parece de una ingenuidad extrema el creer que esas condiciones van a cambiar para bien con autorizar a los gobernantes de Guatemala para que permitan que la CIJ decida sobre el diferendo con Belice, y que la CIJ será justa a la hora de dictar sentencia.

Las condiciones de vida de TODOS en Guatemala, no sólo de quienes viven «entre Jerez y la frontera», van a mejorar hasta que los gobernantes cumplan, en nombre del abstracto Estado, con su mandato primordial de garantizarnos «a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral». Y para que a los gobernantes no les quede de otra más que cumplir con sus deberes, los ciudadanos debemos promover un cambio de raíz a nuestro sistema político y la forma de gobierno que prevalecen. Para lo cual, irónicamente, deberemos ser consultados en otra oportunidad.

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¿Guatemala incumpliría? II

La pregunta de que si Guatemala debería desacatar la sentencia que emita la Corte Internacional de Justicia en el caso que fuese desfavorable para sus intereses debe ser respondida con una rotunda negativa. Por varios y fundamentados motivos.

Primero. Visto desde nuestro derecho interno, sería actuar en contra de nuestra Constitución porque implicaría violar un tratado internacional como es el «Acuerdo especial entre Guatemala y Belice para someter el reclamo territorial, insular y marítimo de Guatemala a la Corte Internacional de Justicia», suscrito en Washington, D.C. el ocho de diciembre de 2008 y aprobado por el Congreso de la República por Decreto 31-2010 que, como tal, ha sido incorporado y forma parte del ordenamiento jurídico guatemalteco. Valga agregar que este convenio es también el resultado de las gestiones realizadas por el Organismo Ejecutivo dentro del marco que le traza el artículo 19 de las disposiciones transitorias y finales de nuestra Carta Fundamental; en otras palabras, se ajusta a la finalidad de «resolver la situación de los derechos de Guatemala respecto a Belice, de conformidad con los intereses nacionales

Segundo.  Jamás se promovió acción legal contra las actuaciones del Ejecutivo por apartarse del marco del artículo 19 transitorio. La Corte de Constitucionalidad, en sentencia del 22 de marzo de 2011 (Expediente 4285-2010), rechazó un planteamiento de inconstitucionalidad total promovido en contra el Acuerdo Especial y del Decreto 31-2010 del Congreso de la República y también rechazó un planteamiento formulado contra el Decreto 1-2017 del Tribunal Supremo Electoral mediante resolución del 12 de febrero de 2018 (Expediente 309-2018).

Tercero.  Punto fundamental a considerar es que Guatemala, por mandato constitucional, debe normar sus relaciones con otros Estados «de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales» con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y al fortalecimiento de las instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los Estados.

Cuarto. Desde el punto de vista del Derecho Internacional, Guatemala como parte de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados (aprobada por Decreto 55-96 del Congreso de la República), encuentra en ella los principios, reglas y prácticas internacionales que norman su conducta internacional. En tal virtud habrá de destacarse su artículo 26, que consagra el principio Pacta sunt servanda: Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.

Refiriéndose a las sentencias de la CIJ que han sido incumplidas, el diario peruano La República ha dicho una gran verdad: «La lista de los desacatos es larga, pero es cada vez más corta. Y el desaire mayor sigue siendo, de acuerdo con los especialistas, la negativa de los Estados Unidos a cumplir la sentencia que favoreció a Nicaragua en el caso de los contras. Porque incluso en el caso de los extranjeros a los que incomunicó de sus consulados, la política posterior norteamericana ha sido la de cumplir con la Convención de Viena, a la que ya no le ata compromiso.»


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El gobierno De Facto que nadie eligió

Tradicionalmente, se ha definido la república como la forma de gobernar de los países en los que el pueblo tiene la soberanía y facultad para el ejercicio del poder, aunque sea delegado por el pueblo soberano en gobernantes que elige de un modo u otro. En la práctica suele pensarse que la forma de estado de un país es la monarquía si tiene rey, y república si no lo tiene. Lo cierto es que una república está fundamentada en el «imperio de la ley» y no en el «imperio de los hombres».

Una característica fundamental del sistema de gobierno republicano es la división de poderes, constitucionalmente establecida, que son usualmente tres, divididos en cuanto a sus funciones específicas: un órgano administrador, representado en el Poder Ejecutivo, otro «hacedor de leyes» llamado Poder Legislativo, y otro que tiene la misión de aplicar esas leyes en los casos específicos sometidos a su apreciación, que es el Poder Judicial. La división de poderes ya estuvo propugnada por Montesquieu, como un modo de equilibrar y controlar el poder evitando abusos por parte de quien lo ostenta.

En las repúblicas democráticas, el Jefe de Estado ha de ganar unas elecciones. Estas elecciones pueden ser directas o indirectas (se forma un consejo especial o colegio electoral). Cuando el presidente es electo, normalmente, desempeña su cargo en un periodo preestablecido (generalmente, de cuatro a seis años), finalizado este periodo, se celebran nuevas elecciones. Muchas legislaciones nacionales, limitan el número de reelecciones a las que puede presentarse un Presidente cuando ya ha concluido su primer mandato.

En el País del Realismo Mágico, hemos encontrado que existe un gobierno de facto que nadie eligió y que hoy día se abroga funciones para las cuales nadie le ha otorgado mandato ni representación alguna, tomándose atribuciones arbitrarias e ILEGALES, que rozan el ridículo con sus resoluciones, pues pretenden pasar por encima de los tres poderes del estado, que conforman nuestra REPUBLICA.

Nos referimos a la denominada CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, que en su momento fue el garante de velar por el mantenimiento de la defensa de nuestra CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. Y que hoy día se ha plegado a intereses que pretenden la realización de un LAWFARE, o golpe de estado blando, pretendiendo defender a personas o grupos que no han sido electos popularmente y que únicamente buscan sus propios intereses, ya sea económicos, políticos o de cualquier otra índole, sin pensar que con sus actos atropellan nuestra carta magna.

Estos señores que integran la CC nunca fueron electos por el pueblo y no tienen mandato para legislar u ordenar a NINGÚN PODER DEL ESTADO. Por lo que los guatemaltecos debemos permanecer atentos a sus arbitrariedades, so pretexto de la lucha contra la corrupción, y ellos mismos tienen problemas como el prevaricato, defensa de intereses espurios en contra de la institucionalidad del estado entre otros.

Afortunadamente los buenos guatemaltecos sabemos que los señores que hoy día conforman la CC, no son eternos en el cargo y que tarde o temprano tendrán que rendir cuentas de sus actos ante un pueblo que los juzgará y definirá su destino de acuerdo con sus actos.

NADIE EN ESTE PAÍS ESTÁ OBLIGADO A OBEDECER ILEGALIDADES, ya es tiempo que los poderes del estado que, SI FUERON POPULARMENTE ELECTOS, tomen cartas en el asunto y frenen cualquier intento por lograr el rompimiento constitucional.

Por una nación libre, justa y solidaria.


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