Gobierno aún no envía el acuerdo migratorio solicitado por la Corte de Constitucionalidad

Han pasado alrededor de 36 horas y el Gobierno aún no envía la copia de dicho acuerdo solicitado por la CC.

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Esto solicita la CC a Jimmy Morales y ministros por convenio con EE.UU

Esta tarde, la Corte de Constitucionalidad (CC) envió comunicado al presidente de la República y ministros de Gobernación y Relaciones Exteriores por convenio con EE.UU.

En el mismo, la CC pide a los funcionarios presentar un informe detallado, previo a conocer y resolver las solicitudes de revocatoria del amparo provisional, otorgado el pasado 14 de julio.

Por lo tanto, se cita al presidente Jimmy Morales y los ministros Sandra Jovel y Enrique Degenhart enviar a la CC lo siguiente:

Copia certificada de la versión oficial y definitiva, en idioma español del documento denominado como: «Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos de América y el gobierno de la República de Guatemala  Relativo a la Cooperación Respecto al Examen de Solicitudes de Protección» o con cualquier otro título con el que haya sido designado el documento relacionado.

Así mismo, la CC también solicita que los funcionarios adjunten demás documentos relacionados emitidos hasta la fecha.

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Mentiras, amenazas e ilegalidades: expertos cuestionan el acuerdo de tercer país seguro


1. Los tres riesgos de lo que dice el acuerdo

A diferencia de la propaganda gubernamental que habla de las maravillas de firmar el tratado, en el Acuerdo Firmado entre Estados Unidos y Guatemala (que puede descargarse en este enlace), hay tres puntos preocupantes.

El primero es que Guatemala no solo recibirá a hondureños y salvadoreños, como repite el Gobierno.

— El texto dice una cosa y él (Degenhart) otra. Por ejemplo, repite que la protección se aplica solo a salvadoreños y hondureños, pero el Acuerdo cuando refiere a nacionalidades dice «cualquier nacionalidad», escribió el excanciller Edgar Gutiérrez en su columna de opinión en elPeriódico.

Y así es, en el artículo 1 del acuerdo establece que la «solicitud de protección» significa el requerimiento de «una persona de cualquier nacionalidad» al gobierno de una de las partes para recibir protección, añade en el punto 2 que «cualquier persona que presenta una solicitud de protección en el territorio de una de las partes» es un solicitante de protección, el texto ni menciona a El Salvador y Honduras.

 

Infografía: Diego Orellana Xocop

El segundo es que no habla de ninguna temporalidad. Es decir, Guatemala tendrá que recibir (y mantener) a quienes soliciten asilo de manera permanente.

Para el politólogo Daniel Hearing, si algo está claro en el acuerdo firmado entre Guatemala y Estados Unidos es que Guatemala tendrá toda la responsabilidad sobre el cuidado y protección de los migrantes que lleguen al país para pedir asilo, algo que rebasará sus capacidades.

Ve esta situación como una estrategia de Trump para mejorar sus números de migración de cara a sus próximas elecciones en 2020 y, de paso, una estrategia efectiva para desmotivar a los migrantes de seguir llegando a Estados Unidos.

Hearing cree que detrás de este acuerdo podría existir una falsa oferta de un paquete de inversión que servirá a Jimmy Morales para hacer puntos con el sector empresarial, pero que al igual como sucedió con el fondo de inversión prometido por Israel tras el traslado de la embajada de Guatemala de Tel Aviv a Jerusalén, quedará en promesa.

Y ahí está el tercer punto: Guatemala no obtuvo de Estados Unidos nada a cambio de firmar el acuerdo. La misma canciller Sandra Jovel pareció reconocerlo cuando fue cuestionada en una conferencia de prensa sobre los beneficios que recibirá Guatemala.

— Para nosotros en este momento era más importante que no hubieran sanciones económicas para el país y que los guatemaltecos no tuvieran que pagar más en las remesas, (sic) de que pudiéramos tener más visas de trabajo con un trabajo regular y bajar el número de migración ilegal. Obviamente todo tiene prioridades, dijo la canciller Jovel.

 

Enrique Degenhart asegura que no hubo presión por parte de Donald Trump para que firmara el acuerdo de la manera en que se firmó.

Enrique Degenhart asegura que no hubo presión por parte de Donald Trump para que firmara el acuerdo de la manera en que se firmó.

2. ¿Es legal este acuerdo?

El diplomático Francisco Villagrán de León, quien fue embajador de Guatemala ante Estados Unidos, la ONU y la OEA, pone en duda la legalidad del acuerdo a nivel internacional.

— Para los guatemaltecos que sean deportados no hay ningún beneficio y no queda claro si podrán solicitar asilo en Estados Unidos desde nuestro país. Por otra parte, Estados Unidos solo ofrece apoyo técnico para fortalecer capacidades institucionales. ¿Qué será eso? ¿Computadoras? ¿Agentes de ICE o de Homeland Security que den entrenamiento? La firma de un tratado o acuerdo internacional bajo cualquier forma de coacción —como las amenazas económicas de Trump— lo invalida. Eso lo saben jueces en Estados Unidos y seguramente lo tendrá claro la Corte de Constitucionalidad, dijo el diplomático.

Y es que después de que Jimmy Morales le ofreciera el acuerdo a Donald Trump, pero no pudiera firmarlo el 16 de julio en Washington ante el freno de la Corte de Constitucionalidad, el presidente estadounidense procedió a amenazar a Guatemala con impuestos para sus productos (que representan el 5% del PIB), con impuestos a las remesas que envían guatemaltecos (que representan el 12% del PIB) y con prohibir el ingreso a Estados Unidos de todos los guatemaltecos (aunque tuvieran visa y aunque cortes estadounidenses invalidaron ya su prohibición al ingreso de otras 7 nacionalidades de mayoría musulmana).

Hay otro cuestionamiento a la legalidad del acuerdo, desde Guatemala. La Corte de Constitucionalidad había prohibido al Gobierno firmar ningún acuerdo sin seguir el procedimiento constitucional, que indica que debe ser aprobado antes por el Congreso.

El acuerdo firmado en Washington entre el ministro Degenhart y su homólogo estadounidense hace esa salvedad: «El presente acuerdo entrará en vigor por medio de un canje de notas entre las partes en que se indique que cada parte ha cumplido con los procedimientos jurídicos nacionales necesarios para que el acuerdo entre en vigor. El presente acuerdo tendrá una vigencia de dos años y podrá renovarse antes de su vencimiento a través de un canje de notas. Cualquier parte podrá dar por terminado el presente acuerdo por medio de una notificación por escrito a la otra parte con tres meses de antelación».

Pero no siguió el procedimiento de ir primero al Congreso de la República. La PDH, Acción Ciudadana y el abogado Marco Vinicio Mejía ya reclamaron a la Corte de Constitucionalidad que haga valer su sentencia del 15 de julio y destituya al ministro de Gobernación, Enrique Degenhart.

El procurador Jordán Rodas lo reclamó expresamente:

— Con la firma, el Ministro de Gobernación burla el amparo provisional otorgado por la honorable Corte de Constitucionalidad la semana pasada en cuanto a este mismo tema, y según la legislación procede su destitución inmediata y que se certifique lo conducente al Ministerio Público para que haga la investigación que corresponda, expuso el Procurador.

Este desacato del ministro Degenhart no es el primero. Dejó de obedecer a la Corte desde septiembre de 2018, cuando le ordenó dejar regresar al país al comisionado Iván Velásquez o dejar funcionar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG).

Y Degenhart no solo no parece que obedecerá a la Corte, sino que soltó algunas amenazas en su conferencia de prensa.

— A todas esas personas que interponiendo amparos creen que van a proteger los derechos de los guatemaltecos, les hago un llamado a la cordura, deben entender de que las repercusiones de no consumar e implementar dicho convenio van a afectar directamente a los guatemaltecos o en un millón de personas perdiendo su trabajo o en millones de personas recibiendo menos dinero en sus remesas, amenazó el ministro de Gobernación en nombre de Jimmy Morales, quien no ha aparecido a lo público tras la firma del acuerdo.

Para el excanciller Gutiérrez, la firma de este acuerdo –tan perjudicial para los intereses de Guatemala– se debe a que Jimmy Morales y Enrique Degenhart buscan capital político en Washington para poder dar un golpe de Estado.

— Morales y Degenhart violaron la Constitución. Deben saber las consecuencias que eso acarrea. ¿O acaso rogarán a Trump que decida por arriba de la CC qué es legal o ilegal en Guatemala? Por esta otra razón necesitan dar el golpe de Estado o sentenciar que el 11 de agosto hubo fraude. Lo que persigue es asegurar su impunidad y seguir robando a manos llenas.

La Corte dio 48 horas a la Presidencia para que dé más información sobre el acuerdo que firmó.

 

Circular del presidente del Congreso para convocar a dos sesiones extraordinarias este miércoles 31.

Circular del presidente del Congreso para convocar a dos sesiones extraordinarias este miércoles 31.

3. Discusión y aprobación en el Congreso

Mientras tanto, Degenhart y Jovel no asistieron a una citación en el Congreso para explicar el acuerdo. Se excusaron dicicendo que no estaban en el país, pero era otra mentira porque dieron una conferencia de prensa al salir de Gabinete. La UNE amenazó con interpelarlos.

Para el próximo jueves se reanuda el período de sesiones del Congreso y se espera que puedan discutir la aprobación del acuerdo de tercer país seguro.

Ante la posibilidad de que la sesión fuera en el Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ubicado en frente del Congreso, la Asociación de Estudiantes Universitarios anunció que impedirá que se sesione en un edificio de la USAC, y convocó a manifestaciones para el martes.

Todavía no hay certeza que los jefes de bloque vayan a aprobar su discusión para el pleno en la próxima semana. En el Senado de Estados Unidos tampoco está prevista una discusión pronta en el pleno. Mientras eso ocurre, el presidente del Congreso, Alvaro Arzú Escobar, giró una circular donde convocó a dos sesiones extraordinarias mañana miércoles a las 11 y 14 horas en el Camino Real.

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Jovel, Degenhart y Aguilera deberán explicar en la UNE acuerdo de tercer país seguro

En la misiva que les han enviado les advierten de no delegar a nadie en su lugar «para evitarse responsabilidades legales».

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Canciller de Guatemala culpa a la CC y “actores” internos tras las amenazas de Trump

Canciller guatemalteca, Sandra Jovel, respondió ante las críticas. (Foto Prensa Libre: AFP)

Jovel hizo estas declaraciones poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara a Guatemala con “vetos, aranceles e impuestos a las remesas” debido a que, según dijo, el país centroamericano decidió romper un acuerdo inicial con Washington respecto a la conocida como política de un “tercer país seguro”.

Bajo esa figura, Estados Unidos planeaba enviar a solicitantes de asilo de otros países a Guatemala, algo que también ha planteado con México.

“Lamento el proceder de ciertos actores nacionales ávidos de protagonismo. Su ignorancia en la actual política exterior pone en riesgo lo que precisamente estamos tratando de evitar. La imposición de tarifas a nuestros productos y tasas a las remesas será su responsabilidad”, aseguró Jovel en sus redes sociales.

La canciller respondió así a un tuit del activista y excandidato a la Presidencia Manfredo Marroquín, quien aseguró que la alianza que fraguaban el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y Trump le saldría “cara” al país.

“Es hora de que los ciudadanos pongamos un alto a las irresponsabilidades de Jimmy”, manifestó Marroquín, exdirector de Acción Ciudadana, el capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional (TI).

También en un comunicado de Prensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que la Corte de Constitucionalidad (CC) ha querido limitar cualquier acción que por derecho corresponde al Ejecutivo.

El @GuatemalaGob respecto a las declaraciones del Presidente de los Estados Unidos, al señalar que Guatemala no ha cooperado con su gobierno. Lea la nota completa ➡ pic.twitter.com/MNK9gX1d7Z

— MINEX Guatemala 🇬🇹 (@MinexGt) July 23, 2019

En marzo pasado, Estados Unidos había suspendido la ayuda que destinaba a Guatemala, Honduras y El Salvador, unos 560 millones de dólares, por no impedir el éxodo de sus ciudadanos.

Las amenazas de Trump causaron confusión porque ambos Gobiernos publicaron el lunes un comunicado conjunto en el que anunciaban que seguían realizando “grandes avances” para hacer frente a los patrones de la inmigración irregular en ámbitos de refuerzo a la colaboración, ampliación de la capacidad para recibir inmigrantes, adjudicación de solicitudes de asilo.

El pasado 15 de julio, el Gobierno de Trump anunció una medida que rechazaría conceder asilo a aquellos inmigrantes que no lo hubieran solicitado antes en un país por el que hubieran pasado antes de llegar a la frontera de EE.UU., el llamado “tercer país seguro”.

El Gobierno de Guatemala había reconocido en diferentes ocasiones que ese aspecto sí estaba dentro de una serie de acuerdos que se negociaban con Estados Unidos, pero el mismo presidente insistió la semana pasada que todavía no estaba firmado, después de que la Corte de Constitucionalidad guatemalteca rechazara esa negociación y exigiera que fuera aprobada por el Congreso.

De acuerdo con un informe del Banco de Guatemala, las remesas de los inmigrantes guatemaltecos en Estados Unidos a sus familias alcanzaron a 9.300 millones de dólares en 2018 y se prevé que este año se supere esa cifra.

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